Toda la situación política española no es sino consecuencia, en su origen, de los Pactos constitucionales establecidos en 1978 entre las instituciones que heredaron el poder del régimen de Franco -y en particular la monarquía- con los partidos, sindicatos y grandes empresarios nacionales e internacionales.
Después de más de cuatro décadas, la crisis política e institucional ha carcomido la mayoría de principios y relaciones, habiéndose mantenido, sin embargo, el eje de dicho pacto que, compromete a los dirigentes del PSOE y a la monarquía en el control del poder político, frente a toda demanda democrática.
La hipoteca del régimen del 78 grava todas las relaciones políticas, nacionales e internacionales. De ella dependen los acuerdos con los EEUU de las bases norteamericanas en España y en el seno de la OTAN, así como los mismos acuerdos con el Vaticano por los que el Estado español subvenciona permanentemente a la Iglesia Católica y a su clero. Se facilita, así mismo, el saqueo de todo tipo de bienes de la sociedad civil, comprobando cómo las autoridades religiosas alteran el registro de bienes a su antojo, poniendo a su nombre miles de bienes públicos.
Los privilegios de las fuerzas armadas y de las fuerzas de seguridad del Estado se prolongan y, en muchos casos, se renuevan como si se tratase de reformas democráticas.
La posterior sumisión a la Unión Europea, que conllevó la destrucción de buena parte de la economía productiva, cierra un círculo vicioso de poderes secuestrados por las grandes entidades multinacionales que Bruselas representa.
El sistema judicial constituye un poder capaz de superponerse a todo equilibrio institucional, se eleva por encima del ejecutivo y el legislativo y está íntimamente relacionado con el poder de hecho de la Casa Real.
No es una casualidad que este entramado de relaciones de poder esté dominado en todo momento por la corrupción institucional, que durante décadas se ha extendido a los partidos y sindicatos de uno u otro color.
