jueves, 26 de diciembre de 2019

EL CONFLICTO POLÍTICO POR VIOLACIÓN DE DERECHOS FUNDAMENTALES SE INTERNACIONALIZA. Idelfonso Gómez


¿El Estado prevaricador? Por IDELFONSO GÓMEZ



Las preguntas que surgen de la extensión que ha tomado el conflicto político del Estado español por su vulneración de derechos democráticos fundamentales que se ha agravado e internacionalizado son del siguiente cariz:

¿Cómo pudieron ser condenados los dirigentes catalanes del proceso político soberanista habiendo entre los imputados quien gozaba de impunidad que impedía dicha condena?

¿Se han vulnerado con la sentencia las reglas esenciales de procedimiento que son garantía básica del Estado de derecho? 


La reacción de las instituciones judiciales españolas, y de los partidos de derechas ante la sentencia del TJUE es muy poco comprensible si se tiene en cuenta que dicho tribunal está por encima del Tribunal Supremo, es decir que es el verdadero órgano superior de nuestro ordenamiento jurídico por decisión del Estado español.


Con razón obligada la vicepresidente en funciones Carmen Calvo ha realizado declaraciones llamado a que se asuma por las instituciones judiciales españolas las consecuencias de dicha sentencia, y algo parecido ha venido a manifestar también el Presidente del Parlamento Europeo que no ha tardado en rectificar y aplicar la sentencia reconociendo la condición de Puigdemont y Comín como diputados. 


Habida cuenta que la primera reacción de la Fiscalía del Tribunal Supremo, en vez de reconocer el hecho de que tanto la Audiencia Nacional como el Tribunal Supremo, cada uno a su manera han violado todos los derechos de Oriol, y de los diputados y senadores electos; ha sido la de solicitar que Oriol Junqueras no sea puesto en libertad, y a ello añaden que sea inhabilitado como diputado europeo. 


Parecida reacción automática ha tenido el juez LLarena que parece no entender el motivo por el que él mismo ha tenido que retirar por tercera vez la euro orden que pretendía la detención de los responsables políticos de la Generalidad exiliados en diversos países de Europa. 


La judicialización represiva, que fue la salida fácil para negarse a entrar en la solución democrática del conflicto político no solo fue la respuesta del gobierno Rajoy sino del Estado español en su conjunto con el Jefe de Estado a la cabeza. Y que pueden constituir delitos continuados de prevaricación, delitos que cometen los funcionarios públicos al actuar injustamente en las funciones propias de su cargo, conscientemente o por ignorancia inexcusable. Que en el caso de los jueces deviene de sentencias o resoluciones injustas.


 Ahora ese bloque, que es el de los consensos del régimen del 78, se descompone con el curso de la negociación política abierta entre el PSOE y ERC, y de la misma sentencia que cuestiona la sentencia política de Marchena y las euro ordenes de LLarena. En ese cometido tiene que expresarse la Abogacía del Estado a instancias del Gobierno. 


Ahora, el Tribunal Supremo, que es la institución que tiene la pelota en su tejado, no puede pedir al Parlamento Europeo el levantamiento de la inmunidad después de haberlo juzgado y condenado, por lo contrario está señalado para que diga como aplica la sentencia. La internacionalización del conflicto no solo contamina la Unión Europea y sus Estados, la misma ONU está llamada a finales del próximo mes de enero a tomar resolución sobre el caso. 


Desde Bruselas, el portavoz del PP venía a pedir algo parecido a un “Brexit” para España, consistente en la petición de suspensión de la aplicación del Tratado de Schengen, apostando en que la solución es volver a las antiguas fronteras para proteger las sentencias de un reino bananero al margen de cualquier principio político y judicial que pueda ser compartido por otros Estados, que se reclamen de la aplicación democráticos fundamentales. 


La manipulación política y no la razón política parece presidir las decisiones represivas que hacen más y más complejo el conflicto. A las dos horas de conocerse la sentencia del TSUE se decidió por el tribunal catalán la suspensión del Presidente Torra ante el que declaró: “A mí no me inhabilita un tribunal con motivaciones políticas porque solo lo puede hacer el Parlamento de Cataluña”.


El Gobierno en funciones debe pasar de las palabras a los hechos y reconocer que la aplicación de la sentencia del TJUE pasa por declarar nulo de pleno derecho el juicio del procés, con todas sus consecuencias. Acabando con la vía judicial y la represión política si es que para él la negociación en curso va más allá de la mera instrumentalización de la investidura, y si por fin ha comprendido la necesidad de un giro democrático irreversible en nuestra sociedad que pasa por el ejercicio a decidir. Atendiendo a las demandas de nuevo orden político auténticamente democrático tendente a fundar la República en la acción conjunta de los trabajadores y los pueblos. Alianza política y social que puede y debe representar a la inmensa mayoría. La lucha por democracia y el federalismo es parte sustancial de la estrategia por la emancipación definitiva de los trabajadores del yugo del capital.

sábado, 21 de diciembre de 2019

La encrucijada política de un régimen en descomposición por IDELFONSO GÓMEZ


IDELFONSO GÓMEZ, PRESIDENTE DEL PSLF


1.- Negociación política y movilización democrática

La situación política está dominada por la crisis de Estado, y por el agotamiento del sistema político establecido a la muerte de Franco. 


Desde hace años, la sentencia del Tribunal Constitucional contra el Estatuto reformado de Cataluña vino a establecer la nulidad del acuerdo Suárez-Tarradellas (que dio lugar a la Generalidad previa a la misma Constitución), y que supuso- en consecuencia- la quiebra del pacto preconstitucional, y el inicio  de grandes movilizaciones  populares  que han venido a cuestionar la Constitución e instituciones  del  régimen del 78.


 Las elecciones generales reiteradamente convocadas (cinco en cuatro años) tendentes a encontrar una mayoría de gobierno que se oponga al cuestionamiento constitucional han fracasado reiteradamente, acelerándose por el contrario la polarización política y social en tres grandes bloques: izquierda, derecha y nacionalistas. 


El preacuerdo entre las direcciones PSOE y Unidas Podemos tras las elecciones del 10N tendente a investir presidente para la formación de  Gobierno- ahora depende las negociones  entre el PSOE y  los representantes del proceso republicano e independentista catalán, y de ERC en particular-pero es un acuerdo que puede y debe abarcar a la mayoría de la cámara .


La condición fundamental para la investidura es el establecimiento de un principio de acuerdo para la apertura de un proceso negociador entre la Generalidad de Cataluña y el Gobierno del Estado. Negociación que centra las principales cuestiones de la crisis política y que desplaza a enero de 2020 la investidura, si es que la hay.


 La negociación, si queremos que una de manera efectiva establezca una alianza de la mayoría de representantes de formaciones políticas que se reclaman de los derechos de los trabajadores y los pueblos debe ir acompañada de la más amplia movilización en todas partes. 


Esta situación se convierte en una verdadera encrucijada política, en tanto que las demandas democráticas que se negocian viene a poner en cuestión el continuismo de las instituciones del régimen del 78 , y en definitiva el poder cifrado en su Constitución. 


Las alternativas giran en torno a dos extremos, de una parte, si progresa el proceso negociador, y se establece un gobierno dependiente del proceso republicano catalán se producirá un grave deterioro del papel del Jefe del Estado, que contribuirá a su cuestionamiento y el de la monarquía, y con los privilegios franquistas. 


