CONSIDERACIONES SOBRE EL ASUNTO CATALÁN Y LA PARTICIPACIÓN DE CCOO Y UGT EN LA MANIFESTACIÓN DEL 15 DE ABRIL

A sabiendas que nuestra preocupación principal debe ser Extremadura y sus problemas, me tomo la libertad de hacer unos comentarios acerca del asunto catalán y la participación de los sindicatos UGT y CCOO de Cataluña en la manifestación multitudinaria celebrada el 15 de Abríl en Barcelona, reivindicando la democracia, la libertad de expresión y la de los presos políticos. Me pregunto si este hecho ocasionará un punto de inflexión en las políticas practicadas por las izquierdas y abrirá nuevas perspectivas de alianzas políticas hacia la ruptura del régimen monárquico.

Desde un punto de vista histórico, el atraso económico y social de Extremadura respecto a otras partes del país, tiene mucho que ver con el proceso que sigue el capitalismo español en su desarrollo. La división capitalista del trabajo nos asigna unas funciones cuyos resultados son un elevado desempleo, PIB pequeño, y en general una débil economía.

A este cuadro económico-social contribuye de manera relevante, como señala Víctor Chamorro, el saqueo de nuestras riquezas por unas clases dirigentes amparadas por la dictadura franquista, y de las que forman parte los terratenientes extremeños.

La emigración como solución política y válvula de escape a la presión social derivada de tanta miseria, permite a sectores de la burguesía castellana, catalana y vasca una enorme acumulación de capital y el crecimiento económico de sus respectivos territorios, especialmente Madrid, Cataluña y el País Vasco.

Con la democracia las clases dirigentes, afincadas en Madrid, siguieron sin interesarse por el desarrollo de nuestra tierra; los políticos extremeños muy subordinados a sus superiores en Madrid consiguieron pequeñas cosas, a cuentagotas, a pesar de sus idas y venidas al centro; este paisaje se reproduce con los años.

El centralismo del PP y del PSOE nunca ha pretendido una transformación radical de la economía extremeña; la entrada en la UE nos permitió el acceso a ciertas infraestructuras físicas. En la actualidad, las tasas de desempleo, el paro y la precariedad laboral son signos de referencia de Extremadura en el plano económico nacional.

Este panorama invita a que algunos políticos y sindicalistas ligados al PSOE muestren una enorme fruición por enfrentarnos a Cataluña, parece que quisieran emitir la idea de que los catalanes tienen mucha culpa de las circunstancias por las que atraviesa Extremadura. Este pensamiento, es el políticamente correcto, sobre todo pensando en modo electoral, y la mejor manera de entender lo extremeño, teniendo en cuenta que nuestra formación cultural se ha construido durante muchos años a base de atiborrarnos en la idea de España, una, grande y libre, que marcaba con mayúsculas nuestra pertenencia a un país homogéneo e imperial en la que no era posible encontrar diversidad alguna.

A pesar de tanta ideología nacional católica hemos ido aprendiendo con los años, a intervalos, con silencios, con dificultad, que en el Estado Español existen territorios con unas características diferenciales importantes, y en los que parte de sus poblaciones tienen sentimientos autonomistas o aspiran a la independencia.

En la actualidad, las élites de este país siguen exhibiendo la unidad de España como la bandera de la concordia y el progreso, y mientras tanto se siguen adueñando y expoliando las riquezas producidas por las clases trabajadoras. Esta avaricia y ambición es la que nos llevó a una crisis económica y en estos momentos a una crisis institucional sin precedentes, agudizada por lo que sucede en Cataluña.

La reacción de las clases dominantes españolas ha sido la previsible, derivadas de unas convicciones muy fuertes por la ley, el orden y la represión sistemática. No obstante, esto es posible porque encuentran el sostén directo o indirecto en otras fuerzas políticas y sociales que dan por bueno o cierran los ojos ante lo que sucede con tal de que el régimen siga siendo tan generoso y repartiendo prebendas para ellos.

Todo lo relacionado con la aprobación del Estatuto de Cataluña y las decisiones del Tribunal Constitucional cercenaron las aspiraciones autonomistas de una mayoría de catalanes e impidieron la estabilidad política de aquella sociedad. Desde entonces, los intereses cortoplacistas de las derechas han dado lugar a una atmosfera de rechazo a lo catalán lo que a su vez ha provocado un crecimiento de las posiciones políticas independentistas.

