domingo, 13 de enero de 2019

ODP SOBRE EL SALARIO MÍNIMO INTERPROFESIONAL Y LAS DECLARACIONES DE CREEX Y APAG






13 ENERO DE 2019

Desde la ODP consideramos positiva para la población trabajadora y para el conjunto de la sociedad extremeña la subida del SALARIO MÍNIMO INTERPROFESIONAL (SMI).


Las declaraciones realizadas por los dirigentes de la CREEX, patronal extremeña, y de algunas Organizaciones Agrarias, representativas de los grandes agricultores de Tierra de Barros, en las que manifiestan que esta elevación es negativa para la creación de empleo y que no beneficia a la sociedad extremeña responden a unos intereses egoístas y clasistas de estas corporaciones patronales. 


A los representantes de las clases empresariales extremeñas no les gusta el incremento en el SMI ya que lo aprobado por el gobierno central les altera los beneficios empresariales, que así y todo no sufrirán cambios destacables, y los esquemas mentales puesto que su posición preponderante en el estado actual de la lucha de clases les permitía establecer de manera muy satisfactoria a sus intereses las relaciones laborales con la población trabajadora basadas sobre todo en el pago de salarios precarios.


Sin duda, el nuevo SMI obligará a que en todos los sectores productivos suban los emolumentos que se pagan a los trabajadores y trabajadoras desde el 1 de enero adaptándolos al SMI. 


En el caso concreto de la agricultura, el convenio agrícola deberá negociarse de manera inmediata además de que los jornales de los trabajadores del campo fijos y eventuales que en la mayoría de las categorías están por debajo del SMI deberán modificarse y adaptarlos de manera inmediata, desde ya mismo, al incremento producido.


En cuadro adjunto hacemos propuesta sobre salarios para convenio agrícola que se han estado discutiendo en asambleas de trabajadores y trabajadoras en la zona de Tierra de Barros.


Los representantes de la CREEX y de los grandes agricultores de Tierra de Barros nos quieren hacer creer que sus intereses particulares son los intereses de toda la sociedad, y nos mienten conscientemente justificando su oposición a esta subida con la idea de que se producirá una disminución en la creación de empleo; ni qué decir tiene que la contribución al empleo social que ellos realizan no es muy de destacable. 


Sus afirmaciones recurren a los tópicos sin base científica, amparadas en una ideología anclada en la preponderancia y dominación de unas clases sociales sobre otras. 


En nuestra tierra extremeña por más que pasen los años sigue arraigada en ciertos grupos sociales esa profunda memoria aristocrática que considera que a los de “escalas sociales” más bajas se les puede satisfacer como a la antigua usanza con un trozo de pan, tocino y morcilla.


Los presupuestos regionales para el año 2019 destinan partidas para financiar las actividades agrícolas, destacando sobre todas ellas las procedentes de fondos comunitarios, en concreto casi 600 millones de euros de la PAC. Pues bien, aún no hemos escuchado a los representantes de las organizaciones agrarias que la sociedad extremeña obtendría mayores beneficios sociales si se procediera a un reparto más equitativo de esta partida. La distribución actual de estos fondos comunitarios beneficia muy específicamente a los grandes productores agrícolas. 


Toda esta gente sabe que la distribución de los fondos de la PAC, tienen como objetivo acelerar la modernización y la concentración de la tierra en manos de las grandes empresas agrícolas y expulsar de sus tierras a los pequeños agricultores.


Las declaraciones de los representantes de la patronal agraria dan a entender de manera implícita su futuro posicionamiento en la negociación del convenio colectivo del campo. 


El presidente de la Junta de Extremadura, Fernández Vara, está muy equivocado si considera que con destinar partidas de 500.000 euros para financiar a las Organizaciones Agrarias o con cientos de miles de euros a los patronos de la CREEX va a garantizarse el apoyo político a la vez que frena las presiones y comportamientos críticos para con su gobierno. 


Los dirigentes políticos regionales del PSOE aún no han tomado nota de que ya cedieron a las presiones de los agricultores y se cargaron el rebusco perjudicando a miles de familias que encontraban en esta actividad un aliciente económico para aliviar sus escaseces y dificultades económicas. 


