Recientemente
se ha publicado un manifiesto impulsado por la asociación EUROPA LAICA en el
que exigen al Gobierno de España la derogación inmediata de los Acuerdos con la
Santa Sede firmados en 1976 y 1979. El documento, hecho público la pasada
semana, entre otros aspectos critica que un gobierno que se dice de vocación
progresista mantenga en pleno siglo XXI un tratado que consagra privilegios eclesiásticos,
condicionando y erosionando la libertad de conciencia de la ciudadanía. Se pide
la libertad de conciencia real para todas las personas, crean lo que crean o
dejen de creer.
Además,
los grupos parlamentarios que hoy sostienen al Gobierno incumplen lo que han
defendido en sus programas: “la necesidad de derogar estos acuerdos”. Los
acuerdos con el Vaticano son una estructura jurídica que sostienen los privilegios
eclesiásticos, siendo una necesidad para la propia democracia burguesa que el
parlamento español tiene que desmontar. No es posible entender que un gobierno
que se llama progresista mantenga un Concordato con la Santa Sede, amparando unos
acuerdos de 1976 y 1979 que bendicen las muchas prerrogativas de la Iglesia
Católica.
Es
un anacronismo propio de la época feudal que “el gobierno más progresista del
mundo mundial” destine miles de millones de euros de los fondos públicos a
financiar al clero, a los conciertos con los centros educativos católicos y al
adoctrinamiento en las aulas. La soberanía popular de un gobierno está enormemente
deformada cuando nuestras leyes educativas, fiscales y tributarias estén
condicionadas por los acuerdos internacionales con el Vaticano.
El
gobierno de coalición debe cerrar definitivamente una herencia que se mantiene
y transmite en el tiempo propia del franquismo, que ya no representa a una
sociedad plural, diversa y madura. El gobierno de coalición tiene la obligación
política de acabar con todo lo que rodea a la identificación de Iglesia y
Estado, como en muchos actos recientemente hemos observado.
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