De otra parte, sí las fuerzas que se oponen a la negociación logran desestabilizar al PSOE, y a su actual dirección, como ya está sucediendo con las provocaciones de los dirigentes de la Transición, y de algunos barones autonómicos que, sirven los argumentos a  la derecha sobre el eje :”España no puede depender de los independentistas”, entraríamos en una giro a la derecha . 


Los argumentos que vienen alimentar la reacción españolista y monárquica se comienzan a multiplicar, a fin de que se  produzca  un proceso de regresión política encabezado por el Rey como caudillo de la unidad nacional del Estado y sus leyes, tal y como sucedió a partir del discurso bonapartista de la Corona del 3 de octubre de 2017 contra los acuerdos del Parlamento de Cataluña, y la realización del referéndum soberanista de 1 de ese mismo mes de octubre, expresión  periodística de esta situación es el titular de la publicación VOZ POPULI sobre la investidura :”Sánchez fuerza al rey a tener que encargarle a ciegas formar gobierno” 

Sobre esta encrucijada influyen directa o indirectamente múltiples factores, y en particular las decisiones políticas, económicas  y jurídicas de la Unión Europea sobre España .En el terreno judicial el próximo día de 19 de diciembre se conocerán las sentencias de los tribunales europeos  sobre la situación de los dirigentes del procés,  presos y/o exiliados .La judicialización de la política española puede llevarse un nuevo varapalo con el reconocimiento de la inmunidad de los electos


2.- ¿Acabar o mantener la herencia política del franquismo?

Desde la exhumación de los restos del dictador del VALLE DE LOS CAIDOS la política de reforma de la Memoria Histórica ha quedado congelada, y pendiente de los mismos resultados electorales. La exhumación no ha acabado con el Valle de los Caídos como lugar para la exaltación del franquismo en manos de la Iglesia, como tampoco ha desposeído a los Franco de la tumba de Estado, ya que la de Mingo Rubio ha sido adquirida con dineros públicos, y aún menos se han dado pasos para proceder contra la herencia familiar millonaria de la familia que tiene mucho que ver con el saqueo y la corrupción de la guerra y la dictadura. 


Como tampoco se ha permitido avanzar en la localización y exhumación de fosas de republicanos asesinados con verdad, justicia y reparación. Celebrar la exhumación contra los privilegios de la dictadura está por tanto limitada al hecho de que se mantienen otros muchos privilegios, y sobre todo el hecho de que sobre todo ello se mantiene la impunidad de Estado, y de sus personajes que hicieron posibles los crímenes franquistas. 


Hay por tanto que establecer la continuidad de las iniciativas contra la impunidad, situación que pervive en las instituciones fundamentales del Estado, gracias a que el régimen del 78 y sus leyes (Amnistía y Memoria) lo han hecho posible hasta hoy. 


Sacar la herencia política del franquismo del corazón del Estado y juzgarla es una imperiosa necesidad democrática que afecta a toda la sociedad. Entre las medidas pactadas por PSOE-UP para formar gobierno se habla de forma muy sucinta de un “país de memoria y dignidad” sin más desarrollos de los que se tenga conocimiento. 


El movimiento de víctimas y de la memoria debería emprender un trabajo de formulación de cuáles son los pasos en el camino de la lucha por la memoria y la dignidad que establezca una hoja de ruta para  acabar con la impunidad de los crímenes de la guerra, la dictadura y la transición. Convocando en los próximos meses un nuevo Encuentro Estatal que permita unir a la mayor cantidad posibles de asociaciones, partidos y sindicatos abrir la negociación necesaria con las fuerzas parlamentarias , y con el mismo gobierno que se forme. 


Solo una ley de víctimas que condene el franquismo como régimen criminal y reconozca los derechos de las víctimas abrirá  las puertas a acabar con las leyes de punto final e impunidad. Notas para la intervención en la Coordinadora de la Memoria.Madrid 14 de diciembre 2019

jueves, 21 de noviembre de 2019

CONSIDERACIONES MUNICIPALES





1.- Desde ODP-PSLF aún no podemos hacer una valoración profunda y extensa de la política municipal por los pocos meses transcurridos, al menos, hasta que no se aprueben los presupuestos y veamos qué perspectivas de futuro ofrece este equipo de gobierno municipal al pueblo.

2.-No obstante, se ha tenido sensibilidad para llevar a cabo ciertas cuestiones que desde hace tiempo veníamos solicitando tal y como el inicio del arreglo de caminos y la rehabilitación de ciertas obras en edificios que estaban abandonados por el anterior equipo de gobierno. También, se ha procedido a la modificación de ciertos reglamentos que aún no conocemos su funcionamiento de un modo práctico y por tanto, no sabemos la repercusión que van a tener en la participación de la población en asuntos municipales.

3.- No estamos de acuerdo en otras actuaciones como la reducción de impuestos que por la capacidad económica del Municipio no son cantidades considerables; sin embargo, son pequeños detalles que se mueven en lo que es el marco general de las políticas que practican partidos de derechas. Según informa el equipo de gobierno, la reducción de impuestos se aproximará a 150.000 euros. Pensamos que con esta cantidad se podían atender ciertas actividades municipales, reducción de las tasas deportivas para los niños y niñas, monitores, o para realizar otras actividades municipales diferentes.

4.- También, es un hecho relevante, en estos primeros meses, el enfrentamiento dialéctico teñido de características personales que tiene lugar durante la celebración de los plenos, con declaraciones verbales del anterior alcalde, que ponen de manifiesto su excesiva precipitación, intransigencia y enojo, con demasiadas muestras de sus excesivos egos personales y hervores de autoestima. Todo ello resultado de no alcanzar las expectativas para conseguir nuevamente la alcaldía, y que con su actitud está promocionando al gobierno municipal de Cs y PP.

5.- Sin menospreciar absolutamente a nadie de quienes ejercían los cargos y trabajan en los medios de comunicación locales y en la Casa de la Cultura porque siempre nos atendieron perfectamente. Ahora, con los cambios realizados en estos puestos, y conociendo la trayectoria de las personas que están al frente de los mismos, tenemos que valorar muy positivamente a los nuevos responsables de los medios de comunicación y de la Casa de la Cultura porque lo importante es la profesionalidad y vocación que se tenga en este trabajo, independientemente de lo que digan algunos de que se sea laboral o funcionario. De este modo animamos, tanto a Juanfran como a Isabel, y a todas las personas que ttrabajan en esta casa a que sigáis desarrollando vuestro trabajo como hasta ahora.

6.- En otro orden de cosas, queremos informar que la Concentración para reivindicar la finalización de las obras de las 31 viviendas se realizará el día 1 de diciembre, desde las 12 del mediodía, en la calle paralela a la calle Ruiz Zorrilla. Entendemos que lo que está ocurriendo con la vivienda, aquí y en otros pueblos, no es otra cosa que una forma de violencia contra quienes no disponen de medios económicos y no pueden construir un futuro, esto es violencia contra los más humildes.

