domingo, 25 de octubre de 2015

HACIA UN ESTADO LAÍCO

 HACIA UN ESTADO LAÍCO

 El papel de cualquier confesión religiosa en una democracia laica es claro: ejercer libremente el culto, la transmisión de su fe y la educación en la misma. Ni el Estado laico puede exigir otra cosa a las confesiones, ni estas deberían esperar del Estado más que garantizarles tales libertades. Lo cual choca con la obligación que la Constitución española impone de cooperar con “la Iglesia católica y las demás confesiones”, en el mismo artículo en que se proclama que ninguna de ellas tiene carácter estatal.

Ambas formulaciones sitúan a España en el terreno de un aconfesionalismo desmentido por las medidas de apoyo a la religión católica adoptadas por los diferentes Gobiernos. No en vano esta confesión se beneficia de la inyección económica del Estado al funcionamiento de su estructura, de parte de la subvención a los centros escolares concertados o de la asistencia religiosa a las Fuerzas Armadas. También tiene sentido cuestionarse la exención de impuestos para los bienes religiosos —reflexión que debería extenderse a los de otras organizaciones cívicas—, además de reclamar bienes que, como la Mezquita de Córdoba, han sido inmatriculados por la Iglesia católica.

 La laicidad no debe confundirse con la lucha entre dos confesionalismos, el católico y otro que pretenda imponer la laicidad a base de doctrinarismo. 

De cara a las elecciones generales, algunos partidos políticos suscitan medidas dignas de apoyo. Una de ellas es eliminar la obligación estatal de cooperar con las instituciones religiosas, y por tanto, la preeminencia constitucional de la Iglesia católica. La otra consiste en sacar la religión de los programas de la enseñanza pública y de la subvencionada por el erario. Naturalmente, los centros de enseñanza pueden ofrecer educación religiosa, pero fuera del espacio curricular.