sábado, 21 de marzo de 2020

POR UNA POLÍTICA AL SERVICIO DE LA SOCIEDAD






El jueves el BCE anunció que destinará 750.000 millones de euros para comprar deuda pública y otros activos con el objetivo de que no se disparen las primas de riesgo de los estados europeos.




Al día siguiente, la Comisión Europea suspendió las normas relativas al déficit y a la deuda que desde hace una serie de años imponían límites a los gastos presupuestarios y que no podían rebasar los Estados. Al menos los periféricos como el español, el griego ye l portugués, otros estados poderosos como el francés y el alemán no tuvieron muchos problemas cuando necesitaron saltarse estas barreras financieras.




Estas dos medidas dan vía libre para que los gobiernos puedan disponer de toda la liquidez necesaria, sin problemas relacionados con la financiación, para que puedan adquirir todos los equipamientos necesarios para que el sistema sanitario tenga la capacidad necesaria para vencer rápidamente al coronavirus, y el control público sobre las empresas farmacéuticas.




Además, esta capacidad económica del Estado debe destinarse para mantener los puestos de trabajo y apoyar a los trabajadores autónomos, pequeñas y medianas empresas y aplicar una batería de ayudas sociales, nucleadas en torno a una renta básica de cuarentena o como se la quiera llamar que supongan unos ingresos dignos de 1.200 euros, y unas pensiones equivalentes para que no se quede nadie en la cuneta.




Desde Campamento Dignidad consideramos de extrema urgencia, y por eso hacemos un llamamiento para que la Comunidad Autónoma atienda los casos de cientos de personas que trabajaban sin estabilidad, de modo temporal, con sólo algunos jornales a la semana o al mes, en otros casos de manera precaria con salarios indecentes, cobrando en negro, a medias jornada, sin estar dados de altas en la seguridad social, y que ahora al cerrarse los negocios en donde trabajaban pasan a estar totalmente desamparad@s, sin ingresos de ningún tipo y además huérfanos de protección social con una total carencia de recursos alimenticios y sanitarios.




Desde Campamento Dignidad exigimos que desde los Ayuntamientos, desde la Diputación, desde la Junta de Extremadura, desde cualquier administración pública se haga un llamamiento para conocer a las personas que han quedado en total desamparo, sin protección social, y se les asignen ayudas sociales hasta que se supere esta terrible crisis sanitaria.

miércoles, 18 de marzo de 2020

PLAN DE URGENCIA. Frente a la crisis y las medidas del gobierno que favorecen a banqueros y grandes empresarios, y el mantenimiento del régimen monárquico y corrupto.


PLAN DE URGENCIA


Plan de defensa de trabajadoras, trabajadores y pueblos
¡Por la salud, la democracia y la vida!


La pandemia del coronavirus ha dado paso a una crisis sistémica soterrada del sistema de propiedad privada, de explotación y de opresión del capitalismo internacional. 
La guerra comercial y monetaria, la guerra del petróleo de las grandes potencias, las guerras interminables contra los pueblos…, ha conducido al estallido de la quiebra del sistema internacional que supera los índices del “crak” de 1929. 


Después de China, Europa; España y Madrid se han convertido por el impacto especial de la epidemia en epicentro de la crisis global, que viene a afectar a todos los aspectos de vida y trabajo. Crisis que puede prolongarse y agravarse durante tiempo indeterminado con todas sus consecuencias. El sistema de valores y medidas del capitalismo internacional se está hundiendo con los índices de sus bolsas y privilegios, con sus bancos especulativos y con los fondos buitre que destruyen bienes sociales como son la vivienda y la sanidad. 


La sanidad, en parte privatizada por gobiernos de todos los colores, empobrecida sistemáticamente desde los Presupuestos del Estado, recortada en aspectos esenciales; carece en estos momentos del personal y medios necesarios, ya que ha sufrido durante años constantes ataques para quebrarla, y ahora muestra todas sus flaquezas frente a una rápida infección de la población como la que representa el coronavirus.

Los sacrificios del personal sanitario no pueden superar los obstáculos impuestos desde arriba por las instituciones del régimen y por el dictado de las políticas de austeridad de la Troika. 

Como consecuencia de las trabas impuestas a la sanidad pública sólo el 40% de los afectados por la epidemia en Madrid por el coronavirus han podido ser hospitalizados.


El plan de defensa de los trabajadores y pueblos frente a la crisis no puede sino empezar por la nacionalización de toda la sanidad privada y de las mismas empresas farmacéuticas, y por la contratación inmediata del personal necesario para ponerlas al servicio de los intereses sociales colectivos, para así defender de verdad la salud y la seguridad pública. 


Con la crisis sistémica que ha comenzado se pretende imponer los modos y maneras de la crisis de 2008, además del despliegue militar autoritario por nuestras calles y plazas.