7.- La reducción de las líneas de transporte para viajar a otras poblaciones está afectando a personas de la localidad. Esta una situación, también, se reproduce en otros sitios. La nueva contratación del transporte interurbano por la Junta de Extremadura ha limitado las posibilidades de comunicación, especialmente sábados y domingos. Los sábados sólo sale un autobús a las para Badajoz, y no hay de vuelta; los domingos no hay autobuses.

Consideramos que desde el Ayuntamiento se debe gestionar este problema y por supuesto, que como viene sucediendo, la sala de espera de la estación de autobuses no esté cerrada a ciertas horas, y más en el período que se acerca con mucho frío a ciertas horas de la mañana.

8. De cara a los próximos presupuestos regionales esperamos que se incorporen en los mismos la construcción del Instituto tan necesario para la localidad que durante muchos años se nos viene prometiendo, y es un elemento importante desde el punto económico y educativo para la localidad.

martes, 19 de noviembre de 2019

SUBASTA PARA REDUCIR IMPUESTOS MUNICIPALES


Desde la ODP-PSLF queremos hacer dos consideraciones, una en relación a la bajada de impuestos aprobada en el pasado Pleno Municipal Extraordinario de Noviembre, y otra en relación a los Programas de Empleo y Talleres que se están poniendo en marcha en nuestros pueblos.




1.- La reducción de impuestos aprobado por el gobierno municipal de CIUDADANOS-PP en el pleno extraordinario de Villafranca de los Barros es una medida electoralista y publicitaria que sólo sirve para reducir la capacidad económica del Ayuntamiento en 150.000 euros.

La reducción de impuestos se hace con la excusa de que el Ayuntamiento está muy saneado económicamente, incluso el PSOE participa en esta subasta queriendo ser más políticamente correcto que el gobierno municipal y no quedar atrás en la carrera electoralista, proponiendo una reducción mayor que el equipo de gobierno.

 Las personas a las que posiblemente beneficie dispondrán en sus bolsillos como máximo de pocos euros al año; en cambio, estos 150.000 euros como se anuncia que puede alcanzar la reducción impositiva pueden invertirse en diferentes acciones municipales como mejorar la dependencia, la ayuda a domicilio, en centros educativos, en calles ú otras actividades necesarias para la localidad.

2.- En repetidas ocasiones hemos manifestado que los PLANES DE EMPLEO, DE EXPERIENCIA ú otros programas que proceden básicamente de la Junta de Extremadura, el Gobierno Central y la Diputación Provincial, y que ejecutan los Ayuntamientos, llegan a un mínimo de personas en paro, y no sirven para generar más empleo, ni riqueza, ni el desarrollo económico tan deseado de nuestros pueblos. Son cantidades totalmente insuficientes.

Lo que continuamente reclamamos son verdaderos programas de empleo e inversiones públicas que ataquen de raíz el paro, beneficien a las clases trabajadoras y sectores populares, mejoren los servicios públicos como educación, sanidad, dependencia y actividades relacionadas con las producciones agroalimentarias y otras, de carácter industrial.

jueves, 14 de noviembre de 2019

LAS 31 VIVIENDAS DE VILLAFRANCA DE LOS BARROS





NOTA DE PRENSA ODP-PSLF
SOBRE LAS 31 VIVIENDAS DE VILLAFRANCA DE LOS BARROS

La Constitución española, en su artículo 47, recoge el derecho de todos los ciudadanos a disfrutar de una vivienda digna, a la vez que ordena a los poderes públicos que adopten las medidas necesarias para que hagan realidad este derecho.



La declaración de Derechos Humanos de 10 de diciembre de 1948, en su artículo 25, así como en otras diferentes normativas internacionales, se refieren a la vivienda como un bien necesario para una vida digna.



El artículo 148.1.3 de la Constitución Española establece la vivienda como una materia competencial que pueden asumir las Comunidades Autónomas. En base a esto, en el artículo 9.1.31 del Estatuto de Autonomía de Extremadura se la responsabiliza en esta competencia.



De este modo, se aprueba la Ley de Promoción y Acceso a la Vivienda de 11/2019, de 11 de Abril, en la que se vuelve a hacer mención a que se garantiza el derecho a la vivienda en la Comunidad Autónoma de Extremadura “como el derecho de toda persona a acceder a una vivienda digna, de calidad y adecuada a su situación personal, familiar, económica, social y capacidad funcional, asegurando a los extremeños una debida calidad de vida y contribuyendo así al fomento del desarrollo económico y social en la Comunidad Autónoma de Extremadura”.



Sin embargo, los poderes públicos regionales y nacionales no cumplen de ninguna manera con lo que se apunta en estas normativas que en definitiva se convierten en preceptos publicitarios grandilocuentes que no tienen más recorrido y que no dan más de sí. Así, suenan a música celestial los arrebatadores discursos y las agradables declaraciones de los dirigentes políticos cuando con elaboradas oratorias pregonan que se van a tomar medidas para facilitar el acceso de jóvenes a este bien o se van aumentar las ayudas de alquiler o incrementar el parque de viviendas públicas.



En este orden de cosas, nos encontramos con que las tan prometidas 31 de viviendas sociales de Villafranca de los Barros se paralizaron a los pocos meses de iniciarse su construcción, y han quedado en un estado de abandono, con un absoluto silencio institucional sobre su futuro. Nadie dice nada sobre la situación actual de las obras. El otro día se realizaron ligeros comentarios en un pleno municipal, pero nadie ha aclarado nada sobre la continuidad y finalización de las obras.



A las preguntas que le realizamos a la Consejera de la Junta de Extremadura sobre este asunto no supo o no quiso contestarnos, ni posteriormente se ha dicho nada, así que se desconocen públicamente los procedimientos que se siguen para el reinicio de las obras, cuando se va a reemprender la construcción o si se lo ya construido se convertirán en escombros.



Sin duda, todo esto es el resultado de la adjudicación de la edificación a unas bajas temerarias con lo cual es imposible una construcción de calidad, y cuyo resultado final se traduce en el abandono de las obras, trabajadores que se quedan sin cobrar y el desamparo para los vecinos de la localidad que aspiraban a una vivienda.



Por tanto, desde la ODP-PSLF exigimos que a la mayor brevedad la Consejería tome las medidas necesarias para que esas obras se finalicen rápidamente, dadas las necesidades de viviendas en la localidad.


lunes, 11 de noviembre de 2019

Los repetidores nunca fueron bien considerados




Carlos Martinez, es secretario general del PSLF y del consejo científico de Attac

Los partidos obreros surgen para cambiar las condiciones de vida de las clases trabajadoras, obtener el reparto de la riqueza y de los medios de producción y de consumo y alcanzar el fin de las clases sociales. Para ello, concurren a los parlamentos al objeto de cambiar las leyes y constituciones, organizan sindicatos de la clase obrera y luchan ya sea en las instituciones, ya sea en los centros de trabajo, ya sea en las calles o las trincheras si hace falta por defender la libertad y los derechos de las personas. 

Los partidos obreros no surgen para buscar la moderación –son realistas e incluso posibilístas, pero no moderados- tampoco surgen para buscar gobiernos estables en el interclasismo más allá de acuerdos para consolidar la democracia o combatir al fascismo. Tampoco para tranquilizar a los mercados –son socialistas- y menos para defender a los reyes y los tronos. 

