jueves, 14 de octubre de 2021

LA MEMORIA DEMOCRÁTICA ES INSEPARABLE DE LA VERDAD, JUSTICIA Y REPARACIÓN. Sobre la Nueva Ley de Memoria que quiere aprobar el gobierno.

 

Los vetos a la ley del Gobierno proceden del PP y VOX, mientras que los contenidos de la ley que se somete a debate, conculca el 100% de lo establecido por el derecho internacional y consuetudinario sobre las víctimas de crímenes de lesa humanidad.

La propuesta gubernamental -que representa las posiciones de la coalición política del PSOE y de Unidas Podemos sobre la Memoria Histórica y el derecho de víctimas- se acabó de cocinar el pasado mes de julio, siendo coordinada y dirigida por Carmen Calvo, quien fue ministra de Zapatero y exvicepresidenta segunda del gobierno de Sánchez.

La vicepresidenta destituida es el personaje devaluado que representa la propuesta. La nueva Ley de Memoria es muy similar en sus contenidos a la que ya existe.

El derecho internacional establecido a partir de los juicios de Nuremberg y Tokio funda los principios de verdad, justicia y reparación, para tratar los derechos de las víctimas de crímenes contra la humanidad. El texto del gobierno se niega a calificar la naturaleza de los crímenes del franquismo como “crímenes de lesa humanidad”, y por ello no contempla, en caso alguno, establecer los principios de la verdad, la justicia y la reparación, como así han establecido todos los organismos internacionales que defienden los derechos humanos, con la necesaria retirada de todo tipo de honores y distinciones oficiales a los autores de estos crímenes, que mantiene el gobierno. Por eso es justo señalar que ley de Sánchez es continuadora de todas las tropelías del régimen desde 1936 hasta nuestros días.

El texto del Gobierno no anula las sentencias de los tribunales que juzgaron a los republicanos españoles y a todas las personas y organizaciones de todas las tendencias del movimiento obrero democrático, manteniendo la supuesta legalidad del régimen franquista, negando la justicia y la democracia. Avala así las sentencias de los tribunales y lo establecido por el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional.

El Gobierno niega cualquier posibilidad de que las víctimas o sus familiares, o los partidos, sindicatos, puedan presentar ante los tribunales reclamaciones, ni de investigación, ni de justicia, ni de reparación. Y, por tanto, tampoco reclamaciones patrimoniales; legalizando así la represión franquista y el saqueo de todo tipo de bienes, públicos y privados, como supuesta legalidad democrática.

Lo que el Gobierno pretende con su nueva ley es un “brindis al sol”, que se reduce a ofrecer un diploma de persona reprimida en sus derechos, es decir, un papel mojado que ofende una vez más a las víctimas y a sus familiares. Y eso, ochenta y dos años después del fin de la guerra y revolución española, y cuarenta y tres años después de la mal llamada “democracia española”.

Las demandas de las víctimas no pueden sino mantenerse en la necesaria aplicación del derecho internacional surgido de la derrota del nazismo y del fascismo. Y no aceptan que, de una u otra forma, por intereses partidistas o de disfrute de las prebendas propias del gobierno en el marco de la Monarquía heredera del franquismo, se niegue una vez más la Verdad, la Justicia y la Reparación. Principios de justicia internacional que supone, en la práctica, la necesaria derogación de la Ley de Amnistía de 1977 y de todas las leyes y sentencias contra las libertades y derechos políticos dictadas por un régimen ilegal e ilegítimo.

La discusión y negociación del contenido de dicha ley ha comenzado ya. Los diputados y senadores, todos los partidos y/o coaliciones electorales, deben ser respetuosos con las reivindicaciones de las víctimas del franquismo y sus familias, sin permitir que se vuelva a imponer, por tercera vez en este periodo político -tal y como sucedió con la ley de Amnistía y con la de Memoria de Zapatero-, la legalidad e impunidad de los crímenes del franquismo, para sostén y mantenimiento del régimen corrupto y clientelar de la Monarquía. El rechazo a la negación de la justicia para las víctimas debe poder expresarse en la movilización del próximo día 16 ante las Cortes, en defensa de todo lo público y frente a los planes de continuismo monárquico