Antes de entrar en unas
breves consideraciones de las disposiciones aprobadas por el gobierno de
coalición conviene señalar algunas particularidades que determinan el marco de
la crisis política y económica actual, en el que sobresale la Inflación de los
Precios.
Muchos expertos y
directivos de grandes empresas, entidades bancarias y financieras consideran que
la inflación es el resultado del montón de dinero que los bancos centrales
occidentales y los gobiernos tuvieron que destinar para recuperar la economía y
resolver las crisis creadas por los excesos de producción y bajo consumo, y sobre
todo, por la actividad especuladora de las propias entidades bancarias que
tuvieron lugar desde el 2007.
Las sanciones económicas
que la UE impone a Rusia se están revolviendo como un boomerang
contra las poblaciones europeas, especialmente contra sus clases trabajadoras. A
pesar de ser tan evidente lo que está sucediendo, los dirigentes de la Unión
Europea y de los gobiernos occidentales siguen empeñados en que continuando con
las mismas acciones están protegiendo el jardín europeo de la jungla que consideran
que nos rodea, cuando sólo están haciendo el juego al imperialismo norteamericano.
En cuanto al paquete
de medidas aprobadas por el gobierno de coalición, tenemos que decir que NO son
unas medidas debidas a la afabilidad y humanidad que tiene el gobierno con el
pueblo. La gente tiene que tener claro que esto no son unas concesiones
gratuitas del gobierno, no se deben a lo bueno y sensible que es Pedro Sánchez
y su gobierno de coalición, sino que aplica estas medidas para salvar su
pellejo ante el goteo de pérdida de apoyos electorales que muestran las
encuestas, y por un intento de evitar conflictos sociales. En definitiva, son medidas
para proteger su piel ante una crisis que empobrece a la población y que puede
derivar en derrotas electorales y conflictos sociales, como ya viene ocurriendo
en otros países.
Las disposiciones económicas
aprobadas, son parches de carácter asistencialista que
tratan de corregir levemente los efectos de unas crisis que afectan gravemente
a las capas más vulnerables de la población, pero que no van a paliar ni
mucho menos sus necesidades dado que son muy insuficientes, no van a las raíces
de las mismas y no anulan las causas de la enfermedad que se reproduce persistentemente.
No hay nacionalizaciones, expropiaciones, acciones públicas relacionadas con
las ventas de alimentos y medicinas, etc.
Así, los recortes del
IVA en el aceite y la pasta, o la eliminación del IVA en la leche, queso, pan,
etc. sólo llevan a que el Estado recaude menos, y a que las grandes
superficies sigan ganando lo mismo o más pues ahora tendrán más amplitud para el
manejo de los precios, cuando lo que se debiera hacer es poner un tope a los
precios y atacar a quienes almacenan y especulan con los alimentos.
En cuanto a la reducción
del IVA de la luz. A pesar de la influencia en los precios
que puedan tener las pequeñas reducciones en los impuestos, estos siguen
castigando a la población. Siendo totalmente necesario para el progreso de la
economía nacional y la tranquilidad y bienestar de la población que el Estado tome
el control de los procesos de producción y distribución, expropiando a las
pocas empresas que controlan la energía eléctrica, y modificando los mecanismos
por los que se establecen los precios de la energía eléctrica.
Respecto a la
extensión del bono social y la prohibición de cortes del suministro de la luz, sin
duda favorece temporalmente a la población más necesitada pero nuevamente
es el Estado el que tiene que destinar una cantidad importante de su gasto
público, para que las grandes compañías eléctricas no tengan que hacer un
mínimo esfuerzo económico y sigan manteniendo sus enormes ganancias a costa
de dinero público.
La concesión de 200 euros
a las familias con ingresos inferiores a los 27.000 euros, o el incremento de
las pensiones no contributivas y el IMV en un 15 %, son
migajas que no van a ningún lado, cuando lo que sería preciso es incrementar
las pensiones, el SMI y las ayudas sociales hasta unas cantidades que permitan
vivir adecuadamente, al menos de 1200 euros como reclaman los movimientos de
pensionistas. Nadie con 500 o 600 euros puede vivir hoy día con un mínimo
bienestar.
La suspensión de los
desahucios y lanzamientos, y la limitación del precio de
los alquileres, se prolongan durante unos meses, y lo que necesitan las
familias es habitar con estabilidad, dejar la incertidumbre y el agobio en el
que se respira cuando se palpa la inseguridad de la residencia en el presente o
en el mañana. Al menos en Extremadura se echa de menos la acción de un gobierno
que sea capaz de superar el empeño en las ayudas de alquiler y los
correspondientes obstáculos burocrático hasta llegar a ellas, para asumir la necesidad
y dotarse de un programa de viviendas sociales para su cesión en alquiler social.
En materia sanitaria,
la pretensión del gobierno es prolongar la actividad de los profesionales
sanitarios que estén jubilados y voluntariamente quieran seguir trabajando durante
tres años, cobrando un 70% de la pensión y el sueldo por el tiempo de trabajo. No
sabemos qué repercusión tendrá esta medida, pero lo que sí sería conveniente en
vista de la situación de falta de profesionales sanitarios incrementar el
número de alumnos que puedan acceder a los estudios de medicinas.
En definitiva, parches,
limosnas y reformas que pueden favorecer temporalmente a los sectores sociales
que más los necesitan, pero tienen una duración en el tiempo muy limitada. Ahí
se ubican además la gratuidad del transporte en carretera, y la reducción de
precios en el transporte público de carácter urbano, etc.