Dicho esto, las elecciones son una forma democrática para alcanzar el poder, pero para ello debe haber en primer lugar democracia cierta, democracia con mayúsculas, es decir democracia republicana.

Pedro Sánchez ha sido el paradigma de todo lo contrario a lo que nuestro fundador Pablo Iglesias representa. Podemos, a través de su líder ha sido poco inteligente y ninguno de ambos ha entendido que de sus decisiones no dependía una simple forma de representación política gubernamental en el seno de una democracia burguesa y cortesana, sino la vida, las aspiraciones de igualdad, libertad, pan, techo y trabajo de millones de personas, muchos millones de personas aquejados de pobreza inducida, machismo militante y violento, trabajo precario o paro sin esperanzas. Vida, señores jefes, vida y derecho a una vida digna.

El Partido Socialista Libre Federación ha advertido sin descanso y sin medios que una repetición electoral era innecesaria y tan solo era una puerta abierta a las derechas. Una oportunidad para la derecha trumpista que nos amenaza y quiere a base de engaños y mentiras seguir trabajando para que los ricos sean más ricos y la burguesía y la oligarquía de Madrid, nos siga robando. 

Unas nuevas elecciones eran innecesarias, bastaba con llegar a un acuerdo de mayorías parlamentarias. Pero no ha sido así, pues los poderes reales con el rey a la cabeza lo han impedido. Ahora y tras las elecciones solo está clara la subida de VOX y eso se lo deben agradecer a la izquierda oficialista y en especial a Pedro Sánchez.

Tras estos resultados electorales del 10 de Noviembre solo queda claro en mi opinión que Sánchez ha fracasado sin paliativos, el PSOE no merece este batacazo propiciado por la prepotencia de su líder, su escoramiento a la derecha y su actitud cortesana. El socialismo tiene mucho que decir, si es eso, socialismo.

En segundo lugar Podemos/IU también tienen su cuota de responsabilidad y no pueden mirar hacia otro lado. Carecen además de la suficiente fuerza de convicción y de coherencia.

Lo que más ha subido ha sido el independentismo y por tanto habrá que tenerlo en cuanta y mucho.

Antes me refería a fuerzas democráticas. Porqué la subida de VOX se debe a la oportunidad que Sánchez les ha brindado con una repetición electoral que ha desmovilizado a una parte de la izquierda.

 La desaparición de Ciudadanos era lógica pues su discurso de extrema derecha solo podía beneficiar a los ultraderechistas.

Ahora solo es posible un gobierno con fuerzas de progreso, sean o no nacionalistas y hacer una políticas de recuperación de los derechos sociales, la igualdad y el federalismo que deje de lado a los nacionalistas españolistas y centralistas y partidarios de la regresión social. Eso o el trumpismo.

VOX no puede representar ni representa a la España rural. Muchos de los votos rurales son de izquierdas y están en la izquierda, por eso el mundo rural debe dejar de ser abandonado, pero para eso son imprescindibles medidas que se opongan a la PAC de la Unión Europea y se centre en la soberanía alimentaria y la defensa del territorio, un territorio con servicios, sanidad y educación ubicados en los pueblos, comunicaciones y una agricultura vinculada a la defensa del clima así como a la incorporación de las nuevas tecnologías.

La única solución es pues un amplio gobierno de progreso y dar la espalda a las derechas. Fortalecer el socialismo, un socialismo democrático que recupere los valores de la izquierda y de trabajar por y para las clases populares y trabajadoras. En nuestro caso, fortalecer el PSLF como opción de una izquierda valiente y consecuente. Una opción que hoy Sánchez no representa.

viernes, 25 de octubre de 2019

SOBRE LA NEGOCIACIÓN DEL CONVENIO DEL CAMPO: JOSÉ MARTÍNEZ, OBRERO AGRÍCOLA




Por lo que se publica en la prensa regional (HOY, 24 de Octubre) en la negociación del convenio colectivo del campo se vuelve a producir  el desacuerdo de las partes y la ruptura, por ahora, de las negociaciones. La situación es la misma que la de hace meses, los empresarios agrícolas no quieren pagar el salario mínimo y ponen objeciones al laudo dictado en su momento, quieren más horas de trabajo para los jornaleros y jornaleras a cambio del mismo sueldo, es decir quieren un convenio colectivo a la baja que legalice una mayor explotación laboral. 

Esta actitud de las organizaciones patronales agrarias es conocida desde hace tiempo, lo que resulta extraño y difícil de entender para la clase obrera es que se mantenga sobre la mesa de negociación una propuesta que viene a representar la debilidad de los sindicatos que en teoría representan a la clase trabajadora y cuya proposición no es otra cosa de lo que pudiera dar ocasión a un incremento considerable del abuso laboral. 

Este posible elemento de la negociación que le viene de perlas a la patronal es lo que describimos a continuación tal y como aparece literalmente en la publicación:

“Una de las propuestas de los sindicatos es aumentar la jornada laboral de los eventuales en momentos de las campañas agrarias, «cuando sea necesario y luego compensar ese aumento de jornada por otras jornadas con menos horas cuando la actividad se reduzca». El presidente de Apag entiende que eso se podría negociar pero dijo ayer a HOY que en la última reunión con los sindicatos -la del martes- estos la retiraron. CC OO, en cambio, señaló ayer que sigue sobre la mesa

Esta propuesta es inaceptable y quien la hace, sin duda, desconoce la realidad de los trabajos en el campo por varios motivos. En primer lugar, si las tareas agrarias suponen ya de por sí un desgaste físico importante por las propias condiciones meteorológicas y laborales que se dan, el aumento de horas de trabajo suponen para nosotros un esfuerzo material extra que difícilmente puede aguantar un trabajador o trabajadora normal y corriente.

En segundo lugar, la propuesta es inaceptable porque supondría un aumento importante del número de horas de trabajo durante las campañas agrícolas a cambio de la misma masa salarial, que no se compensaría ni mucho menos con la disminución horaria en otros periodos laborales, tal y como ingenuamente se propone.

En tercer lugar, esta extensión del horario laboral sería un caramelo muy jugoso para la patronal que sin duda querría que se generalizase posteriormente en un futuro inmediato a todo el año, también, en los períodos en los que las faenas agrícolas requieren una menor cantidad de trabajadores y trabajadoras  en el campo.

Los trabajadores y trabajadoras del campo, lo que exigimos a las organizaciones sindicales, UGT y CCOO, que intervienen en la negociación es firmeza y responsabilidad para la defensa de un convenio colectivo digno que responda a las necesidades materiales que hoy tienen las clases trabajadoras.


viernes, 4 de octubre de 2019

¡Aumento general de salarios y pensiones, derogación del techo de gasto!


