viernes, 1 de mayo de 2020

ESPACIO INDEPENDIENTE: La independencia política y sindical




“La emancipación de los trabajadores será obra de los trabajadores mismos”


El “Estado de Alarma” establecido pone los derechos y libertades conquistadas a los pies del autoritarismo y del centralismo, que goza de todas las prerrogativas del poder. Durante el mes de abril, de esta manera tan artera, se silenció la demanda política de investigación desde las Cortes de los grandes negocios poco claros de la Casa Real, impidiendo así mismo las movilizaciones republicanas convocadas para el 14 de abril (aniversario de la Segunda República). Así nos volvieron a robar -políticamente hablando- el mes de abril. 

El “Estado de Alarma” se ha prolongado en medio de la confusión, con la suspensión de derechos y libertades, en el momento en el que la gobernabilidad volvía a una situación de desequilibrio, en la medida en que el gobierno desprecia los apoyos con los que se pudo investir, y con los que tiene acuerdos incumplidos de negociación política; mientras busca apoyos en los partidos que se opusieron y se oponen a su mera existencia. 

Las prohibiciones de que las manifestaciones obreras del 1º de Mayo se puedan llevar a cabo -aun respetando las condiciones de “separación social”, o con la modalidad de caravanas de automóviles con la solo un conductor en su interior-, vienen acompañadas además de la suspensión del derecho a la libertad de movimientos y de la vigilancia policial de las redes sociales con fórmulas prohibidas en la misma legislación. Mientras, la Policía, la Guardia Civil y el Ejército hablaban en nombre de la democracia y de los técnicos y especialistas de la pandemia, hasta la declaración de un general de la Guardia Civil de que actuaban para proteger al gobierno de las críticas que recibía por la gestión política del coronavirus. Ocupaban espacios de comunicación oficial en los que debían haber dado la palabra a los sanitarios, a los transportistas, a los responsables sindicales y vecinales, a los familiares de las víctimas de falta de medios sanitarios por los recortes y privatizaciones. 

Abordar la crisis del coronavirus, desde la independencia política y sindical, es una enseñanza imprescindible que proviene de la historia misma del movimiento obrero organizado. Cuando los dirigentes sindicales y políticos españoles se opusieron en 1902 al “Proyecto de ley de huelgas”, que venía a limitar y condicionar el derecho de huelga de los trabajadores y sus organizaciones, Pablo Iglesias Pose, se expresó en los siguientes términos: “No queremos luchas crueles y sangrientas, porque en ellas sufrimos todos. Si hubiera medio de modificar el proyecto de Ley de Huelgas, lo propondríamos; pero ese proyecto no tiene corrección posible. Esperamos tranquilos la corrección de este asunto; pero advirtiendo que dicho proyecto nace muerto. Nuestra organización quiere vivir hoy legalmente, mas si a nuestro desarrollo se opusiera un valladar, tendríamos que saltarlo”. 

Y en consecuencia  con dicha afirmación, que se basa en la independencia de clase: Si el Real Decreto que establece el “Estado de Alarma” tiene por objeto luchar contra una supuesta emergencia sanitaria, que se ha constituido en una crisis sanitaria y de salud pública, afectando en primer término a las residencias de tercera edad sobreexplotadas, sin medicalización, para favorecer los negocios de los fondos buitre y de los Florentinos Pérez de turno, ¿por qué motivo social no se han intervenido los hospitales y residencias privadas?; ¿por qué se utiliza el “Real Decreto”, sin embargo, para limitar y conculcar derechos y libertades? 

Millones de personas esperan verdaderas soluciones para poder trabajar y comer dignamente, y no quieren depender de los negocios de la Iglesia con la caridad de Cáritas, además financiada por el Estado. Y ello está directamente relacionado con la independencia o no de sus organizaciones (sindicatos y partidos) para defender los intereses sociales mayoritarios. Hemos de recordar de dónde viene la decisión de confinar a una parte de la población, la menos productiva, en medio de una epidemia que no se controla con los medios médicos necesarios: ésta es una idea original de la administración norteamericana, de Bush hijo. Medida restrictiva de derechos y libertades que forma parte de la “Ley Patriota”, establecida partir de los acontecimientos terroríficos del 11 de septiembre, que impusieron la guerra contra Irak y Afganistán.

