Los problemas asociados a la vivienda

 

La falta de vivienda es uno de los grandes problemas que tenemos los extremeños. Esta necesidad se presenta en muchas localidades de la Comunidad, especialmente en las de mayor número de habitantes.

Sin embargo, es frecuente escuchar de nuestros próceres e ilustres políticos que la constitución garantiza la igualdad de todos, el entendimiento y la convivencia de la ciudadanía española. Nada más lejos de la realidad. La constitución es un texto en el que las referencias a las cuestiones sociales, vivienda, empleo, sanidad, servicios a mayores y dependientes, tienen poco que ver con la aplicación práctica real; a la hora de la verdad, excepto cuando nos piden el voto, estos asuntos referenciales que los políticos proclaman por activa y por pasiva en sus discursos electorales, no les vinculan para nada y se olvidan de ellos, una vez se sientan en el sillón de gobernantes. Todo es pura retórica y palabrería.

Si nos centramos en lo que atañe a las viviendas, el número de leyes y reglamentos que se aprueban se multiplican en contraste frente a unos presupuestos muy insuficientes, por no decir ridículos. La propaganda para confundir a la opinión pública nos desborda con normas, planes estatales y regionales, anuncios de ayudas de alquiler, subvenciones y fondos para previsibles construcciones de viviendas. Pero la legislatura y los años pasan y todo sigue más o menos igual, se resuelven algunos problemas individuales pero la problemática general sigue aparcada, creciendo, sin resolverse.

La oferta y la demanda, ley básica del liberalismo, como si fuera algo natural transcurre sin pena ni gloria para las señorías que, satisfechas, bien acomodadas en sus reconfortantes sillones institucionales, no quieren saber nada de lo que está pasando, recreando su aburrimiento en enfrentamientos parlamentarios estériles propios del teatro y el circo de la democracia. El hecho es que cada vez faltan más viviendas con precios o alquileres asequibles para la población trabajadora que difícilmente encuentra una solución habitacional acorde con sus salarios para realizar un proyecto de vida sin demasiadas pretensiones.

La adjudicación de las escasas viviendas de promoción pública se hace siguiendo procedimientos legales saturados de una burocracia documental cuyo primer objetivo es la elaboración de un censo de pobres. Este padrón sirve para enfrentar a los solicitantes y sobre todo para ocultar el enorme déficit habitacional.

Los requisitos que deben cumplir los solicitantes entran en contradicción con la misma finalidad de la construcción de las viviendas sociales. Quienes superan un nivel de pobreza quedan excluidos de las listas de admitidos. Así, un claro ejemplo de esta contradicción se presenta  cuando el solicitante que quiere convertirse en unidad familiar monoparental debe tener unos ingresos que no sean inferiores al 80 % de una vez el IPREM en cómputo anual, es decir, 6720 euros, el 80 % de 8.400 euros (14 pagas) o 5760 euros, si se consideran 12 pagas; de este modo, la administración pública se garantiza el cobro mensual de la cuota, si tus ingresos son inferiores, incumples este requisito quedando fuera de las listas de admisión.

Otro aspecto que exige la ley es que quedarán excluidos quienes hayan sido condenados y tengan pendientes el cumplimiento de penas contra la salud pública, alteración del orden público o conductas asociales. Si el certificado de penales así lo ratifica estás fuera. No importa que la necesidad de una vivienda social sea prioritaria para poder vivir dignamente e integrarte plenamente en la sociedad.

La demostración de que se tiene necesidad de una vivienda excluye a quienes tengan la propiedad de un terreno, cuyo valor total o el de la participación que corresponda a la unidad familiar exceda del 40 % del precio de una vivienda de promoción pública en la localidad en donde se solicita la vivienda. Este requisito excluye a quienes no presenten una tasación que acredite lo anterior, aunque el estado de precariedad del solicitante impida contratarla.

En otro orden de cosas, no importa la necesidad que se tenga de una vivienda si el demandante lleva viviendo de manera continua en la localidad en donde se construyen o se han realizado un tiempo inferior a los tres años. Sin embargo, la necesidad no tiene relación con este requisito.

Lo que ocurre en el caso de Villafranca de los Barros está muy generalizado, de tal modo que los políticos en las instituciones no se toman en serio la falta de viviendas. Aquí, hay que asignar 32 viviendas entre un número de solicitantes que se aproxima a los 300, esto quiere decir que los problemas habitacionales van a seguir siendo importantes entre la población. Aun teniendo en cuenta la limitada capacidad económica de los Municipios, los gobernantes locales debieran priorizar los presupuestos en la dirección de satisfacer las necesidades de la población, dejando atrás obras programadas que son menos prioritarias que las viviendas y pueden esperar a otro momento, dando primacía a la construcción de decenas de viviendas que podrían aliviar el problema social.

Los decretos que regula la construcción de viviendas, los planes de edificación estatal y las ayudas al alquiler no están dirigidos a título principal a beneficiar a las clases sociales más necesitadas, se organizan y programan al servicio del negocio de las empresas constructoras. La alternativa a este criterio político liberal sería que nuestras instituciones programaran y planificaran la construcción de viviendas desde lo público saliendo de la hibernación pasiva de años, lo que además repercutiría muy activamente en el empleo y el desarrollo económico local y regional.

 

Sobre los centros residenciales

 

Mientras la pobreza se extiende en los barrios obreros, aumentan los problemas relacionados con las faltan de viviendas y los alquileres, siguen los desahucios por los mismos bancos que fueron rescatados con decenas de miles de millones de dinero público y se eliminan las bolsas de alimentos para los más necesitados, los gobiernos de la UE, incluido de forma destacada el del PSOE­ Sumar, declaran la economía de guerra.  Una economía de guerra que con más daño cae sobre los territorios con más dificultades económicas y sociales como el caso de Extremadura.

Pero ¿qué es la economía de guerra? La economía de guerra significa que la prioridad absoluta de toda la sociedad es destinar recursos a la industria militar, todo ello cuando ya en 2023 el gasto militar se incrementó en un inédito 25%, alcanzando los 28.000 millones de euros que es más de un tercio del gasto sanitario público en todo el estado español.

Quiere esto decir que van a recortar, aún más, el gasto social en pensiones, desempleo, sanidad, educación, servicios sociales, etc., para destinarlo a la compra de armamento y suministros militares. Supone preparar grandes ejércitos y volver al servicio militar obligatorio, cuyo establecimiento se debate abiertamente en los diferentes países de la UE.  Significa que el complejo militar industrial, los fabricantes de armas y de todo tipo de tecnología militar, incluida la industria farmacéutica, empresas privadas en su totalidad que de forma mayoritaria son propiedad de las grandes multinacionales anglosajonas del sector, van a multiplicar sus ya fabulosas ganancias. Al mismo tiempo los poderosos grupos de presión de la industria armamentística, que controlan los puntos clave del poder, van a influir decisivamente para que la guerra, su gallina de los huevos de oro, siga bien alimentada, mientras nos encaminan al precipicio.

Esta amalgama de negocios que expresa la corrupción política se extiende y beneficia a toda la clase dominante de la sociedad española a costa de las clases trabajadoras, especialmente las que desarrollan su vida en las zonas con más dificultades económicas y sociales como Extremadura. Los recortes están alcanzando ya, en toda regla a los servicios públicos de la Comunidad Extremeña entre los que se encuentran los servicios de la atención a mayores y la dependencia. Este ataque sobre los recursos materiales y humanos de los centros residenciales se ejecuta por medio de la CCAA a quien corresponde la aplicación competencial directa. En algunos centros son los trabajadores los que muestran su disconformidad con las condiciones laborales y salariales, también algunas familias se quejan del trato que reciben las personas mayores.