La forma de “solucionar” dicha crisis de 2008 supuso en esencia muchos dineros públicos para los bancos y grandes empresas que pesan en la deuda pública impagable, y la consiguiente miseria social para grandes sectores obreros y populares que perdieron sus puestos de trabajo, sus casas y sus estudios; que vieron devaluados sus salarios y pensiones, y violentados sus derechos democráticos, y que fueron sometidos a una terrible contrarreforma social y laboral que aún está vigente. 


Ahora, de nuevo los despidos de trabajadores se masifican y los alquileres no se podrán pagar sin ingresos. Las medidas tomadas por el gobierno Sánchez-Iglesias quedan muy por debajo en lo social de las medidas tomadas por los gobiernos de Francia e Italia


En medio de la cuarentena establecida por el gobierno, la Casa Real, impuesta por la herencia franquista y borbónica, sorprende a todos en la persona de su titular, que viene a anunciar el repudio parcial de la herencia de su padre, cuando ostenta la jefatura del Estado no por otra razón que por dicha herencia, y hay que constatar que no puede repudiar sólo una parte de su herencia, que si renuncia de verdad a su herencia manchada por la corrupción y el despotismo ya puede comenzar abandonando el poder que ostenta de forma absolutamente antidemocrática.


Por todo ello hace falta inmediatamente un plan de urgencia social, político y económico, dando respuestas integrales a las necesidades sociales y democráticas de la población. Constatamos que las medidas tomadas por el gobierno no responden a los intereses obreros y populares, por ello las Cortes generales deben tomar con urgencia las siguientes medidas: 


-Anulación de todos los despidos efectuados al calor de la crisis del coronavirus. 


-Salario, y/o renta indefinida de urgencia para todas las familias sin ingresos, por un mínimo de 1.200 euros que debe ser de igual cuantía para el salario mínimo, y para las pensiones mínimas de todos. 


-Presupuesto especial y extraordinario para salvar la sanidad pública y nacionalización de la sanidad privada, y las empresas farmacéuticas. Contratación del personal inmediato para asegurar la salud y la seguridad de la población.


 -Suspensión inmediata del pago de la deuda pública. Devolución de los 60.000 millones que fueron entregados por el gobierno del PP a la banca, y confiscación de toda la fortuna ilegal de los borbones.


-Suspensión inmediata del pago de cuotas de la Seguridad Social para los autónomos.


-Moratoria total para alquileres e hipotecas, y suministros básicos. Suspensión de todos los desahucios, y expropiación por los municipios de las viviendas vacías propiedad de los bancos, empresas y fondos buitre.


-Retirada del ejército de nuestras calles y plazas. Derogación de la ley mordaza. Protección integral para niños, mujeres y personas mayores. En este sentido recordamos la feminización de la pobreza, mujeres sometidas a mal trato confinadas con sus maltratadores y mujeres prostituidas obligadas a ejercer.


-Dotación de material de seguridad eficiente a las personas que ejercen los cuidados y trabajan con personas dependientes. Apoyo especial a niñas y niños en pobreza infantil.


-Derogación de toda la contrarreforma laboral y social aún vigente.


-Apertura de un proceso constituyente democrático que devuelva el derecho a decidir a las trabajadoras y trabajadores y los pueblos, a decidir sobre sus propios asuntos mediante consulta democrática acerca de monarquía/ república, para que la democracia y la voluntad popular libremente expresada pueda acabar con la herencia de la dictadura franquista y monárquica.
Por Cortes Constituyentes y Soberanas Republicanas

martes, 17 de marzo de 2020

LA CORRUPCIÓN DE LA MONARQUÍA ESPAÑOLA ES CADA VEZ MÁS VISIBLE



LA CORUPCIÓN DE LA MONARQUÍA ESPAÑOLA ES CADA VEZ MÁS VISIBLE

(Comunicado conjunto y plural de fuerzas y militantes de la izquierda organizada)

Era de dominio público que la monarquía borbónica, restaurada por Franco en 1975, amasa desde entonces una enorme fortuna en base a comisiones y chanchullos ilegales, amparados en la impunidad de la figura del monarca.
Costó que saliera a la luz el caso Noos que llevó a la cárcel al cuñado del actual rey, Iñaki Urdangarín, cuyos negocios ilegales los hacía en nombre del que entonces era rey, Juan Carlos I.
Y ahora aflora otro episodio de corrupción de comisiones ilegales ligado a la siniestra monarquía saudí, con la que Juan Carlos I tiene estrechos vínculos personales y económicos.
Hasta ahora todas las actuaciones del rey han estado amparadas en el artículo 56 de la Constitución Española que dice textualmente “La persona del Rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad”. Pero sería discutible si esa inviolabilidad ampara sólo sus actuaciones políticas derivadas de su cargo, o también sus actos delictivos de responsabilidad civil o penal. ¿Todos iguales ante la ley?
En un estado de derecho es obligado investigar a fondo las denuncias por actuaciones ilícitas, y por ello exigimos a la Fiscalía que llegue hasta el fondo en su cometido, y al Congreso de los Diputados que rectifique la decisión de la Mesa de no crear una comisión de investigación.
Nos encontramos de nuevo ante una anomalía democrática que trata de proteger a una institución que fue impuesta en la transición. El cálculo que se estima de la fortuna acumulada por la monarquía española en absoluto se corresponde con la asignación anual de los presupuestos del Estado; sólo se explica por los abundantes casos de corrupción que han salpicado estos años a testaferros y personas cercanas a la institución.
El comunicado hecho público por la Zarzuela el pasado 14 de marzo no hace sino confirmar las sospechas de corrupción que están en el origen de la fortuna acumulada por la Casa Real. Por más que el comunicado pretenda lo contrario, el actual rey Felipe VI está implicado plenamente en las actividades ilícitas de su familia. Renunciar, supuestamente, a parte de su herencia económica no es suficiente; debería renunciar, al igual que su hija y resto de línea sucesoria, a TODA la herencia, incluida la propia corona, por lo ilegítimo de su origen y la corrupción ligada a su reinado.
La democracia, para ser plena, exige también que la forma de Estado sea decidida por el pueblo. La Monarquía, por tanto, debe dejar paso a un nuevo régimen, que deberá ser decidido por medio de un referéndum vinculante.
FUERA MONARQUÍA CORRUPTA
REFERÉNDUM VINCULANTE YA

