viernes, 23 de octubre de 2020

PARTIDO SOCIALISTA LIBRE FEDERACIÓN (PSLF) ANTE LA REFORMA AGRARIA

 Mérida 2020

LA REFORMA AGRARIA Y EL PROGRAMA SOCIALISTA


1.- Introducción

La Asociación 25 de Marzo organizará a finales de Octubre una conferencia sobre la

Reforma Agraria. El objetivo de la misma es la elaboración y difusión de un programa

que ponga las bases para la transformación económica y social de Extremadura, que

sea capaz de implicar a amplios sectores de la sociedad.

Partiendo de la realidad extremeña, el objetivo es hacer llegar a todo el estado

español la necesidad de la reformas agraria, exponer de forma rigurosa la realidad del

sector y avanzar líneas futuras de desarrollo.


2.-Una visión histórica


La pervivencia histórica en nuestro país del sistema de propiedad del campo

latifundio/minifundio, agudizado por la tenencia abusiva de la tierra por los

especuladores y fondos buitre en los últimos tiempos nos sitúa a los socialistas

independientes del Estado en la necesidad de abordar los principales problemas de la

producción y de la propiedad agraria, ahora bajo el dictado de la Política Agraria

Común (PAC) al servicio del capital internacional.


Antecedentes en nuestra historia como la desamortización de Mendizábal, y la

incompleta y frustrada reforma agraria de 1932 constituyen los principales precedentes

en los que debemos instruirnos para la mejor solución de los problemas del campo

siempre ligados a la propiedad, problema que aún pervive, manifestándose de

múltiples formas y maneras, aunque oficialmente se le por liquidado; y ello por la

adaptación de los principales partidos y sindicatos al marco constitucional contrario a

la propiedad social , y a la misma política de UE tendente a financiar el parasitismo de

los grandes propietarios frente a las demandas de los trabajadores del campo.


Si en palabras de Marx la sociedad capitalista estableció el derecho a la desigualdad

que es el único derecho efectivo, para los trabajadores, en el campo han pervivido en

torno a la gran propiedad formas de semiesclavitud, de sobreexplotación con una

masa ingente de jornaleros ambulantes, que van de cosecha en cosecha, venidos

mayoritariamente de la inmigración africana y latinoamericana.


Las desamortizaciones del siglo XIX fueron procesos de trasvase de propiedad de la

Iglesia hacia la nobleza y la alta burguesía que habían conformado la clase propietaria

latifundista en el sur y el centro peninsular que explotaba, de forma rentista en muchos

casos, a una gran masa de jornaleros sin tierra y sin derechos.


En la historia de la lucha por la democracia y la república en la nación de naciones que

es España nunca se ha abordado de forma integral el conjunto del problema de la

tierra, que va más del reparto de tierras de las grandes propiedades, la lucha

organizada por los derechos y aspiraciones sociales de la población dedicada a

actividades primarias, agricultura, ganadería, silvicultura y pesca.


El mantenimiento de la sacrosanta propiedad privada de la tierra en manos de grandes

propietarios, fondos buitre y bancos, o en el lado opuesto, por pequeños agricultores

minifundistas en el norte peninsular que difícilmente pueden vivir de la explotación del

sus parcelas. Ello constituye en lo esencial el centro de la política agraria del régimen

de la monarquía, frente a las aspiraciones sociales y democráticas. De forma que “-

según sus propias palabras- el PSOE adaptado al régimen y a los capitalistas de

Bruselas- no trabaja sino por una política agraria común más profesional, que apueste

por el empleo y el desarrollo económico del medio rural”. Una vez más, más de lo

mismo.


De ello se deduce que la cuestión agraria está por resolver en su conjunto, y la

reforma agraria que libera a los jornaleros y campesinos, pequeños propietarios en el

ámbito de la lucha por una República constituyente necesaria para poder aplicarla,

pues la reforma agraria en el régimen del 78 presenta serias dificultades jurídicas de

aplicación (Véase lo ocurrido en Andalucía en los primeros tiempos de su autonomía).


