jueves, 9 de agosto de 2018

Espacioindependiente:" El alcance de la guerra comercial global Proteccionismo y libre cambio"




Los principales medios de comunicación han venido informando puntualmente del hecho de que las principales potencias económicas han iniciado los primeros movimientos de una guerra comercial de alcance global, una guerra encabezada por los EEUU.

Las primeras referencias a la situación actual de guerra comercial datan ya de hace algún tiempo. En entrevista realizada a Donald Trump, el 3 de noviembre de 2015, éste se despacha con las siguientes acusaciones en el marco de su campaña de precandidatura presidencial: “China es un enemigo económico y se aprovechó de nosotros como nadie en la historia. Es el mayor ladrón del mundo. Se llevó nuestros empleos”. Dos años más tarde, con el multimillonario en la Casa Blanca, se toman las nuevas medidas proteccionistas por parte de los EEUU, primera potencia mundial, estableciendo aranceles del 30% a los paneles solares cuyo primer productor es China.

A renglón seguido se acusa a los productores chinos de “robar propiedad intelectual de empresas estadounidenses”, para comenzar por el establecimiento de aranceles a diversos productos que, como la carne de cerdo, se producen en China por la multinacional norteamericana Smithfield. Otras multinacionales norteamericanas como Apple, Starbucks, Intel…, llevan años haciendo el 25% de sus ganancias en China.

Las autoridades chinas han denunciado que las medidas proteccionistas que se han tomado por Trump suponen la “violación de las reglas comerciales mundiales”.

Pero, con todo ello, un informe elaborado por el banco Credit Suisse subraya que a la llegada de Trump  a la presidencia de los EEUU se mantenían en vigor por parte de la administración norteamericana unas 1.280 medidas proteccionistas de su economía, haciéndole por esto el país más proteccionista del mundo; y que muchas de las medidas presentada como “de libre comercio” en los acuerdos y tratados internacionales,  en realidad no lo son, y siempre son los poderosos los que imponen sus intereses exclusivos bajo formas proteccionistas o de libre comercio.

Los aranceles y otras medidas de proteccionismo de los EEUU, que se han tomado recientemente relativos al acero y al aluminio y otros productos, se han extendido en primer lugar a sus mismos aliados: a Canadá, Japón …, y a la Unión Europea. Lo que ha cambiado bajo la presidencia de Trump es que se ha pasado, bajo los efectos de la crisis económica, de la competencia económica a la guerra comercial. Los países afectados no han tardado en tomar medidas contra productos norteamericanos que afectan a la agricultura y la ganadería subvencionada.

Acerca del proteccionismo de las grandes potencias en la época del capitalismo ascendente, Marx escribió en el Capital: “El sistema proteccionista fue un medio artificial para fabricar fabricantes, expropiar a obreros independientes, capitalizar los medios de producción y de la vida de la nación y abreviar por la fuerza el tránsito del régimen antiguo al régimen moderno de producción”. En la época del imperialismo decadente y en crisis, que es la que vivimos, las medidas proteccionistas de las grandes potencias se combinan con la mayor ofensiva de la poderosa industria de armamentos. Ofensiva que le lleva a Trump a imponer que se duplique el gasto militar de sus aliados de la OTAN.

Hay que entender que es el capital norteamericano de las grandes multinacionales el que ha trasladado desde hace años una buena parte de su producción a China, convirtiéndola en el taller del mundo, a la búsqueda de bajos salarios y de menores costos de producción, lo que se ha traducido en suculentas ganancias.

Los primeros afectados por las medidas proteccionistas de Trump serán los mismos consumidores estadounidenses que compran productos a precios bajos porque están hechos en China, y además están producidos por empresas norteamericanas.

La idea supremacista en lo económico de “América primero” -que tiene su prolongación monetaria, política y militar- pasa, por tanto, por tratar de empobrecer a otros países por todos los medios para así resolver sus propios problemas. Lo que viene a debilitar el conjunto del comercio mundial, y a multiplicar las formas de guerra económica y comercial.

La economía norteamericana lleva mucho tiempo arrastrando un grave déficit comercial, que alcanza la cifra de 376 mil millones con China, pero también el déficit de su balanza comercial se extiende a la mayoría de países, a excepción del Reino Unido. Esta situación aparece deformada por los medios de comunicación ya que se separa de manera artificial las medidas proteccionistas y la misma guerra comercial a la que asistimos estos días de la profunda crisis económica general, que continúa desde 2008, ahora bajo la forma de sobreproducción de la economía mundial, siendo la guerra comercial desatada una de sus manifestaciones.

El papel del dólar en la economía mundial, de la subida de los tipos de interés del dinero por parte de la Reserva Federal y el incremento del déficit fiscal, tratan de atraer a los EEUU los flujos de capital financiero mundial sin control alguno, lo que lleva a la apreciación del dólar.

La clave es, entonces, la de la extrema competencia de los capitales sobre todos los terrenos, y no solo sobre el comercio mundial. En medio de la crisis global del sistema capitalista, asistimos a la mayor guerra financiera y comercial de la historia.




lunes, 6 de agosto de 2018

11. BOLETÍN INFORMATIVO DE ODP. AGOSTO 2018


EN VILLAFRANCA SE NECESITA UN CAMBIO DE GOBIERNO. EN LAS PRÓXIMAS ELECCIONES, LA RENOVACIÓN ES UNA NECESIDAD DEMOCRÁTICA.

LOS PLANES AEPSA Y LA TARJETA PROFESIONAL DE LA CONSTRUCCIÓN

En relación a la TARJETA PROFESIONAL DE LA CONSTRUCCIÓN queremos aclarar ciertos aspectos ante el hecho de que el Ayuntamiento está exigiendo a los/as Trabajadores/as Agrícolas la mencionada tarjeta para poder trabajar en los planes AEPSA. Los Ayuntamientos no pueden excluir a nadie de los planes AEPSA por carecer de la Tarjeta Profesional de la Construcción (TPC). La TPC no puede utilizarse como requisito para acceder a los planes AEPSA.