Millones de trabajadores han perdido sus empleos recientemente, y los derechos sindicales y laborales está siendo reprimidos, las pensiones vuelven a estar amenazadas por los planes de austeridad que se prepararan para pagar los gastos de la crisis sanitaria y del parón económico, la barra libre de financiación que ha ido a parar a las grandes empresas y bancos para proteger el sistema de propiedad privada finaciarizado, emitiendo moneda de la nada, que más temprano que tarde provocará una nueva escalada de guerras monetarias. 

Los Estados utilizan el coronavirus para encubrir un nuevo ajuste de cuentas contra los salarios y pensiones, contra los derechos y conquistas de los trabajadores y de sus organizaciones en beneficio de los capitalistas. La interrupción de la cadena de suministros y la especulación comercial están provocando el alza del precio de los alimentos; otros comienzan a faltar en el mercado. Por ello, tratan la pandemia como si de una guerra se tratase para encubrir medidas contrarias a los intereses y aspiraciones sociales. Todas las medidas que se están tomando por los poderes políticos tienden a destruir riqueza social, y en particular fuerzas productivas, por la incompatibilidad entre la riqueza social constituida y los intereses privados del capital de una minoría.

El PSOE, que conforma el gobierno de progreso con Unidas Podemos, es el partido de la renuncia al marxismo y a la República que se cristalizó con las políticas reaccionarias de Felipe González. Su programa no está basado en la independencia política y sindical de los trabajadores organizados, sino en la colaboración con la burguesía y el imperialismo. El “felipismo”, que como política pro capitalista y monárquica se mantiene en sus filas, es el politiqueo que deviene de la adaptación a España del programa de Bad Godesberg de 1959; por el que la socialdemocracia alemana -y detrás de ella todas las demás expresiones de la Segunda Internacional- renunciaron al marxismo, es decir, al socialismo obrero y a la independencia de clase política y económica, pasando a ser el altavoz de los planes y políticas de los Estados nacionales, sustentados en la “economía de mercado” y en la propiedad privada, y sometidos al dictado las instituciones de los EEUU, a su nuevo orden internacional. Orden hoy en quiebra en todos sus fundamentos, y que se constituye en el mayor desorden político y económico nunca conocido. 

El Primero de Mayo ha sido tradicionalmente la fiesta reivindicativa de los trabajadores del mundo entero, y por tanto la expresión de su independencia sindical y política frente a todos los gobiernos e instituciones ajenas a sus intereses; intereses materiales y morales expresados en los programas reivindicativos de las organizaciones de clase.

En defensa de esa tradición de siglo y medio de lucha de clases, afirmamos, frente a la crisis y a las políticas de colaboración de clases, lo que se haría tangible con la constitución de la Asociación Internacional de Trabajadores:
¡La emancipación de los trabajadores será obra de los trabajadores mismos!