Desde UED-PSLF consideramos que las instituciones de la Junta de Extremadura deben responder con las medidas que sean necesarias para satisfacer la atención de calidad de los mayores y dependientes y atender a las demandas laborales de las personas que trabajan en estos centros residenciales. Y todo ello, exigiendo al gobierno de España si fuera necesario los presupuestos que les permitan cumplir con estas obligaciones competenciales. Hoy es más necesario que nunca una fuerza política que represente una alternativa socialista al imperialismo capitalista que se reproduce en los gobiernos regionales y nacionales.

ALGUNAS RAZONES DE PORQUÉ EL PACTO EUROPEO

 

 

1.- El Pacto se compone de cinco reglamentos que se vienen debatiendo desde el año 2020 y aprobados desde 2022 y finales de 2023. Lo que se quiere es regular y controlar llegadas irregulares, los datos personales característicos del ser humano inmigrante, sean físicas, fisiológicas o comportamientos, lo relativo a la presentación y tramitación de solicitudes de asilo, mecanismo para indicar qué Estado es el responsable de cursar la solicitud, medidas a tomar en situaciones de crisis y como no, la cooperación entre los Estados.

Las conclusiones a las que llegamos después de conocer aspectos elementales que determinan lo sustancial del contenido reglamentario del Pacto Europeo es que quienes han estado trabajando en su elaboración, al frente de los cuales ha estado el ministro del Interior Español, Grande Marlaska, como presiente del Consejo de ministro de Interior de la UE, han seguido los criterios políticos que vienen a identificarse con los intereses de las grandes multinacionales y fondos de inversión mundiales.

 

2.- Lo primero que significa para nosotros es que los países capitalistas especialmente los europeos y EE. UU. necesitan intensificar el saqueo de los recursos de los pueblos oprimidos y explotados durante siglos de África, Asia y Oriente Medio. El imperialismo, para obtener rendimientos económicos que compensen las crisis que sufre a nivel mundial y la perdida de la tasa de ganancias impone su poder militar con golpes de estado, actos terroristas, guerras y matanzas humanas. Por estas razones sabe que se va a producir una salida masiva, mayor aún de las producidas hasta la fecha, de personas de estos países despojados brutalmente de sus riquezas a la búsqueda de otras posibilidades de vida. Para frenar esa salida encarga la elaboración de leyes que rompan los pactos internacionales que regulaban el derecho de asilo, que frenen las intenciones de salida, devolviendo a los que salen, internándolos en macro cárceles, etc. todo lo que pueda para quitar deseos de abandonar sus lugares de origen. De ese modo, se selecciona a los países a los que se les permite obtener el derecho de asilo y se eligen a los migrantes que le pueden dar resultados productivos para su necesaria acumulación de capital.

 

3.- Aunque España no es el estado europeo más dado a la concesión del derecho de asilo, mucho nos tememos que el retraso y la lentitud en la concesión de citas que hay en la actualidad va ligado a la espera de la aprobación de la nueva normativa. Una vez en vigor la nueva legalidad, el gobierno a través de su ministerio de interior tendrá vía libre para hacer lo que le dé la gana con los migrantes en nuestro territorio, para devolverlos o para mantenerlos un tiempo indefinido esperando en centros de acogida hasta la decisión definitiva.

 

4.- El Pacto Europeo de Migración y Asilo (PEMA), una vez aprobado, supondrá una aportación de reserva de mano de obra elegida por el Estado según las necesidades de los capitalistas. Una fuerza de trabajo que se venderá a precios inferiores a los que marcan las leyes de los países europeos, creando una división entre la clase obrera nativa y extranjera, y fomentando el crecimiento de la extrema derecha muy experimentada en la promoción del racismo y la xenofobia entre la población europea, y en concreto española.

 

5.- Por otro lado, las obligaciones de mayor control de fronteras que impone el PACTO van a inducir el crecimiento de la industria militar al objeto de disponer de una mayor dotación de instrumentos militares que vigilen más eficazmente las fronteras marítimas y terrestres, así como un incremento de las fuerzas policiales con el objeto de controlar y perseguir a cualquier persona para comprobar su legalidad, bien porque sea sospechosa de ser inmigrante si tiene un color distinto al blanco o un aspecto raro fuera de la normalidad, siempre se puede sospechar de que sea alguien que haya burlado las barreras impuestas a los migrantes.

 

6.- El imperialismo busca la desorganización del mundo, la eliminación de las normas internacionales que protegían los derechos humanos, la inhabilitación o anulación de los organismos internacionales hasta la fecha encargados de llevar a cabo la gestión humanitaria; el imperialismo quiere que no haya Derecho Internacional, sin acuerdos de paz entre los pueblos sólo a base de dinero para comprar subordinar estados, afianzar el ideario supremacista, el neonazismo, y con ello su propia supervivencia. 

 

7.- La única solución que vale para vencer las desgracias a las que nos lleva el gobierno español, la UE, sujetos a las órdenes del imperialismo norteamericano es el fortalecimiento de la unidad y las alianzas entre las clases trabajadoras, rechazando la división que pretenden y organizando la resistencia para unidos vencer las normas imperialistas.

UED-PSLF: EL RETROCESO DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS. EL RETO DE LA CORPORACIÓN LOCAL DE AMPLIAR LA DOTACIÓN DE VIVIENDAS SOCIALE

 

1.- LA ACTITUD DELGOBIERNO REGIONAL ANTE LA FALTA DE VIVIENDAS.

El gobierno regional de Extremadura, ahora el PP y antes el PSOE, para ocultar la incapacidad política de resolver los problemas estructurales que afectan gravemente a la población como la falta de viviendas, suelen recurrir a demagógicas ruedas de prensa en las que informan que se van a llevar a cabo construcciones en diferentes localidades y se acompañan de fotografías con familias a las que se les ha entregado alguna vivienda. Con estos hechos mediáticos tratan de dar a entender que están trabajando en la resolución de ese asunto y con más interés que los anteriores responsables del gobierno extremeño.

No obstante, la falta de viviendas se acusa cada vez más entre la población, sobre todo entre los más jóvenes que encuentran enormes dificultades para crear su propio hogar por carecer de empleos o con salarios precarios y sin posibilidades de acceder a viviendas, cuyos precios de compra o alquiler no son asequibles a sus bolsillos.

2.- LAS NECESIDADES HABITACIONALES DE LA JUVENTUD

En este orden de cosas, en nuestra comunidad son necesarias políticas que posibiliten el acceso a las viviendas de jóvenes y sectores sociales con dificultades económicas. Desde nuestro punto de vista, las actuaciones de la Junta de Extremadura deben ir en varias direcciones: programación de nuevas construcciones, adquisición de las que están en venta en muchas localidades y la puesta en alquiler social de aquellas que están en manos de entidades bancarias o grandes propietarios. No entramos en las ayudas al alquiler cuya burocracia echa para atrás a bastante gente.

Las construcciones previstas en los presupuestos regionales o en el Plan Estatal de la Vivienda no van a solucionar ni mucho menos las necesidades del pueblo trabajador extremeño. Por el lado regional, son muy insuficientes y por la parte del plan estatal, los precios de las que se construyan no van a ser muy factibles para los bolsillos de quienes las necesitan. Por otro lado, las ayudas a la compra ofrecidas por el Plan Estatal 22-25 y los avales bancarios de la Junta para las personas jóvenes no van a tener una amplia repercusión dadas las escasas posibilidades económicas de buena parte de la juventud.

