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El
Ministerio para la Transición Ecológica ha publicado en el BOE la orden que
permite a las Unidades I y II de la central nuclear de Almaraz seguir
funcionando hasta junio de 2030, retrasando el cierre fijado para 2027.
El
cierre o no de la Central Nuclear de Almaraz pone sobre la mesa de la
actualidad el debate sobre la energía nuclear, pero también trae a colación la
continuación histórica del abandono institucional del territorio extremeño. En
este proceso, centrándonos a partir de los años 80, el PSOE como pilar
fundamental de la monarquía intensificó la identificación de sus posiciones
políticas con los intereses de las burguesías estatales, nacionalistas y
locales. Desde este punto de vista, se entiende lo que está ocurriendo ahora,
la inserción total del PSOE en la defensa del capitalismo.
La
posición política del secretario general del PSOE regional Álvaro Sánchez
Cotrina, valorando de manera muy positiva la decisión del Gobierno de España de
prorrogar la central nuclear de Almaraz, no es un acto discursivo que lleve
consigo una audacia táctica: es una muestra evidente del vaciamiento político
del progresismo y de su incapacidad para sostener siquiera su memoria y el
propio relato histórico. El PSOE fue parte interesada apoyando con fuerza las
movilizaciones y las luchas contra la instalación de la Central Nuclear de
Valdecaballeros en los finales de los 70, hasta la conclusión de su cierre
definitivo a principios de los 80.
Mientras
el alborozo se daba en las filas del progresismo de la época por el éxito
político; la burguesía trabajaba intensamente en el nuevo proyecto y poco
después se daba inicio al funcionamiento del Reactor I de Almaraz en 1981, y
poco más tarde, en el año 1983 iniciaba su funcionamiento el Reactor II.
Originalmente, se diseñaban para operar 40 años, un período que cubría la amortización
de la inversión inicial y garantizaba la fiabilidad; en algunos países alargan
este período de funcionamiento con revisiones y estudios, no obstante, lo que
está claro es que los materiales se degradan con el tiempo, y la prudencia
aconseja no extender muchos años más su funcionamiento.
En
2019 las empresas propietarias de la Central Nuclear acordaron con el gobierno
el cierre de sus reactores en 2027 (Almaraz I) y 2028 (Almaraz II) según el
calendario oficial, pero sus propietarias (Iberdrola, Endesa, Naturgy)
solicitaron al Gobierno una prórroga para operar hasta 2030, negociando
extender su vida útil, alegando que son reactores seguros que superarán con
seguridad los 40 años de vida útil del diseño y podrían seguir funcionando con
las debidas revisiones.
El
Congreso de los Diputados ratificó el cierre definitivo, a pesar de todo, el
PSOE Regional sigue insistiendo que la central no se cerrará; es evidente que
no se quieren perder posibilidades electorales en la zona, el PP y VOX están en
la misma línea que la política del reformismo. Ahora, en plenas vacaciones de
agosto, el PSOE y sus socios que habían llegado a un acuerdo con diferentes
organizaciones para que la central nuclear de Almaraz en Badajoz no continuase,
se retracta de sus acuerdos y “donde dije Diego digo digo y viceversa”, y acaba
por conceder una prórroga de cuatro años más a su existencia.
En
la actualidad tanto el PP como el PSOE están en concordancia con los intereses
de las grandes empresas energéticas, son los pilares de la democracia-burguesa
española, funcionando como partido único son los instrumentos de estas
poderosas corporaciones energéticas y en su nombre han trabajado unidos para
que no se cierre la central. Ahora el gobierno del PP y VOX seguirá reduciendo
los impuestos que pagan estas grandes corporaciones energéticas lo que influirá
en la reducción de servicios sociales. Tanto el PP como el PSOE hacen y ofrecen
lo que sea para no perder el apoyo electoral de la zona. Una vez más, de forma
clara se pone de manifiesto que el gobierno progre vuelve a retratarse
retractando su promesa por la energía nuclear.
Durante
los más de 40 años transcurridos desde que está en funcionamiento la central
nuclear ninguno de los diferentes gobiernos, tanto del estado español como de
la comunidad extremeña, se han preocupado de ir generando alternativas de
empleo, ninguno de ellos ha tenido tiempo suficiente para ir pensando que las
centrales nucleares antes o después hay que cerrarlas. Pero en este caso, como
en el resto de cuestiones relacionadas con el desarrollo económico de la región
ha estado presente la subordinación de nuestros políticos a los intereses de
las grandes corporaciones económicas. Así, durante muchos años una parte
importante de la población trabajadora extremeña no encontró otra solución en
sus perspectivas de futuro que la emigración que aún hoy sigue dándose en
nuestros jóvenes.
Ahora,
como verdaderos hipócritas, todos los grandes partidos PSOE y PP se alegran de
que el gobierno “haya dicho diego, donde dijo digo”, y se haya retractado del
acuerdo aprobado de cierre de la central nuclear. Todos aplauden de la
continuidad de Almaraz por el empleo que genera en la zona cuando lo han tenido
olvidado durante cuarenta y tantos años. Esta es la política que tenemos en
Extremadura y en España. La prórroga ha
echado a la basura el calendario acordado en 2019 y los compromisos energéticos
del Ejecutivo de Pedro Sánchez.
Las
organizaciones ecologistas critican la decisión del gobierno puesto que rompe toda
la política y planificación energética de la última década en España y
compromete la viabilidad de las renovables y de la electrificación a 2030. Estas
organizaciones defienden que existen alternativas energéticas "más baratas
o con costes equivalentes, más seguras y limpias" y reiteran la petición
de acelerar el cierre de las centrales nucleares. No hay dudas de que la prolongación
dificultaría el cumplimiento de los objetivos del Plan Nacional Integrado de
Energía y Clima (PNIEC y el 7º Plan General de Residuos Radiactivos, que
tendrán que modificarse, lo que provocará un encarecimiento de los costes de la
gestión de residuos y su repercusión en la tarifa eléctrica.
Las
organizaciones ecologistas nos recuerdan que la pérdida de la contribución del
7 % que la energía producida en Almaraz aporta a la producción energética nacional,
puede ser compensada con la producción de las renovables. Además, la
continuidad de la central podría poner en riesgo unos 26.130 millones de euros
de inversiones en tecnologías limpias, principalmente renovables y
almacenamiento retrasando el desarrollo de las energías renovables.
La
influencia del mantenimiento de la central producirá un enorme encarecimiento
del coste de producción de la energía, derivadas de las dificultades para continuar
almacenando los residuos radiactivos, la compra de uranio enriquecido y los
efectos que surgen del calentamiento de las grandes cantidades del agua
utilizada para enfriar, generando una contaminación térmica al ser devuelta a
ríos o embalses, reduciendo el oxígeno disuelto, alterando la vida acuática, y
provocando en ocasiones restricciones o paradas temporales de los reactores
durante olas de calor.
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