miércoles, 29 de abril de 2020

MAREA BÁSICA CONTRA EL PARO Y LA PRECARIEDAD EN EL 1º DE MAYO

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La gran tragedia que viven día a día millones de personas por no tener la posibilidad de obtener ingresos a través del trabajo se ve multiplicada por la imposibilidad de poder salir a buscarse las “habichuelas” (cuidadoras o trabajadoras de la limpieza, artistas callejeros, chatarreros, vendedores ambulantes, jornaleros, etc.), debido a la alerta sanitaria que estamos atravesando.
La Unión Europea diseñó hace ya casi cuarenta años nuestro futuro: ser el burdel de Europa. Nos redujeron nuestras fuentes de riqueza al turismo, con la desaparición de la industria y de gran parte de nuestro campo. En todo ese tiempo, ningún gobierno ha apostado, aun siendo un país referente en energías limpias, por la investigación en renovables con lo que ello hubiera supuesto de creación de empleo. Todo ello aderezado con una batería de recortes que no han hecho sino desviar el dinero público a lo privado, empequeñeciendo el Estado y sus coberturas para la inmensa mayoría social, que apenas tiene un 20% de la riqueza total, cuyo 80% restante se reparten entre un puñado de personas. Una Unión Europea que ha fomentado el discurso del enfrentamiento entre pobres por las migajas que nos dejan, que nos muestra a la persona emigrante como el enemigo en ese reparto de la parte diminuta del pastel. Ha bastado esta pandemia para volver a la realidad: nadie está a salvo de tener que huir de donde vive en algún momento. Hemos descubierto, de repente, que lo que necesitamos es una sociedad basada en la cooperación y donde las personas seamos una compañeras y no adversarias. Por eso, ahora más que nunca, son necesarias medidas para eliminar otras pandemias: la de la pobreza, la de la miseria y la de la esclavitud.
Y, en la situación de crisis sociosanitaria actual, hacen falta medidas que garanticen que todas las personas puedan vivir con unos ingresos suficientes para cubrir las necesidades básicas, con el pago de los ERTEs de forma inmediata y con la garantía de que no van a haber ni desahucios ni cortes de suministros como los de agua, gas o luz, así como el mantenimiento de una sanidad y educación públicas de calidad.
Para llevar adelante este plan no hacen falta vacunas. Hace falta solidaridad, empatía y sobre todo ser conscientes de que todas las personas tienen derecho a vivir dignamente.
Desde la Marea Básica contra el Paro y la Precariedad, hemos solicitado en dos ocasiones una reunión con el Ministerio de Derechos Sociales que dirige el Vicepresidente 2º del Gobierno, Pablo Iglesias y con el Ministerio de Inclusión y Seguridad Social de José Luis Escrivá. Solicitudes que no han sido atendidas, habiéndose reunido, sin embargo, con otros estamentos que nada han tenido que ver con la reivindicación de la Renta Básica. Esas reuniones tenían como objetivo tratar la imperiosa necesidad de una Renta Básica de Cuarentena para afrontar la situación actual, con las características de que fuera incondicional y suficiente, y con la posibilidad de que, una vez pasada la pandemia y la situación de desempleo masivo que nos invade ya, se pudiera regularizar el cobro a través de las declaraciones de la renta. Sin embargo, el Ingreso Mínimo Vital que parece plantearse desde el gobierno nace ya absolutamente insuficiente. Llegará, en el mejor de los casos, a un millón de beneficiarios, que tendrán que cumplir y demostrar un sinfín de requisitos, en un remedo de las Rentas Mínimas que contemplan algunas Comunidades Autónomas y que no alcanzan al 6% de la población que las necesita, y que, cuando les llega, han pasado hasta un año y medio. Sin embargo, lo que necesita la sociedad son medidas urgentes, que no sean excluyentes y que se pongan en práctica ya.
En este entorno del 1º de mayo del confinamiento y ya que el gobierno vuelve a tratar de diferente forma a los grandes capitales frente a las personas más vulnerables, hacemos un llamamiento a una nueva alianza social alrededor de siete propuestas. Un llamamiento similar al del 15M, al de las Marchas de la Dignidad, al de las luchas de PAH y los Campamentos Dignidad. Esas propuestas son:
      1. Una Renta Básica Universal, con el cumplimiento de la Carta Social Europea: ningún subsidio, ayuda, prestación o pensión por debajo del umbral de la pobreza (739€ mensuales hoy)
      2. Derecho a un trabajo digno. Derogación de las dos últimas reformas laborales. Disminución de la jornada laboral para el reparto justo del trabajo sin rebaja de salarios.
      3. Pensiones decentes. Subida según el IPC. Pensiones mínimas de acuerdo con la Carta Social Europea.
      4. Derecho a la vivienda. No a los desahucios de la vivienda habitual. Ocupación social del parque de viviendas rescatadas a los bancos.
      5. Defensa de la Sanidad y la Educación públicas. No a los recortes: recuperación e incremento de la inversión pública. No a la privatización.
      6. Derogación inmediata de la Ley Mordaza. Restablecimiento urgente de las libertades individuales y colectivas.
      7. Medidas ambiciosas y firmes contra la violencia machista y en favor de la igualdad de género real e integral.
La crisis del Covid-19 va a dejar muchísimas más víctimas por sus consecuencias que por el propio virus. Millones de personas en nuestro país perderán sus empleos y quedarán en situación límite. El cambio de paradigma es inevitable: cada vez se necesita menos mano de obra ante el uso de las nuevas tecnologías, lo que no significa que los beneficios empresariales se multipliquen exponencialmente.
Es hora ya de entender un mundo con menos trabajo, más repartido y, sobre todo, que entienda que el planeta no admite el consumismo y la barbarie capitalistas. Es hora de repartir la riqueza y, como venimos reclamando desde hace décadas, de la instauración de la Renta Básica Universal, incondicional, individual y suficiente que la ponga en práctica junto a otras medidas de marcado carácter social y ecologista.

