domingo, 16 de septiembre de 2018

ALGUNAS NOTAS SOBRE EL CACIQUISMO POR LA ODP


 


ALGUNAS NOTAS SOBRE EL CACIQUISMO.
Queremos aportar una visión desde la ODP de algunos aspectos políticos que se están dando en localidades de la zona de Tierra de Barros. En algunos aspectos hacemos una referencia de manera muy general y en otros de manera más concreta comentando los detalles de los mismos.

A lo largo de los años, hemos llegado a comprobar que los dirigentes políticos en las instituciones extremeñas como la Diputación, la Junta de Extremadura y representantes del Gobierno Central actúan de comparsas de los partidos nacionales cumpliendo a la perfección su papel de encargados de mantener la estabilidad política-social de la población extremeña y evitar movimientos extraños a las estructuras económicas-sociales que nos tiene asignado el sistema capitalista. 

Un componente de primer orden en aquella tarea son las aportaciones económicas que destinan a nuestras localidades para combatir el desempleo y realizar mínimas inversiones con las que tratan de evitar nuestro hundimiento acelerado y definitivo. Sin embargo, las actuaciones económicas a las que destinan esos fondos ni estimulan el progreso, ni tienen el mínimo interés en generar una fuerza motriz que impulse el desarrollo económico y social, realizan una función de carácter ideológico que está orientada a asegurar la perdurabilidad de unas condiciones de conformismo y de pasividad que evite los problemas sociales referidos. 

En el transcurso de los años, aunque ha habido una extensión de la educación y la cultura entre las capas populares extremeñas, básicamente no se han modificado los objetivos institucionales. Por un lado, seguimos siendo un buen caladero de mano de obra joven cada vez más preparada tecnológicamente y especializada pero que no encuentra posibilidades de empleo en Extremadura, y necesita salir a buscar trabajo al resto del país o al extranjero. 

Por otra parte, el lento crecimiento y modernización de los procesos productivos agrícolas e industriales no tienen una notable repercusión en la economía regional, y mayoritariamente proseguimos siendo suministradores de algunas materias primas muy necesarias para el resto de la economía del país. 

En algunas localidades en las que en estos últimos años se han instalado Industrias con una importante absorción de mano de obra, la instalación de aquellas viene acompañada de una explotación laboral intensa de la fuerza de trabajo; es decir, salarios muy bajos que apenas alcanzan al umbral de la pobreza para una persona y que a duras penas permiten disponer de los mínimos existenciales a una familia, y con muchas horas de trabajo que tienen como contraprestación grandes beneficios para las empresas.

En el sector agrícola, al menos por la experiencia que tenemos en la zona de Tierra de Barros, las inversiones realizadas en el campo gracias a las fuertes subvenciones que llegan de Europa y de la Junta de Extremadura han estimulado las producciones más características de la zona, vino y aceite. No obstante, el campo es incapaz de absorber la mano de obra agrícola de nuestros pueblos en los que se dan notables bolsas de desempleo en ciertas épocas del año.

Las relaciones entre propietarios y trabajadores están reguladas por un convenio provincial en el que se contemplan emolumentos muy bajos para las diferentes tareas agrícolas lo que responde a la poca capacidad de movilización que tienen los trabajadores y las organizaciones sindicales entre los/as trabajadores/as.

Unos pilares básicos que contribuyen a sustentar la panorámica cultural e ideológica del clientelismo, y por tanto, del mantenimiento del caciquismo en nuestros pueblos son una buena parte de los regidores locales que en su mayoría pertenecen a las "sucursales extremeñas" del PP y del PSOE. Algunos de ellos muy acostumbrados al sillón, intentan frenar a base de publicidad el desgaste político que ocasionan los muchos años en la cabeza de la Corporación Local. El oxígeno necesario para la permanencia en el poder lo producen con el uso generalizado de diferentes medios de comunicación con los que atosigan  de mensajes a la población y visibilizan su imagen. 
 
En algunos casos muy concretos, como el Alcalde de Villafranca de los Barros, el medio que más utiliza es  una Televisión de propiedad municipal. La aplicación de manera ilegal de la televisión municipal en esta tarea tan menesteroa para sus intereses lo lleva haciendo en esta legislatura ante la indiferencia de la Junta de Extremadura. La Dirección General a la que corresponde la función de  la vigilancia y control de este medio en la Comunidad Extremeña permite su emisión aún a sabiendas de que cometen una presunta prevaricación, puesto que como hemos dicho estas Televisiones Locales Municipales no cumplen con la normativa legal establecida lo que no es óbice para que con toda la cara del mundo disponga de ella a su gusto y antojo el Alcalde.

No olvidemos a ciertos periódicos locales que también cumplen una misión propagandística, como verdaderos panfletos del partido en el gobierno municipal difundidos con fondos públicos.

En general, todos estos recursos publicitarios son las maquinarias más adecuadas para llegar e influir ampliamente en la opinión pública. Estos medios de los que se benefician sectariamente los dirigentes municipales se han visto ampliados con la llegada a nuestro pueblo de las pantallas digitales. 

