Desde UED-PSLF tenemos
que indicar que el 31 de diciembre termina el período que el Decreto 11/2002,
de 25 de junio, establecía para la suspensión de los desahucios a las personas vulnerables
económica y socialmente. Es decir, en breve período de tiempo, en menos de un
mes, probablemente, muchas familias se encontrarán con convocatorias judiciales
previas al lanzamiento. Los precios de los alquileres y el coste de los
alimentos y materias básicas para la vida no paran de aminorar la capacidad de
los ingresos de las familias.
Hasta la fecha, la Junta
de Extremadura se ha dedicado a publicar acciones futuras previstas en el plan
estatal de la vivienda para los años venideros, pero no ha tomado soluciones
que pudieran hacer frente a problemas habitacionales que se multiplican en
localidades extremeñas, desde Badajoz, Cáceres, Mérida hasta Talayuela.
En previsión de todo lo
que pudiera ocurrir se aprueban o están en proceso de aprobación una
serie de normas que en vez de hacer frente a la pobreza van dirigidas contra
los pobres. No sólo la ley contra los pequeños robos, y lo contemplado en la
nueva ley de vivienda del gobierno de coalición, el desalojo rápido de una
ocupación en 48 horas, evitando el juicio de desalojo; mecanismo que beneficia
muy especialmente a los bancos, fondos de inversión y grandes propietarios que
son los que disponen de viviendas con el claro objetivo de la especulación
mientras muchas personas y familias carecen de un mínimo espacio habitacional.
De esta manera se mantienen los espacios vacíos para destinarlos a la
especulación antes que las familias los utilicen según sus necesitadas.
Desde UED-PSLF exigimos
que la Consejería de la Vivienda además de facilitar el acceso a las ayudas de
alquiler con la eliminación de parte de la burocracia que se exige, se haga
cargo de las viviendas que están en manos de la SAREB, de las entidades
bancarias y de los grandes propietarios en diferentes localidades de
Extremadura para cederlas en alquiler social.
También, es necesaria su
actuación en otros casos. No sabemos qué pasa con las 90 viviendas del barrio
de Suerte de Saavedra de Badajoz que el Ministerio del Interior lleva
negociando desde hace años con la Junta de Extremadura, ni qué ocurre con las
220 viviendas de los Álamos en Mérida, ni la lentitud extrema en la
adjudicación de las viviendas públicas en otras localidades como Almendralejo o
Talayuela, etc.
En estos momentos en que
se estudian en la Asamblea de Extremadura los presupuestos regionales es
necesario que se concreten partidas para la adquisición de viviendas de
particulares en venta en diferentes localidades al objeto de crear Bancos
Locales de Viviendas, o que se establezcan claros programas de construcción de
viviendas.
Por otro lado, sería muy
necesario que los partidos políticos de la oposición en la Asamblea de
Extremadura, especialmente los que se llaman de izquierdas, exijan medidas de
la Junta de Extremadura para buscar soluciones a los problemas que previsiblemente
se puedan producir al concluir el período de suspensión de lanzamientos del
decreto 11/2022
No podemos consentir que
en nuestra región haya cientos de familias que están pasando penurias por el
estado físico de las viviendas y vivan en la angustia y el dramatismo de ser
desalojadas por carecer de medios económicos para mantener alquileres
inalcanzables para sus presupuestos familiares.
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