Para los tribunales españoles el derecho de propiedad es prioritario a cualquier

consideración social, que exprese la aspiración soberana de los trabajadores y


pueblos de España. De ello depende la posibilidad de establecer la soberanía

alimentaria y la comercialización democrática y no especulativa de sus productos.


3.- La crisis del sistema capitalista


La crisis del sistema capitalista e imperialista internacional, la de un mundo sometido

al capital que nos ha llevado a la destrucción económica, a la regresión social y a la

guerra exige un programa socialista que integre la demanda de reforma agraria con la

necesaria alianza de los trabajadores del campo y la ciudad.


Sólo así será posible poner freno la crisis ecológica, económica, financiera y sanitaria

del planeta que ha mostrado su rostro más feroz en la pandemia del Covid19.


Los trabajadores agrícolas en su mayoría trabajan para grandes propietarios,

empresas y emporios financieros en muchos casos ligados a las grandes superficies

comerciales. Las Cooperativas de agricultores no pueden seguir bajo la bota de los

financieros y especuladores o bien sistemas de votación que en muchos casos

favorecen a quienes más hectáreas poseen. De la solución de los problemas del

campo depende en buena medida de la entrega de la tierra a los que la trabajan en

formas de colaboración que ellos mismos deben establecer.


La abolición de la propiedad privada de los grandes medios de producción y cambio,

que incluye- como no puede ser de otra manera la gran propiedad privada agrícola –

debe así mismo acabar con las formas parasitarias de aparcería ,anulando las deudas

hipotecarias y financieras que ahogan a los pequeños agricultores ,facilitando por el

contrario el acceso al crédito oficial.


El modelo socialista de nuestra época debe integrar la exigencia de Reforma Agraria,

allí donde esta no se ha producido o se haya revertido mediante contrarreformas y

privatizaciones, reforma que vaya a la raíz de los problemas, y entendida como el

conjunto de medidas tendentes a modificar la estructura de la propiedad de la tierra, y

las mismas formas sociales de producción.


El movimiento por el socialismo debe facilitar la incorporación de los trabajadores y

trabajadoras del campo para crear una sociedad basada en lo fundamental en la

propiedad social de productores asociados. Lo que supone la tendencia a eliminar la

división del trabajo intelectual y manual, y la misma división entre la ciudad y el

campo.


4.- Posición del Partido Socialista Libre Federación


4.1.-Reforma agraria hoy


Las izquierdas postmodernas y las renuncias de las socialdemocracias tornadas en

socio liberalismos han renunciado a los cambio sociales en base a una transversalidad

social, que les lleva a calificar como anticuadas reivindicaciones históricas del

Movimiento Obrero.


Para la CNT y la UGT en España la reforma agraria fue en el campo la principal

reivindicación especialmente en zonas de latifundio como Andalucía y Extremadura, si

bien, también en la Mancha y otros territorios castellanos.


Durante la II República se materializó una ley de Reforma Agraria que si bien recogía

una parte importante de las reivindicaciones de los movimientos sindicalistas

campesinos antes citados, todavía podía avanzar más.


Lo más importante de la citada ley, era que introducía nuevos conceptos y medios, no

solo para repartir, sino para mejorar y modernizar la agricultura y conceptos como la

concentración parcelaria y nuevos pueblos de colonización agraria fueron impulsados

por esa ley y posteriormente los falangistas durante el franquismo se apropiaron de

esas propuestas republicanas haciéndolas suyas, pero aplicándolas a su manera y

nunca con el concepto original de reparto real de la propiedad.


Hoy por tanto sería necesario que la reforma agraria para triunfar tuviera en cuenta las

nuevas circunstancias de la agricultura y se enfrentará de forma exitosa a la

agricultura industrial y artificial a la vez que estudiar cuales son las medidas a adoptar

al objeto de poder mantener un sector que no solo produzca alimentos de forma

natural, sino que sea capaz de satisfacer las necesidades de la población y crear

bienestar y suficiencia a las y los productores agrarios y ganaderos.