3.-LAS ADJUDICACIONES DE LAS YA CONSTRUIDAS

El hecho de que haya más personas o familias necesitadas que viviendas de las construidas que se vayan a conceder, dan lugar a detalles que complican el problema ya existente: el retraso en la adjudicación de las viviendas sociales. Los procesos burocráticos para valorar “justamente” al más necesitado, pueden retrasar la adjudicación. Es decir, hay que realizar una clasificación de los pobres en la que coincidan la comisión municipal y la regional. Como lo que se ofrece no llega ni mucho menos a lo que se necesita resulta complicada la valoración para los que deben hacerla y gestionarla. El reto o la tarea que queda pendiente para las “personas responsables de las políticas locales” es que demuestren la capacidad de gestionar y poner en marcha más construcciones de viviendas que atiendan las demandas de la sociedad.

4.- EL FORTALECIMIENTO DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE CARÁCTER SOCIAL

Lo que estamos viendo de manera muy general es que los gobiernos abandonan las prácticas políticas públicas. Estas están en decadencia, no sólo en lo relacionado con la vivienda, también en la educación, en la sanidad y en otros servicios públicos; lo antagónico, es que se fomentan las privatizaciones y la promoción de servicios en el sector privado.  En lo relativo a la vivienda, la construcción y el mercado de la compraventa no pasan por su mejor momento. Los proyectos institucionales de promoción pública y de carácter social están abandonados desde hace años u orientados hacia una clase media que sufre un proceso de proletarización y empobrecimiento general, cuyos recursos monetarios ya no les permiten invertir ni comprar como hacían antes. Las cosas seguirán en retroceso si el gobierno regional no lleva a cabo un replanteamiento y revitalización de sus políticas, con una planificación ordenada hacia la promoción y defensa de lo público, con el incremento de los presupuestos destinados a las dotaciones de viviendas sociales, a la generación de empleo y al reforzamiento de los servicios públicos esenciales que requiere la sociedad extremeña.

 

 

UED-PSLF apoyan las reclamaciones de la UNIÓN en relación a los agricultores del Norte de Cáceres

Desde UED apoyamos las reclamaciones de la organización agraria LA UNIÓN en relación con que el Ministerio de Agricultura establezca a través de La Entidad Estatal de Seguros Agrarios, O.A. (ENESA) coberturas reales y a precios asequibles para la producción de cerezas. 

 El hecho concreto es la repercusión que va a tener la granizada que afectó a unas 3.500 Has de varias localidades del Norte de Cáceres en la generación de unas pérdidas que se estiman en torno de un 5 a un 10 % en la cosecha de cerezas.

 Para los productores, tal y como expresa la organización agraria, el verdadero drama está en que la totalidad de las hectáreas afectadas están sin seguros dadas las imposiciones de las condiciones de AGROSEGUROS.

  Ante estas circunstancias, la realidad es que la totalidad de los daños producidos van a ser sufridas por los productores ya que prácticamente la totalidad de la producción de cerezas se ha quedado un año más sin asegurar por las deficiencias que muestra el seguro de cerezas de Cáceres y que el Ministerio de Agricultura a propuesta de AGROSEGUROS ha vuelto a endurecer esta campaña, castigando a los productores con pequeñas explotaciones agrarias.

 En este orden de cosas, está la exigencia al Ministerio de Agricultura, a través de su entidad ENESA, la negociación de un seguro de cerezas para la provincia de Cáceres con coberturas reales y a un precio asequible.

 Como señala la organización agraria, está muy bonito querer celebrar la Fiesta de Cerezo en Flor para que toda la sociedad disfrute del espectáculo de los valles del norte, blancos por la floración, pero hay que recordar que solo tendremos cerezos si el cultivo es seguro y rentable, circunstancias que no se dan en estos momentos.

 Por eso, desde la UNIÓN van a solicitar a la Consejería de Agricultura la convocatoria de una reunión de la Mesa Regional de seguros agrarios para que con tiempo suficiente vayamos estudiando el problema que tenemos y las posibles soluciones.

SOBRE LA INDUSTRIA DE GUERRA

 

Según las informaciones del digital Canarias Semanal la industria armamentística española contribuye de manera muy notable al PIB nacional, siendo la producción y la exportación de armamento una de las actividades más notables de la economía española.  

La exportación de tecnología militar y armamento español está muy bien situada en el ranking europeo y mundial, en concreto, la cuarta de Europa y la octava a nivel mundial. Según, el digital Canarias Semanal, de acuerdo con un informe del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, “las exportaciones de material de "defensa" y doble uso representan una parte clave de las exportaciones totales de España”.

La importancia de esta industria de guerra no es algo que venga de ahora, sino es algo que viene de muchos años atrás. Así, cuando el gobierno de González en los años 80, llevó a cabo todo el proceso de reconversión industrial para entrar a formar parte de la Comunidad Económica Europea, según imposiciones de los magnates industriales europeos, lo único que se mantuvo en pie fue la industria de producción armamentística.

Esta industria, aunque produce en el territorio nacional tiene importante participación de grupos inversores extranjeros.

Los diferentes gobiernos siempre la han tratado con inestimable generosidad económica y política esta industria de las matanzas humanas, financiando y favoreciendo sus actividades dirigidas especialmente a las exportaciones. En este sentido, no iba a ser menos el gobierno de Pedro Sánchez.

Hace pocos días, el presidente del gobierno celebró una reunión con los dirigentes de estas grandes empresas de la guerra, animándolos a integrarse en la Estrategia de Rearme Europeo para lo que tendrán buenas ayudas y subvenciones y sobre todo, para que sus bolsillos sigan teniendo fe en un apoyo incondicional a Ucrania.

Todo este monto económico necesario para no quedarse atrás y participar plenamente en el complejo militar y armamentístico europeo saldrá de los recortes en servicios públicos que caerán sobre las clases trabajadoras. Para el gobierno de Pedro Sánchez y los grupos socialdemócratas que le apoyan la industria de la muerte está por delante del plano social.

En este orden de cosas, se encuadran las vergonzosas declaraciones de la ministra ROBLES alentándonos y preparándonos para la guerra. El vil comportamiento de nuestro gobierno, arrodillado antes los EEUU y la OTAN, nos pone de manifiesto el tipo de estadistas tenemos a los que les importa poco incrementar el conflicto de Ucrania y seguir echando leña al fuego, apoyando al genocidio que está cometiendo Israel en Palestina, sin tener en cuenta, ni importarles que nos llevan a toda velocidad y sin frenos a una guerra, aunque con la boca chica de vez en cuando nos digan que hay que llegar a la paz.

El presidente del gobierno, ayer en Extremadura, con toda la cara del mundo nos viene a decir lo preocupado y lo que trabaja su gobierno por la región, diciendo todo lo contrario de lo que hace, y sin perjuicios de echar mentiras con un descaro inigualable a sabiendas que la prensa adicta al régimen y miles de personas van a creerse y replicar sus mentiras.

Sin embargo, la realidad extremeña se ve poco favorecida por los gobiernos del Estado Español como pone de manifiesto sus elevadas tasas de desempleo juvenil y pobreza, así como el enorme déficit de infraestructuras, viviendas sociales, precio de los alquileres y las dificultades en la sanidad y la educación pública.

 

 

UED: SIGUEN ADELANTE LAS MOVILIZACIONES DE LOS AGRICULTORES

Las movilizaciones de los agricultores siguen adelante, hoy se han producido en Badajoz, el próximo domingo serán en Madrid, y así deben continuar hasta que los poderes políticos tomen conciencia de que los objetivos que se persiguen van más allá de los específicos relacionados con sus intereses agrícolas.

En la de hoy, en Badajoz, un motivo concreto de la comparecencia de la manifestación ante el edificio de la Delegación del gobierno era la denuncia pública de las multas que se han interpuesto contra una serie de personas en las anteriores movilizaciones. La Delegación del gobierno debe eliminar esas imputaciones económicas puesto que no se corresponden con el comportamiento pacífico de los manifestantes ni con propio artículo 21 de la Constitución, en el que se establece el derecho a la manifestación pacífica; está claro que las denuncias sólo tienen la finalidad de disuadir a los agricultores a que prosigan con sus movilizaciones.