Los importantes fondos públicos gastados en estos mecanismos electrónicos de transmisión y en otras actividades festivas y gastronómicas a las que se recurre con mayor frecuencia en la medida que nos acercamos a Mayo de 2019, serían más aprovechable para las comunidades locales si se emplearan en otros fines más provechosos: educativos, empleo, arreglo de caminos, juventud, ayudas al alquiler de viviendas, ú otras de las  necesidades que se dan en muchas familias que viven en estados de precariedad, pero lo que importa es la ganancia electoral, lo que importa son los votos.

El afán de caudillaje de nuestros Regidores se traduce en una incontrolable soberbia y arrogancia por pretender que asumamos pasivamente que todo lo positivo que ocurre en el pueblo se les debe a ellos, a su presencia y a su intervención política. En cualquier acto independientemente de su naturaleza, deportiva, musical, cultural, se afanan en discursos repetitivos, ficticios y ridículos,recordándonos quesu localidad es la ciudad que más empleo crea, la más limpia y la que dispone de los mejores servicios públicos del mundo mundial. 

En el plano ideológico, aunque pertenezcan a un partido político, como puede ser el PSOE, dada la ambivalencia de sus comportamientos bien podrían representar perfectamente al PP. Así, con el deseo de atraer a sus filas a votantes conservadores exhiben unos principios y valores que se adaptan camaleónicamente al color que más satisfaga su interés particular, como suelen decir “se hace lo que haga falta para ganar las elecciones”. No diferencian su cargo institucional de representante de todo el pueblo con su interés electoral. 

Su hipocresía les lleva a definir y justificar su ateísmo, aconfesionalidad o religiosidad en reuniones de partido, y se quedan tan tranquilos. Así, su relato les conciencia a que si es preciso acompañar a Misa al Obispo y rendirle pleitesía hay que hacerlo. Por esas mismas razones, en las procesiones de Semana Santa presiden la comitiva oficial, detrás del cura, en compañía de concejales, y la guardia civil.

Los comportamientos clericales de los representantes institucionales nos retrotraen a un pasado medieval de “cerrada y sacristía”, ydifícilmente justifican que nos encontremos en un Estado Moderno. Cuando los representantes públicos participan, sin el menor rubor, en estas liturgias, seguir afirmando que estamos en un Estado aconfesional es, cuando menos, contradictorio.

Aunque se llaman de izquierdas no suelen diferenciar entre la enseñanza pública y la enseñanza privada, ni distinguir el interés por lo laico y aconfesional del interés por lo religioso. 

Las conductas ideológicas de nuestros dirigentes políticos no tienen nada de simbólicas, ni responden a actitudes o intereses culturales o populares como pregonan o suelen justificarse ante las críticas que reciben, son comportamientos que ponen de manifiesto su identificación con la ideología dominante en los diferentes ámbitos económicos, educativos o culturales. 

El humanismo que proclaman no es otra cosa que el paternalismo clientelar que les asegure la subordinación y la reverencia, y en consecuencia, el mantenimiento de las estructuras sociales que tanto les beneficia y les permite.

viernes, 14 de septiembre de 2018

MANUEL CAÑADA: LA DIGNIDAD NO ES DELITO, SOLIDARIDAD CON LOS CAMPAMENTOS


LA DIGNIDAD NO ES DELITO, SOLIDARIDAD CON LOS CAMPAMENTOS



                “Un hombre que se conforma con obedecer leyes injustas no es un hombre honrado”

José Martí

En los últimos años he visto llorar a mucha gente humilde. He visto, hemos visto, cómo la miseria se instalaba en la vida cotidiana de muchos hombres y mujeres del pueblo. He visto cómo la sarna, aquella enfermedad ya desaparecida de la que hablaban con resentimiento nuestros padres, volvía a excavar sus galerías en el cuerpo de Paca, vecina de Mérida con el agua cortada durante meses. He visto a Carmen, madre desahuciada, con una hija pequeña, acampada en la puerta de la Consejería de Vivienda, temblando de rabia silenciosa ante el interminable toreo burocrático: vuelve mañana, bonita, a ver si se sabe algo. He visto la desesperación de Lucas, padre de una hija discapacitada de 16 años, con 426 euros de ingresos y la luz cortada por impago. He visto a María, maldiciendo la caridad de las señoronas, las que te hacen coser y rezar por las tardes si quieres que te paguen la bombona de butano. He visto a 25 personas durmiendo en la vivienda social de Ángela. He visto a Antonio y a Juliana sobreviviendo en un pasillo de Montijo, como animales fugitivos. A familias de Suerte de Saavedra, resistiendo en viviendas sin agua corriente, castigadas como delincuentes por políticos despreciables.

He visto a Jenny, humillada por la trabajadora social que le obliga a abrir el frigorífico para comprobar su estado de necesidad. A Alfonso, clamando por que se le “acumulan los numeritos”. A Petri, peleando por el 40% de las medicinas que no tiene  cómo pagar. A nuestro hermano José Giménez Lorente, asesinado por la miseria, enterrado por la beneficencia municipal.

Sí, he visto, hemos visto el manoseo de los derechos, la perenne ley del embudo que siempre reserva una última valla para el pobre, la banalidad de los desahucios, del paro, de los ansiolíticos, de las depresiones, de la desesperación. La banalidad del mal contemporáneo.