Próximamente aumentarán las presiones políticas desde estos sectores empresariales para que se lleve a efectos el regadío en Tierra de Barros, cuando se conoce con suficientes informes técnicos y financieros que dichos regadíos son una misión casi imposible por motivos derivados de las carencias de agua y el coste económico para superar las alturas naturales que impone el terreno, y además según lo que conocemos, la distribución de estos cultivos beneficiarán a un número muy pequeño de grandes agricultores a costa de del dinero público, que una vez más servirá para provecho de una minoría privilegiada situada en el escalafón superior de la sociedad.



A continuación, desde la ODP queremos hacer una propuesta para los salarios del futuro convenio agrícola que se deberá negociarse de manera inmediata:

Categorías profesionales
Trabajadores fijos
Año 2018
Año 2019
Titulado Grado superior
1.337,35 euros
1.500 euros
Titulado Grado Medio
1.204,34 euros
1.400 euros
Encargado General
1.110,87euros
1.300 euros
Jefe Administración
817,80 euros
1.017 euros
Encargado, capataz, mayoral
741,05 euros
1.041 euros
Administrativo
736,06 euros
1.041 euros
Manijero
736,06 euros
1.041 euros
Aux. Administrativo
724,10 euros
1024 euros
Tractorista-Maquinista
726,01 euros
1026 euros
Esp, Agríc,- Ganadero
724,89 euros
1024 euros
Guarda.Part. de campo y caza
724,89 euros
1024 euros
Casero
722,23 euros
1022 euros
Guarda de Finca
722,23 euros
1022 euros
Peón agrícola
713,86 euros
1013 euros



TRABAJADORES EVENTUALES
Año 2018
Año 2019
Resto de Faenas
38,57 euros
50 euros
Recolección Espárragos
38,81
50
Poda, Viña y arropado
39,38
52
Vendimia
42,53
65
Uva de mesa
42,53
65
Olivo de Molino
39,38
52
Olivo
39,78
53



sábado, 5 de enero de 2019

Espacioindependiente: UN RÉGIMEN INCAPAZ DE RESOLVER LOS PROLEMAS POLÍTICOS Y SOCIALES

Espacioindependiente nº 288, jueves 3 de enero, 2019 https://elespacioindependiente.wordpress.com/:f:info.espacio.independiente

