Una
pregunta que nos hacemos es si lo que realmente quiere el Ayuntamiento de Cáceres,
su verdadero interés es el de echar a las familias que viven en las viviendas
municipales recuperadas para posteriormente venderlas a fondos de inversión o
empresas privadas para negocios.
Según
la prensa regional el ayuntamiento de Cáceres parece ser que a petición del
IMAS va a investigar con las trabajadoras sociales y la policía municipal la
localización y el estado de vulnerabilidad de las familias que viven en las
viviendas municipales recuperadas, la mayoría de ellas en ALDEA MORET.
1.-
La hipocresía vuelve a aparecer de nuevo en los políticos del organismo Municipal.
Quienes dirigen el ayuntamiento de Cáceres conocen suficientemente que las
familias que viven en esas viviendas municipales están en un elevado estado de
vulnerabilidad económica, sus ingresos proceden de pensiones no contributivas y
ayudas sociales o de trabajos precarios que apenas dan para vivir.
2.-
Según se repite en los medios de comunicación, el objetivo municipal es pretender
echar a esas familias de sus viviendas. Esta acción en el caso de personas no
es otra cosa que intentar darles un trato peor que a los animales al querer arrojarlas
a la completa miseria. Estas familias no tienen capacidad económica para acceder
a otro recurso habitacional.
3.-
Estamos en período político en el que la derecha hace alardes de una aporofobia
plena y la oposición municipal de reformistas y socialdemócrata no oponen
resistencias, se dejan llevar por ese desprecio absoluto a las personas pobres que
se pone de relieve en el deseo del Ayuntamiento de que estas familias empeoren
sus condiciones de vida.
4.-
La constitución española establece en su art. 47 el derecho de todas las
personas a una vivienda. Por encima de este derecho está la necesidad que
tienen los seres humanos de un techo en donde habitar decentemente. Una
vivienda es un medio de subsistencia fundamental para la integración social y
la vida digna de las personas. Este debiera ser el objetivo de quienes están al
frente de una administración, estar preocupadas por asegurar unas condiciones honorables
para su población en vez de inventarse ideas y mensajes para procurar la
división y el enfrentamiento entre el vecindario alegando e incidiendo en las “ocupaciones
ilegales”.
5.-
No queremos pensar que el ayuntamiento quiere echar a estas familias pobres de las
viviendas municipales para una vez libres venderlas a fondos de inversión o
compañías privadas que estén interesados en hacer negocios con estas viviendas.
6.-
El ayuntamiento debe corregir y arreglar los desperfectos que ha dejado
olvidado durante muchos años y han surgido por el paso del tiempo en los espacios
comunes de los bloques de viviendas sociales, las escaleras, los sótanos, los
techos, etc.
7.-
Nuevamente reclamamos que se supriman todas las cuotas que pagan los vecinos
por estos pisos sociales y se anulen las deudas que pudieran tener con las
administraciones públicas. Las cantidades que suponen estas cuotas que pagan
los vecinos por estos pisos sociales y las deudas que pudieran tener son
cantidades insignificantes comparadas con las ayudas y subvenciones millonarias
que el Estado y otras administraciones públicas han concedido y conceden a las
entidades bancarias y corporaciones empresariales grandes y pequeñas. Sólo hay
que escuchar las promesas de millones para estas entidades prometidas hace unos
días por la presidenta de la Comunidad Extremeña en el Debate del Estado de la
Región.