 Los planes AEPSA se basan en subvenciones a los ayuntamientos para realizar inversiones en el mundo rural y luchar contra la exclusión y el desempleo de los/as obreros/as agrícolas. Por tanto, la Tarjeta Profesional de la Construcción no puede ser un elemento para apartar a trabajadores/as agrícolas de los 26 o 30 días de trabajo a los que tienen derecho.

La TARJETA PROFESIONAL DE LA CONSTRUCCIÓN es el documento que constituye una forma de acreditar que el titular ha recibido al menos la formación inicial en materia de prevención de riesgos laborales, pero no es OBLIGATORIA, ni la única forma de acreditar esta formación como ponen de manifiesto las sentencias del Tribunal Supremo y de la Audiencia Nacional.

La Audiencia Nacional emitió una sentencia, con fecha 3 de noviembre de 2011, en la que ratificó la nulidad de la obligatoriedad de la Tarjeta Profesional de la Construcción (TPC), tal y como ya dictó el Tribunal Supremo en una sentencia de 27 de octubre de 2010, en la que anuló la obligatoriedad de la Tarjeta Profesional de la Construcción para poder trabajar en este sector. La sentencia indica que la finalidad de la tarjeta se limita a acreditar la formación específica en materia de prevención de riesgos laborales, pero no da ningún derecho exclusivo o preferente en la contratación. En ningún caso es una forma de habilitación de la contratación laboral que impida sean contratadas las personas que no estén en posesión de la TPC.


En todo caso, corresponde a la empresa, en este caso concreto al Ayuntamiento, llevar a cabo la formación del trabajador/a como se recoge en el artículo 19 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos Laborales, modificada por la ley 31/2006, de 18 de Octubre.



En la LEY se dice claramente que el empresario debe garantizar que cada trabajador reciba una formación teórica y práctica, suficiente y adecuada, en materia preventiva tanto en el momento de su contratación, cualquiera que sea la modalidad o duración de ésta, como cuando se produzcan cambios en las funciones que desempeñe o se introduzcan nuevas tecnologías o cambios en los equipos de trabajo.

Final del formulario

Además “La formación a que se refiere el apartado anterior deberá impartirse, siempre que sea posible, dentro de la jornada de trabajo o, en su defecto, en otras horas, pero con el descuento en aquélla del tiempo invertido en la misma. La formación se podrá impartir por la empresa mediante medios propios o concertándola con servicios ajenos, y su coste no recaerá en ningún caso sobre los trabajadores”.

 Por tanto, desde la ODP requerimos que de manera inmediata se elimine esta exigencia en las diferentes bases y procedimientos establecidos para acceder a los planes de empleo o puestos de trabajo municipales.

 

¿PORQUÉ SE ESTÁN RETRASANDO TANTO LAS 31 VIVIENDAS EN LA ZONA DE LA HERRERA?

El parque de vivendas públicas de la Junta de Extremadura es muy reducido, incapaz de hacer frente a la enorme demanda de miles de familias. Las listas de solicitantes de viviendas de promoción pública crecen en todas las localidades, como en el caso de Villafranca. Las políticas liberales seguidas por el PSOE y por el PP, impulsaron la construcción de viviendas privadas olvidándose de las públicas, encontrándonos en estos momentos con escasez de viviends públicas.

La construcción de las 31 viviendas en la zona de la Herrera, después de años y meses de espera están paralizadas, no sabemos porqué. Las circunstancias que hayan determinado su paralización deben ser resueltas de modo inmediato teniendo en cuenta la enorme necesidad de las mismas en la población.



MOCIÓN PARA LUCHAR CONTRA LA LUDOPATÍA EN NUESTRA LOCALIDAD.



Es una realidad constatable que en los últimos años y meses estamos asistiendo a un incremento exponencial de las casas de apuestas y juegos, así como a una intensificación de la publicidad relacionada con este negocio en los medios audiovisuales y en las redes sociales que suponen un factor de riesgo para el aumento de la ludopatía, tal y como atestiguan informes oficiales y asociaciones de afectados por el juego.



El drama de la liberalización del juego en España deja unas cifras estremecedoras, que no podemos obviar desde las diferentes administraciones del Estado. Por tanto, tampoco puede dejar indiferente a un consistorio como el nuestro.



La ODP ha presentado una moción en el Pleno del Ayuntamiento para que la Corporación Local en la medida de sus posibilidades tanto competenciales y de publicidad organice campañas de explicación y difusión de los riesgos y problemas que acarrean estas casas de apuestas y juego en la sociedad.

Resulta curioso que el PSOE muestre tanta retórica y palabrería para constatar su incongruencia, diciendo que sí pero que NO aprueba la moción.



SOBRE EL ARREGLO DE LOS CAMINOS QUE CONECTAN CON LA CARRETERA DE CIRCUNVALACIÓN.

Por fin, la Consejería está preparando el camino que va del Instituto a la carretera de Circunvalación. Se han necesitado varios años desde Diciembre de 2015 en que lo solicitamos por primera vez, y posteriormente en varias ocasiones a lo largo de la legislatura, para que el equipo de gobierno tomara conciencia del arreglo.

Además de este camino hay que arreglar urgentemente el camino del CAÑO DE VALDEQUEMAO. No entendemos la obstinación del Alcalde en negarse a la preparación de este camino muy transitado por el vecindario, cuando todo el mundo comprende la necesidad del arreglo.







SOTERRAMIENTO DEL CABLEADO ELÉCTRICO

Desde la ODP consideramos que por parte de las Compañías propietarias se debe proceder al soterramiento del cableado eléctrico que sobrevuela en las calles y avenidas de nuestra localidad.

La modificación de la situación actual en nuestro Municipio, en el que las elevadas exigencias en materia de disciplina urbanística se contradicen con otras cuestiones que se tratan de una forma muy laxa y relajada, sería muy conveniente para lograr no sólo una mayor seguridad, sino también una mejor estética en la localidad. 