Aquellos, no se cansan de repetir que los objetivos de sus luchas van claramente contra las políticas de la UE y la aplicación de estas por el gobierno del estado español. Consideran que hay que modificar las políticas agrarias cuyo rumbo general conduce a una más que rápida liquidación de nuestra producción agrícola y a la consecuente pérdida de la soberanía alimentaria, así como a una subida escandalosa de precios que castiga muy especialmente los salarios de las clases trabajadoras.

En sus movilizaciones exigen que la UE cambie la distribución de los fondos de la PAC, el control de las importaciones de productos agrícolas procedentes de terceros países que gozan de medidas fiscales y sanitarias beneficiosas respecto a las producciones autóctonas, la interrupción y anulación de los acuerdos comerciales con organismos supranacionales que se llevan a cabo sobre la base de las materias agrícolas y  la supresión de un conjunto de normas que disfrazadas como de Defensa de la Naturaleza lo que ocultan es el proceso de liquidación de las explotaciones agrarias.

La UE es una herramienta manejada por las grandes organizaciones políticas conservadoras, liberales y socialdemócratas asentadas en el Parlamento y en otras Instituciones europeas; desde estas jurisdicciones políticas se definen y concretan directivas y normas que sirven fielmente la lujuria económica de las grandes multinacionales y fondos de inversión. Estas poderosas entidades ya dominan la mayor parte de la producción de alimentos al poseer grandes extensiones de tierra, macro granjas y potentes cadenas de supermercados para su distribución y venta.

Las movilizaciones de los agricultores, además de sensibilizar a la población de la justicia de sus reivindicaciones y de medidas inmediatas que respondan a estas, por la proximidad de las elecciones europeas que se celebrarán en breve período de tiempo, deben servir para calibrar en qué medida los partidos políticos son susceptibles de recoger en sus programas y garantizar el cumplimiento de las propuestas implícitas y explícitas en las reivindicaciones agrícolas.

LA LEY DE RESTAURACIÓN DE LA NATURALEZA. LA UNIÓN EUROPEA IMPONE LEYES SIN TENER EN CUENTA EL CAMPO, EL MUNDO RURAL Y LA POBLACIÓN TRABAJADORA.

  

1.- LA ACTITUD DE LA UE

Según algunas organizaciones agrarias y plataformas independientes del sector agrario el marco normativo europeo no para de añadir nuevas cargas al sector, más restricciones a su competitividad y más cargas a los elevados costes de producción. Para la Unión Europea no son suficientes los acuerdos comerciales o la desigual distribución de los fondos de la PAC para favorecer a las grandes explotaciones agrarias y la penetración en la propiedad de la tierra de los fondos de inversión y otros poderosos grupos industriales. También, sus afanes militaristas se traducen en soportar la economía ucraniana y darle oxígeno para mantenerla activa, de tal modo que este país siga en confrontación y siendo carne de cañón en la guerra de la OTAN contra RUSIA, permiten que granos de Ucrania penetren libremente en los mercados europeos. Esta acción comercial está lesionando especialmente a Polonia y Rumania que son los países más afectados por las importaciones de productos agrícolas procedentes de Ucrania. Las entradas del grano están acabando con sus producciones autóctonas y arruinando a los agricultores. No es muy diferente a lo que sucede en España invadida por producciones agrícolas de otros países, especialmente de Marruecos, con la particularidad de que estas importaciones están producidas en ese y en otros territorios no comunitarios por grandes empresas transnacionales occidentales que controlan la producción, distribución y venta.

 

2.- LA RECONVERSIÓN AGRICOLA

Si en los años 80, 90 las reconversiones industriales y agrarias se justificaron por la entrada en la UE, ahora la reconversión del campo se justifica por la Defensa de la Naturaleza. Estas medidas harán insoportables el mantenimiento de las pequeñas y medianas explotaciones agrarias que se irán abandonando poco a poco. Las manifiestas pruebas de este objetivo se ponen de relieve con la continua aprobación de leyes “verdes”. Hace pocas semanas el Parlamento Europeo aprueba una ley para la Restauración de la Naturaleza. El ponente ha sido Cesar Luena, del PSOE.  La ley deriva de una propuesta de la Comisión del 22 de junio de 2022 para elaborar un reglamento sobre restauración de la naturaleza. Se quería  contribuir a la recuperación a largo plazo de la naturaleza dañada en todas las zonas terrestres y marinas de la UE y alcanzar los objetivos climáticos y de biodiversidad de la UE. Según la Comisión, más del 80% de los hábitats europeos están en mal estado; la nueva ley traería importantes beneficios económicos, ya que según señala el ponente cada euro invertido generaría al menos 8 euros de beneficios. También, se dice que esta legislación responde a las expectativas de los ciudadanos en relación con la protección y la restauración de la biodiversidad, el paisaje y los océanos, expresadas las conclusiones de la Conferencia sobre el Futuro de Europa. La nueva ley debe contribuir a alcanzar los compromisos internacionales de la UE, en particular el marco mundial de biodiversidad de Kunming-Montreal de la ONU. El objetivo es que la reparación de los ecosistemas terrestres y marinos degradados llegue al 20 % en el año 2030 y sea total en el año 2050. Entre los terrenos degradados se incluyen las tierras de cultivo. En los ecosistemas terrestres (6) hay una comunidad de organismos vivos que interaccionan entre sí y con seres no vivos como el suelo, el agua y el aire.

 

 

3.- EL CONTENIDO DE LA LEY

Para restaurar la naturaleza se podrá recurrir a la adopción de medidas, tales como la eliminación de diques y presas, la reducción de la intensidad del pastoreo o los regímenes de siega en pastizales, detener o reducir el uso de plaguicidas químicos, abonos y estiércol y permitir que los ecosistemas desarrollen su propia dinámica natural, por ejemplo, mediante el abandono de la explotación. Para dulcificar la norma ante la opinión pública el Parlamento señala que la ley solo deberá aplicarse una vez que la Comisión haya aportado datos sobre las condiciones necesarias para garantizar a largo plazo la seguridad alimentaria, y cuando los Estados miembros hayan cuantificado el área que necesita ser recuperada para alcanzar los objetivos de restauración para cada tipo de hábitat. El hábitat es el lugar considerado que reúne las condiciones adecuadas para que todos los seres vivos logren vivir y reproducirse. La Cámara también plantea la posibilidad de posponer los objetivos en caso de consecuencias socioeconómicas excepcionales.

 

4.- NO HAY UN PLAN FINANCIERO

Según la Unión, no hay un plan financiero para el presupuesto necesario para acometer los planes de la restauración que serán de unos 7000 millones de euros, que se supone saldrán de las líneas de financiación que ya existen. En el plazo de doce meses desde la entrada en vigor del Reglamento, la Comisión tendrá que evaluar si hay algún desfase entre las necesidades financieras de restauración y los fondos de la UE disponibles y buscar soluciones para colmar dicha brecha, en particular a través de un instrumento comunitario específico.  La dedicación de estos fondos a cumplimentar la nueva ley implicará una reducción de los fondos destinados a las explotaciones agrarias, lo que supone más recortes económicos para los agricultores. En la propia Ley se recoge que se puede suspender la aplicación de los objetivos ambientales durante un período de 12 meses en caso de que se den circunstancias especiales o hechos extraordinarios que reduzcan la superficie agraria para la producción alimenticia. Los parlamentarios europeos parece que están ciegos y no son conscientes de las circunstancias extraordinarias que está viviendo la población trabajadora con todo lo que viene sucediendo desde hace años y que sin duda se catalogan como hechos extraordinarios: pandemia, conflictos bélicos, tensiones inflacionistas, sequías, falta de rentabilidad o falta de relevo generacional, etc...