Cuántos pobres hay que moler para producir un rico, se preguntaba el escritor portugués Almeida Garrett. Cuántos obreros hay que condenar a la desmoralización, a la infamia, a la desgracia invencible, a la penuria absoluta para producir un banquero, un botín, un urdangarín, un alfonso gallardo. Y para producir también a sus leales servidores, los palanganeros en la política, los sembradores de desesperanza, los traficantes de arbitrariedad. Porque la injusticia tiene dirección, nombre y apellidos, claro. Gobernantes cínicos o pusilánimes, como Monago, Fernández Vara, Carrón o Vergeles; los culpables, por ejemplo, de que ni siquiera se valorasen 14.000 solicitudes de renta de inserción entre 2013 y 2015 y de que ningún cargo político sufriera la menor sanción por ello. O los responsables de que en el último presupuesto de Extremadura le hayan chuleado más de 41 millones de euros a 6.000 de las familias más necesitadas en nuestra comunidad, fondos que legalmente deberían haberse destinado a renta mínima, a ayudas de emergencia, a subvenciones al alquiler y a combatir la pobreza energética. “No se gasta lo presupuestado”, dicen y se quedan tan oreados.

Pero en los últimos años no sólo hemos visto la miseria de los de abajo y la indecencia de los de arriba. También hemos visto, a raudales, la dignidad. La dignidad que, como escribió Jesús Gómez, es un campamento de la piel, una erupción de la humanidad sobreviviente, una sublevación del amor que aún resiste en cada uno de nosotros frente a la normalización de la barbarie. La PAH o los Campamentos de la Dignidad en Extremadura han sido algunos de esos estallidos de grandeza, emblemas de la autoestima del pueblo.

Los Campamentos nacieron el 20 de febrero de 2013 y, desde entonces, se han ido afirmado como una comunidad de resistencia a la banalidad del mal. Una comunidad de los que no tienen comunidad, de quienes han sido expropiados de la condición de ciudadanía, de quienes sufren “la violencia que sobre ellos ejerce el aparato estatal, desbocado, excesivo, brutal, vejatorio, que viola los Derechos Humanos”  (José Pablo Feinmann). Una pequeña aldea gala que lucha y reparte, que tan pronto distribuye alimentos como monta corralas, exige la renta básica, defiende el derecho al rebusco, siembra alianzas rebeldes por todo el país o pelea contra la precariedad laboral. Sí, durante estos años, también he visto a muchos hombres y mujeres durmiendo meses en el suelo frente a las oficinas de empleo. O encerrados durante semanas en las iglesias. O andando las carreteras de Extremadura y España, reivindicando lo elemental: pan, trabajo y techo. O defendiendo con uñas y dientes el derecho al agua o a la luz. O repartiendo toneladas de alimentos, compartiendo lo poco que hay, ayudando a centenares de familias sin pedir jamás nada a cambio. Sí, también he visto, hemos visto, la generosidad, el compañerismo, el coraje.

El poder tiembla cuando la gente trabajadora se organiza, cuando los de abajo luchan de verdad. Y por eso ha urdido las leyes mordaza y otras mil formas de represión. Ese es el motivo de que, a pesar de que las acciones del Campamento Dignidad son siempre pacíficas, en tan sólo cinco años de vida hayan sido multadas o procesadas 75 personas vinculadas al movimiento y que la cuantía total de las sanciones propuestas contra el mismo ronde los 200.000 euros. Da lo mismo el motivo: por recuperar viviendas vacías, por cantar La mala reputación o por no seguir, cual cabestros, el itinerario caprichoso que le dé la gana al mandarín de turno en la Delegación del Gobierno. La persecución al Campamento Dignidad, como en general a los movimientos sociales más combativos, ha tenido y tiene un objetivo bien definido: vaciar la calle, obstaculizar la organización de los de abajo y desmoralizar al pueblo.

Frente a las multas y represalias que vienen sufriendo los Campamentos Dignidad, debemos atender la llamada de los compañeros a arrimar el hombro. Defendamos nuestras pequeñas fortalezas, nuestras herramientas de resistencia. Los de arriba tienen dinero y poder. Nosotros, conciencia y solidaridad. La lucha es el camino.

Manuel Cañada, militante de los Campamentos Dignidad



Solidaridad Campamento Dignidad:     ES44 2100 4294 4322 0012 8747   La Caixa


jueves, 30 de agosto de 2018

RESPUESTAS A COMENTARIOS SOBRE LAS CAMPAÑAS AGRÍCOLAS


Consideraciones y propuestas relacionadas con las campañas agrícolas

Llaman la atención las recientes declaraciones de algunos dirigentes agrícolas indicando que no es comprensible que haya tanta escasez de mano de obra en Extremadura para la realización de ciertas actividades de temporada a pesar del elevado número de parados como indican las estadísticas. Tampoco entienden que con el elevado número de jornadas de trabajo que se dan en las diferentes faenas, los obreros/as agrícolas no puedan presentar 30 peonadas, y  además quieran que se eliminen como requisito para acceder a la renta o al subsidio agrario en períodos de desempleo.