Un régimen incapaz de resolver los problemas

La polarización política se extrema entre la preservación del régimen y las demandas de soberanismo
 2018 ha sido un año puente entre gobiernos diferentes: entre el gobierno de las familias franquistas y el gobierno del PSOE, apoyado por aquellos partidos que actuaron como oposición al anterior. Y, sin embargo, esto no ha conducido a soluciones demandas por la mayoría social. Asistimos a un cúmulo de versiones de unas mismas políticas, en su mayoría dictadas desde los organismos internacionales que imponen los intereses del capital. 2019 hereda, por tanto, la acumulación de problemas sociales, de toda una serie de elementos contradictorios políticos e institucionales no resueltos, muchos de ellos agravados por la parálisis de todo un mundo de instancias oficiales impuestas contra la voluntad de la mayoría.
El mundo de la Corte de la Monarquía, clientelar y corrupto, parece en estos días que ha menguado sensiblemente en sus expresiones y ha quedado reducido, después de las elecciones andaluzas, a sus esencias más franquistas, con una mayoría de las diferentes expresiones de la derecha. Las medidas policiales y judiciales, y las formas políticas de los partidos de las derechas, parecen querer volver al túnel de los tiempos, confundiendo los resultados electorales con los políticos, en una relación de fuerzas que no les son favorables.
Rajoy y sus ministros parecen olvidados, pero sus políticas y Presupuestos son, sin embargo, de plena actualidad. Porque sus cuentas, que son las del Estado, las hacen suyas fuerzas políticas que hablan de acabar con ellas, pero toman medidas de prolongación de las mismas políticas antisociales y antidemocráticas.
El gobierno de Sánchez prometía desde las Cortes que antes de las vacaciones de verano sacaría a Franco del Valle de los Caídos, más tarde se comprometió solemnemente a que lo haría antes de fin de año, para luego afirmar que en ningún caso podría ir a parar a la Almudena. Todo ello acompañado de otras medidas de ampliación de la Memoria Histórica -que nunca acaban de definirse- a fin de hacer compatible la impunidad y la legalidad del régimen basado en la gerencia franquista. Ni una, ni otra…
La noticia al respecto en los primeros días del año es que el prior del “Valle de los Caídos” se opone con todas sus fuerzas a la petición del gobierno de proceder a exhumar los restos del dictador, y en consecuencia deniega la petición de acceso al Gobierno. El prior, el benedictino Santiago Cantera, conocido por haber sido candidato electoral a las elecciones europeas de un partido falangista, basa su negativa a la petición de exhumación en su apoyo incondicional a la postura obstruccionista de la familia del dictador. Y se sostiene, de forma evidente, en la misma disposición del Tribunal Supremo, que recientemente avisaba en su auto al respecto de que atendería en su momento las demandas opuestas de los familiares de Franco.
Con lo de Franco, Cataluña y los Presupuestos…, la credibilidad del gobierno hace aguas por todas partes, y todo el mundo comprende que de nada vale dar palos de ciego administrativos ante una cuestión política de primara magnitud; cuestión que se resume en romper o no con la herencia y legado de las imposiciones franquistas, con las exigencias continuistas que están enquistadas en las instituciones de poder de nuestro país.
Ahora, el Gobierno se dirigirá a la Iglesia española y al mismo Vaticano, buscando un acuerdo amistoso para que el arzobispo de Madrid y la Conferencia Episcopal desautoricen al prior y, de no conseguirlo, acudir a las máximas autoridades del Estado Vaticano. Algo que ya intentó hace meses sin mucho éxito. Camino lento y tortuoso, que es el que le marcan los Acuerdos que establecen la íntima relación política y de financiación del Estado español con respecto al Estado Vaticano. Idas y venidas administrativas, que ponen de relieve el inmenso poder que ostenta la Iglesia en el régimen de la Monarquía a la hora de tomar decisiones políticas importantes, lo que puede ser, una vez más, el desarrollo del mismo cuento de nunca acabar. Existe, sin embargo, otra vía: la de la democracia y la justicia, la de la ruptura con el franquismo como régimen criminal, que debe empezar por la condena del franquismo y su herencia política por las Cortes Generales. Esto puede realizarse de inmediato mediante una Ley de víctimas del franquismo, que acabe con todo honor de Estado para los restos del dictador, y reconozca a las víctimas de la guerra, de la dictadura y del régimen impuesto por la Transición. Pero el Gobierno se resiste a avanzar en la vía de la democracia, que es la de la ruptura con la Monarquía franquista.
El principal problema político que 2019 hereda de la incapacidad de los partidos, y del mantenimiento a toda costa del marco legal e institucional impuesto en la Constitución del 78, para establecer un acuerdo político democrático, es el relativo al libre ejercicio del derecho a decidir de los pueblos, a decidir su gobernanza democrática. Asistimos, por ello, a dos movimientos contradictorios: De una parte, existe una pulsión amplia de tipo democratizador, muy diverso y plural, que arraiga sobre todo allí donde existe una tradición de demanda de autogobierno. Y de otra, una reacción de tipo españolista en torno a las señas de identidad del franquismo, sus banderas y mitos. Movimientos políticos que en su enfrentamiento han hecho saltar por los aires el sistema político organizado sobre la alternancia del PSOE y del PP, abriendo el campo electoral a expresiones políticas tanto por la izquierda como por la derecha.
Esta polarización política y social, que es el fenómeno que hay que destacar por encima de todos los demás, representa la suma de todas las contradicciones. De un lado, el soberanismo -en sus múltiples expresiones- que reclaman la República y la asamblea constituyente soberana como centro del poder; y de otro, la que se reorganiza sobre el continuismo del régimen, que vuelve a lo peor de sus esencias, y que se planta en los poderes de hecho de la Monarquía y su corte de partidos y sindicatos clientelares, faltos de credibilidad y de legitimidad.
La convocatoria de una jornada electoral múltiple para el próximo mes de mayo de 2019 contiene todos los elementos combinados de la crisis política del régimen. El hecho de que el sistema político impuesto sea incapaz de resolver los principales problemas sociales y políticos nos lleva a un agravamiento permanente de la crisis política e institucional. Y todo parece indicar que los juicios previstos contra los líderes del proceso catalán, tanto por el Tribunal Supremo como por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, y sus posibles sentencias condenatorias, no pueden sino desembocar también en la convocatoria de elecciones anticipadas.
Por todo ello, 2019 se presenta como un año clave en lo político, que puede comenzar a deshacer la madeja de la crisis, donde los que quieren mantener y agravar la forma de dominación carecen de legitimidad para hacerlo; y los que quieren avanzar en el proceso constituyente necesitan reagruparse sobre una misma estrategia, y acabar de formular las propuestas políticas y sociales necesarias para que los trabajadores y los pueblos puedan decidir libremente.
Este equilibrio de fuerzas, que se condensó en 2018, tiende a desatarse en cualquier acontecimiento donde se combinará lo político y lo electoral. Todo depende del grado de centralización que consiga la movilización democrática y soberanista en ruptura con el régimen.