Por tanto es imprescindible ya acabar con la acaparación de tierras que se está

produciendo en todas partes por Fondos de Inversión internacionales y por parte de

industrias agroalimentarias transnacionales, pero sin olvidar que igualmente se están

acaparando tierras por parte de grandes propietarios agrarios tradicionales, debido al

abandono de la tierra y los precios especulativos que imponen las grandes superficies

o el nefasto reparto de subvenciones agrarias por parte de la Unión Europea, tendente

a facilitar la acaparación de tierras por sus efectos negativos al subvencionar las

hectáreas.


Hay que proceder al reparto de tierras y fijar unos topes máximos de las fincas

agrarias teniendo en cuenta factores como territorio y/o nacionalidad, usos y

costumbres, pero también tipo de cultivo de la zona y sus necesidades. Hacer estudios

de las necesidades de empleo y su temporalidad o no.


La comercialización es clave y a tal efecto la intervención pública imprescindible

fijando precios justos, rescatando y haciendo pública la red de mercados locales,

nacionales y estatales. Los mercados de abastos públicos son necesarios y mucho

más justos para con los ciudadanos y ciudadanas consumidoras.


Crear una Agencia Pública de comercialización y exportación sería de utilidad para la

coordinación de una gestión basada en la calidad, el respeto al medio ambiente y a la

responsabilidad social.


Buscar el abastecimiento directo a consumo humano y ganadero y a tal efecto apoyar

y potenciar las cooperativas de distribución directa campo-localidad.


Potenciar el papel de la mujeres rurales que juegan ya un papel destacado en la

producción agraria y dotadas en muchos casos de una conciencia innovadora. La

permanencia de la mujer en las zonas rurales es clave como impulso modernizador de

cambio. Por tanto la banca pública –siempre imprescindible- debe articular créditos

para mujeres dispuestas a permanecer en el campo.


El cooperativismo es muy importante en el sector agrario, si bien sus estructuras se

deben democratizar más todavía. Las cooperativas deben ir más allá de ser

asociaciones de productores y productoras y pasar a ser directamente productoras en

común y de forma colectiva de tierras repartidas y/o confiscadas a acaparadores,

terratenientes y multinacionales especulativas. También deben integrarse las

cooperativas existentes en todos y cada uno de los tramos que van de la semilla a la

mesa.


Todo esto en pos de lograr el objetivo de la soberanía alimentaria.

También de compartir y ser solidarios con territorios y regiones necesitadas del planeta

o bien con carencias por motivos climáticos de determinados productos necesarios de

los que una u otra región pueden ser deficitarios. A tal efecto producir una lucha directa

y clara contra la especulación a base de trigo, arroz, soja o maíz y su utilización como

elementos de control y especulación mundiales.


Crear y potenciar en las universidades públicas departamentos de agricultura que

investiguen la producción agraria y su mejora con carácter ecológico y respeto al

medio ambiente. Así como un estudio serio de insumos y abonos de carácter natural,

pero que a su vez eviten las plagas.


Crear un banco público de crédito agrícola.


Plan estatal para la recuperación de la agricultura y la dotación plena de servicios y

comunicaciones a las zonas, comarcas y pueblos agrarios. Igualmente este plan debe

llevar pareja la construcción de espacios y residencias temporales o fijas dignas y con

todos los servicios al objeto de alojar a aquellas personas que sean necesarias con el

motivo de recoger cosechas en momentos determinados.


4.2.- De la experiencia extremeña al cambio radical en el modelo agrario

Conviene recordar los muchos intentos y proyectos de transformaciones de las

estructuras de la propiedad y explotación agraria que se han realizado en este país,

desde las desamortizaciones del siglo XVIII, XIX, durante la Primera República y los

cambios más profundos que se plantearon en la Segunda República.


En lo que respecta a Extremadura, a pesar de los avances tecnológicos en la

agricultura aún persiste un atraso técnico y un desigual reparto de la tierra con enorme

influencia en nuestra postergación económica y social, y en buena lógica, ya en el

siglo XX, determinando la emigración de una buena parte de la población extremeña.