SOBRE EL VERTEDERO

Hace unos meses solicitamos en el Pleno información sobre el VERTEDERO con el fin de que se conociera la situación sobre varios asuntos del mismo: la prestación del servicio, las cantidades que anualmente se están cobrando, y en definitiva a sí se cumplen las condiciones del contrato, ya que está próximo su cumplimiento.

Las informaciones recibidas del equipo de gobierno fueron nulas, y como casi siempre con espíritu prepotente. En los próximos meses seguiremos insistiendo en este servicio municipal, y en el dudoso cumplimiento de los puntos del contrato, como la obligación del concesionario de instalar en el municipio una oficina para atención de los usuarios del Servicio, la colaboración en el reciclado y limpieza del municipio, y la realización de campañas de concienciación supervisadas por parte del Ayuntamiento.

MOCIÓN PARA ESTABLECER UNA PLATAFORMA MECÁNICA PARA SUBIR A LA PRIMERA PLANTA DE LA BIBLIOTECA.

Hemos solicitado que se dote a la biblioteca municipal de una plataforma mecánica para el acceso a la primera planta.

 Las estanterías destinadas a los libros y materiales de lectura están situadas en la primera planta. Para algunas personas por diversas circunstancias físicas les resulta difícil acceder a esa planta para elegir sus elementos de estudio o lectura. Por ese motivo, para facilitar el acceso, sería conveniente colocar un elemento mecánico que elimine esas dificultades que pudieran tener algunas personas. Como cabía esperar el PSOE rechazó la propuesta con argumentos vacíos y de escaso recorrido.


viernes, 27 de julio de 2018

ESPACIOINDEPENDIENTE:" El gobierno Sánchez debe responder a las demandas políticas mayoritarias o se verá empujado a la convocatoria de elecciones en las peores condiciones"









   Las demandas sociales y políticas llueven sobre el nuevo gobierno y sobre las Cortes: es el movimiento de la mayoría a la búsqueda de salidas democráticas que supere el continuismo político y constitucional.

   Los partidos de la derecha solo hablan de la necesidad de que se convoquen elecciones cuanto antes, lo que significaría defraudar, una vez más, las demandas sociales y políticas de los trabajadores y pueblos. Unas elecciones generales, bajo la marca indeleble del mantenimiento de todas las medidas de contrarreforma de los gobiernos del PP,  no vendrían sino a favorecer a la derecha y a sus pretensiones. La portavoz del gobierno, por su parte, se mantiene en la ambigüedad: "No se piensa en adelantar elecciones, pero nadie va a resistir más allá de lo razonable”. ¿Ante quién pretende no resistir el gobierno más allá de lo razonable?

   El Gobierno y la mayoría de partidos que votaron la moción de censura contra el partido de las familias franquistas podrían avanzar sobre esas demandas sociales dándoles cauce político a través de la soberanía de las Cortes y de los Parlamentos. Camino que, por lo pronto, se ve bloqueado en primer lugar por las presiones que reciben desde el poder y que vienen a multiplicar las renuncias y vacilaciones de los ministros del PSOE, empezando por el mismo Presidente. Quienes se proponían de inmediato derogar la reforma laboral, acabar con la ley mordaza, poner término a los constantes delitos de corrupción política, sacar al dictador del “Valle de los Caídos” e ilegalizar la Fundación Franco…, se ven ahora paralizados políticamente ante los primeros obstáculos. Y, sobre todo, ante los principales problemas derivados de la crisis de dominación política de la monarquía en sus pretensiones de mantener las exigencias constitucionales superadas por las demandas de la población. Vacilaciones y renuncias que muestran su cobardía, sobre todo ante los más poderosos. Obviando todas aquellas propuestas de reforma política de la Constitución para establecer un marco federal de las que hablaban, y que comprometen directamente a la presidencia de Pedro Sánchez.

    A ello se suma el hecho de que en este mes y medio de nuevo gobierno sometido a las viejas políticas, en las que ha asumido hasta los Presupuestos antisociales diseñados por el PP, hemos visto cómo otras contradicciones políticas fundamentales han pasado a primer plano. Varios partidos que hicieron posible la moción de censura se han unido de nuevo para solicitar que se cree una comisión de investigación en las Cortes acerca de “la corrupción en la monarquía”, motivada por la aparición en los medios de comunicación de los audios de Corinna en los que acusaba directamente a J. Carlos de Borbón de usarla como testaferro de operaciones de corrupción institucional. Solicitud a la que el PSOE se ha negado a sumarse. Cuando se habla de que el gobierno en minoría de Sánchez está maniatado y es rehén de otras políticas hay que poner de relieve que ese atado no viene sino de las instituciones del Estado y de la UE, y que, en particular, es rehén de las políticas continuistas contrarias a la democracia vehiculadas por los medios de comunicación.

Y son esos condicionantes del poder los que tratan de bloquear cualquier iniciativa democrática. Como está sucediendo con las demandas de ruptura de la Generalitat Catalana, que busca hacer efectiva mediante la implantación de la República Catalana; y donde el gobierno se propone hablar de todo menos de lo que toca hablar ahora; que no es otra cosa que del derecho de los pueblos a dirigir sus propios destinos, levantando sus propias instituciones en base al respeto de la voluntad popular. La mayoría que se opuso a la corrupción gubernamental con la moción de censura al gobierno del PP no puede dejar de avanzar sobre todos los asuntos si quiere responder a las demandas mayoritarias en Cataluña y en el resto de los territorios que demandan el derecho a decidir, cómo es el caso de Navarra y Euskadi. La elección de administrador único para RTVE es una prueba de si esa mayoría avanza o retrocede. El gobierno no puede pretender gobernar al margen de las principales exigencias democráticas. El problema político del momento no es que el gobierno del PSOE tenga sólo un grupo de 84 diputados; el problema es que pretenda imponer sus criterios continuistas frente a las demandas de cambio político y social de la inmensa mayoría.