 

5.- UNA NORMA QUE NO RESPETA LA ACTIVIDAD AGRARIA

No tiene mucho sentido que con todas las movilizaciones de agricultores que se están llevando a cabo en muchos países europeos contra estas políticas de la Unión Europa, sea precisamente el Parlamento Europeo quien apruebe una nueva Ley que apretará más la soga al cuello de los agricultores.  Como señala la organización agraria la Unión esta ley ignora el papel fundamental que la actividad agraria y forestal tiene en el mantenimiento del medio ambiente y representa, otra vez, la desconfianza que los representantes políticos tienen respecto de la actividad agraria y forestal. Así, considera que el Reglamento aprobado es otra muestra de cómo la política europea menosprecia al sector agrario a pesar de su difícil situación económica y social. En su opinión, esta Ley va a ser otra carga añadida para los agricultores. No entienden las medias tintas en el comportamiento de los europarlamentarios que por un lado y aparentemente, dicen ser conscientes de las enormes dificultades del sector y de que hay que moderar la presión sobre los agricultores y por otro, votan en función de intereses contrarios a la seguridad y la soberanía alimentaria comunitaria y estatal. Mientras el ministro PLANAS habla de dialogar y acordar, los parlamentarios socialistas y a la cabeza Cesar Luena plantean una ley sin debate con los interesados, que viene agravar los problemas de los agricultores. Con el paso del tiempo está quedando claro, una vez más, que la Unión Europea es una institución que va contra las poblaciones trabajadoras y en beneficio de las grandes multinacionales y el capitalismo internacional.

Comunicado de la UED-PSLF (Partido Socialista Libre Federación) ante el día internacional de la mujer trabajadora. Por un 8 de marzo de lucha por la igualdad

La Conferencia Internacional de Mujeres Socialistas la impulsada en 1907 por Clara Zetkin y la de 1910 en Copenhague que lideran Rosa Luxemburgo y la propia Zetkin, constituyen el comienzo de un feminismo socialista ligado a las reivindicaciones y esperanzas de emancipación de la clase obrera por la plena igualdad.  Fue esta conferencia la que inició y finalmente consiguió la implantación del 8 de Marzo como día de lucha en recuerdo de las huelguistas del textil asesinadas en Nueva York mediante un incendio, que es uno de los episodios más crueles del movimiento obrero.

Tiene pues este día de lucha en 2024 en el que las mujeres del mundo siguen teniendo gravísimos problemas de desigualdad, explotación y esclavitud sexual, acrecentados por el intento capitalista de borrar el sexo mujer, motivos sobrados para ser una jornada reivindicativa.

La doble explotación de la mujer trabajadora no ha disminuido a pesar de tímidas medidas correctoras y el derecho al voto. La explotación sexual que de forma especial afecta en Europa y el Norte mundial a mujeres inmigrantes pobres y racializadas adquiere proporciones alarmantes. La desigualdad tiene un componente de clase que la acrecienta y agrava. A todas estas situaciones hay que añadir las ideas impulsadas por las fundaciones globalistas de los EEUU que tratan de borrar a la mujer añadiendo nuevas formas de opresión, en este caso teñidas de modernidad liberal, es decir neoliberal.

Los negocios a costa de la explotación sexual como los vientres de alquiler son blanqueados y tolerados por el Occidente judeo-cristiano. La hipocresía campa a sus anchas. Pero también espoleada por la extrema derecha, por culpa de la división generada por actores extraños al feminismo, el negacionismo de la violencia contra las mujeres sube y lo hace de forma escandalosa entre los más jóvenes. Las mujeres son asesinadas y violadas, abusadas y humilladas por ser mujeres. Es terrible el número de asesinatos contra las mujeres, que nadie se toma en serio cortar de una vez.

En el estado Israel miles de mujeres han sido asesinadas con sus hijos por ser mujeres palestinas y a sabiendas de sus ejecutores israelíes. Las mujeres palestinas siempre han sido una pieza fundamental de la resistencia de un pueblo a desparecer a pesar de la limpieza étnica que sufre desde 1948 y que va a más con la complicidad de la OTAN y la Unión Europea. Llamar a la solidaridad de toda la clase trabajadora con las mujeres del mundo.

Reivindicar el final de la esclavitud sexual en todas sus facetas y seguir luchando por los derechos femeninos y sus nuevos retos, no menores al del derecho a voto. Por su derecho a la tranquilidad, el trabajo bien remunerado, el final de la injusticia en las pensiones de jubilación y el escándalo de las de viudedad.

No nos olvidamos de las agricultoras, ganaderas y jornaleras del campo a las que la Unión Europea con el apoyo de los gobiernos quiere hacer desaparecer destruyendo trabajo y soberanía alimentaria.

La clase obrera debe ser plenamente solidaria con las mujeres. Apoyar sus justas reivindicaciones y saber que son la parte en este momento más combativa, tal y como Kellys y limpiadoras, entre otras muchas, ponen de manifiesto.

Por todo esto y todo lo expuesto este día de lucha nos anima a seguir batallando por la plena igualdad.

LAS INSTITUCIONES ESTATALES Y EUROPEAS OCULTAN LA RECONVERSIÓN AGRÍCOLA

Los directores generales de Política Agraria Comunitaria (PAC), Juan Eloy Rodríguez, y de Desarrollo Rural, María Ángeles Muriel, han acudido este lunes a la reunión técnica del Órgano de Coordinación del Plan Estratégico de la PAC con el Ministerio de Agricultura. Tras dicho encuentro, han lamentado la postura del Ministerio de falta de escucha a las comunidades autónomas a las cuales, en su opinión, no se las está teniendo en cuenta a la hora de tomar decisiones.

El problema de fondo es que el Ministerio y la Comisión Europea no quieren ni les interesa encontrar una respuesta real a los problemas de los agricultores. Las instituciones estatales y europeas están empeñadas en una reconversión agrícola, cuyo argumento, ahora, es la Defensa de la Naturaleza. En los años 80, 90, el argumento de aquella reconversión fue la entrada en la Unión Europea que nos salvaría de nuestros males pasados y nos habría horizontes de progreso.

Aquellas instituciones hacen todo lo posible para lograr la supervivencia de un capitalismo que en su desarrollo se encarga de desmentir todas las falacias que se venden con la Agenda 2030, el Pacto Verde o la restauración de la Naturaleza. El Plan Estratégico de la PAC navega en esa oscuridad que se quiere crear para la eliminación de las pequeñas y medianas explotaciones agrarias.

La PAC que se creó en el marco de la Unión Europea, con unos objetivos sensibles a la ciudadanía, para incrementar la producción de alimentos, la soberanía alimentaria de los países europeos y la elevación de las rentas agrarias ha derivado hasta caer en manos de las grandes potencias del Norte y las grandes multinacionales.

Los acuerdos de financiación de la UE y de países europeos con terceros países importadores suelen transformarse en subvenciones encubiertas a empresas europeas (españolas) que operan en aquellos territorios. Aquellos se complementan con acuerdos comerciales flexibles de intercambios de mercancías, en materia de inspección alimentaria o controles aduaneros que facilitan la penetración de las importaciones agrícolas arruinando a los productores nacionales.

Esto acuerdos comerciales están impulsados por países de producción industrial como Alemania que, ahora más que nunca ante las subidas del precio del gas y el petróleo, necesitan compensar estos aumentos de los costes de producción comprando alimentos baratos para que no pierda terreno la competitividad de sus industrias con la de países asiáticos.

