Sobre la Regularización
de 500,000 Personas Migrantes: Justicia Necesaria, y Exigencias Irrenunciables
La anunciada regularización de
aproximadamente 500,000 personas migrantes en situación irregular es una medida
que genera una respuesta compleja y matizada desde una perspectiva que antepone
la soberanía de los pueblos y la dignidad del trabajo.
En primer lugar, es un acto de justicia elemental y deuda histórica.
Reconocer los derechos de cientos de miles de personas que ya viven, trabajan y
contribuyen a nuestras sociedades es un imperativo ético. Más aún cuando una
parte significativa de estas personas huye de condiciones creadas o agravadas
por la acción de las potencias del Norte global: las guerras por recursos, las
intervenciones militares y la injerencia política de Estados Unidos, la OTAN y
la Unión Europea en África y Asia; y las políticas neoliberales impuestas en
América Latina que han devastado economías locales, generado pobreza extrema y
forzado la migración. Acoger a quienes son víctimas de un sistema que nuestro
bloque geopolítico ha alimentado no es caridad, es una responsabilidad.
Sin embargo, celebrar esta regularización
de forma acrítica y descontextualizada es una grave irresponsabilidad. De
aplicarse como un hecho aislado, como un parche humanitario dentro de un marco
económico y social destructivo, se convierte en una medida profundamente reaccionaria que
alimenta directamente los discursos y proyectos de la extrema derecha.
El "buenismo liberal" que
satura el discurso oficial parte de una premisa falsa y peligrosa: que se puede
defender una "política de puertas abiertas" sin declarar al mismo
tiempo una guerra
frontal contra la austeridad que estrangula los servicios públicos.
La regularización masiva, sin un plan de emergencia paralelo que la acompañe,
significa incorporar a cientos de miles de personas a unos sistemas sanitario,
educativo y de vivienda que están siendo deliberadamente desmantelados y privatizados.
Esto no es una especulación; es una realidad cotidiana en la sanidad pública,
en la educación con masificación y falta de recursos, y en el colapso absoluto
del acceso a la vivienda.
Esta contradicción es letal. Se genera así
un caldo de cultivo perfecto para la narrativa xenófoba: "vienen a
quitarnos lo poco que nos queda". La extrema derecha (VOX) y la derecha
tradicional (PP) no tienen que esforzarse; el terreno ya está abonado por unas
políticas que, desde supuestos gobiernos "progresistas", priorizan el
déficit y la estabilidad macroeconómica neoliberal sobre la vida de la
mayoría. Cuando el
Gobierno y fuerzas como Podemos validan una regularización sin una inversión
pública masiva y urgente, están trabajando, en la práctica, gratis para la
agenda de VOX y el PP. Favorecen una llegada que, en las
condiciones actuales, sirve principalmente a un objetivo: proporcionar mano de obra barata, precaria y
desesperada a un empresariado que la demanda.
Aquí radica la mayor hipocresía y el
cinismo del sistema. Los
mismos empresarios y conglomerados económicos que exigen y se benefician de
esta mano de obra vulnerable son los que financian con sus donaciones a los
partidos que después claman contra la "invasión migratoria".
Critican en público lo que promueven en privado, con total desvergüenza. Y, en
paralelo, observamos a los mismos "progresistas"
e "izquierdistas" del establishment que,
mientras lloran ante las pateras, desprecian o ignoran las luchas de soberanía,
los procesos revolucionarios anti-neocoloniales en África y las revoluciones
populares en el Sur global que buscan, precisamente, erradicar las causas
profundas de la migración: el robo de recursos, la deuda ilegítima y la
sumisión política. Su única "solución" es la gestión caritativa del
éxodo, nunca el apoyo a la liberación de los pueblos que impediría que ese
éxodo sea necesario.
Por todo ello, desde Soberanía y el
Trabajo, exigimos:
1.
Regularización YA, pero con condiciones. Es un derecho.
Debe realizarse de forma ágil, amplia y sin obstáculos burocráticos.
2.
Plan de Choque de Inversión Pública vinculado e inmediato. La regularización
debe ir indisolublemente unida a un incremento
masivo y urgente del gasto público en:
-Sanidad: Frenazo total a la privatización y los recortes. Refuerzo
de plantillas, medios y centros de salud de atención primaria.
-Educación Pública: Contratación de profesorado,
reducción de ratios y financiación suficiente.
-Vivienda Pública: Expropiación de viviendas vacías en manos de fondos buitre
y construcción masiva de parque público de alquiler social. Ley que prohíba los
desahucios sin alternativa habitacional.
3.
Cumplimiento Estricto de Derechos Laborales y Sociales. Inspección de
Trabajo masiva y con recursos para perseguir la precariedad y la explotación,
especialmente en sectores que emplean a migrantes (agricultura, hostelería,
cuidados, logística). Los derechos conquistados son el dique contra la mano de
obra barata. La regularización no puede ser un cheque en blanco para la
patronal.
4.
Soberanía y Anti-imperialismo. Nuestra
solidaridad es con los perseguidos y hambrientos, pero también con los pueblos
que luchan por dejar de serlo. Exigimos el fin de las políticas europeas y
españolas que expolian África y América Latina, el cierre de bases militares
extranjeras y el apoyo a los procesos de integración soberana del Sur global.
No nos basta con
papeles. Exigimos vidas dignas. La regularización es un paso en la dirección correcta,
pero si no se da la batalla contra el neoliberalismo que la hace peligrosa,
será un triunfo pírrico y un regalo envenenado. No seremos cómplices de un
ejercicio de lavado de cara humanitario que oculte la perpetuación de un
sistema basado en la explotación de las personas, vengan de donde vengan.
Nuestra lucha es por la justicia global y la dignidad local. Por la soberanía
de los pueblos y el derecho a no migrar, y por el derecho a ser tratado como
igual cuando la migración es forzosa.
Soberanía y Trabajo
