Un repaso general a ciertos elementos relacionados con la
actividad laboral de la población extremeña nos dibuja una imagen de la
postergación y el abandono que históricamente ha sufrido y sigue sufriendo esta
porción del territorio español por parte de las instituciones políticas
regionales y nacionales.
Algunos datos característicos. El desempleo alcanza a unas
114.000 personas, casi el 30 % en relación al número de trabajadores en alta en
la seguridad social, unos 385.050, y con unos 13.000 trabajadores en ERTES. Más
de 400.000 personas siguen estando en el riesgo de la pobreza. El desempleo
juvenil es el más alto del estado español alcanzando casi el 50 % de la
población inferior a 25 años.
La despoblación de la comunidad continua a pasos agigantados,
se pierden todos los años más de 5000 personas. Las políticas de desarrollo
rural financiadas en su mayor parte desde Europa son muy insuficientes para evitar
que el mundo rural siga perdiendo poco a poco todas sus perspectivas vitales
presentes y de futuro.
La modernización de la actividad agraria requiere cada vez
menos mano de obra, y el poco desarrollo de las industrias ligadas a las
producciones agrícolas y ganaderas determinan que haya un excedente de fuerza
de trabajo que a duras penas encuentra acomodo laboral en el campo, y en otras
actividades ligadas al sector secundario.
La actividad industrial extremeña es muy escasa y carece de
una mínima competitividad, sin que se haya visto favorecida por el desarrollo
industrial del país en los últimos 30 años. La pandemia ha agravado el estado
económico de la región de tal modo que las colas del hambre y las raquíticas
ayudas sociales se están viendo agravadas por la economía sumergida que se
deriva de la precariedad y la falta de oportunidades legales de empleo, de tal
modo que la ocupación informal alcanza casi el 30 % del PIB regional.
Mientras tanto, las administraciones públicas, el gobierno
regional y el nacional, escatiman el gasto social y procuran lo mínimo
necesario con tal de que la población trabajadora permanezca pasiva y acepte
las miserias del sistema capitalista. El objetivo del gobierno del PSOE es que
la clase obrera sobreviva con las míseras ayudas y subsidios sociales, y con
raquíticos programas de empleo que apenas dan para una subsistencia angustiosa.
Los presupuestos regionales constatan esta realidad con
partidas a este respecto inferiores a las de años pasados. Por otro lado, un
buen número de trabajadores autónomos y pequeños empresarios que conforman el
conjunto de las diferentes actividades productoras de bienes y servicios han
tenido que cerrar sus negocios o están en serias dificultades económicas.
El gobierno de la nación no va a realizar ni tiene prevista
la ejecución de un plan especial de inversiones públicas que estimule el desarrollo
y de paso a la recuperación económica, y a su vez responda a los problemas
sociales que padecen muchos extremeños y extremeñas. Extremadura, poco espera
de los fondos europeos a pesar de que no haya día que el gobierno regional y
otras instancias de poder den a conocer sus buenas intenciones y en sus
discursos y declaraciones públicas insuflen ánimos a la pequeña burguesía
regional para que elabore proyectos con los que acceder a esas nuevas
herramientas que visionan como necesarias para un salto cualitativo y cuantitativo
de la economía extremeña.
En todo caso, la Junta de Extremadura anuncia repetitivamente
que va a poner a disposición de estos sectores toda la maquinaria legislativa y
administrativa necesaria para facilitar la captación de estas subvenciones y
préstamos, adquiriendo la consejería de Hacienda el compromiso de informar a la
asamblea de la marcha de todo este proceso. Sin embargo, se conocen pocos
detalles del proceso a seguir para acceder a los fondos europeos puesto que
todavía faltan por aprobar y concretar aspectos importantes.
Así, aún no existen
esos fondos, ya que no está aprobado todavía el camino a seguir para que la
Comisión Europea pueda salir a los mercados de capitales a captarlos. Los
plazos para la presentación de proyectos y los planes de cada país se abrieron
en febrero y aún no se han presentado de modo definitivo a la comisión europea.
Ni se sabe con precisión cuándo empezarían a llegar los fondos a los países.
Las informaciones señalan que serán las grandes empresas las
que accedan a esos miles de millones de euros para sus proyectos de
modernización digital y robotización localizados en las zonas del territorio
nacional en las que tienen sus plantas productivas y que en un porcentaje
pequeño tendrán como destino zonas del territorio extremeño. En otro orden de
cosas, se intensifican las movilizaciones de las organizaciones agrarias que
protestan por las políticas que se establecen desde la UE respecto a los bajos
precios de los productos agrícolas y los recortes de la PAC.
Las líneas marcadas de
Bruselas están arruinando a los pequeños productores y provocando una rápida
concentración y centralización de la tierra y de las producciones.
Desde el PSLF seguimos considerando que la única manera de
que Extremadura alcance un horizonte de futuro que garantice su progreso es con
una profunda reforma agraria. Un pro[1]ceso de transformación y
reorganización del mundo rural en el que se lleve a cabo la puesta en
producción individual o colectiva de enormes extensiones de tierras que están
en manos de latifundistas y caciques, y que además se facilite a quienes
trabajan la tierra de las materias primas necesarias para sus producciones que
hoy controlan unas pocas Multinacionales.
Mientras se produce el saqueo de los recursos naturales que
vienen realizando los grandes terratenientes, latifundistas y monopolios, los
partidos políticos emplazados en las instituciones regionales no sólo han estado
subordinados y han sido fieles cumplido[1]res de lo que se decidía en
Madrid, sino que han estado muy al margen de las verdaderas necesidades de la
población extremeña.
Un ejemplo de esta
actitud de distracción ocio[1]sa y caciquil es la
decisión de la Diputación Provincial de Badajoz de destinar en sus presupuestos
casi un millón de euros al Área de Tauromaquia para la potenciación de los
toros, para festejos taurinos, adquisición de utillajes, publicidad, propaganda
y formación de aprendices de toreros es una forma caciquil de impulsar el
conformismo y la pasividad.
Esto es una burla a los sectores sociales más desfavorecidos,
y además, nos saltamos las recomendaciones y llamamientos que la ONU realiza a
España para que prohíba la participación de niños y adolescentes meno[1]res de 18 años en corridas
de toros como toreros o como espectadores. Entendemos que la asignación de esta
cantidad presupuestaria responde a intereses políticos y electorales que no
tienen nada que ver con la prestación de servicios públicos básicos para la
ciudadanía, cuando ese dinero se debería destinar a la resolución de
necesidades de familias amenazadas de desahucios o con problemas de viviendas,
con dificultades para el acceso a los mínimos vitales, en desempleo, y en general
a quienes se encuentran en un estado de precariedad importante.