Mi opinión es que lo que sucede en Cataluña es una movilización de carácter popular, en la que participan sectores sociales de la burguesía, pequeña burguesía y de la clase obrera; estamos ante un movimiento republicano en toda regla que quiere la ruptura con el régimen heredero del franquismo.

La aplicación del artículo 155 de la Constitución Española es un instrumento con el que M. Rajoy hace y deshace a su antojo, pero da alas al movimiento independentista y acelera la crisis del régimen monárquico en Cataluña. Los apoyos del PSOE y Ciudadanos refuerzan y fortalecen al nacionalismo español, el otro partido, Podemos, queda estancado sin iniciativa alguna, fuera de juego; en definitiva, sin proyectos políticos todos quedan subordinados al PP y como ninguno de ellos quiere perder votos en el resto del territorio español dan por buena o aceptan calladamente la represión policial y judicial que ordena M. Rajoy.

La seria amenaza que supone esta conducta gubernamental para la libertad y la democracia explica que sectores políticos y sindicales hasta ahora coincidentes con el nacionalismo español, comiencen a distanciarse.

 Este desenfreno represivo es tal que considera que cualquier movilización social o política que utilice la desobediencia civil o realice cortes de carretera para denunciar medidas represivas y pedir libertad para los presos políticos es un acto de terrorismo y rebelión.

Esta licencia autoritaria político-judicial lleva a que CCOO y UGT de Cataluña hayan participado en las manifestaciones multitudinarias del 15 de Abríl. Para el sindicalismo de clase la libertad de expresión y opinión es básico y fundamental para defender o pelear por derechos laborales y sociales.

No creo que los sindicatos de Cataluña, por participar en las manifestaciones en defensa de la libertad de expresión y en contra de la represión política, rompan la unidad de los trabajadores.

En todo caso, la unidad de los trabajadores la rompen quienes aplican reformas laborales, y quienes facilitan la liquidación del sistema público de pensiones, como sucedió en el año 2011 y 2013, o cuando se negocian y se firman acuerdos constitucionales para recortar el gasto público.

La unidad de las clases trabajadoras la rompen quienes conociendo las necesidades básicas que tienen muchas personas y disponiendo de posibilidades legales y económicas para combatirlas se mantienen en sus retóricas como altivos charlatanes de comedia disfrutando de los beneficios parlamentarios y prebendas institucionales.

La unidad de las clases trabajadoras la están rompiendo quienes consienten en silencio normativas como la Ley Mordaza, que castiga a quienes luchan contra el paro y la precariedad, o a quienes pelean por la renta básica o contra los desahucios de viviendas o reclaman empleo para los parados, etc.

 Me llama la atención que algunos exlíderes políticos y sindicalistas no se vean “desenfocados” por los procesamientos que se siguen contra jóvenes extremeños y españoles durante este mes de Abríl. En la mayoría de los casos están siendo juzgados por reprobar el comportamiento de quienes gobiernan ajenos a los intereses del pueblo y disfrutan de un sistema político caduco y rancio que recurre a la represión judicial y administrativa como baluarte para su defensa.

No creo que los jueces alemanes o de otros países europeos hayan perdido el “enfoque” de lo que estudian porque rechacen el delito de rebelión, y violencia, y de acuerdo a sus criterios legales pongan en libertad a los políticos catalanes que se habían refugiado en esos países. También, el Tribunal de Derechos Humanos de la Unión Europea viene llamando la atención de las autoridades españolas por ciertas limitaciones democráticas y judiciales que se cometen en nuestro país.  Muchos expertos y juristas españoles de reconocido prestigio nacional e internacional coinciden con las decisiones judiciales europeas, insistiendo entre otras cosas en que el aparato judicial español está muy entregado a los criterios e indicaciones del gobierno del PP. Sin embargo, no debieran sorprendernos estas cosas cuando en múltiples procesos de rabiosa actualidad se cambian o se nombran jueces y/o se sustituyen tribunales. Un ejemplo, Garzón y los crímenes del franquismo, etc.