sábado, 20 de diciembre de 2014

LA ARDP EN CONTRA DE LAS MEDIAS JORNADAS LABORALES EN LOS PLANES DE EMPLEO PÚBLICOS




 


Desde la ARDP nos hemos opuesto siempre a que las ADMINISTRACIONES PÚBLICAS generalicen las medias jornadas laborales en los planes de empleo público. No sólo es una forma de repartir la miseria sino que además,  da legitimidad a las contrataciones basura.
Esta forma de SOBREEXPLOTACIÓN tiene su  fundamento en que aprovecha  la desesperación del trabajador o de la trabajadora para pagar sueldos indecentes.
No queremos que nuestros representantes políticos sigan legitimando esta forma de proceder que tanto interesa a los empresarios.

Como se indica en LA MAREA(11 diciembre de 2014) sobre este asunto, valgan de muestra las declaraciones realizadas en la Cadena SER por José Luis Bonet, presidente de Freixenet, y recientemente elegido presidente de la Cámara de Comercio, Industria y Navegación, al ser cuestionado por la desigualdad existente en España que acompaña la levísima mejora de la macroeconomía.  Este señor nos ha soltado la perla de que  “Más vale cobrar 500 euros al mes que cero”. Sin duda, en esta frase se resume el discurso y la ideología productiva de las clases dominantes en éste país, es como si nos dijeran que tenemos plena libertad entre elegir la miseria o la pobreza laboral.

Lo que ha caracterizado al empresariado español durante esta crisis económica ha sido la devaluación de los salarios y las condiciones de vida de los trabajadores convertidas en un privilegio como única forma de productividad.  Los medios de comunicación impregnados hasta los hueso de la ideología neoliberal repiten la cantinela  que tanto interesa a algunos “cualquier tipo y forma de trabajo es mejor que estar en paro”.  Sin duda, es el camino que algunos empresarios han seguido para obtener  buenos beneficios y acumular patrimonio y riqueza. La situación actual obliga a que los trabajadores, algunos con alta calificación, se vean en la necesidad de realizar largas jornadas laborales cobrando míseros salarios.

La frase más repetida por algunos “ES MEJOR TENER ALGO PARA COMER QUE MORIRSE DE HAMBRE”. Los medios de comunicación nos informan diariamente del proceder de empresas importantes y de renombre mundial que operan en algunos países subdesarrollados. Los bienes obtenidos proceden del trabajo productivo realizado por mano de obra infantil y femenina que se ve obligada a sufrir una enorme explotación y abusos laborales antes que morirse de hambre.

viernes, 12 de diciembre de 2014

LA ASOCIACIÓN EN DEFENSA PÚBLICO(ARDP) RECLAMA MEDIDAS PARA HACER FRENTE A LA POBREZA ENERGÉTICA




DICIEMBRE 2014
La pobreza energética, que se define por la imposibilidad de pagar el abastecimiento de los consumos de luz, agua, y gas necesarios del hogar o por tener que destinar a ellos unos porcentaje importante de los ingresos, es un problema social que se extiende como una macha de aceite, a pesar de lo que nos digan el Presidente del gobierno, Rajoy, y sus voceros, de que la recuperación económica está en marcha.
En la actualidad muchas son las familias con enormes dificultades para  hacer frente a los gastos derivados de los suministros básicos de agua, luz y gas imprescindibles para la vida. Una situación que afecta a muchas personas de nuestras localidades y ante la cual, las Administraciones Públicas tienen la responsabilidad de intervenir con acciones políticas que impidan la desconexión a estos servicios públicos.

Las declaraciones y recomendaciones de instituciones como las Naciones Unidas, y directivas de la Unión Europea(2009/72 y 73), continuamente se refieren a que los Estados deben tomar las medidas oportunas para garantizar a los ciudadanos el acceso a los suministros básicos y prohibir  e impedir la desconexión a los mismos, sobre todo en períodos críticos. Ningún gobierno debería permitir cortar la luz en el período invernal a personas que no disponen de medios económicos a consecuencia del desempleo o con ingresos salariales que apenas llegan a final de mes. 

Desde la Asociación en Defensa de lo Público y conjuntamente con otros movimientos y colectivos sociales entendemos que la disposición de estos elementos vitales es un derecho básico de las personas; no son mercancías puestas a disposición de clientes.

1)      Por eso exigimos al Gobierno de Extremadura que tenga la suficiente responsabilidad pública, para que en sus presupuestos destine fondos que permitan garantizar el acceso al agua, la luz y el gas a las familias extremeñas, especialmente a aquellas castigadas por la crisis. En algunas Comunidades Autónomas se trabaja en una Ley de Mínimos Vitales que certifique la prestación de estos servicios básicos.

2)      En el caso del agua,  los Ayuntamientos tienen competencias para disponer normativas que impidan los cortes de suministro, bien con tarifas sociales o estableciendo consumos mínimos de litros de agua, por persona y día. Son actuaciones que no requieren mucha complejidad y facilitan la vida a familias que en estos momentos están castigadas por la crisis económica.