En síntesis, los representantes de la Organización Agraria dan a entender que los obreros/as agrícolas extremeños no están interesados en ocuparse en la vendimia o en las diferentes faenas agrícolas. Lo que se dice no se corresponde con la realidad, sólo hay que dar una vuelta por los pueblos de Tierra de Barros para comprobar la disposición y necesidad de empleo para españoles y extranjeros. Otra cosa bien diferente es que los salarios, las horas de trabajo, los destajos, los desplazamientos, los tiempos de bocadillo y otras condiciones laborales determinen que haya trabajadores que no se resignen a aceptar una sobreexplotación laboral que denigra su dignidad humana y los considera como animales.

De todos modos, quisiéramos hacer algunas propuestas para estas próximas campañas agrícolas.

Hay que aumentar la vigilancia en el campo con más Inspectores de Trabajo. En estos períodos, especialmente en el de la vendimia, se concentra una abundante mano de obra foránea en nuestros pueblos viviendo en unas condiciones de enorme precariedad, en naves y pisos pateras, situación que es aprovechada por algunos Patronos Agrícolas desalmados para llevar a cabo una sobreexplotación laboral de esta mano de obra pagando salarios muy por debajo de lo que marcan los convenios provinciales.  

La presencia en el campo de muchos más Inspectores de Trabajo para vigilar el cumplimiento de las normativas laborales sería un elemento necesario para combatir la sobreexplotación laboral que tanto daño hace a la clase trabajadora, haciendo inútiles los convenios y tirando por los suelos los salarios, y porque la enfrenta y divide, creando brotes de racismo y xenofobia que se trasladan al conjunto de la sociedad.

Hay que negociar un nuevo convenio colectivo que recoja con más fuerza que el actual los intereses de los trabajadores y trabajadoras del campo.

El convenio agrícola tiene una vigencia desde el 1 de enero de 2016 hasta el 31 de Diciembre de 2018. Por tanto, ahora, es un buen momento para que las Organizaciones Sindicales comiencen a dar los pasos para la negociación de una nueva normativa que modifique hacia arriba, ampliamente, los salarios establecidos en el vigente convenio, excesivamente bajos y muy inferiores a los ingresos que precisa una familia normal para vivir dignamente; son cantidades que están muy por debajo del umbral de la pobreza.

En 2017 el umbral de pobreza en España fue de 8.522 € por persona. En el caso del umbral de pobreza por hogar, compuesto por dos adultos y dos menores de 14 años, era de 17.896 € euros. Los obreros agrícolas eventuales, extranjeros o españoles, no alcanzan ni mucho menos estos ingresos. Según los datos de la Red Europea contra la Pobreza y la Exclusión Social, un total de 330.000 personas se encuentra en situación de riesgo de pobreza en Extremadura, un 35,8% de la población.

El convenio provincial agrícola se firmó en el año 2016 con vigencia de tres años, hasta el 31 de diciembre de 2018, de acuerdo a la tabla que se acompaña.



Desde el 1 de enero de 2016 se ha producido una subida importante en la luz, el teléfono, el gas, la gasolina, y en otros muchos elementos de consumo que han influido muy negativamente en el nivel de vida en nuestros pueblos. Según los datos estadísticos, la subida del IPC en Extremadura desde el 1 de enero de 2016 hasta julio de 2018 ha sido del 4,5 %, mientras que los salarios fijados en los convenios suben globalmente el 1,1%, es decir suben unos 40 céntimos desde 2016 hasta diciembre de 2018.

El nivel de los salarios fijados en el convenio agrícola para las diferentes faenas es una muestra evidente de la relación de fuerzas que existe en Extremadura entre trabajo y capital; hoy por hoy, muy favorable a los dueños de los medios de producción, es decir, al Capital. En el estado de cosas actual, es una obviedad decir que la capacidad reivindicativa para alcanzar mejoras salariales es muy insuficiente, por lo que un objetivo prioritario del movimiento obrero debe ser la recuperación de su organización y de la influencia sindical en el campo que está prácticamente desaparecida. Desde los Campamentos Dignidad y la Organización en Defensa de lo Público estamos intentando colaborar en este cometido con mucha voluntad pero con unos medios muy limitados.

Los ingresos anuales que proceden de los trabajos eventuales y los subsidios obtenidos durante el período de desempleo apenas llegan a las familias de los trabajadores agrícolas para satisfacer sus necesidades básicas del día a día. La realidad es que para mejorar su nivel de vida y alcanzar un mínimo bienestar que les permita superar los umbrales de la pobreza se debieran pagar salarios de 100 euros, como mínimo. Las mejoras salariales propiciarían un aumento del consumo que repercutiría en el conjunto de la sociedad extremeña, y en su desarrollo económico.

Hay que eliminar de una vez la justificación de todas las Peonadas.  Los trabajadores y trabajadoras agrícolas tienen que justificar que tienen una serie de jornadas realmente trabajadas para poder cobrar la renta o subsidio agrario durante el período en el que están en el desempleo. A estas jornadas reales de trabajo se les llama vulgarmente “peonadas”. Ciertamente, es una necesidad que el gobierno elimine la presentación de estas jornadas reales como requisito para acceder a la renta o al subsidio agrario.