SOBRE LOS DESPIDOS PATRONALES Y LOS RECORTES GUBERNAMENTALES

 

 La pandemia de COVID-19 impulsó al Gobierno español a la aprobación de los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) como medida estrella para la preservación del empleo. Sin embargo, esta política de los ERTES basada en generosas subvenciones del estado a las grandes empresas y la permisividad de una flexibilidad laboral sin precedentes se está transformando en despidos colectivos a gran escala, tal y como señala Canarias Semanal.

 

Desde el Ministerio de Trabajo, regido por Yolanda Díaz, se potenció una política destinada a socializar las pérdidas, y privatizar los beneficios de las grandes corporaciones económicas. En la mayoría de los casos, los despidos laborales de carácter temporal se financiaban con ayudas de fondos públicos que facilitaban la modernización y automatización con la introducción de nuevas tecnologías.

 

 Lo que no sucede cuando estas empresas obtienen beneficios multimillonarios, como está ocurriendo ahora, es que aseguren los empleos y suban los salarios de sus trabajadores, sino que siguen en la misma dinámica de despedir para reorganizar y mejorar sus producciones y beneficios. Así, el hecho es que cuando se han cerrado los ERTES, se producen despidos colectivos a todo ritmo con el aumento de los ERES. Las estadísticas del Ministerio de Trabajo confirman las tendencias actuales con un acelerado ritmo de despidos colectivos y una disminución en las medidas de ajuste flexibilizador.

  

Las grandes empresas están aplicando estrategias rentables con los despidos basados en causas organizativas y productivas, mientras que la realidad laboral para las pequeñas empresas es bastante dramática tanto para empresarios como trabajadores.

 

Resulta cada vez más visible el acrecentamiento de la polarización y las desigualdades sociales entre y dentro de las mismas localidades y territorios, el abandono de los barrios y los déficits en los servicios públicos sanitarios, educativos, de atención a mayores, etc. El asunto es que mientras unos obtienen superbeneficios millonarios, otros se empobrecen o incrementan su ya de por sí pobreza.

 

El asunto es que los partidos del sistema, los de derecha, conservadores, reformistas, socialdemócratas, y los de la izquierda woke, presentes en los gobiernos estatales o regionales, están muy entretenidos con las elecciones y con los casos de corrupción lanzándose dardos de humos, alejados de las preocupaciones de las poblaciones.

 

Esto nos sitúa en la necesidad de avanzar en la construcción de una alternativa política que defienda los intereses de la clase trabajadora y las clases populares, capaz de hacer frente al desafío que para los asalariados consistirá en combatir no solo los despidos y los ataques patronales, sino también, tratar de detener los recortes sociales y económicos que los gobiernos al ritmo de Bruselas se proponen poner en práctica de forma inmediata.

 

 

 

LA POBLACIÓN TIENE QUE APOYAR LAS MOVILIZACIONES DE LOS AGRICULTORES.

 

 

El ministro Planas no convence a los agricultores, los problemas siguen sin soluciones, exactamente no se han movido un ápice del punto inicial de las recientes reivindicaciones. La palabra decisiva la tiene Europa y ahí son los grandes fondos de inversión y las grandes cadenas distribuidoras las que deciden. La política del gobierno de España es la de dividir a las organizaciones agrarias y diluir las movilizaciones de los agricultores esperando que se cansen y vuelvan nuevamente a la rutina de la pasividad y el conformismo. Sin embargo, la lucha de los agricultores no puede parar, las poblaciones tenemos que seguir apoyando unas movilizaciones que tienen una influencia fundamental en el futuro desarrollo y mantenimiento de la agricultura, en el precio de la cesta de la compra, en nuestra soberanía alimentaria sin dependencias externas y en general, en la supervivencia del mundo rural.

 

Los problemas que tienen los agricultores derivan de las políticas de la Unión Europea. La Unión Europea, desde sus inicios en el Tratado de Roma en 1957 con la constitución de la Comunidad Económica Europea y posteriormente, con la creación de la PAC en 1962, está demostrando ser una herramienta pensada, para organizar y satisfacer los intereses de las grandes corporaciones transnacionales y las grandes cadenas distribuidoras. La tendencia general a la que conducen y facilitan las políticas gubernamentales en el mundo de la agricultura es la concentración y centralización de la tierra. En unas ocasiones a pasos lentos y en otras con mayor rapidez, pero siempre en la misma dirección y sentido, con la necesidad para conseguir el objetivo principal de la concentración la necesaria liquidación de las pequeñas y medianas explotaciones agrícolas y ganaderas.

 

Las cuestiones estructurales que golpean a los agricultores se asientan en varios pilares de todos conocidos, aún por los más profanos en la materia. Así, el punto más importante son los acuerdos comerciales con terceros países y entidades supranacionales impulsados por los países del Norte que necesitan competir en los mercados internacionales. La garantía competencial obliga a la venta de sus productos industriales, para lo que necesitan bajos costes de producción que vienen determinados por los salarios, que a su vez dependen de los precios de los alimentos.

 

Otra cuestión fundamental es la distribución de los fondos de la PAC de la que son beneficiarios grandes cadenas de supermercados como Mercadona, Lidl y entidades como Telefónica, y entidades religiosas que también aprovechan los conceptos que establecidos en los Planes de Desarrollo Rural permiten la obtención de ayudas millonarias.

 

 

Opinión Política de UED- PSLF: El Reformismo y los Agricultores

 

La historia de las luchas de los pueblos y la dinámica de avances y retrocesos de las clases sociales reflejan el papel político de los gobiernos, socialdemócratas o conservadores. En nuestro caso, el reformismo en el poder siempre ha sabido detener y normalizar mejor que nadie los avances de las clases explotadas y oprimidas. Por eso, en esta coyuntura, el movimiento campesino tiene que andar con pies de plomo y no confiar en absoluto las promesas del ministro reformista Planas.

Las propuestas del ministro de agricultura convencen poco a los agricultores. El ministro Planas, ha anunciado planes de apoyo y otras medidas que por lo pronto son solo palabras; no valen nada hasta que las aprueben sus jefes político en la Comisión Europea, que además, deben recibir  el visto bueno de los amos del cortijo, es decir de quienes manipulan y manejan verdaderamente el negocio agrícola, en sus facetas industrial y comercial, es decir, las multinacionales, los fondos de inversión y las grandes superficies y empresas de distribución que son las que ejercen el poder político y económico sin participar en las elecciones, sin discusión ni debate.

El ministro Planas no se va a mover fuera de los planteamientos políticos y económicos de la UE que en este período histórico juzgan prioritario acabar con las pequeñas y medianas explotaciones agrícolas, eliminar la soberanía alimentaria de los pueblos y dejar el terreno libre para que penetren, apropiándose de tierras y producciones las grandes explotaciones agrarias, los grandes fondos de inversión y las multinacionales que producen y venden las materias primas que necesita el campo.

Uno de los mecanismos con los que maniobra la UE es la aplicación de la agenda 2030; otros, son los acuerdos comerciales con terceros países y entidades supranacionales. En este orden de cosas, hay que encajar el viaje del presidente del gobierno a Marruecos para tranquilizar a la monarquía alauita ante las protestas de los agricultores españoles. Entre los acuerdos anunciados por la prensa, se concederá luz verde al canje de licencias de conducir de ciudadanos marroquíes para transportes de mercancías y viajeros sin que tengan que someterse a ningún tipo de examen en España.