jueves, 27 de diciembre de 2018

Espacioindependiente: LA GUERRA DE LOS BARONES CONTRA LA SOBERANÍA POPULAR

Espacioindependiente nº 287, jueves 27 de diciembre, 2018 http://elespacioindependiente.wordpress.com/:f:info.espacio.independiente

La guerra de los barones contra la soberanía popular

Nada de lo que constituye el centro de los intereses de los trabajadores y de los pueblos de España ha sido mentado en el mensaje de Navidad del Borbón. Ni una palabra acerca de que se deben parar los desahucios y acabar con la precariedad, ni una palabra de que se frenen las políticas de represión contra los dirigentes de proceso democrático catalán que aún están sometidos, después de tanto tiempo, a la cárcel preventiva…
La España del mensaje de Navidad de la Zarzuela, es la del bloqueo de las principales leyes aprobadas por la mayoría que echó a Rajoy del Gobierno y que, sin embargo, mantiene las mismas políticas que la población ha rechazado de las mil formas posibles… El sometimiento de Cataluña, los Presupuestos de miseria y la coalición de derechas en Andalucía son los principales referentes que se combinan y precipitan elevando la crisis política e institucional. Y el Jefe del Estado, rodeado de los privilegios que ha heredado de la estirpe franquista, oculta por sus propios intereses los rasgos fundamentales de las políticas y de las instituciones que impiden la democracia: prohibiendo que los pueblos sean dueños de su gobierno y de sus destinos. ¿Trata por eso reducir la crisis de dominación a un mero problema de convivencia?
En las primarias del PSOE de 2017, Susana Díaz afirmaba: ”Si el PSOE no remonta electoralmente, me marcharé. Lo haré sin hacer ruido sin fracturar el partido”. Ella, que había sido puesta a dedo en el sitio que ocupaba, iba de ganadora; pero perdió las primarias pese a todas sus argucias y maniobras. Después, ha perdido las elecciones en Andalucía, que había adelantado para diferenciarse del gobierno central, y las ha perdido como consecuencia de sus políticas antisociales y antidemocráticas, a lo que contribuye también su oficialismo monárquico, revestido ahora de fobia al catalanismo.
De otro lado, Sánchez oculta a la opinión pública hasta el hecho de haber recibido una propuesta oficial del gobierno catalán en el momento de la reunión del Consejo de Ministros celebrado en Barcelona. Una propuesta de 21 puntos, entre los que se encuentra la desfranquización de España y el ejercicio del derecho de autodeterminación. Por ello, es acusado públicamente por sus barones regionales (de Aragón, Andalucía, Castilla La Mancha, …) de hacer cesiones continuas a los independentistas catalanes; a lo que el Gobierno de Sánchez responde que “Las alianzas las define el presidente. Ningún otro”.
Los dirigentes andaluces del PSOE, que prometían no hace tanto tiempo convertir su tierra en la California de Europa, ya no pueden negar que es una de las regiones con más paro, y de las menos desarrolladas de toda la Unión Europea: es el precio del mantener el latifundio y el señoritismo parasitario, que ellos mismos la colmaron de clientelismo político y corrupción institucional. Susana Díaz ha perdido la mayoría del electorado como la continuadora de todas esas políticas contrarias a las aspiraciones de libertad del pueblo andaluz.
El retroceso electoral y político del PSOE en Andalucía prepara una nueva guerra interna. Los barones del PSOE acusan a Sánchez de llevarles a la ruina; y los ministros, por su parte, dicen que son los dirigentes andaluces los que han fracasado: “Ella solita se ha buscado este resultado, es la soberbia de una candidata que venía de ser derrotada en las primarias de su partido, en la corrupción y en la gestión de asuntos como la sanidad” ... Desde la Ejecutiva del PSOE se ha invitado ya a Susana Díaz a dimitir, y ésta se hace valer presentado de nuevo su candidatura a la presidencia de la Junta cuando es minoritaria.
 Susana Díaz, repite el mismo falso argumento de Rajoy, quien decía que él era el indicado para gobernar por ser el más votado en las elecciones generales. (“Si hubiera perdido, me habría ido; pero es que he ganado las elecciones“, dice ahora Susana Díaz). Argumento que parecía verdad hasta que se sumaron votos y voluntades de diferentes partidos para echar a Rajoy del gobierno; y ahora se suman las derechas en Andalucía para aparcar a Susana Díaz.  La ex presidenta todopoderosa lanza una ofensiva contra la línea de flotación de su propio gobierno estatal, y lo realiza con otros barones de su cuerda política en una ofensiva sin precedentes, exigiendo la inmediata aplicación del 155 de la CE para acabar con el gobierno autonómico en Cataluña y la convocatoria de elecciones generales. El gobierno que se pretende formar en la Junta de Andalucía, hereda una administración organizada de forma clientelar a la que se va a dar la vuelta para beneficio de los nuevos gobernantes, cuya primera medida “social” parece ser la subida de sueldos de los altos cargos.
La batalla de Susana y sus acólitos no es tanto contra las derechas y Vox, como contra Sánchez y su gobierno. Por eso, en el seno del PSOE andaluz ya se preparan las listas de las elecciones europeas y posiblemente de las elecciones generales, rellenado las listas con los restos del gobierno derrotado, cuando aún faltan meses para su convocatoria. Todo acrecienta la crisis de dominación del régimen, debilitando a los partidos que siguen aferrados a la falsa democracia, organizada sobre el secuestro permanente de la voluntad popular.
Un nuevo ciclo electoral, como el abierto en Andalucía, se combina con un movimiento de fondo que demanda la soberanía de los pueblos: el derecho a decidir.