Espacioindependiente nº 326, jueves 3 de octubre, 2019 http://elespacioindependiente.wordpress.com/:f:info.espacio.independiente


Hay quien dice que la crisis de 2008 vino para quedarse. Con la desregularización del mercado laboral y la libre circulación de capitales, los organismos internacionales del gran capital emprendieron a partir de los años 80, con la llamada globalización, la recuperación de la tasa de ganancia de los capitalistas mediante el retroceso histórico de los salarios y la consiguiente sobrexplotación.
El miedo a las consecuencias de la guerra comercial entre los EEUU y la UE y las dificultades para llegar a un acuerdo sobre el Brexit, cuando comienzan a sentirse los primeros efectos de la desaceleración económica con una importante oleada de despidos, está provocando la mayor caída de las bolsas internacionales. El Ibex de las bolsas españolas cayó ayer un 2,8%, la mayor caída en los dos últimos años.
La recuperación de la tasa de ganancia del capital se ha constituido en el eje de todas las políticas de austeridad y recortes sociales cuyas consecuencias son de sobra conocidas a nivel internacional. La Unión Europea, con el euro como instrumento de ajuste, es una de esas instituciones del capitalismo internacional que han hecho de la austeridad contra los trabajadores una de las razones de su existencia. 

Para salvar los bancos y grandes empresas privadas con dineros públicos, nos hablaron desde todos los gobiernos de la necesidad del ajuste y los recortes sociales transitorios, y nos aseguraron que con estas medidas se podía combatir la crisis y acabar con el paro crónico. Desde el inicio de la crisis económica de 2007-2008, las condiciones de vida y trabajo de los trabajadores no han hecho sino agravarse, como consecuencia de la aplicación de las políticas de austeridad. Y esta política parece no tener fin.

El caso de Grecia es de los más significativos a la hora de entender a dónde conduce la aplicación sistemática de las políticas de ajuste y austeridad. Cada paquete de medidas de recortes sociales ha venido a agravar más y más la situación y la depresión, al extremo de que fueron los mismos “hombres de negro” de la Troika los que, en documento secreto que fue divulgado por The Finacial Times, decían que “la situación en Grecia dio un giro para peor”. Ese giro a peor se reconoce en la mayoría de los países, fruto de la aplicación de las mismas políticas para evitar el descenso de la tasa de ganancia del capital.

En todos los países se han provocado retrocesos, de uno u otro alcance, con la aplicación reiterada de los planes de austeridad, propuestos internacionalmente como política de destrucción económica y regresión social por el FMI. La economía española -como otras muchas- sigue presa en el círculo infernal de las políticas de austeridad que se establecen reiteradamente por todos los gobiernos, sean del color que sean. 

Nos fijaremos en concreto en la involución de los salarios y en la evolución de la productividad a partir de 2008. Ahora, que se dice que la economía española ha salido de la crisis, y que la recuperación ha permitido ya el incremento del segmento de los más ricos, favoreciendo una gran concentración de capitales en pocas manos, debemos saber que después de casi cinco años en los que se habla de crecimiento sólido de la economía española, dicho crecimiento no ha llegado en ningún caso a los salarios, ni a las pensiones, es decir, a las rentas del trabajo.

Según datos publicados por el INE (Instituto Nacional de Estadística), entre 2008 y 20017 la capacidad de consumo de los asalariados españoles se devaluó un 17%. Las pensiones, por su parte, han perdido en dicho periodo un 4%. De forma que la pobreza ha vuelto, como fenómeno generalizado, a los sectores con menos retribuciones de trabajadores y pensionistas, y que afectan de forma particular a las mujeres trabajadoras y a las jubiladas.

En muchas empresas, cuando se discute por parte de los trabajadores acerca de la necesaria recuperación salarial, la patronal señala que no hay margen para subidas salariales si no se relacionan con nuevos desarrollos de la productividad. Al respecto debe decirse que desde el inicio de la crisis 2007-2008, -que en realidad y en formas diversas aún se mantiene- cuando entramos en una nueva crisis internacional, la economía española no ha hecho sino ampliar la competitividad en base al dumping social. La reducción de los salarios es la que ha permitido también la multiplicación de la competitividad de la economía española, que según cálculos del INE supera a la mayoría de los países de Europa. La relación que se publica entre coste de la hora de trabajo y producción por hora es la siguiente: los trabajadores españoles cuestan, como media, 21,4 euros a la hora y producen 42 euros, lo que supone un margen del 49% sobre la productividad. Margen que supera al de los países de nuestro entorno: Italia (33,5%), Francia (32,8%) y Alemania (35,3%).

Productividad, según datos de Eurostat, que ha venido creciendo en España a partir de los despidos y de la pérdida de salarios; de la aplicación de las mismas contrarreformas laborales de los gobiernos de Zapatero y Rajoy, que el gobierno de P. Sánchez se niega a derogar, habiéndose comprometido a ello cuando ganó la moción de censura, hace ahora un año. La austeridad y el techo de gasto del 3% impuesto a los Presupuestos de los países miembros por la Unión Europea implica el retroceso histórico de los gastos sociales, que afecta a todo lo público.

La demanda general de aumento de salarios y pensiones, con la exigencia de que se establezca un mínimo vital de 1200 euros, es una reivindicación que debe inscribirse en todas las plataformas reivindicativas y sindicales que quieran defender la dignidad de las rentas del trabajo frente al expolio del capital.

Las políticas de austeridad son las que han llevado a la pobreza a diez millones de personas (un tercio de la población) en España, con el carrussel de miserias, desahucios y suicidios que se ocultan.  La pobreza no es solo una situación que padezcan los parados crónicos sin prestaciones al desempleo, también afecta a los precarios y a los trabajadores peor remunerados: más de la mitad de los españoles asegura que ahora viven peor que hace diez años.

viernes, 27 de septiembre de 2019

FRANQUISMO Y DEMOCRACIA SON INCOMPATIBLES


Espacioindependiente nº 325, jueves 26 de septiembre, 2019

http://elespacioindependiente.wordpress.com/:f:info.espacio.independiente


Las víctimas del franquismo carecen de los derechos de los que gozan los personajes del régimen