domingo, 15 de marzo de 2020

La derrota del coronavirus, una urgencia sanitaria, económica y social



La lucha contra la pandemia provocada por el coronavirus tiene el riesgo de provocar una profunda crisis económica. La economía extremeña no presenta síntomas de fortaleza y esta crisis sanitaria puede agravar las débiles estructuras materiales en las que se apoya. 


Debido al estado de alarma decretado por el gobierno, muchos sectores del país están parados y, en particular, han cerrado jardines de infancia, centros educativos y universidades, museos, teatros y cines, gimnasios, tiendas, bares. Según las declaraciones del Presidente del Gobierno regional, Fernández Vara, los empleados y empleadas de las administraciones públicas, a lo largo de la semana iniciarían regímenes de trabajo telemático desde casa en los departamentos en donde sea posible


Lo que está ocurriendo en otros países como Italia que llevan la crisis más adelantada que nosotros nos da una semblanza de lo que se nos viene encima.: “El turismo, tanto interno como externo, se ha reducido radicalmente y ahora lugares como restaurantes y hoteles están cerrados y vacíos, muchos trabajadores y trabajadores domésticos se ven obligados a no trabajar y quedarse en casa, así como, los trabajadores autónomos, freelance, intermitentes….


Por tanto, el bloqueo laboral provocado por el virus va a tener terribles consecuencias en la vida de hombres y mujeres, al igual que está ocurriendo en Italia. En esta reducción de los empleos no nos podemos olvidar de los trabajadores inmigrantes que difícilmente van a encontrar algún trabajo esporádico para mantenerse.


Las consecuencias que se derivan de todo esto van a condicionar el pago de alquileres, hipotecas, facturas, y en general, la compra para cubrir necesidades básicas como medicamentos, toallas sanitarias, pañales y ropa, con el riesgo evidente de que muchas de estas personas no puedan asegurar estos bienes y gastos necesarios para su supervivencia.


Sobre las fábricas y las cadenas de producción con cientos de empleados, según parece, no se ha dicho nada oficial al respecto, permanecerán completamente abiertas y lógicamente, el contagio y la salud de los trabajadores y las trabajadoras se puede resentir.


Otra cuestión, a la que las autoridades deberán prestar atención es todo lo relacionado con la violencia doméstica. Los datos que se tienen de China, con el confinamiento durante semanas en el hogar, ofrecen un crecimiento notable de la violencia de género durante todo este proceso.


El presidente Vara ha hablado de algo importante y positivo que es la renegociación con las empresas farmacéuticas para liberar fondos que permitan la contratación de un mayor número de personal sanitario que asegure el buen funcionamiento de los hospitales y la atención adecuada a las personas contagiadas.


Sin duda, las medidas económicas que se tomen deberán disponer la asignación de fondos para el fortalecimiento de los servicios sanitarios y la protección civil, pero también se deben tomar medidas económicas que puedan permitir la extensión de las redes de seguridad social a todas aquellas personas que por las circunstancias derivadas de la crisis sanitaria están sufriendo ya los despidos o cierres de establecimientos. 


Además, la situación excepcional generada por el coronavirus va a obligar a las clases trabajadoras y sectores sociales más humildes, por supuesto, a cumplir las instrucciones que las autoridades sanitarias dicten; también, a organizar y preparar los mecanismos jurídicos, organizativos y sindicales, y en general los métodos de lucha más apropiados para defenderse de las circunstancias tan difíciles a las que pueden verse sometidas  en los próximos días, y evitar que se cargue sobre sus espaldas los resultados de la crisis económica y social que puede generarse por la lucha contra él coronavirus.


El presidente del gobierno regional no puede olvidarse de aquellos sectores que con más fuerza sufren las consecuencias del paro y la precariedad, precisamente es en estos momentos cuando más necesaria es la ampliación de la protección social.