Esto lo podemos aplicar a otras zonas agrarias de producción intensiva como

Andalucía, la Mancha, parte de Castilla y León o importantes comarcas de Aragón.


Las movilizaciones campesinas que tienen lugar a partir de la década de los años

treinta del siglo pasado se dan por el incumplimiento de los proyectos reformistas

están a la orden del día. En ellas se reclaman los baldíos, los bienes de propios, las

usurpaciones de tierras por los aristócratas, las denuncias contra los nuevos

propietarios burgueses y otros aristócratas de siempre que en las subastas de tierras

se quedan con ellas a precios de saldo, en privatizaciones irregulares o se apropian

por la cara de los bienes comunales en muchos municipios. 


Las luchas del proletariado agrario y de los yunteros continúan a lo largo del siglo XX creando un

poso que conformará de modo definitivo la explosión reivindicativa del 25 de marzo del

36.

Lo que sigue a las políticas que han tenido un cariz moderadamente progresista y que

no ponen ni mucho menos en duda el orden social establecido, es el clima de

revancha y castigo por los sectores más conservadores, tal como sucedió en la 1a

república, durante el gobierno de Salmerón, poniendo un antecedente a lo que

sucedería sesenta años después, la represión y asesinato de miles de personas en

1936.


Las huelgas campesinas de 1934 convocadas por la FTT de la UGT violentamente

reprimidas, son un precedente de la sublevación unánime de más de 80.000

campesinos extremeños que ocupan pacíficamente más de 250.000 Has de tierras, el

25 de Marzo de 1936. Con esta ocupación denuncian la lentitud en la aplicación de las

medidas de Reforma Agraria aprobadas por la 2a República.


la Ley de bases de la Reforma Agraria de la 2a República y la creación del IRA como

instrumento para su aplicación creó unas enormes expectativas en los jornaleros y

campesinos extremeños que pronto suscitó la alarma y la oposición frontal del bloque

de las derechas que más tarde adoptó la forma política de la CEDA.


Este movimiento de lucha campesina con la ocupación de tierras generó un miedo

extremo en los latifundistas, poderes fácticos e institucionales y supuso la venganza,

unos meses después, tras al golpe de estado contra la república, asesinando a más de

4.000 civiles en la plaza de toros de Badajoz.


En definitiva, hay un bloqueo sistemático a todo tipo de reformas que pretendan alterar

la propiedad y explotación de la tierra con el objetivo de impulsar un desarrollo de las

fuerzas productivas y mejorar las condiciones de bienestar de toda la población.


Desde entonces, hasta acá, los planes de desarrollo y las leyes agrarias franquistas no

frenan el abandono del campo y la concentración de la propiedad. Los cambios

moderadamente democráticos a partir de 1978, la entrada en Europa y la apertura

internacional de España producen una modernización de la agricultura y mejoran el

nivel de vida de ciertos sectores de agricultores, pero no acaban con el latifundismo

agrario responsable en buena medida de la situación de pobreza y precariedad

económica y social de nuestros pueblos.


Siguen en Extremadura las grandes extensiones de miles de hectáreas de tierras,

unas productivas y otras destinadas al ganado y a la caza, en manos de aristócratas,

reconvertidos en burgueses, con presencia en los consejos de administración de

grandes empresas, enriquecidos en el franquismo o con antecedentes medievales.


También, ha surgido una nueva burguesía agraria ligada al poder político regional que

gracias al apoyo institucional de fuertes subvenciones públicas ha accedido a la

propiedad de grandes extensiones de tierras y fabricas relacionadas con la producción

hortofrutícola característica de la tierra.


Junto a un número importante de jornaleros agrícolas, unos 60.000, hay un sector de

pequeños y medianos agricultores, ganaderos, que acusan los bajos precios agrícolas

y dependen excesivamente de las ayudas de la Política Agraria Comunitaria (PAC).


4.3.- La Reforma Agraria y el cambio social


Una reforma agraria implica la creación de una serie de instituciones y mecanismos

para la transformación de las bases económicas, políticas y sociales del mundo rural,

tendría una influencia decisiva en la vida de los trabajadores y trabajadoras de la

ciudad. La producción de alimentos suficientes y la soberanía alimentaria son factores

decisivos para el bienestar de las clases trabajadoras que viven las ciudades. La

reforma agraria implica la ligazón y la unidad del mundo rural con el urbano.