 Para los obreros/as agrícolas es difícil conseguir las peonadas de referencia, y no sólo por la dificultad de encontrar trabajo sino también porque buen número de patronos no se las quieren firmar. En definitiva, son muchos trabajadores/as los que tienen que comprarlas para juntar las necesarias que les permitan cobrar la renta agrícola o al subsidio agrícola, pagando desde 15 a 20 euros por peonada. Este hecho define un claro elemento de sumisión del obrero al patrón; es un ingrediente que condiciona de manera muy importante toda la relación laboral del lado del empleador, de tal manera que en muchas ocasiones no se piden a los Patronos las peonadas por miedo a que no se les vuelva a contratar.

En concreto, para el cobro de la renta agraria se necesitan 35 jornadas reales como mínimo, en el caso del subsidio agrícola se necesitan 20 jornadas reales pudiendo suplir las15 restantes con trabajos en el AEPSA. En la medida en la que se tengan más jornadas de las mínimas se cobra más oscilando desde el 80 % hasta el 107 % del IPREM. Es decir, desde unos 430 euros hasta unos 576 euros aproximadamente.  Los acogidos al subsidio agrario cobran 430 euros. Esta renta se cobra un máximo de 180 días para jóvenes desde los 16 años hasta un máximo de 300 días para personas mayores de 52 años. En general, el número máximo de días que se percibirán al mes se calcula restando a 30 el número de días trabajados o percibidos de prestación por incapacidad temporal, maternidad o paternidad.

Hay que perseguir el fraude a la Seguridad Social. Las organizaciones agrarias conocen perfectamente el “fraude consentido” o “legal” que se puede dar en las cotizaciones sociales a la seguridad social. El procedimiento establecido para que los Patronos den de alta y baja a los obreros/as agrícolas es tan flexible que quienes quieran defraudar puedan hacerlo fácilmente. El mecanismo permite que el patrón puede comunicar la baja en la seguridad social en un plazo de 6 días desde que se dejó de trabajar.

La sobreexplotación laboral en el campo está presente en muchas faenas agrícolas; por mencionar algunas de ellas podemos referirnos a las relacionadas con los ajos; aquí no se cumplen convenios, el destajo predomina en toda la labor, pagándose el kilo de ajo embolsado a unos  céntimos con lo que durante más de 8 horas de trabajo no se alcanza a cobrar unos 30 euros Y todo esto, teniendo a los trabajadores “de prueba” unas semanas, sin alta en la seguridad social. Y si esto ocurre entorno a los ajos, no dejemos de lado lo que ocurre en algunas fincas en las que se trabaja con gallinas, esto lo dejaremos para otro día, pero aquí las relaciones laborales son las del siglo XIX como tiempo más próximo.

lunes, 27 de agosto de 2018

"La exhumación de Franco y los Acuerdos Vaticanos" por FERMÍN RODRÍGUEZ CASTRO


La exhumación de Franco y los Acuerdos Vaticanos

Es urgente porque vamos tarde”, dice la vicepresidenta del gobierno, Carmen Calvo, para justificar el decreto por vía de urgencia que pueda permitir (¡por fin!) la exhumación “legal” de los restos del dictador, cuya tumba preside la basílica del Valle de los Caídos.

Demasiado tarde, diríamos otros, porque, efectivamente, como sigue diciendo: “un dictador no puede tener una tumba de Estado en una democracia …”. Presunta incompatibilidad que, sin embargo, se ha mantenido durante cuarenta años. Del mismo modo como se sigue manteniendo la impunidad de los crímenes franquistas, que ningún gobierno ni ley “democrática” se ha atrevido a resolver “en justicia”, pese a que han sido calificados, reiteradamente, por tribunales y organismos internacionales de Derechos Humanos de “crímenes de lesa humanidad”, que ni prescriben ni son amnistiables.

Por eso, además de muchos otros capítulos de la herencia franquista que obviamos aquí, cabe poner en cuestión el final de la frase de la ministra vicepresidenta, que da por hecho que estamos en una “democracia consolidada”. Porque, sin salirnos del mismo tema y apoyando este “gesto” del actual gobierno -fruto de una larga presión social y política-, tiene poco de democrático pretender, a la vez, la permanencia misma de ese aberrante monumento al crimen y que, además, se intente mantenerlo como “símbolo de reconciliación” entre víctimas y victimarios. Tanto más, cuando prolongando la impunidad de los crímenes franquistas, las víctimas republicanas aún no han sido reconocidas como tales, carecen del derecho a “Verdad, Justicia y Reparación” y, en modo alguno, fue decisión de ellos o de sus familiares compartir el “sagrado lugar” levantado, expresamente, para enaltecimiento de la “Cruzada”. Un monumento que, además, fue construido utilizando el trabajo forzado -con muchas muertes de por medio- de miles de presos políticos.

Aparte de la triquiñuela legal del decreto: “en el Valle de los Caídos sólo podrán yacer los restos de las personas fallecidas a consecuencia de la Guerra Civil española”, requisito que excluye a Franco (pero no al fundador de la Falange, José Antonio, por ejemplo), se adelanta el destino “reconciliador” que se quiere atribuir al lugar, nuevamente sin contar con la voluntad de los afectados.