En cuanto a la Agenda 2030, presentada como instrumento para frenar el cambio climático, como barrera a la eliminación de la biodiversidad y en general, herramienta para evitar la destrucción de la naturaleza. Todas estas ideas quedan desmanteladas por las propias necesidades del sistema de producción capitalista. La ganancia, el beneficio, como motor necesario para su reproducción es el ingrediente que rompe todos los reglamentos y leyes escritas, todas las normas que en este sentido conservacionista han aprobado parlamentos, congresos y gobiernos. La tasa de ganancia se impone como imperiosa supervivencia material que no se detiene ante la destrucción de las fuerzas productivas, destruyendo la naturaleza y la vida humana.

Hay quienes se empeñan en considerar la movilización y lucha de los agricultores como una tendencia a acrecentar un proyecto al servicio de los poderes políticos y económicos más conservadores y carcas. Sin embargo, sin descartar núcleos minoritarios con ese tipo de propósitos, consideramos que el conjunto global de las movilizaciones que están ocurriendo son una reacción ante el intento de acabar no sólo con cierto tipo de explotaciones agrarias y ganaderas, sino que también, dar un golpe para ir finiquitando el mundo rural; los recortes previstos por Europa se materializan por el aparato estatal y  regional en la reducción de los presupuestos destinados a los servicios públicos, en carreteras, colegios, centros sanitarios y en otras infraestructuras físicas. Lo que se produce en el mundo rural puede venir perfectamente de fuera y más barato. La burguesía española y europea no necesita al mundo rural sólo le acarrea gastos extraordinarios que se quiere ahorrar. Para este fin trabajan los aparatos estatales y regionales,  unos por acción y otra por omisión contribuyen al vaciamiento demográfico de nuestros pueblos; son buenos servidores de ricachones apoltronados en los sillones de los consejos de administración de las entidades financieras, de las empresas energéticas, y de otras corporaciones transnacionales.

  

 

 

SOBRE LA UE, LA AGENDA 2030 Y LAS PRODUCCIONES AGRÍCOLAS.

 

La Unión Europea y la burocracia de Bruselas son en estos momentos uno de los enemigos más poderosos de los agricultores y agricultoras, y en general, de las clases trabajadoras. Esta institución es la responsable de lo que está pasando en el campo con los recortes de la PAC y las imposiciones de los acuerdos de libre comercio que permiten la libre entrada de productos agrícolas procedentes de terceros países a cambio de garantizar la salida de los productos industriales de los países del norte, entre otros, Alemania, Francia, Holanda y Bélgica.

 

A nivel más global, la Agenda 2030 (y sus 17 objetivos de desarrollo sostenible) es la que denominan hoja de ruta del sistema capitalista como medio para conseguir un desarrollo global y humano sostenible; parece una broma que nos gastan con este instrumento teórico quienes destrozan la naturaleza y la vida, no hay mucho que descubrir para ver que es una forma mentirosa e hipócrita de promoción ideológica, bajo el paraguas de papel de que hay que combatir el calentamiento global, los conflictos sociales o las crisis económicas; con esta Agenda se materializan desde la UE y otras Instituciones Globales unos acuerdos y directivas que van acabando poco a poco con las pequeñas y medianas explotaciones agrarias y ganaderas. No es otra cosa que ocultarnos la depredación que conlleva un sistema político, económico y social en manos de las Multinacionales y los grandes Fondos de Inversión.

 

La Unión Europea nos mete en guerras siguiendo el camino que le marcan los EEUU y la OTAN. Así, está enviando miles de millones de euros a un gobierno nazi como el de Ucrania, vendiendo armas al estado de Israel para que siga con sus crímenes en Palestina, en lugar de apoyar los sistemas productivos europeos. Estas políticas se aprueban en el Parlamento Europeo por los partidos que le controlan, los grupos europeos en los que se encuadran, PP, PSOE, VOX. En síntesis, la UE está liquidando la agricultura porque los alimentos vendrán de fuera de sus fronteras a precios más baratos lo que permitirá que los salarios en la industria de los países del Norte no suban y sus productos puedan mantener la competitividad frente a otras producciones internacionales.

 

La única salida que tiene hoy la producción agrícola y el desarrollo del mundo rural es la ruptura con las formas de gobierno que nos someten al imperialismo, a las guerras, y nos encaminan al empobrecimiento generalizado de las poblaciones trabajadoras.  Estamos en manos de las grandes multinacionales y fondos de inversión, que nos gobiernan por medio de la Unión Europea y la Monarquía Borbónica. Desde ambas instituciones, el poder político garantiza la permanencia de todos los tics, leyes y aparatos y castas franquistas que nos siguen dominando.

 

Los partidos políticos bajo el régimen monárquico viven como su enorme burocracia a costa del estado, asegurando el poder real de las grandes empresas depredadoras e impidiendo el progreso y el avance social y democrático. Son una herramienta básica al servicio de las grandes empresas, tal y como estamos viendo ahora en nuestra región, especialmente con las energéticas que campan a sus anchas; ahora, invierten en instalaciones de energías renovables, placas solares que se extienden como hongos en el territorio extremeño, generalizando y normalizando, una lenta pero importante a futuro, destrucción de la producción, arrancando viñas y olivos, con pocos beneficios, en todo caso muy pasajeros para los extremeños y extremeñas.

 

Además, hay algo que se analiza poco y es que las Comunidades Autónomas y el mundo rural tienen muchas dificultades para cambiar, no ya porque sus gobiernos hagan pocos esfuerzos y se encuentren a gusto con el estado en el que están las cosas, sino porque dependen en buena medida de los presupuestos estatales y de las competencias legislativas que les atribuye el Estado. Esto sin contar los caciquismos y oligarquías locales muy activos y conservadores que salvo pocas excepciones giran en torno a las burocracias políticas de las corporaciones locales y comunidades autónomas.

EL MINISTRO PLANAS NO CONVENCE A LOS AGRICULTORES. EL DÍA 21 SIGUEN LAS MANIFESTACIONES EN MADRID ORGANIZADAS POR LA UNIÓN.

 

Desde UED-PSLF consideramos que el ministro PLANAS no ha entrado en el fondo de las políticas de la UE que están castigando a los pequeños y medianos agricultores y ganaderos. No nos engañemos el Estado Español está obligado a la aplicación de las políticas de la UE encuadradas en la PAC, no puede salir de los límites políticos ordenados, que son los de administrar en el territorio nacional los intereses de las poderosas empresas multinacionales y fondos de inversión que controlan la distribución y el comercio de alimentos en mundo. Estos grandes fondos de inversión penetran cada vez con más fuerza en la producción agrícola mediante la compra de tierras y el control de los cultivos.

 

La nueva política estratégica de la PAC 2023-2027 ha introducido cambios técnicos y políticos que regulan el acceso a las ayudas que según las organizaciones agrarias en poco favorecen a los agricultores y ganaderos, al contrario, consideran que reducen las ayudas en unos porcentajes próximos al 50 %, incrementa la burocratización de los trámites administrativos con las exigencias de digitalización de los registros de las actividades de las explotaciones agrícolas y ganaderas, no se controlan los precios de los costes productivos con un incumplimiento de la Ley de la Cadena Alimentaria que no garantiza la rentabilidad de las explotaciones. Quedan lejos las ayudas por sequía a los sectores excluidos como el olivar y viña. O los Rescates del Seguro Agrario como herramienta de mantenimiento de la renta de los agricultores. Tampoco se toman medidas para la eliminación de los acuerdos comerciales en vigor con entidades supranacionales y con otros países, y descartar las que se negocian en la actualidad, ni se hace nada respecto a aranceles y medidas regulatorias con productos agrícolas que vienen de terceros países. Hay que dejar claro que la propaganda oficial justifica la entrada de productos agrícolas de terceros países como una forma de impulsar el desarrollo, lo que es muy falaz ya que las producciones que vienen de los países del SUR pertenecen a grandes empresas españolas y europeas que se apropian las tierras de aquellos países para producir allí estas materias.