Todo esto resulta imposible sin la previa unidad de las clases trabajadoras, con la

acumulación de fuerzas progresistas interesadas en remover la inercia institucional y

las resistencias de los grandes propietarios, íntimamente ligados a la burguesía

nacional y muchos de ellos asentados fuera de la región extremeña.


La reforma agraria supone, en líneas generales, un amplio espectro de cuestiones

técnicas y legales necesarias para su puesta en marcha, pero lo más importante de

todo es la identificación política del proletariado agrario y de los campesinos,

pequeños y medianos agricultores, con un programa para la transformación de todas

las estructuras del mundo rural, desde el reparto y redistribución de la tierra, las

políticas para el asociacionismo de los productores agrícolas, la reforma de la PAC,

una Banca Pública y todo un conjunto de acciones que conduzcan al desarrollo

industrial de la producción agrícola, etc..


5.- La Soberanía Alimentaria


Cuentan que cuando le preguntaron a Confucio qué es lo primero que haría de ser el

soberano de todo el mundo, contestó: poner en orden el significado de las palabras.

Este axioma debería regir interpretación y análisis de las cuestiones más importantes

para la vida de las personas deben tener un enfoque y una definición que evite

interpretaciones de parte, como es el caso que hoy nos ocupa:


La Declaración de Nyéleni (Mali) estipula que: La soberanía alimentaria es el derecho

de los pueblos a alimentos nutritivos y culturalmente adecuados, accesibles,

producidos de forma sostenible, y a decidir su propio sistema alimentario productivo.


Si tomamos y hacemos propios estos principios la conclusión es que en España

nuestra situación, como la de muchos países integrados en la Organización del

Comercio Mundial, la Unión Europea y otras organizaciones globales es abiertamente

contraria. Ya no se trata de una confrontación entre países sino de los derechos de los

pueblos frente al poder de las corporaciones que dominan la producción y la

distribución a escala mundial.


Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que la transformación va de la mano

de un cambio de sistema y de una política valiente que legisle en favor de los intereses

de la gente.


Estos cambios deben ir desde el origen de las semillas hasta la mesa del consumidor

porque esta es la trazabilidad que debemos establecer y reforzar con leyes,

comenzando por poner en orden la casa principalmente derogando privilegios y

complicidades.


En España, más de 600.000 dueños de campos cobran de la UE sin trabajarlos

frente a los 250.000 que sí lo hacen (*) .Propietarios de tierras y de zonas de pasto

que no explotan , pero cuya titularidad les permite V desde hace casi dos décadas

llevarse una parte importante de los alrededor de 4.000 millones de euros de la PAC

(Política Agraria Comunitaria) que la UE reparte en España a través de los llamados

“derechos históricos”.


La diferencia entre lo que se le paga a los agricultores y el precio en los lineales de

cualquier de las grandes superficies puede llegar, como en el caso de las patas y las

cebolla, a multiplicarse por ocho.


Los métodos de cultivo y tratamiento de tierras con derivados del petróleo y

transgénicos, la estrategia de las grandes corporaciones de obligar a la siembra por

países (como es el caso de la soja en Argentina y Brasil), las importaciones que no

cumplen con los parámetros de calidad, sanidad y las condiciones laborales de los

agricultores ejerciendo un dumping de libro y los alimentos elaborados que facilitan su

transporte internacional aumentando la contaminación por plásticos y la posición

dominante de las grandes empresas de de distribución globales no sólo tienen efectos

devastadores en materia económica.


La depauperación de la vida en el campo es un elemento que ha causado la

despoblación de las zonas rurales, ha cambiado los hábitos alimentarios y la

desaparición progresiva de productos autóctonos.


Existen ya muchas prácticas exitosas en materia de Soberanía Alimentaria,

especialmente en algunas naciones de América Latina, en los países nórdicos, por

ejemplo.