   El director del CNI ha tratado de salir al paso de dichas informaciones públicas sobre la gran corrupción de Estado, ante las que el gobierno y la monarquía callan. Y por  ello, ha solicitado declarar en la Comisión de Secretos Oficiales está misma semana, tratando así de evitar la puesta en marcha de una Comisión de Investigación sobre los negocios de la monarquía. El PSOE no puede bloquear dicha Comisión, muy al contrario debe sumarse a ella y dar pleno sentido y alcance a sus investigaciones.

   Diversas fuerzas sociales y políticas están preparando grandes movilizaciones para el próximo mes de Octubre. Se pretende convocar el 24 y 27 de ese mes, el 24 a nivel local y el 27 a escala general, para lo que se discute un programa representativo de las demandas de la mayoría. Pero ese programa comienza por eludir aquellas decisiones y reivindicaciones políticas democráticas que hacen referencia al ejercicio de la democracia, a la soberanía popular, a la ruptura con las leyes e instituciones que impiden la democracia y el derecho de los pueblos a decidir; demandas políticas centrales que son las que pueden hacer posible un verdadero cambio social. La presión sobre las instituciones, que es lo que se proponen quienes tratan de instrumentalizar las movilizaciones del próximo octubre, no resuelve el problema derivado del hecho de que un entramado de poderes antidemocráticos son los que manejan el país a su antojo, imponiendo sus intereses y privilegios por encima de la voluntad popular.

   El movimiento de huelgas que estamos conociendo entre los taxistas de Barcelona, los trabajadores de Ryanair e Iberia, los repartidores de prensa de Madrid que se mantienen en lucha desde el pasado jueves día 19, los trabajadores de Amazon que tratan de impedir que les quiten de golpe sus condiciones negociadas …, evidencian la vuelta a las asambleas y piquetes organizados desde abajo, expresando la voluntad de los trabajadores de ser dueños de sus propios movimientos. La necesidad de un Plan de Acción Política para la mayoría es una cuestión vital en estos momentos. No es suficiente con que se articule un programa social, si no se ofrece una verdadera salida política. Quienes se proponen "redistribuir la riqueza, conquistar derechos y una vida digna”…, deben ser capaces de decir cómo, con qué instituciones, con qué gobierno es posible conseguir la aplicación de dichas reivindicaciones. Y, sobre todo, si esas demandas son compatibles con los privilegios políticos de las familias franquistas en el poder.


sábado, 21 de julio de 2018

Espacioindependiente. "Los acontecimientos políticos de julio de 1936 "




El 19 de julio de 1936, hace ahora ochenta y dos años, estallaron acontecimientos politicos producto de la lucha de clases que merecen la reflexión. Al alzamiento nacional fascista del 17 y 18 de julio, apoyado internacionalemnte por Hitler, Mussolini y el Vaticano, siguió un movimiento de respuesta organizado desde las filas de los partidos y sindicatos obreros que tomaron forma y contenido revolucionario. Acontecimientos que marcarían por mucho tiempo la situación tanto en España como en Europa.

Cinco años antes de los acontecimientos históricos de julio de 1936, la monarquía de Alfonso XIII había perdido el poder. Y la gota que desbordó el vaso de la crisis política e institucional fue el resultado de las elecciones municipales donde se impusieron las candidaturas republicanas, sobre todo en las grandes ciudades. Se desencadenó un movimiento de proclamación republicana que resultó imparable, obligando al Rey a reunir su botín para marchar al exilio con toda su famila. 


La mayoría social hizo una apuesta por la República para deshacerse de la principal institución sobre la que se organizaba la dominación de la burguesía en España. Monarquía que en su última etapa no pudo separarse de los grandes escándalos de corrupción vinculados a los negocios de la guerra colonial en Marruecos, como tampoco de la represión desencadenada por la Dictadura de Primo de Rivera. 


El hecho de que unas elecciones municipales fueran el detonante de un cambio político tan importante como el que supuso la precipitada caída de la monarquía y la consiguiente proclamación de la República, marcó las ilusiones de todo un periodo en relación con la posibilidad de soluciones meramente electorales para los grandes problemas. Y ello, además, en una nueva situación política general que vino a plantear la necesaria solución de los más graves problemas políticos en toda su magnitud.


A la caída de la monarquía, ocupó el poder un conjunto de fuerzas políticas reagrupadas en el Acuerdo de San Sebastián, en forma de “Comité Revolucionario”, haciéndose cargo del gobierno con algunos ministros que lo fueron del rey, quienes convocaron elecciones a Cortes Constituyentes.

Fue así como llegó el turno a la apertura de un proceso de alcance revolucionario en nuestro país, en el momento y al calor de la gran crisis mundial de 1929, que determinaba un cambio radical de la situación internacional.


Las demandas políticas y sociales de la mayoría se ordenaron en torno a cuestiones fundamentales como la agraria, la de las nacionalidades a disponer de sí mismas, las reivindicaciones democráticas y laicas relativas a la separación Iglesia y Estado, y la cuestión colonial, que venía a poner a prueba la capacidad de los trabajadores y sus organizaciones como clase para realizar su proyecto histórico.


El acceso de Hitler al poder en Alemania a primeros de 1933 fue una señal general de alarma para todos los partidarios de las aspiraciones de la clase trabajadora. Giro internacional a la derecha que en España coincidió con resultados electorales favorables a la CEDA de Gil Robles, quien se hacía llamar caudillo por sus seguidores.


El movimiento de la clase obrera se radicalizó en todas partes para oponerse al fenómeno fascista. Primero en Cataluña y luego en toda España se puso sobre el tapete la necesidad de alcanzar políticas y alianzas de clase, cuyo objetivo inmediato era preparar las mejores condiciones para “la lucha contra el fascismo en todas sus formas y la preparación del movimiento de la clase obrera para el establecimiento de la república socialista federal”, según la terminología de la época. Creando para ello alianzas políticas en forma de Alianzas Obreras, con comités revolucionarios clandestinos y alianzas regionales, sin que se llegara a materializar una alianza estatal como tal.