El vendedor de humo, Presidente en funciones del gobierno en funciones, Sr. Pedro Sánchez, ha venido a mal utilizar la tribuna y altavoz de la ONU para felicitarse, él mismo y sus ministros, de la decisión del Tribunal Supremo de avalar su decreto de exhumación del dictador, que manteniendo los honores de Jefe de Estado del susodicho, programa el inmediato traslado de los restos del Valle de los Caídos al cementerio de Mingorrubio (El Pardo).
Sánchez Castejón ha venido a manifestar lo siguiente: “Hoy vivimos una gran victoria de la democracia española. La determinación de reparar el sufrimiento de las víctimas del franquismo guio siempre la acción del gobierno. El Supremo avala la exhumación de los restos de Franco y su traslado a El Pardo. Justicia, memoria y dignidad”. Comunicado que es preciso analizar en detalle. En la moción de censura contra Rajoy, Sánchez realizó toda una serie de promesas políticas de las que se ha ido desdiciendo, dejando lo dicho en palabras sin valor alguno, en humo. Y es a eso mismo, a palabras vacías, a lo que se reducen las manifestaciones realizadas en la ONU.  
       En el monumento al crimen del Valle de los Caídos, que es un conjunto monumental público financiado con los Presupuestos del Estado y regentado por la orden de los benedictinos -de obediencia francesa y vaticana-, se concentra y expresa “la democracia española” de la que habla el presidente en funciones. En lugar preeminente, en torno al altar mayor, existen las sepulturas de honor de José Antonio Primo de Rivera (fundador de la Falange) y de Franco, y debajo de ellos se acumulan decenas de miles de restos de personas secuestrados, una buena parte de ellos fueron asesinados por el franquismo. Restos a los que no tienen derecho sus familiares, por muchas sentencias judiciales favorables que expresen su deseo de retirar los restos.
El incumplimiento reiterado, efectivo y permanente de las sentencias hace efectivo el secuestro de las víctimas. Mercedes Abril, hija de víctima del franquismo, que perdió a su padre cuando sólo tenía tres años, lo explica así: “Me lo quitaron, me lo mataron y luego me lo escondieron”. Y en relación con la presencia de las víctimas en el mausoleo denuncia su situación, como si de una escombrera se tratase: “Permanecen tirados, no enterrados”. Y es que la mayor fosa común de España sigue cerrada a cal y canto, sometida al dictado y exigencias de las instituciones del régimen, contra los derechos de los familiares. La “democracia española” a la que alude Sánchez sigue sin permitir a los nietos de las víctimas que puedan enterrar dignamente a sus abuelos. El historiador Sánchez Albornoz, que como preso antifranquista, se fugó con otros compañeros del campo de concentración del Valle de los Caídos, expresa el sentir de muchos antifranquistas y demócratas sobre el futuro del monumento al crimen, diciendo: “Creo que este tipo de monumentos ganan cuando son ruinas”.
Pero el gobierno se empeña en mantenerlo como “cementerio civil de la reconciliación nacional”. ¿Un cementerio civil presidido por la cruz más alta del continente y bajo control financiado de la Iglesia? Por ello, nos negamos a que se pueda entender como “una gran victoria de la democracia española” que los restos del máximo responsable de crímenes contra la humanidad siga con todos los derechos, siendo trasladado a otra tumba también pagada por el Estado; y que, por el contrario, las víctimas no tengan derecho alguno a un entierro digno, a la justicia y a la reparación. El traslado del dictador le quita a la familia uno de los muchos privilegios de los que gozan “con la democracia”, pero no acaba, de ninguna manera, con el sufrimiento de las víctimas del franquismo.
Sobre el alcance y aplicación de la sentencia del Tribunal Supremo -cuyo contenido completo aún no se conoce-, hay que decir que, en principio, representa la derrota de las pretensiones de la familia de Franco de mantener los privilegios otorgados por Juan Carlos de Borbón hace 44 años, que simboliza, entre otros, el faraónico mausoleo del Valle de los Caídos, convertido en lugar de exaltación internacional del fascismo. Sigue existiendo en dicha sala del Tribunal Supremo otros recursos pendientes, además de un recurso Contencioso Administrativo que se opone al traslado de los restos con la suspensión cautelar de la licencia necesaria, dictada por un juez heredero de un almirante franquista. También, en ejercicio de los derechos que no tienen las familias de las víctimas, los herederos directos del saqueo franquista tienen la posibilidad pedir la suspensión de la sentencia en el momento que recurran el fallo del Supremo ante el Tribunal Constitucional; y recurrir después al mismo tribunal de Estrasburgo.
Y todo ello depende en última instancia de la voluntad de la secta benedictina de la Iglesia que reza todos los días por el dictador y le pone flores, y de su jefe del Vaticano, que pueden oponerse por el Concordato vigente a autorizar la exhumación.
La decisión del gobierno en funciones es la de utilizar el traslado de los restos del dictador como parte de la campaña electoral, para lo que planifica la operación para el próximo 21 de octubre. Se vuelven a olvidar de que franquismo y democracia son incompatibles. Son muchas las incógnitas que aún deben despejarse para comenzar a poner término a los privilegios de Estado de que gozan los franquistas, acabando con la impunidad, y alcanzar el derecho a la verdad, la justicia y la reparación, demandas que Sánchez y su gobierno niegan a los millones de víctimas del franquismo.
La operación Errejón, que parece una operación de Estado, divulgada en primera plana por todos los medios de comunicación todos los días, combinada con el traslado de los restos de Franco, parecen ser las bazas con las que juegan para las elecciones del 10N los que niegan la democracia política, las Cortes Soberanas y la República, y con ellas la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas del franquismo.
La operación Chamartín, el mayor pelotazo especulativo de la historia, antecede a Más Madrid, que ahora se extiende en forma de “Mas País”, para la estabilidad del régimen contra toda expresión independiente de la izquierda.
 El candidato del PSOE a las próximas elecciones generales anticipadas, elecciones pensadas para dar otra oportunidad a las derechas, no puede creer que la venta de humo le va a dar grandes resultados políticos y electorales siempre. Engañar a mucha gente durante mucho tiempo ya se sabe que es incompatible, tan incompatible como el franquismo y la democracia.


jueves, 19 de septiembre de 2019

Espacioindependiente nº 324, jueves 19 de septiembre, 2019 http://elespacioindependiente.wordpress.com/:f:info.espacio.independiente

La exhumación de Franco del panteón faraónico del “Valle de los Caídos”: ¿depende en última instancia del Papa? 

Quienes siguen defendiendo las políticas que se establecieron desde las direcciones políticas y sindicales de consenso con los franquistas, de subordinación a la herencia de la dictadura y sus consecuencias -situación que más de cuarenta años después aún se padece-, establecen justificaciones cada vez más contradictorias con la lucha del laicismo y la democracia. 

Una de esas argumentaciones la acabamos de escuchar estos días en relación con la formación o no de un gobierno de coalición PSOE-UP. Se dice que Sánchez y los dirigentes del PSOE “tienen miedo de que se demuestre que se puede gobernar de otra forma”, aludiendo a que, gracias a aquellos acuerdos de la Transición, se ha mantenido un texto constitucional como ley principal que lo permite. Nuestra referencia a aquellos pactos y consensos es de sobra conocida por los lectores de Espacioindependiente, y se concreta en la apreciación política de principios de que franquismo y democracia son incompatibles.  

La alianza secular entre el trono, el altar y el ejército tomó acomodo también en la Constitución del 78, con todo tipo de privilegios. La permanente financiación de la Iglesia por el Estado, ¿viene a pagar la campaña internacional de colectas en todas las partes del mundo, organizada por el Vaticano desde julio del 36, para financiar a los fascistas en la guerra y contrarrevolución que llevó a Franco al poder? Los obispos y cardenales -que se encargaron de llevarlo bajo palio- y su heredero político, Juan Carlos de Borbón, instalaron sus restos “en sagrado” y con todos los honores del Estado. Y ahora se niegan a renunciar a dicha situación de privilegio. 

No es ajeno a este despilfarro de fondos que el Estado español desvía a la Iglesia Vaticana (gran propietaria de suelos, inmuebles y fondos bancarios), el que, además de considerarla en la práctica un paraíso fiscal, la financia con unos presupuestos que alcanza los 12.000 millones de euros/año. La severa austeridad con la que se tratan los presupuestos de sanidad y educación, y de lo público en general, nada tiene que ver con la disposición de fondos con la que se sigue pagando los compromisos franquistas por los gobiernos “democráticos”. Tal es el caso también del pago de las pensiones de “la guardia mora de Franco”, pago denunciado por el senador de Compromís Carles Mulet, que recriminaba al Ejecutivo que se siga pagando 150 millones de euros año por la guardia personal del dictador, destinados a acusados de múltiples delitos contra la humanidad. 