Pero, en esta ocasión, también es preciso llamar la atención sobre una trama, que solo ha aparecido de soslayo y parcialmente en los medios y, digamos, a toro pasado. Se trata del papel de la Iglesia, que a través del arzobispado de Madrid y pasando por la propia abadía de los benedictinos -custodios del nefasto monumento y de su hospedería abierta a todo tipo de eventos fascistas-, nos lleva al propio Vaticano y a las facultades para una decisión determinante que le atribuyen los Acuerdos con la Santa Sede firmados el 3 de enero de 1979.  

Efectivamente, el primero de ellos, “ACUERDO ENTRE EL ESTADO ESPAÑOL Y LA SANTA SEDE SOBRE ASUNTOS JURÍDICOS, “prosiguiendo la revisión del Concordato vigente entre las dos Partes”, reconoce la personalidad jurídica de la Iglesia para “crear, modificar o suprimir Diócesis, Parroquias y otras circunscripciones territoriales, que gozarán de personalidad jurídica civil en cuanto la tengan canónica”. Así mismo: “El Estado reconoce la personalidad jurídica civil y la plena capacidad de obrar de las Órdenes, Congregaciones religiosas”. Y en su apartado 5: “Los lugares de culto tienen garantizada su inviolabilidad con arreglo a las Leyes. No podrán ser demolidos sin ser previamente privados de su carácter sagrado”; continuando en el siguiente: “El Estado respeta y protege la inviolabilidad de los archivos, registros y demás documentos (de las distintas instancias de la Iglesia)”. Concesiones, a las que se han añadido otras por distintas vías y cuyas consecuencias seguimos sufriendo “en democracia”.

Es, en función de estos Acuerdos y su prevalencia -por el carácter internacional otorgado-, sobre leyes y decretos nacionales, por lo que, antes de tomar la decisión y verla viable, el gobierno de Pedro Sánchez, se ha visto obligado a negociar con la Iglesia a todos los niveles. Tenía la llave.

Ahora sale a la luz y se aplaude la discreta labor “mediadora” que en ese sentido ha llevado a cabo Pedro Sánchez a través del lobby “Cristianos Socialistas” y, en particular, su dirigente Carlos García de Andoin, para lograr el placet privativo de la Iglesia. El arzobispo Osoro ha sido el primero que manifestó, tras su “cordial” entrevista con el nuevo inquilino de la Moncloa, su disposición a no poner trabas; y ahora declara que “la decisión corresponde al gobierno y a la familia”, a los que insta ponerse de acuerdo, y que “la Iglesia está dispuesta a recibir en su seno a un bautizado”. Para la Iglesia, tan sabia durante siglos para nadar y guardar los hábitos en todas las aguas, y muy celosa en atribuirse el monopolio de los valores morales: ¡Franco solo era y es un simple “bautizado”!, sin más connotaciones.

Pero las cosas no se quedan ahí. La familia había manifestado ante notario que dejaba en manos del prior del Valle de los Caídos, Santiago Cantera (candidato de Falange en los años 90), la responsabilidad de la custodia y permanencia de los restos de Franco. Como la orden benedictina, que tutela la basílica y tiene personalidad jurídica para defender la “inviolabilidad” del lugar sagrado, depende de la Abadía francesa de Solesmes, y ésta, a su vez, directamente del Vaticano, pues resulta que hasta el Papa ha llegado la cuestión, muy preocupado ahora por una imagen deteriorada por otros “pecados”. Como se decía en un artículo de hace unos días recogido en laicismo.org, al final, decisiones sobre temas políticamente importantes para nuestro país, se pueden tomar desde un “Estado” extranjero. El Concordato franquista de 1953 y su actualización con los post o para-constitucionales Acuerdos de 1979 lo permiten y avalan.

Si las jerarquías eclesiásticas no se hubieran avenido al acuerdo, se hubieran inclinado por blandir la “inviolabilidad” del lugar sagrado y, como amenazaba el prior benedictino, denunciar al gobierno “por profanación de tumbas”, añadido al derecho que asiste a los familiares para disponer sobre el traslado de los restos, probablemente la sentencia última en los tribunales no sería favorable a la decisión del gobierno. Está por ver el desenlace final.

Sin embargo, aquí nadie cede por nada. Parece que la “moderación” y “mediación” interna de Osoro ha sido a cambio de arrancar la garantía del gobierno sobre la permanencia de los Acuerdos con la Santa Sede. Y la familia Franco, a la que “en democracia” se le han prolongado y respetado privilegios y pingües negocios en continuidad con la herencia recibida, tendría mucho que perder si pusieran demasiado empeño en defender la figura y bochornosos honores hasta ahora dispensados al “Soldado de España”. Llevan razón: después de 43 años, todos tienen otros intereses más inmediatos de los que preocuparse.

Pero todo este affaire deja claro un hecho: los Acuerdos de 1979 con el Vaticano y los privilegios ahí protegidos para la Iglesia Católica siguen pesando como una losa y ningún “apaño” circunstancial -con la venia de la jerarquía eclesial- puede ocultar su intolerable raíz antidemocrática.