Este 1º de mayo, ¡Renta Básica de Cuarentena YA! Esta vez han de ser las personas las rescatadas.






lunes, 27 de abril de 2020

El 1 de MAYO debe volver a recuperar su espíritu de lucha y reivindicación de clase







Por un 1 de MAYO de lucha, reivindicación y organización 


• NINGÚN DESPIDO

• NACIONALIZACIÓN DE LA SANIDAD Y LA INDUSTRIA FARMACEUTICA

• DEROGACIÓN DE LA REFORMA LABORAL Y LA LEY MORDAZA

 • 1200€ mensuales de salario, pensión y renta mínima vital

• SALARIOS, PENSIONES Y RENTA VITAL DE 1200 € MENSUALES

• NO AL PAGO DE LA DEUDA.
  
La cuarentena ha sido superada sin que el gobierno tenga un plan claro de la salida que propone. El parón dura ya 43 días de confinamiento de una buena parte de la población. Hoy se ha incorporado al trabajo algún turno de las fábricas de automóviles como Seat y Mercedes… La presidenta de la Comunidad de Madrid abandona la conferencia de presidentes para asistir en la catedral de la Almudena a una misa por las víctimas de esta crisis.Y el Gobierno prohíbe las manifestaciones convocadas para el 1º de mayo, que se comprometían a respetar la separación de manifestantes( “distanciamiento social”), sin que se pueda celebrar la fiesta reivindicativa internacional de los trabajadores, confundiendo Estado de Alerta con Estado de Excepción al impedirse el ejercicio de  los derechos fundamentales.


El 1º de mayo fiesta internacional de la clase trabajadora, no es solo la memoria histórica de los mártires de Chicago, y la lucha por las 8 horas de trabajo remunerado dignamente, es también, y ahora la exigencia de salud pública mediante la nacionalización de toda la sanidad, y de los laboratorios de medicamentos para así evitar la catástrofe social a la que nos llevan. 
Banderas que se fundamentan en la independencia de los sindicatos y partidos que se reclaman de la emancipación de los trabajadores. 

Encerrados en casa por un real decreto que sin embargo lanza a las calles, fábricas, campos, tiendas y hospitales a cientos y cientos de miles de trabajadoras y trabajadores a los que se les obliga a salir a trabajar sin las debidas condiciones al objeto de que nuestra vida pueda seguir, podamos comer y las grandes empresas sigan obteniendo beneficios. Un real decreto de encierro que llena metros, cercanías y autobuses de obreras y obreros al tiempo que les prohíbe manifestarse el 1 de MAYO con la excusa del coronavirus. 

Este 1 de MAYO, exigimos que no hayan despidos, nadie puede ser vilmente despedido porque ese sea el beneficio de las grandes patronales.

Nacionalización de toda la sanidad, las residencias y los cuidados, todo este amplio sector de la salud debe ser público e incrementado en instalaciones y personal.

Derogación de la reforma laboral ya, ahora con más motivos porque se van a incrementar los abusos y el terror patronal. No entendemos como todavía el llamado gobierno de progreso no ha derogado la reforma laboral y la ley mordaza y todavía no se ha impuesto la renta vital o renta básica, ante el incremento de la pobreza y la amenaza del hambre para grandes cantidades de personas. 

Levantamos nuestras voces  por soluciones políticas y sociales favorables a la inmensa mayoría, por Cortes Soberanas emancipadas de la tutela monárquica, por la defensa de los intereses materiales y morales de los trabajadores y de todos los sectores populares. Por una alianza internacional de trabajadores y pueblos del mundo  que ponga fin a la explotación y a la guerra, por el no pago de la deuda pública  que amenaza con convertirse en la nueva esclavitud del capital financiero.

LA NECESIDAD DE SUPERAR EL RUBICÓN


LA RESTRUCTURACIÓN POLÍTICA Y ECONÓMICA

 Ildefonso Gómez



La crisis del coronavirus 2020 en la que hemos entrado desde hace un tiempo parece ser un proceso de destrucción y regresión largo y difícil de superar por aquellos sectores sociales más explotados y oprimidos. Sólo podemos hablar de las primeras lecciones que se derivan de la experiencia vivida en la mayoría de países del mundo, pero son de tal calado que no pueden dejar de convertirse en los fundamentos de una nueva práctica política. 

Hoy por hoy no podemos sino partir de la realidad, de los hechos: de millones de afectados, del caos sanitario generalizado provocado por el desmantelamiento y privatización de los servicios sanitarios, del saldo de centenares de miles de muertos. Del cierre de fronteras, países y ciudades, desarmando toda resistencia obrera y popular, poniendo las sociedades a los pies de los cuerpos policiales y militares con medidas que conculcan derechos fundamentales. 