El objetivo de dicho reagrupamiento no era otro que el de desencadenar la Huelga General, movimiento que se estableció para el 5 de Octubre de 1934. En Madrid la huelga no fue más allá de la paralización de la actividad productiva y comercial sin llegar a tomar formas insurreccionales. Asturias y Cataluña fueron la excepción. El presidente Companys apoyado en el movimiento de huelga proclamó un Estado Catalán dentro de la República Federal Española, movimiento que fue aplastado por la intervención militar que acabó también con la autonomía catalana. El conflicto de Octubre 1934 se concentró sobre Asturias, donde los mineros y metálurgicos constituían el sector obrero más concentrado y organizado, el corazón mismo de toda la clase obrera. La Huelga General se desarrolló con métodos de insurrección y toma del poder, la conocida como Comuna Asturiana. Situación que, ante el aislamiento, sólo llegó hasta el 18 de octubre, cuando el ejército y la represión policial aplastó a los revolucionarios.


La experiencia política de octubre de 1934 vino a jugar un papel decisivo a la hora de la acumulación de fuerzas de los partidos y sindicatos para preparar las luchas siguientes. Octubristas o anti octubristas, esa fue la división que siguió a los acontecimientos revolucionarios de Octubre de 1934. División que se prolongó durante mucho tiempo sin que a día de hoy podamos decir que el fondo de la cuestión haya sido resuelto.


Por ello, ante los acontecimientos de julio de 1936, la experiencia política de Octubre tuvo un peso determinante. La rebelión civico militar preparada desde el exilio de Alfonso XIII en Roma, con el respaldo financiero y militar  de las potencias fascistas, tuvo un largo proceso de conformación.


El golpe militar comenzó en Marruecos el mismo 17 de julio ante la parálisis de las autoridades. La primera decisión del gobierno Azaña fue la de oponerse a las exigencias de los sindicatos y de Largo Caballero quien demandaba que se procediera sin más pèrdida de tiempo a “que se armara a los sindicatos como garantía frente al movimiento contrarrevolucionario”.


El Ejército, la policía, y la misma Guardia Civil se dividen de arriba abajo como consecuencia de los acontecimientos de julio. De una parte, los que traicionaron su mandato republicano apoyando a los fascistas sublevados. De otra, los que permanecieron fieles al gobierno de la República que quedó en las grandes capitales suspendido en el vacío. Y por otro lado, los que se unieron al movimiento revolucionario del 19 de julio, movimiento que se nutrió políticamente de la experiencia acumulada por  los octubristas del 34. Algo similar sucedió también entre los sindicatos y partidos y, por extensión, en toda la sociedad.


El alcance de las formas de poder revolucionario, que duró algún tiempo, varió según los territorios, pero en la mayoría de las grandes ciudades fue ese movimiento el que desarmó el golpe fascista, creando una situación de doble poder entre las autoridades republicanas y los comités de poder que incluso nacionalizaron sectores enteros de la producción y distribución bajo las condiciones de la economía de guerra.


Las Juntas revolucionarias fueron el resultado del movimiento del 19 de julio, y sus experiencias deben inscribirse en continuidad con la Comuna Asturiana en los momentos claves de la lucha de los trabajadores y sus aliados por el poder político.


El alzamiento fascista del 17 y 18 de julio tuvo su contrapunto en el movimiento revolucionario del 19 de julio, fecha que en muchos casos ha quedado en el olvido político por el predominio general los intereses partidistas cortoplacistas de unos y otros.


El alzamiento y la guerra que le dió el poder a Franco, impensable sin los apoyos internacionales que obtuvo, respondió no solo a los intereses de los sectores más reaccionarios y oscurantistas de la sociedad, sino y directamente a los intereses del capital y de las grandes potencias de la época. La causa obrera del 19 de julio de 1936, continuidad de la revolución asturiana de octubre del 34, no encontró expresión organizada suficiente capaz de llevarla a la victoria. Fueron muchas las fuerzas que desde fuera y desde dentro pusieron todo su empeño en frustrarla. Pero el esfuerzo abnegado y heroico de tantos militantes, no solo para parar el golpe fascista, sino por llevar a cabo una verdadera revolución política y social, continúa siendo el mejor referente de nuestra Memoria Democrática, así como un acervo de experiencias para el presente y futuro de los intereses de la clase trabajadora.






domingo, 24 de junio de 2018

ESPACIO INDEPENDIENTE: "La impunidad vuelve al centro de la crisis política e institucional" ¡Romped con los compromisos del consenso constitucional!

Los desarrollos de la crisis política y de dominación del régimen de la monarquía se combinan al más alto nivel, de forma que asuntos que parecían olvidados vuelven a la actualidad, a primer plano de la actualidad. Y ese es el caso de la impunidad de los crímenes del franquismo. El gobierno Rajoy se jactaba de haber dejado aparcado durante casi siete años la cuestión de las víctimas del franquismo y de la memoria democrática y republicana, como uno de sus logros, por aquello de que era innecesario “abrir nuevas heridas”.

La realidad es que las demandas democráticas para dar solución a los problemas históricos no resueltos, resultan de plena actualidad. Tal y como sucede con la cuestión nacional, con la retirada de los restos del dictador del Valle de los Caídos, o con poner término a los privilegios de la Fundación Franco. Cuestiones que, combinadas con otras muchas, han contribuido a minar tanto al PP como a su gobierno, alumbrando una nueva situación política donde la lucha contra la impunidad de Estado vuelve al centro de la crisis del régimen.