Son muchas las tareas y retos que tiene pendientes el movimiento laicista y democrático en nuestro país, pero, en modo alguno, hay que perder de vista que la Denuncia y Derogación de tales Acuerdos se sitúan en el centro de las prioridades, en tanto son la fuente y aval de la mayoría de los privilegios heredados de la dictadura de los que sigue disfrutando la Iglesia.



Fermín Rodríguez Castro




jueves, 23 de agosto de 2018

Espacio independiente: "Acabar con el techo de gasto"


  jueves 25 de agosto,  2018




Acabar con el techo de gasto   

 El gobierno pretende mantener la austeridad y prolongar los recortes

Se negocia a varias bandas entre las cúpulas de los partidos, que se reclaman de la izquierda, el llamado “techo de gasto”. Se pretende que éste condicione los Presupuestos Generales del Estado de 2019, estableciéndolos como prolongación de las políticas de austeridad, de los recortes antisociales que demanda la Troika.

La mayoría de diputados que echaron a Rajoy del gobierno no logran establecer un acuerdo común, y por ello una primera propuesta del PSOE quedó recientemente en minoría. Se pone, así, en el centro de la situación política la continuidad o no de la Ley de Estabilidad Presupuestaria. Es la ley del PP que resultó de la contrarreforma constitucional del art. 135, llevada a cabo al alimón entre Zapatero y Rajoy. Ley incumplida en lo que hace referencia a la cifra sobre el PIB establecida en el 60%, pero convertida, sin embargo, en martillo de herejes de la inquisición de la UE para reducir el gasto social de la sanidad, de la enseñanza y del gasto público en general, empezando por los salarios y pensiones.

 Según el dictado imperativo de la UE, el déficit posible -que en principio se establecía en el 1,3% del PIB con el gobierno del PP- no puede ahora superar el tope del 1,8%, que el gobierno de Sánchez ha renegociado con los burócratas de Bruselas. Ese tope se convierte en el límite de gasto, por el compromiso adquirido con los dignatarios de la UE, tal y como también se ha hecho con los Presupuestos de 2018 del PP; al hacerlos suyos, de arriba abajo, el gobierno de Sánchez contra las justas demandas de los jubilados y trabajadores en general, que exigen poner término a la austeridad.

La crisis económica, política e institucional, que estalló en 2008, se prolonga en formas diversas. Oficialmente, en España se habla de que se ha superado la crisis económica, ya que desde hace cuatro años se están estableciendo tasas anuales de crecimiento del PIB del 3%. Pero esa superación contrasta con sueldos y pensiones congeladas, aumentando de esta manera los beneficios del capital -especulativo fundamentalmente- a costa de pérdidas históricas de las rentas del trabajo.

Combinado todo ello con aumentos significativos de los precios de los combustibles, la luz y los alquileres, están haciendo la vida de la población cada vez más difícil. Mientras, la deuda pública se dispara a un billón ciento cuarenta y cuatro mil millones de euros (1.144.000 millones €); y si a ella se suma la deuda de empresas públicas de las distintas administraciones, la cifra se eleva a 1.612.000 millones € (141% del PIB). Además, se debe tener en cuenta que hay una deuda privada de empresas y hogares, que se ha reducido, pero que aún alcanza la cifra de 1.193.000 millones €.

Son deudas a todas luces impagables de una economía dependiente de los bajos tipos de interés del dinero impuesta por los Bancos Centrales. Economía dependiente, que compite en condiciones de bajo coste en los servicios turísticos y terciarios en general, pero que retrocede cada vez más en el terreno industrial, agropecuario y productivo.

La experiencia de lo sucedido en Grecia con los planes de austeridad de la Troika debería servir de aviso. Grecia, y otros países como Portugal y Chipre, soportaron durante años planes extremos de austeridad, llamados de “rescate”, que en el caso de Grecia se han ampliado a tres planes de rescate consecutivos, que se prolongaron durante ocho años.

Los planes de rescate han consistido en salvar a los bancos y a los capitalistas hundiendo las rentas de los trabajadores, los salarios y las pensiones, y destruyendo las conquistas sociales, acabando con toda expresión de soberanía nacional de los países intervenidos. Convirtieron la crisis económica y la recesión capitalista en depresión social, imponiendo la pobreza generalizada y la desigualdad.

La economía de Grecia se ha contraído en este periodo en un 25% de su actividad y el paro crónico supera el 23% de la población; los salarios han caído en un 30% y las pensiones un 40%. Medio millón de jóvenes trabajadores han tenido que emigrar en busca de trabajo. Y es a este panorama de desastre social y retroceso económico al que los capitalistas llaman “rescate”.

En consecuencia, volviendo a la situación española tan parecida a la de otros países afectados por la crisis, ahora es el mantenimiento o no de la contrarreforma social lo que está sobre la mesa con el “techo de gasto”, techo amarrado a la Ley de Estabilidad de 2012, como producto de la modificación pactada del 135 de la Constitución, por la que el pago de la deuda a los especuladores se antepone a los gastos sociales.

Echar abajo esa política miserable es una necesidad vital para los trabajadores, los jubilados y los pueblos, en oposición a los planes y dictados de las instituciones de la UE y la Troika.

La mayoría de diputados en Cortes, que echaron a las familias del PP del gobierno, no pueden aceptar ahora que se pretendan nuevas políticas de austeridad y contrarreforma social.