domingo, 16 de diciembre de 2018

LA ODP EN APOYO A L@S PENSIONISTAS







La ORGANIZACIÓN EN DEFENSA DE LO PÚBLICO, apoya el movimiento de pensionistas que se está realizando en diferentes ciudades de la geografía extremeña y que tienen por lema  "GOBIERNE QUIEN GOBIERNE LAS PENSIONES SE DEFIENDEN”.



Los partidos políticos tradicionales no han resuelto los problemas fundamentales de los pensionistas. Las discusiones que se tienen por las organizaciones políticas y sindicales en el Pacto de Toledo son cuestiones bizantinas que tienen más que ver en encontrar las formas de entretener y lograr el engaño al pueblo para que les voten en las próximas citas electorales, que en la toma de medidas para resolver las necesidades profundas que tienen los jubilados y jubiladas.



La ODP se identifica con las reclamaciones del movimiento de Pensionistas que luchan por la defensa del sistema público de pensiones y en contra de los planes de pensiones privadas que financian los pobres para que disfruten los ricos, por unas pensiones mínimas de 1080 euros al mes y realizan una llamada a la incorporación de los jóvenes en estas reivindicaciones, puesto que el futuro que les espera en nuestra Comunidad Extremeña no tiene unas perspectivas muy prometedoras.


La  COMUNIDAD AUTÓNOMA EXTREMEÑA tiene que complementar las pensiones más bajas hasta alcanzar los 1080 euros al mes, por lo que anima a proseguir reivindicando a los gobiernos central y extremeño la subida y actualización de pensiones, dadas las necesidades de la sociedad extremeña en todos los aspectos relacionados con la pobreza y riesgo de exclusión social en la que viven muchas familias de nuestra re