El 29 de junio de 2017 “El Parlament” de Cataluña aprobó por unanimidad declarar “ilegales” los tribunales derivados de la jurisdicción franquista que actuaron en Cataluña entre 1938 y 1978, declarando “nulas de pleno derecho” todas sus sentencias y resoluciones por “causas políticas”. Todos los partidos políticos, incluidos los más ligados a la impunidad de los crímenes franquistas, como el PP, votaron a favor de la proposición de ley de reparación jurídica de las víctimas. La ley “declara ilegales los tribunales de la Auditoría de Guerra del Ejército de Ocupación, llamada posteriormente Auditoría de la IV Región Militar, que actuaron en Cataluña a partir de abril de 1938 hasta diciembre de 1978, por ser contrarios a la ley y vulnerar las más elementales exigencias del derecho a un juicio justo”…/…”Y, en consecuencia se deduce la nulidad de pleno derecho, originaria o sobrevenida, de todas las sentencias y resoluciones de las causas  instruidas  y de los consejos de guerra, dictadas por causas políticas en Cataluña por el régimen franquista”.

La diputada Montserrat Palau, relatora de la ley, explicó en su intervención -en presencia de representantes de las asociaciones de víctimas y de la Memoria y de las familias de las personas procesadas y condenadas en un total de 63.961 procesos- que la Transición “escondió la memoria republicana” y que ahora se trata de alcanzar “la verdad, la justicia, la reparación y no repetición de los crímenes del franquismo”.

No solo se escondió la memoria republicana, sino la memoria democrática en general, y la sindical y política de los trabajadores en primer lugar. El alcance jurídico de la ley aprobada en los pasos previos al referéndum del 1º de Octubre de 2017 choca de frente con la legislación estatal de plena impunidad, contraria a los derechos de las víctimas y de la memoria democrática.

El diputado del PSC, Ferrán Pedret, señaló que la ley aprobada supone un “acto de justicia y reparación”, sin que de ninguna manera se puedan considerar legítimos esos tribunales, poniendo el dedo en la yaga de las heridas que su partido no ha querido sanar, con la vigencia de la contradictoria e ineficaz ley de la memoria de Zapatero, que declaraba ilegítimo pero legal el franquismo y sus acciones criminales.

La ley catalana del pasado mes de junio 2017 rompía esta contradicción por vez primera declarando ilegales y nulos de pleno derecho los crímenes del franquismo.

Mientras esto sucedía en Cataluña, abriendo una brecha en el muro de la impunidad del régimen de la monarquía, en las Cortes de Madrid el PP concedía a Martín Villa medalla que valora su trayectoria política; cuando es uno de los exministros procesados por crímenes de lesa humanidad por el juzgado de Buenos Aires (Argentina), que tramita las querellas presentadas por víctimas españolas ante la situación de indefensión que encontraron durante décadas en España.

 Con posterioridad a la aprobación de esta ley de alcance catalán, en el mes de mayo el PSOE acudió al Congreso con una Proposición No de Ley para que se anulen las sentencias del franquismo, cuando hasta ahora se había negado a ello de forma sistemática y reiterada, y en particular en oposición a la reciente propuesta de Unidos-Podemos.

Ciudadanos y el PP no tardaron en acusar al PSOE de de querer “dinamitar el consenso que supone la Ley de la Memoria Histórica de Zapatero”. Ahora, los nuevos dirigentes del PSOE hablan de querer corregir uno de sus muchos y graves errores políticos históricos y de “dar un paso más a la Ley de la Memoria Histórica”, reconociendo que “la declaración de ilegitimidad no ha sido suficiente para cerrar la herida humana y social de la represión franquista”. ¡Como si intentar legalizar el crimen fuese solución para las víctimas o para la democracia!

La PNL del PSOE, sin efecto jurídico alguno, fue aprobada definitivamente por 168 votos a favor, 141 en contra y 32 abstenciones. Ahora se trata de que el nuevo gobierno tome en consideración el contenido de la PNL aprobada y la lleve a Cortes, en forma de propuesta de ley, y la convierta en ley con todos los efectos jurídicos. Lo cual exige rectificaciones de fondo.

Con posterioridad, la actualidad política se nutre de las propuestas en el campo de la Memoria relativas a sacar a Franco del Valle de los Caídos y acabar con los privilegios de la Fundación que lleva el nombre del dictador asesino; así como de quitar la medalla policial al torturador González Pacheco… La pregunta clave se basa en la experiencia política acumulada: ¿Qué trampa encierra tantas referencias a una nueva Ley de la Memoria?

El modelo de impunidad del régimen de la monarquía no es solo ilegítimo, es también ilegal a la luz del derecho internacional establecido a partir de Núremberg. Quienes de una u otra forma tratan de prolongar el régimen de la monarquía, quisieran hacerlo pasar, una vez más, por un sistema democrático y de derecho. ¿Los interesados en “revitalizar” la ley de la Memoria de Zapatero, acaso tratan sostener la impunidad o por el contrario proponen acabar con ella?

Las organizaciones de víctimas y de la Memoria democrática deben estar muy atentas ante esta nueva situación, analizando a fondo todos los elementos; tomando acuerdos e iniciativas que hagan valer sus derechos y aspiraciones democráticas ante las Cortes y los Parlamentos nacionales en los próximos meses.

La trampa, o una de las trampas que encierra la articulación de estas nuevas leyes, es en lo fundamental que no resuelven en positivo las demandas de verdad, justicia y reparación de los millones de víctimas, en tanto que no solucionan su situación de indefensión. La mayoría de víctimas y de verdugos ya fallecidos impide la justicia tal y como está formulada.

Situación extraordinaria la de la impunidad española para la que hay que instruir medidas excepcionales, ya que en consecuencia lo que se propone no haría sino prolongar la impunidad de los crímenes franquistas. El tiempo transcurrido desde la guerra y la dictadura, la friolera de 81 años, hace imposible que con esas medidas que contienen las leyes que se proponen se puedan reparar con justicia los daños de todo tipo causados a la inmensa mayoría de las víctimas y a sus familiares.