Durante décadas, y con respecto a este asunto de la combinación de franquismo y democracia, funcionó el cuento de la Transición, que rellenó miles de editoriales interesados, consistente en el argumento de que un Rey valiente se había deshecho de las influencias franquistas para “salvar la democracia”. Cuento que aún forma parte del mito fundacional del régimen y que pasa ahora por una grave crisis política, territorial y social. 

Poniendo a prueba estas cuestiones de los pactos y consensos de la Transición, con el hecho mismo de la demanda democrática de la exhumación del dictador y la anulación de toda exaltación política y/o religiosa, comprobamos cómo dicha reivindicación democrática ha sido utilizada por el
Gobierno Sánchez, mediante una decisión ejecutada “por razones de interés público”, como alegación principal.  Con la cual el Gobierno no ha podido llevar a cabo la exhumación, no solo por la oposición de la familia del dictador y de otros organismos como la misma Iglesia, sino porque las leyes en las que se sustenta son insuficientes, ya que no condenan (en ningún caso) el franquismo como régimen criminal. 

El Tribunal Supremo parece que va a tomar decisión sobre el fondo del asunto el próximo día 24 y que no hay aún un acuerdo definitivo de los seis magistrados de la Sala, sobre todo, a la hora de establecer el destino final de los restos. Como se sabe, la pretensión de la familia -que cuenta con el respaldo vaticano- es la de volver a dar a los restos del dictador un nuevo lugar de honor, lo que les lleva a exigir que se depositen en la Catedral de la Almudena de Madrid. Esto conllevaría una cierta canonización del personaje, reconociendo el privilegio a mantener la exaltación del franquismo, exaltación condenada por resoluciones de NNUU contra el fascismo y el nazismo.  

EL movimiento memorialista y de víctimas denuncia, por su parte, que se pueda volver a dar honores de Jefe de Estado a quien está acusado de crímenes contra la humanidad, y que, además, se pague por el gobierno el traslado con fondos públicos, dando sepultura en cementerio de titularidad pública. El Gobierno, por su parte, asegura que el cementerio de El Pardo “reúne las condiciones idóneas de adecuación”. Sin embargo, conocemos que, por encima de la decisión del gobierno y de la que tome el Tribunal Supremo, es en última instancia el Vaticano quien puede impedir la inhumación en aplicación de los Acuerdos entre el Estado español y el Estado del Vaticano (continuidad del Concordato) y del mismo Código Eclesiástico.  

El Vaticano tiene, en la autoridad del Papa, la última palabra y decisión, si de honores religiosos al dictador se trata. Aunque se ha dicho que, en el caso de la pretensión de mantener dichos privilegios, el Vaticano prefiere que el conflicto se reduzca a un problema entre la familia y el Gobierno, a nadie se le escapa que la familia no está sola en el asunto: los benedictinos y la misma Iglesia española están también involucrados en el tira y afloja cubriendo las vergüenzas e intereses vaticanos. 
Con todo lo expuesto sobre el caso de la exhumación del dictador, podemos hacer una pregunta de gran actualidad ante la convocatoria de nuevas elecciones generales para el 10 de noviembre: ¿Se puede “gobernar de otra forma” manteniendo el poder y privilegios que la Constitución del 78 deja en manos de las instituciones franquistas? 

Ni el gobierno y sus leyes de impunidad, ni el Tribunal Supremo y sus sentencias, parece que tienen la última palabra sobre la exhumación de los restos del dictador; como tampoco la tienen sobre la transformación del lugar de exaltación de los crímenes del franquismo, que está bajo la autoridad de la secta benedictina de un estado extranjero: el Estado Vaticano.  

Acabar con el monumento al crimen del Valle de los Caídos, al que bautizaron como “el Altar de España, de la España heroica, de la España mística, de la España eterna”, y acabar con la exaltación del franquismo en todas sus formas, es una exigencia democrática y laica irrenunciable que demanda leyes de ruptura con el franquismo por parte de unas Cortes soberanas.

CONCENTRACIÓN FRENTE AL TRIBUNAL SUPREMO, 24 DE SEPTIEMBRE A LAS

miércoles, 18 de septiembre de 2019

EL DESARROLLO DE LA LUCHA DE CLASES EN EXTREMADURA(2)


EL DESARROLLO DE LA LUCHA DE CLASES, POR UN NUEVO CONVENIO COLECTIVO Y POR EL PROGRESO DE EXTREMADURA.
El proceso de reconversión y concentración capitalista sigue su curso en el campo extremeño como un espacio más de la cadena de reproducción y acumulación del capital.  Los acaparamientos de tierras y haciendas, con la consiguiente transformación de las relaciones de producción, vienen impulsadas por los diferentes gobiernos nacionales y regionales que avalan y amparan sus decisiones en las políticas elaboradas en los despachos europeos.

La Unión Europea, como instrumento al servicio de aquellos objetivos generales, es la batuta que orienta las normativas y presupuestos que se proyectan en la política agraria y, tienen una incidencia decisiva en la economía del mundo rural. Los diferentes aspectos que se regulan y financian se hacen con un marcado carácter clasista, tal y como se aprecia en la distribución de las ayudas y subvenciones de la Política Agraria Comunitaria que bonifican principalmente a los grandes propietarios de tierras.

Las instituciones nacionales o regionales suplementan las tendencias hacia la acumulación de propiedades y de riqueza con medidas financieras o fiscales. Así, por ejemplo, las subvenciones para adquisición de maquinarias y elementos productivos, primas, seguros, se justifican en el apoyo a la agricultura en general, pero en la realidad permiten un mayor y más eficaz aprovechamiento según el rasero económico de empresarios agrícolas.

En este orden de cosas, no conviene dejar de lado los últimos acuerdos comerciales de carácter internacional que ha realizado la Unión Europea que según las diferentes organizaciones agrarias serán bastantes perjudiciales para los pequeños y medianos agricultores.

De este modo, el proceso de concurrencia capitalista incide de diferente manera en las clases sociales que habitan en nuestra Comunidad. Mientras repercute negativamente en las clases trabajadoras, como ponen de manifiesto los informes y datos estadísticos que recogen durante estos años el crecimiento de la tasa de pobreza y el aumento del número de familias que no alcanzan el umbral de la pobreza, la marcha de jóvenes o la disminución progresiva de la renta agraria que sufren los pequeños y medianos agricultores, beneficia no sólo a empresas multinacionales sino también, muy específicamente, a un grupo de grandes propietarios y empresas agrarias, que ha ido acaparando la propiedad de tierras, centrales industriales y de transformación de productos agrícolas de nuestra región.

El comportamiento de este grupo social minoritario es negativo y perjudicial para el desarrollo económico de la región. Por el lugar privilegiado que ocupan en el proceso de producción y comercialización realizan contrataciones laborales, que como muchos jornaleros nos indican en las asambleas celebradas, incumplen las normativas salariales, y controlan en gran medida las producciones y precios de ciertos productos agrícolas condicionando la vida económica de los agricultores que cada vez con mayor frecuencia,  saltan a la ruina, obligados al arranque de los árboles frutales y en última instancia, a la subasta y venta de sus propiedades.

