sábado, 6 de febrero de 2021

SOBRE EL ESTADO POLÍTICO ACTUAL

 


Toda la situación política española no es sino consecuencia, en su origen, de los Pactos constitucionales establecidos en 1978 entre las instituciones que heredaron el poder del régimen de Franco -y en particular la monarquía- con los partidos, sindicatos y grandes empresarios nacionales e internacionales.


Después de más de cuatro décadas, la crisis política e institucional ha carcomido la mayoría de principios y relaciones, habiéndose mantenido, sin embargo, el eje de dicho pacto que, compromete a los dirigentes del PSOE y a la monarquía en el control del poder político, frente a toda demanda democrática.


La hipoteca del régimen del 78 grava todas las relaciones políticas, nacionales e internacionales. De ella dependen los acuerdos con los EEUU de las bases norteamericanas en España y en el seno de la OTAN, así como los mismos acuerdos con el Vaticano por los que el Estado español subvenciona permanentemente a la Iglesia Católica y a su clero. Se facilita, así mismo, el saqueo de todo tipo de bienes de la sociedad civil, comprobando cómo las autoridades religiosas alteran el registro de bienes a su antojo, poniendo a su nombre miles de bienes públicos.


Los privilegios de las fuerzas armadas y de las fuerzas de seguridad del Estado se prolongan y, en muchos casos, se renuevan como si se tratase de reformas democráticas.


La posterior sumisión a la Unión Europea, que conllevó la destrucción de buena parte de la economía productiva, cierra un círculo vicioso de poderes secuestrados por las grandes entidades multinacionales que Bruselas representa.


El sistema judicial constituye un poder capaz de superponerse a todo equilibrio institucional, se eleva por encima del ejecutivo y el legislativo y está íntimamente relacionado con el poder de hecho de la Casa Real.


No es una casualidad que este entramado de relaciones de poder esté dominado en todo momento por la corrupción institucional, que durante décadas se ha extendido a los partidos y sindicatos de uno u otro color.

LAS NECESIDADES DE VIVIENDAS PÚBLICAS

La Ley de la Vivienda sigue paralizada a pesar de que los dos partidos en el gobierno se habían dado desde el mes de octubre un plazo de tres meses para elaborarla y luego proceder rápidamente a su aprobación en el Congreso de los Diputados, pero las cosas siguen igual de detenidas, sin que se vea posibilidad de resolución inmediata.

Según conocemos no hay entendimiento en una serie de cuestiones importantes entre los dos partidos del gobierno. El PSOE se niega a que la ley recoja una serie de cuestiones relacionadas con la eliminación permanente de los desahucios sin alternativa habitacional, estos pueden crecer de manera importante una vez que finalicen las medidas excepcionales relacionadas con la pandemia impuestas por el gobierno, la puesta en alquiler social de un buen número de viviendas vacías en manos de entidades financieras , la cesión en alquiler social de un porcentaje de las viviendas de los grandes poseedores y las limitaciones a los precios de alquiler.

La cuestión es que en la Comunidad Extremeña sube el número de personas y/o familias agobiadas física y psíquicamente por las dificultades habitacionales derivadas de sus exiguos medios económicas o la total carencia de los mismos, que se sienten abandonadas y ninguneadas por las Administraciones Públicas que permanecen impasibles haciendo la vista ciega y el oído sordo ante este tipo de problemas

 

En este orden de cosas, nos siguen llegando denuncias de familias de Talayuela, Mérida, Badajoz, Cáceres, Villafranca, etc. con serios problemas de viviendas y desesperadas por un futuro que las Administraciones Públicas, Ayuntamientos y Junta Extremadura deben reparar con extrema urgencia.

 

Desde Campamento Dignidad consideramos que la Junta de Extremadura tiene que dar remedio urgente a muchos de estos casos verdaderamente dramáticos, ampliando el parque de viviendas públicas con pisos vacíos de los bancos y de otras administraciones, finalizando las viviendas a medio construir y dando solución a la paralización que algunos ayuntamientos imponen en la concesión de viviendas públicas de su localidad.

La Junta de Extremadura tiene que actuar en las 31 viviendas en Villafranca de los Barros que esperan eternamente a su finalización,  obligar al ayuntamiento a que se concedan las decenas de ellas en Talayuela que no sabemos porqué motivos están paralizadas, intervenir en los 262 pisos de los Álamos en Mérida, resolver de una vez las 90 en el antiguo edificio de la Guardia Civil en Badajoz que llevan esperando un tiempo infinito hasta que las dos administraciones públicas implicadas, Junta y Ministerio Interior,  negocien qué hacer con ellas, y así en otras localidades de Extremadura.