Pero ningún cambio será posible sin un cambio de paradigma, sin promover las ferias

y mercados de proximidad, sin una adecuada logística cooperativa y una justa y

equitativa distribución de los beneficios.


Esta es la apuesta del PSLF: una visión global para actuar en lo local, cambiar el

actual sistema para desplegar e implantar una verdadera soberanía alimentaria.

Y eso, le pese a quien le pese, se consigue haciendo política para el pueblo

y no a pesar del pueblo.

lunes, 19 de octubre de 2020

El 24 de OCTUBRE celebramos en la ALCAZABA DE MÉRIDA la conferencia sobre REFORMA AGRARIA.


 

El sábado 24 de OCTUBRE se va a celebrar en la Alcazaba de Mérida una conferencia sobre la Reforma Agraria organizada por la Asociación 25 de MARZO.

 

El objetivo de esta conferencia es propiciar el debate, así como trabajar en la elaboración y difusión popular de un programa que ponga las bases para la transformación económica y social de Extremadura y contribuir a recuperar la memoria histórica de la lucha de un pueblo explotado por caciques y terratenientes. En este orden de cosas, sería muy importante que uno de los resultados finales de esta conferencia fuera la elaboración de un Anteproyecto de Ley de Reforma Agraria para presentar ante la Junta de Extremadura y las Cortes Generales.

 

La Asociación 25 de MARZO reivindica un hecho fundamental en la historia de Extremadura: la sublevación unánime de más de 80.000 campesinos extremeños ocupando pacíficamente más de 250.000 Has de tierras, el 25 de MARZO de 1936.

 

Muchos fueron los conflictos históricos relacionados con las estructuras de la propiedad y la explotación agraria a los que las desamortizaciones y reformas liberales y republicanas de los siglos XIX, y XX quisieron solucionar y que a veces complicaron.

 

Las modificaciones en la propiedad de los bienes de la iglesia y de los bienes municipales rompieron relaciones feudales, pero acentuaron el latifundismo agrario que actualmente se mantiene.

 

La reforma agraria representa un modelo económico y social necesario para el progreso y el desarrollo del mundo rural. En este sentido se pronunciaba el artículo 6 del Estatuto de Autonomía Extremeña que recogía como uno de los objetivos de sus instituciones la transformación de la realidad económica de Extremadura, mediante la industrialización y la realización de una reforma agraria, entendida como la transformación, modernización y desarrollo de las estructuras agrarias, que contribuyan al desarrollo y al empleo.

Este artículo fue eliminado en la reforma que se hizo en el Estatuto de Autonomía por el PP y el PSOE en la Ley Orgánica 1/2011, de 28 de ENERO. Sin duda, suponía para las fuerzas sostenedoras del régimen una hipótesis real, un elemento ideológico peligroso que había que eliminar, y al menos ocultar del conocimiento popular todos los vestigios que tuvieran que ver con aquella. En definitiva, se trataba de dejar sin referencias, de borrar una de las luchas más importantes que contempla la historia del pueblo extremeño.  

A pesar de los intentos realizados por dejar sin memoria colectiva a un pueblo, la semilla quedó en la tierra y la siembra que con tantas dificultades realizamos desde los movimientos sociales generará nuevos bríos y abrirán nuevos horizontes para el impulso de la lucha de clases y las conquistas económicas y sociales.

 

La reforma agraria no es una cosa simple, es el combate por ganar las ideas colectivas de un nuevo modelo de vida con los fundamentos de una ambición práctica y real de justicia social. Todo ello, supone el triunfo de una relación de fuerzas políticas y sociales favorables a las clases trabajadoras y populares.

 

En definitiva, supone un amplio conjunto de medidas políticas que comprenden el reparto y redistribución de la tierra en manos de los latifundistas, la promoción del cooperativismo agrario y la soberanía alimentaria, la reforma de la Política Agraria Comunitaria, la creación de una Banca Pública y todo un conjunto de acciones políticas que mejoren el nivel de vida del conjunto de la población del mundo rural.

El 24 de Octubre, os esperamos en la alcazaba de