 Superar esta situación exige una Ley de Víctimas que condene el franquismo como régimen criminal, que condene a los responsables de la impunidad pactada como delito; impunidad contenida en la Ley de Amnistía y de la Memoria, como leyes de punto final, rompiendo con los compromisos constitucionales.  Haciendo, en consecuencia, responsable subsidiario al Estado de los crímenes cometidos desde el 17 de julio de 1936. Sólo así se logrará justicia, y la Memoria democrática tendrá pleno sentido.

viernes, 8 de junio de 2018

ESPACIO INDEPENDIENTE: "Del gesto al hecho". Cambio de gobierno con trasfondo de crisis de Estado

Desde el año 2011, y durante más de seis años, se mantuvo en la Moncloa un gobierno corrupto y minoritario que salvó a los bancos de la quiebra, rearmando los negocios especulativos a costa de los salarios y de las pensiones, liquidando derechos y conquistas sociales. Endeudó las cuentas públicas e impuso la austeridad para los gastos sociales.

Rajoy y sus ministros, los “novios de la muerte”, solo pudieron mantenerse en el gobierno tanto tiempo, contra la movilización mayoritaria, porque fueron sostenidos por los dirigentes sindicales y políticos, por los “pactos de Estado” en forma de pactos sociales de austeridad y de los mismos consensos constitucionales contra las demandas de cambio político y del libre ejercicio del derecho a decidir de los pueblos.

El pronunciamiento democrático del pueblo de Cataluña del 1º de Octubre de 2017 tuvo como contenido expreso de la mayoría consultada la ruptura con el pacto constitucional sobre el que se sostiene el régimen clientelar del 78. Abrió una crisis de Estado que cuestiona las principales leyes e instituciones; una situación que se ha contenido solo con la represión y la disolución de la misma autonomía con el art. 155, pero que se agrava cada día a falta de solución democrática.

Esta situación política e institucional fue calificada por uno de los hombres de Estado del periodismo, cómplice del régimen, Juan Luis Cebrián, como “el naufragio del Estado”. Establecía las relaciones recíprocas entre crisis de Estado y crisis de gobierno. Las cosas se pusieron tan mal para la gobernabilidad, que la mayoría de los medios de comunicación clamaban otra vez “por un pacto nacional para preservar la economía y gestionar el desafío secesionista”. Daban a entender que no era suficiente con el pacto constitucional vigente desde 1978. A renglón seguido, todos se ponían de acuerdo en que se debían convocar elecciones generales inmediatas que pudieran efectuar el relevo del agotado Rajoy por el acunado Rivera.

Mientras tanto, las reivindicaciones de la mujer, de los jubilados y pensionistas, de los trabajadores, y de tantos otros sectores sociales eran apartadas de las cuentas de los presupuestos, mientras que en las direcciones de los partidos se seguía con atención la consulta del chalé de Pablo e Irene.

La primera sentencia del caso Gürtel vino entonces a jugar el efecto de la gota que desborda el vaso del estancamiento oficial, cuestionando de lleno la credibilidad y el testimonio del presidente del gobierno. A cuenta de la corrupción, tan extendida en todos los partidos y sindicatos, se entendió en la dirección del PSOE que era la hora de sacar a Rajoy de la Moncloa, quizá para salvar todo lo demás.

Apreciando que no se podía mantener por más tiempo los apoyos establecidos a un gobierno sin autoridad política y moral. El diario  El País, en su papel de principal grupo de presión mediático, se oponía a la decisión de P. Sánchez y los suyos de sacar a Rajoy de la Moncloa: “Dada la situación  y la correlación de fuerzas  en el Parlamento, ir a las urnas asoma como la única opción para logar una alternativa de Gobierno estable y coherente que tome el timón y rescate a España de la grave crisis producida por la sentencia del caso Gürtel y el desafío secesionista”…/…”Cualquier acuerdo ha de pasar por elecciones anticipadas que ponga fin a una legislatura que, en la actual situación, sería agónica toda vez que Ciudadanos ha retirado su apoyo al Ejecutivo”.

 El PSOE, que era el verdadero sostén del gobierno del PP, manteniendo sus políticas de ajuste y deuda y de aplicación del 155, se transformó inesperadamente en piqueta de la demolición de Rajoy y su gobierno, sin salir del lodazal de la corrupción institucional. El voto de censura contra Rajoy entregó el gobierno a Pedro Sánchez, sin que los que le dieron la mayoría pudieran discutir de los contenidos de sus propuestas políticas.

Ahora todo está por ver. El nuevo presidente Sánchez, el tercer socialista que forma gobierno de la Monarquía desde el pacto constitucional de 1978, venía a declarar que “defendería la Constitución, la soberanía nacional y la integridad territorial”. Tanto el nuevo presidente, como sus ministros han jurado sus cargos sin símbolos religiosos, ante la Constitución y con lealtad al Rey.

Con el cambio de gobierno no se resuelve ninguno de los principales problemas políticos e institucionales que se arrastran desde hace muchos años, y que hacen referencia al mantenimiento de la “unidad nacional” en torno a la Corona, con el consiguiente sometimiento al dictado de la Troika y a la OTAN. La huida de Rajoy, tanto del Congreso como del PP, una vez que es echado de la presidencia por la mayoría en Cortes, viene a crear una situación extraordinaria, que deja desarbolado el partido de las familias franquistas.

El régimen del 78 se quiebra por el que hasta entonces aparentaba ser su punto fuerte. Y su supuesto relevo naranja, Ciudadanos, pensado y amasado por las cumbres bancarias y mediáticas, desaparece del primer plano de la escena política como alma que se lleva el diablo.

 El nuevo gobierno, tan feminista y moderno como se presenta en apariencia, con gestos “progres” pero solo con gestos, no se presenta como el órgano ejecutivo de una mayoría parlamentaria, sino como el arbitro de dos campos en lucha. Tendiendo a elevarse por encima de la realidad como instrumento del orden y la ley, trata una vez más, como ya sucedió con Felipe González y con Zapatero, de volver a aplicar las mismos programas e ideas ya agotadas en circunstancias diferentes.