 

En definitiva, la PAC con esta reforma sigue quedando lejos de los objetivos fundacionales de su constitución en 1962, proporcionar alimentos sanos, suficientes a un coste asumible para los consumidores europeos y que los productores tengan unas rentas agrarias dignas.  El ministro Planas ha expuesto unas soluciones generales sin planes de acción concretos y sin el avance que exigen las organizaciones agrarias. Además, las propuestas deberán ser aprobadas por el Consejo de ministros de la Unión Europea (UE).  Entre las propuestas más importantes están: dar rango estatal a la AICA, agencia de control e inspección alimentaria, que el cuaderno digital de explotación sea voluntario no obligatorio, la reorganización del control de fronteras, simplificación de la normativa de la política agraria comunitaria (PAC) y el compromiso de mejoras del seguro agrario.

Mucho tendrá que bregar el ministro para convencer a sus socios europeos del norte que hacen buenos negocios vendiendo sus productos industriales a los países del Sur a cambio de que entren libremente en los mercados de la UE.

LA UE CONTRA LAS PRODUCCIONES NACIONALES

 

La UNIÓN EUROPEA desincentiva las producciones agrícolas nacionales y favorece las importancioness de productos agrícolas por las grandes cadenas de supermercados.

 

Un pequeño resumen de la información proporcionada por Diario Octubre de mpr21.info es la que sigue:

El Boletín Oficial del Estado del viernes 12 de mayo de 2023 incorporaba, mediante decreto ley una inquietante modificación del Impuesto de Sociedades que se incardinaba en un extenso título, que justificaba el grueso de sus medidas en dos factores que últimamente están de moda: Ucrania y el cambio climático.

 

1.- Se bonifica el impuesto de sociedades a quienes abandonen o arranquen de cultivos y plantaciones de peras, melocotones, nectarinas, manzanas, plátanos, remolacha o sus viñedos. También a los ganaderos que abandonen sus explotaciones lecheras. La cuestión es si hay tal desmotivación en la producción, de donde sale lo que se vende como producción nacional.

 

2.- Las organizaciones agrarias han denunciado frecuentemente señalando a las grandes cadenas de supermercados y fondos de inversión la importación de materias primas en terceros países para luego cambiar el envasado o envasan directamente en España.

 

3.- Según la Red de Supermercados Cooperativas once o doce empresas controlan el 75 % del mercado de la alimentación, se trata e grandes supermercados y tres centrales de compra; Mercadona es una de ellas que controla el 20 % del total. Según este informe cuatro grandes grupos Alcampo, Carrefour, Lidl, Aldi disponen de empresas con las que pueden comprar en diferentes países productos agrícolas, a la vez que disponen mercados en otras partes del mundo pudiendo jugar con la compra y la venta para obtener grandes beneficios.

 

4.- Las medidas ecologistas que se imponen desde Bruselas tienen el objetivo de eliminar a buen número de agricultores dado que las grandes empresas agrícolas pueden adaptarse fácilmente a estas medidas europeas ligadas a la PAC, siendo el objetivo general eliminar las producciones nacionales y privilegiar la importación en función de los menores costes.

 

5.- La ley tendencial del capitalismo que nos dice que la concentración y centralización es un fenómeno general que se da en de los diferentes sectores de la economía, está presente en la propiedad de la superficie agrícola, y se traduce en una eliminación de la clase media agraria, es decir de las pequeñas y medianas explotaciones. Según el último censo agrario publicado en 2020 por el Instituto Nacional de Estadística (INE), el 58 % de la superficie agrícola del país está en manos de explotaciones agrícolas de más de 100 Hectáreas cuando hace diez años estaba sólo algo menos del 54 %. Y con más datos llegamos a que el 6 % de las explotaciones agrícolas tienen la cuarta parte de la superficie agrícola, mientras que el 94 % cierto restante tiene las ¾ partes.

 

6.- Según el informe del Banco de España sobre márgenes comerciales en el último trimestre de 2023, las grandes cadenas de supermercados y los fondos de inversión que operan en la agricultura no tienen  nada que envidiar a las grandes entidades financieras y a las empresas energéticas en cuanto a la obtención de beneficios millonarios en estos últimos años.

FUENTE: DIARIO OCTUBRE de MPR21.INFO

Sobre el empleo y la vivienda en la localidad. En apoyo a las movilizaciones agrícolas

 

 1.- El Empleo y la vivienda necesidades prioritarias de la localidad

La bocanada de aire fresco que parecía que penetraba en la localidad con el gobierno del PSOE se empieza a desvanecer y a perder frescura. En el debate y aprobación de los presupuestos municipales se ha puesto de manifiesto que los intereses del gobierno municipal toman otra dirección a los de las poblaciones trabajadora y otros sectores populares.

Las necesidades más urgentes que tiene la localidad en estos momentos son el empleo y la falta de viviendas. El interés de los presupuestos se centra en otras cuestiones que no digamos que no son importantes, pero quedan detrás de las necesidades prioritarias de la población.

Según parece, los presupuestos contienen posibilidades de inversión en una cantidad importante de miles de euros. Desde nuestro punto de vista, es prioritario la construcción de viviendas y se debieran aprovechar aquellas oportunidades presupuestarias para la construcción de viviendas antes que acometer obras por importantes que se consideren. El ayuntamiento no resolvería de modo definitivo la necesidad social de viviendas que tiene la localidad, pero se contribuiría a ello en modo considerable.

Así mismo, hubiera sido muy favorable haber unido este proyecto de edificación al empleo municipal, empleando directamente en el proyecto a los trabajadores desempleados. No dudamos que el desempleo, la falta de viviendas, y de otros servicios públicos son cuestiones que tienen un carácter estructural cuya completa solución no está en manos del Ayuntamiento, ni en el marco del propio sistema capitalista, pero sí se debe trabajar en estas cuestiones concretas para avanzar en su resolución.

Por otro lado, nos parece que no es el momento oportuno de subir el agua y la basura que son aspectos en los que el Ayuntamiento se debiera haber opuesto a ello, pues tiene una posición predominante y de influencia ante las empresas beneficiarias de la gestión de estos servicios, y se debería haber negado a la subida.

2.-En relación a las movilizaciones de los agricultores.

 Nos reiteramos en nuestro apoyo a las movilizaciones de los agricultores que están en las carreteras reaccionando contra las disposiciones y directivas de la UE que aplican fielmente los gobiernos, se aprueban en Bruselas por parlamentarios españoles que ahora aparecen defendiendo a los agricultores. La UE es una institución en manos de las grandes multinacionales, corporaciones industriales y bancarias. Lo que pretende la UE son acuerdos comerciales que llevan a la ruina a determinadas explotaciones agrarias, políticas de ayudas y subvenciones que sólo benefician a los grandes explotaciones agrícolas y ganaderas, la permisividad de productos procedentes de Ucrania, Marruecos y Turquía, etc. que penetran en nuestro país sin controles regulatorios  y un conjunto de normas irracionales contenidas en la agenda 2030 que reducen las posibilidades de obtención de unas rentas agrarias mínimamente dignas.

 

La actual lucha del campo mezcla e incluye a productores agrícolas, grandes, medianos y pequeños. Normal. Se trata precisamente de apoyarse en el hecho objetivo de que, salvo los dueños de los grandes supermercados y los grandes terratenientes, ninguno de los demás sectores sociales implicados sale beneficiado por la PAC, por los TLC, Tratados de Libre Comercio, a favor de los cuales han votado repetidamente Vox, PP y el PSOE, entre otros, en el Parlamentos Europeo o por la existencia de supermercados y oligopolios privados que hacen de bienes básicos como la alimentación un sucio negocio.