La clave es la derogación de la Ley de Estabilidad Presupuestaria.

jueves, 9 de agosto de 2018

Espacioindependiente:" El alcance de la guerra comercial global Proteccionismo y libre cambio"




Los principales medios de comunicación han venido informando puntualmente del hecho de que las principales potencias económicas han iniciado los primeros movimientos de una guerra comercial de alcance global, una guerra encabezada por los EEUU.

Las primeras referencias a la situación actual de guerra comercial datan ya de hace algún tiempo. En entrevista realizada a Donald Trump, el 3 de noviembre de 2015, éste se despacha con las siguientes acusaciones en el marco de su campaña de precandidatura presidencial: “China es un enemigo económico y se aprovechó de nosotros como nadie en la historia. Es el mayor ladrón del mundo. Se llevó nuestros empleos”. Dos años más tarde, con el multimillonario en la Casa Blanca, se toman las nuevas medidas proteccionistas por parte de los EEUU, primera potencia mundial, estableciendo aranceles del 30% a los paneles solares cuyo primer productor es China.

A renglón seguido se acusa a los productores chinos de “robar propiedad intelectual de empresas estadounidenses”, para comenzar por el establecimiento de aranceles a diversos productos que, como la carne de cerdo, se producen en China por la multinacional norteamericana Smithfield. Otras multinacionales norteamericanas como Apple, Starbucks, Intel…, llevan años haciendo el 25% de sus ganancias en China.

Las autoridades chinas han denunciado que las medidas proteccionistas que se han tomado por Trump suponen la “violación de las reglas comerciales mundiales”.

Pero, con todo ello, un informe elaborado por el banco Credit Suisse subraya que a la llegada de Trump  a la presidencia de los EEUU se mantenían en vigor por parte de la administración norteamericana unas 1.280 medidas proteccionistas de su economía, haciéndole por esto el país más proteccionista del mundo; y que muchas de las medidas presentada como “de libre comercio” en los acuerdos y tratados internacionales,  en realidad no lo son, y siempre son los poderosos los que imponen sus intereses exclusivos bajo formas proteccionistas o de libre comercio.

Los aranceles y otras medidas de proteccionismo de los EEUU, que se han tomado recientemente relativos al acero y al aluminio y otros productos, se han extendido en primer lugar a sus mismos aliados: a Canadá, Japón …, y a la Unión Europea. Lo que ha cambiado bajo la presidencia de Trump es que se ha pasado, bajo los efectos de la crisis económica, de la competencia económica a la guerra comercial. Los países afectados no han tardado en tomar medidas contra productos norteamericanos que afectan a la agricultura y la ganadería subvencionada.

Acerca del proteccionismo de las grandes potencias en la época del capitalismo ascendente, Marx escribió en el Capital: “El sistema proteccionista fue un medio artificial para fabricar fabricantes, expropiar a obreros independientes, capitalizar los medios de producción y de la vida de la nación y abreviar por la fuerza el tránsito del régimen antiguo al régimen moderno de producción”. En la época del imperialismo decadente y en crisis, que es la que vivimos, las medidas proteccionistas de las grandes potencias se combinan con la mayor ofensiva de la poderosa industria de armamentos. Ofensiva que le lleva a Trump a imponer que se duplique el gasto militar de sus aliados de la OTAN.

Hay que entender que es el capital norteamericano de las grandes multinacionales el que ha trasladado desde hace años una buena parte de su producción a China, convirtiéndola en el taller del mundo, a la búsqueda de bajos salarios y de menores costos de producción, lo que se ha traducido en suculentas ganancias.

Los primeros afectados por las medidas proteccionistas de Trump serán los mismos consumidores estadounidenses que compran productos a precios bajos porque están hechos en China, y además están producidos por empresas norteamericanas.

La idea supremacista en lo económico de “América primero” -que tiene su prolongación monetaria, política y militar- pasa, por tanto, por tratar de empobrecer a otros países por todos los medios para así resolver sus propios problemas. Lo que viene a debilitar el conjunto del comercio mundial, y a multiplicar las formas de guerra económica y comercial.

La economía norteamericana lleva mucho tiempo arrastrando un grave déficit comercial, que alcanza la cifra de 376 mil millones con China, pero también el déficit de su balanza comercial se extiende a la mayoría de países, a excepción del Reino Unido. Esta situación aparece deformada por los medios de comunicación ya que se separa de manera artificial las medidas proteccionistas y la misma guerra comercial a la que asistimos estos días de la profunda crisis económica general, que continúa desde 2008, ahora bajo la forma de sobreproducción de la economía mundial, siendo la guerra comercial desatada una de sus manifestaciones.

El papel del dólar en la economía mundial, de la subida de los tipos de interés del dinero por parte de la Reserva Federal y el incremento del déficit fiscal, tratan de atraer a los EEUU los flujos de capital financiero mundial sin control alguno, lo que lleva a la apreciación del dólar.

La clave es, entonces, la de la extrema competencia de los capitales sobre todos los terrenos, y no solo sobre el comercio mundial. En medio de la crisis global del sistema capitalista, asistimos a la mayor guerra financiera y comercial de la historia.