La embajadora de Estados Unidos exige el inmediato aumento del gasto militar hasta el 2% del PIB, y demanda más soldados españoles para reforzar el frente de Letonia que amenaza las fronteras de Rusia. La UE no deja de hablar de un nuevo plan de ajuste de la economía española, que entra en contradicción con los mismos presupuestos que pasan por el Senado.

El senador de los convergentes catalanes ha declarado, en torno al pacto presupuestario, que el nuevo gobierno pretende mantener que “Unos cobran por estar en España y otros hemos de pagar por estar en España”; agregando que “la financiación del País Vasco es del 211% de la de Cataluña”.

Mantener los presupuestos es profundizar en la desigualdad y en la miseria social. Por ello, ante el nombramiento como ministra de economía de Nadia Calviño, hasta ahora directora general del Presupuesto del Ejecutivo de Bruselas, ha sido recogido con inmensa alegría por la Comisión Europea. “Estamos al corriente de la información. Son buenas noticias para España y para la Unión Europea” …/… “Esto prueba la experiencia y el talento de los altos cargos de la Comisión”.

Como se ve, la OTAN y la UE ya le están dictando el programa al nuevo gobierno, que no es otro que el de la austeridad y la guerra. Las próximas movilizaciones de los jubilados y pensionistas, de los trabajadores de los teatros, de las jornaleras de la fresa contra la esclavitud, de los mismos sindicatos que exigen que se desbloquee la negoción colectiva…, pondrán sobre el terreno las principales demandas obreras y populares que aspiran a que las Cortes y los Parlamentos, rompiendo al pacto constitucional, las conviertan en ley

domingo, 3 de junio de 2018

NOTA DE PRENSA ODP, PLENO VILLAFRANCA DE LOS BARROS


 
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En el último pleno celebrado por este Ayuntamiento, EL JUEVES 31 de Mayo, desde la ORGANIZACIÓN EN DEFENSA DE LO PÚBLICO (ODP) presentamos tres mociones como venimos haciendo habitualmente desde que comenzó la legislatura, serán concretamente setenta y cinco (75) las mociones que hemos presentado a lo largo de la misma.

En esta ocasión tratamos varios asuntos importantes que afectan a la ciudadanía de nuestra localidad. Una de ellas se centraba en el “rebusco”. Como todo el mundo sabe, el gobierno de Fernández Vara puso en funcionamiento el famoso “decreto de trazabilidad de la uva y la aceituna”. Esta normativa que lleva en vigor dos años tiene como objetivo acabar con el rebusco, criminalizándolo e identificándolo con el robo. En el propio articulado de este decreto se hace referencia a que sería evaluado a los dos años de existencia, concretamente en el año 2018, lo que ahora toca. Desde nuestro grupo político planteamos la eliminación del decreto y la recuperación del Rebusco; consideramos que nuestra Comunidad no puede tirar a la basura estos recursos que suponen muchos miles de euros y que permiten a ciertos sectores sociales obtener unos ingresos en ciertos períodos de tiempo que compensan en alguna medida sus dificultades, dado el paro y la precariedad existente. Cómo suele ser habitual el portavoz del PSOE presentó al Alcalde y al PSOE como defensores del rebusco cuando todos sabemos que el Alcalde no ha movido un dedo por este asunto, y el Decreto actualmente en vigor fue aprobado en la Asamblea de Extremadura a propuesta del gobierno socialista. Como es de suponer el voto fue negativo. 

En otra moción, propusimos la dotación de un Fondo de Garantía Familiar con los remanentes municipales autorizados por el gobierno de la nación. Con este Fondo Municipal se pueden hacer frente a ciertas necesidades o ciertas dificultades puntuales que sufran algunos sectores sociales de la población que no son cubiertas ni por la Renta Básica, ni por las ayudas de Cáritas, Cruz Roja, ni por el Decreto de Mínimos Vitales. Estos fondos permitirían apoyar a las familias para la adquisición de libros de textos en las primeras etapas de infantil, o para apoyar a jóvenes que tengan dificultades económicas para proseguir sus estudios universitarios o formativos fuera de nuestra localidad ú otras circunstancias negativas imprevistas. Por lo demás, toda la estrategia del grupo socialista se basó en lo que han utilizado y repetido hasta la saciedad en muchas ocasiones que es buscar justificaciones para decir NO y rechazar la moción.

Por último, la moción destinada a la colocación de una plataforma mecánica en la Biblioteca que permita a las personas con dificultades físicas acceder a la primera planta, se rechazó con el argumento tan pueril del portavoz socialista “como que sólo unas pocas personas necesitan subir a la primera planta para buscar libros y en todo caso, esa operación lo hacen técnicos municipales”. En estos casos, no se trata de una, dos o varias personas, todas las normativas exigen la adaptación de los espacios públicos a las personas con movilidad reducida.

En el capítulo de ruegos, volvimos a insistir al equipo de gobierno para que muestren sensibilidad social y lleven a cabo la preparación de los caminos que salen de la localidad y comunican con la carretera de circunvalación; el que sale del Instituto está de pena, cada día más intransitable, esperemos que su proyectado arreglo se realice en la mayor brevedad posible. Algo parecido le ocurre al camino del Caño de Valdequemao. Las últimas lluvias han empeorado su estado físico, dificultando el tránsito a las muchas personas que lo utilizan, y perjudicando a quienes viven en sus inmediaciones, por lo que es imprescindible que se lleve a cabo de manera inmediata su arreglo, y se le dote de luz. 

En el mencionado Pleno nos interesamos por las gestiones realizadas por el equipo de gobierno para compensar al vecindario de los últimos problemas surgidos con la interrupción del suministro de agua para consumo potable a la localidad. Es de lógica que en la factura del agua haya una reducción económica al vecindario. 

Así mismo, hicimos constar que cuando se realicen invitaciones a las Asociaciones de la Localidad, como en el caso concreto de la inauguración del Parque de la Igualdad, se invite a todas las Asociaciones y no a unas ú otras según las preferencias del equipo de gobierno. También, pedimos información del presupuesto gastado en la realización del mencionado evento.