En este punto tenemos que hacer un paréntesis para destacar la identificación política y social de nuestras autoridades regionales con este grupo acaparador de buena parte de la riqueza de la Comunidad. Este hecho identitario se traduce en la pasividad y premiosidad con la que se implican para combatir el crecimiento del caldo de cultivo social, paro, precariedad, y en general el empobrecimiento de la población. Estas actitudes del poder regional propician los numerosos quebrantamientos de las normas laborales que se producen en el campo, y en las diferentes actividades productivas de bienes y servicios de la Comunidad.

Nuestros dirigentes políticos, tal y como estamos viendo estos días, prefieren discernir y practicar la retórica y las promesas en cuestiones de altura y trascendencia, antes que bajar al terreno y conocer las cosas de poca importancia que machacan diariamente a la clase trabajadora y empobrecen al mundo rural.  Pero no nos confundamos, estamos en una sociedad capitalista en la que los dueños del dinero y de la riqueza controlan directamente o indirectamente todos los poderes públicos. Por lo que no nos podemos engañar y tener en cuenta que las instituciones políticas están diseñadas para prestar buenos servicios a los sectores sociales que controlan los medios de producción y la riqueza, y al entramado social en él que se apoyan. 

En definitiva, son organismos que por su naturaleza capitalista no sólo son incapaces de resolver las continuas injusticias que soportan los jornaleros y jornaleras, sino que por acción u omisión las reproducen. Los hechos más evidentes de todo esto es lo que hemos vivido y estamos viviendo en estos meses de verano con la negativa de las organizaciones agrarias, ASAJA Y AFRUET, para pagar los salarios aprobados por las leyes españolas o negociar el nuevo convenio del campo. Estos no son indiferentes a que una buena parte de la clase obrera agrícola encuentra empleo durante los meses de verano, en las tareas relacionadas con el tomate, las frutas y la vendimia, mientras que el resto del año tienen verdaderas dificultades para encontrar una ocupación que en la mayoría de los casos suele ser temporal y/o precarizada.

Además de los bajos salarios de por sí ya establecidos en las normativas que regulan el convenio del campo o en el laudo dictado hace pocas semanas en aplicación del salario mínimo aprobado por el gobierno de la nación, cuesta mucho sacrificio y lucha conseguir que los Patronos cumplan con lo establecido en las condiciones administrativas que regulan la compra-venta de la fuerza de trabajo. No obstante, la hipocresía de los representantes de esta clase social es tal que no tienen perjuicios para difundir miserablemente la idea de que la subida del salario mínimo a 900 euros y el incremento de los jornales son los que arrastran al hundimiento del campo extremeño.
Es una petición generalizada por los jornaleros y jornaleras que se produzca una mayor presencia de los organismos públicos que intervienen en el control y vigilancia de cuestiones relacionadas con el cumplimiento de las normas que regulan la venta de la fuerza de trabajo, horarios, salarios, el control de la recepción de los materiales necesarios para la prevención de los riesgos laborales con la correspondiente entrega efectiva de material, el pago de los desplazamientos a los centros de trabajo, y lo que sucede en algunos centros de transformación hortofrutícola en los que se lleva a límites inhumanos  los desplazamientos `puntuales, físicos,  que necesita realizar todo ser humano para satisfacer sus necesidades biológicas.

Todas estas circunstancias ponen a las claras la necesidad de organización de la clase obrera y el desarrollo de la lucha de clases como el único modo de hacer frente a la violencia laboral que fuerza la extracción de la máxima plusvalía de la gota de sudor del jornalero/a. Ante la indiferencia de las Instituciones, una y otra vez se hacen añicos las costuras que reglamentan las condiciones legales de lo que ya es la falsa libertad de la oferta y la demanda.

Un objetivo prioritario de los jornaleros y jornaleras del campo debe ser el de conseguir un nuevo convenio colectivo del campo que responda realmente a los derechos laborales, la dignidad y las necesidades que en la actualidad tienen estas familias trabajadoras. En este sentido, según parece, después de mucho tiempo de retraso, en los próximos días se reunen los sindicatos CCOO y UGT con las organizaciones patronales para comenzar las negociaciones del nuevo convenio laboral.
El convenio agrícola firmado para el período de 2016-2018 establecía que en la vendimia el salario de un eventual sería de 42,53 euros. Esta cantidad, ha quedado totalmente desfasado ya que con ella difícilmente se pueden satisfacer las necesidades que las familias trabajadoras tienen para hacer frente a los gastos de alimentación, luz, agua, alquiler, etc. Además, para la mayoría de los jornaleros y jornaleras este empleo es temporal pues en las campañas de la vendimia y la aceituna, siendo muy optimista, no alcanza por término medio los 60 o 70 días.

Las cantidades salariales deben tomar como referencia el acuerdo del 5 de julio de 2018, a nivel nacional entre las organizaciones patronales y sindicatos CCOO y UGT. El acuerdo establece que ningún salario puede quedar por debajo de los 1000 euros al mes para el año 2020. En base a esto, los salarios deben ser menores a unos 55 euros para las diferentes tareas agrícolas y de unos 65 euros para la vendimia y uva de mesa, respetando las seis horas y media de trabajo, y otros detalles del convenio.

En base a estos acuerdos, las asambleas celebradas por trabajadores y trabajadoras eventuales han expresado algunas cantidades salariales que son imprescindibles para mejorar las condiciones de vida y de consumo.

 En algunas poblaciones se comienza a exigir en la vendimia un salario de unos 65 euros por las seis horas y media de trabajo diario, considerando que estas tareas se realizan en unas condiciones límites, a temperaturas extremas que durante muchos días suele ser de unos 50 grados centígrados, o en horarios no habituales que comienzan a las 3 de la mañana.

En definitiva la organización de la clase obrera y el desarrollo de la lucha de clases es una cuestión de primer orden en las tareas actuales del movimiento obrero en nuestra región. Algunos de los objetivos son claros y pasan por el cumplimiento de los derechos recogidos en las normativas laborales que no se cumplen, la negociación del nuevo convenio colectivo del campo y la lucha política por la aún pendiente reforma agraria como elemento de primer orden para conseguir el progreso y el desarrollo económico-social de Extremadura.







martes, 17 de septiembre de 2019

INSURGENTE.ORG

Capitalismo, ese sistema que explota a la mayoría de la población para privilegiar a unos pocos

Que la clase capitalista defienda sus privilegios, adquiridos mediante la explotación que ejerce sobre la clase obrera, no deja de ser infame y combatible, pero se entiende. Lo que ya resulta absolutamente preocupante e inadmisible es que muchísima gente perteneciente a la clase explotada defienda el capitalismo, el sistema que le oprime.
He aquí tres datos que certifican lo nocivo que es dicho sistema:
La humanidad produce un 45% más de los alimentos necesarios para nutrir a las 7.300 millones de personas que pueblan el mundo.
—Frente a esto, lo absolutamente infame y llamativo es que la principal causa de la muerte sigue siendo EL HAMBRE.
—La principal actividad de la especie humana, la que más ganancias genera desde el punto de vista capitalista, la vanguardia de la ciencia y de la técnica es la producción de armamentos. Es decir: la defensa a muerte de los privilegios de una minoría de la población mundial.
Esto es el capitalismo: un sistema que explota a la mayoría de la población para privilegiar a unos pocos. Mientras la mencionada mayoría no sea consciente de la clase a la que pertenece, y lo que ello supone, la minoritaria clase capitalista siempre permanecerá triunfante.