Y la economía más en manos que nunca de los financieros y especuladores, economía que se vuelve a tambalear como no lo hacía desde 1929.La locura se ha instalado en el poder de los Estados, donde se emite un motón de dinero sin valor alguno: en todo el mundo se produce un 70% más de los alimentos necesarios, pero cada día mueren 40.000 personas de la gran pandemia del hambre, con 800 millones de personas subalimentadas. 

Que todo siga igual pero mucho peor, este parece ser el lema de los gobiernos que confían en las reglas del capital financiero, y las transmiten y ordenan en beneficio de los de siempre. Grandes sumas de dinero se han emitido por los bancos centrales en provecho de los bancos privados para multiplicar el pozo sin fondo de la deuda pública de cada Estado. 

Pero en muchos casos nada puede seguir igual, y el caso de España y su Corona impuesta no es una excepción. Desde la planificación del reparto de tareas de producción y servicios establecida por la burocracia de Bruselas a nuestro país de países le había tocado ser el solar de disfrute del turismo europeo e internacional. De sobra conocida es la expresión de que para Bruselas España es poco más que un territorio de camareros. Para ello se destruyó conscientemente la industria, y una buena parte de la agricultura, ganadería y pesca…Todo se apostó al número del turismo, el mismo que ha sufrido un golpe muy grave con la pandemia internacional del coronavirus. El turismo, la construcción de segundas residencias; los transportes y la hostelería representan algo más de la tercera parte del PIB español ¿Y ahora qué? 

El gobierno reclama a Bruselas bonos para financiar el desastre de sus políticas comunitarias, pero nadie está dispuesto a financiar crisis ajenas, y aún menos financiar en un Estado que gasta más que ningún otro en Casas Reales, Iglesias y en casta de políticos y sindicalistas bien pagados, gastos que se han multiplicado por encima de cualquier país de Europa, y todo ello para darle alguna base (clientelar) de sustentación material al régimen del 78.

En los confines de Europa se habla del necesario rescate de España, un Estado que carece de los medios económicos y políticos para hacer frente a las consecuencias de la crisis 2020. Un Estado que encuentra más fácil pedir fondos a Bruselas para depender aún más de los banqueros europeos que de poder fabricar algo tan simple como una mascarilla sanitaria. De la actual descomposición deben surgir las fuerzas que promoverán un nuevo orden. La reconstrucción económica es imprescindible, lo que implica la reindustrialización, y el aprovechamiento real y democrático de la agricultura, la ganadería y la pesca, invirtiendo para ello aquellas finanzas que van ahora al pago de la deuda pública. 

La reconstrucción económica conlleva la reconstrucción política, acabando con el parasitismo de los privilegios de Estado, de todos aquellas instituciones que viven de los Presupuestos sin necesidad alguna, y que además no gozan de apoyo social alguno entre la mayoría de la población. Un Estado que no puede seguir estructurado políticamente en torno al clientelismo y la corrupción institucional, con una casta política y sindical gregaria que suma por encima de 500.000 individuos muy bien pagados. 

Desde hace meses se demanda la necesidad de que familias sin ningún ingreso puedan hacer frente a la situación de crisis y penuria recibiendo un ingreso mínimo vital, como el que se demanda para los salarios mínimos y para las pensiones más bajas, cuantía que debería ser al menos de 1.200 euros para que se pueda hacer frente a los gastos esenciales. A ello se oponen buena parte de los partidos subvencionados, la patronal que vive de la explotación, y de no pagar impuestos, y la misma Iglesia católica que por su parte recibe del Estado más de 12.000 millones de euros año. 

Los informes oficiales hablan de que en España el 26,1% de la población, es decir 12, 3 millones de personas se encuentran en riesgo de pobreza o exclusión social, y qué es el único país de Europa que no tiene una prestación pública que cubra el riesgo general de pobreza. Y a esta cifra debe sumarse los parados crónicos sin derechos derivados del parón del coronavirus. Por ello es urgente que las Cortes Generales tomen las decisiones necesarias que protejan de verdad los derechos más elementales de la población al trabajo, a la prestación pública cuando no se tiene trabajo, a la salud y a la vida. Las Cortes no pueden seguir de espaladas a la realidad y están ante la necesidad de romper con el dictado monárquico. Las consecuencias de la crisis del coronavirus han de devolvernos a la realidad política y económica, a la democracia y a la libre determinación.