domingo, 16 de diciembre de 2018

LA ODP EN APOYO A L@S PENSIONISTAS







La ORGANIZACIÓN EN DEFENSA DE LO PÚBLICO, apoya el movimiento de pensionistas que se está realizando en diferentes ciudades de la geografía extremeña y que tienen por lema  "GOBIERNE QUIEN GOBIERNE LAS PENSIONES SE DEFIENDEN”.



Los partidos políticos tradicionales no han resuelto los problemas fundamentales de los pensionistas. Las discusiones que se tienen por las organizaciones políticas y sindicales en el Pacto de Toledo son cuestiones bizantinas que tienen más que ver en encontrar las formas de entretener y lograr el engaño al pueblo para que les voten en las próximas citas electorales, que en la toma de medidas para resolver las necesidades profundas que tienen los jubilados y jubiladas.



La ODP se identifica con las reclamaciones del movimiento de Pensionistas que luchan por la defensa del sistema público de pensiones y en contra de los planes de pensiones privadas que financian los pobres para que disfruten los ricos, por unas pensiones mínimas de 1080 euros al mes y realizan una llamada a la incorporación de los jóvenes en estas reivindicaciones, puesto que el futuro que les espera en nuestra Comunidad Extremeña no tiene unas perspectivas muy prometedoras.


La  COMUNIDAD AUTÓNOMA EXTREMEÑA tiene que complementar las pensiones más bajas hasta alcanzar los 1080 euros al mes, por lo que anima a proseguir reivindicando a los gobiernos central y extremeño la subida y actualización de pensiones, dadas las necesidades de la sociedad extremeña en todos los aspectos relacionados con la pobreza y riesgo de exclusión social en la que viven muchas familias de nuestra re

martes, 11 de diciembre de 2018

14. BOLETÍN ODP VILLAFRANCA DE LOS BARROS


EN VILLAFRANCA SE NECESITA UN CAMBIO DE GOBIERNO. LA RENOVACIÓN ES UNA NECESIDAD DEMOCRÁTICA. BASTA DE PREPOTENCIA Y DESPOTISMO.
LOS DERROCHES DE NUESTRO AYUNTAMIENTO.
1.- En los presupuestos que se quieren aprobar para el 2019 se vuelve a incidir por el equipo de gobierno en la realización de grandes obras que después quedan en nada o tienen una utilizaión mínima como algunos casos que conocemos. La construcción de un Espacio para Ferias y Exposiciones que recibirá partidas presupuestarias de algunos organismos públicos a lo largo de tres años, lleva en estos presupuestos unos 415.000 euros que forman parte del coste total aproximado de 1.500.000 euros de la obra.
 









Nos parece un gasto innecesario como el que se hizo en la construcción de la nave para el Establo y el Picadero Exterior que aparece en la fotografía con un coste de unos 400.000 euros. No sabemos si algún día tendrá una utilidad, pero seguro que para entonces la inversión estará más que amortizada. En su momento lo manifestamos en el Pleno del Ayuntamiento, y nos parecía que ese dinero debería haberse gastado en otras cuestiones más necesarias para la localidad como, por ejemplo, una guardería o en la preparación de las Escuelas de El Pilar, que podrían utilizarse como un espacio para múltiples actividades. No desistiremos de nuestra idea de construir una guardería pública en Villafranca y seguiremos peleando por ello.
En esta ocasión volvemos a manifestar lo mismo respecto a la Nave que se quiere hacer para Ferias y Exposiciones: nos parece un derroche innecesario, teniendo en cuenta las necesidades que tenemos en Villafranca,
2.- En los Presupuestos se siguen destinando unos 200.000 euros para la adquisición de terrenos en el Polígono Industrial cuando queda libre tanta extensión. No sabemos cuantos años vamos a necesitar para que el polígono industrial esté abarrotado de industrias. En todo caso, que no sean industrias que vienen a nuestros pueblos para chupar el sudor de la gente e inflarse económicamente, a base de bajos salarios, que es lo que está sucediendo en la actualidad.
Hemos tomado algunas imágenes de los terrenos del políono para mostrar que no entendemos por qué se compran tantos metros si hay extensiones importantes libres, entre ellos los que ocupaba Transidesa que con el tiempo se transformarán en una verdadera selva virgen.




...............................................................................................................................................................................................3.- Otro ejemplo de derroche es la construcción de la calle paralela al Parque Municipal. La calle, probablemente se utilizará en un futuro a medio plazo, después de bastantes años de su realización, pero mientras tanto el deterioro y el destrozo de la misma sigue por el poco cuidado y el abandono que se tiene con los elementos que la integran: rejillas, luces, postes, caseta de la luz, etc.




 













En la calle mencionada hay una pequeña estación de distribución eléctrica que tuvo un coste elevado de cientos de miles de euros y que su falta de utlización y operatividad determinarán su destrozo final.

4.- En repetidas ocasiones el Concejal de ODP, Cristóbal Torres Fernández, ha pedido al Alcalde y a los Portavoces que establezcan una fecha determinada para la celebración de los plenos, como ocurre en todos los Ayuntamientos, para que los concejales se programen y organicen su vida laboral. 

Aquí en Villafranca no ocurre eso porque el Alcalde hace lo que le da la gana, convoca los plenos a su antojo y conveniencia. Es una señal del carácter de prepotencia y despotismo que manifiesta respecto a los demás.
Por ese motivo no pudo asistir Cristóbal Torres al pleno de referencia, y no presentó las tres mociones que tenía elaboradas para la ocasión. Por lo que una vez más tenemos que denunciar políticamente estos comportamientos que no se corresponden con ayuntamientos que se llaman democráticos.

El Equipo de Gobierno de Villafranca de los Barros (PSOE) debería actuar con más cautela, más humildad y menos prepotencia. Llevan muchos años gobernando y haciendo desplantes a la ciudadanía, y las vecinas y los vecinos nos estamos cansando de tanta soberbia y prepotencia. Deberían ser más sensibles a los problemas de los ciudadanos o correrán la misma suerte que Susana Díaz, a quien no la ha derrotado la derecha, sino la soberbia, la prepotencia y la forma tan antidemocrática e insolidaria de hacer política.
“Otra forma de hacer política es posible. La ODP te escucha, la ODP te apoya.”

miércoles, 14 de noviembre de 2018

RESPUESTA AL PRESIDENTE DE LA PATRONAL EXTREMEÑA




Desde los Campamentos Dignidad tenemos que reprobar y criticar las declaraciones rancias y clasistas del Presidente de los Empresarios Extremeños cuando opina sobre las cuantías propuestas en los presupuestos de la Comunidad Extremeña para atender a la Renta Básica.

Aunque no conocemos las cantidades definitivas para Ayudas Sociales que aparecerán en los Presupuestos, sí tenemos que indicar que los que aparecen previamente antes de su aprobación definitiva, al igual que las partidas del presupuesto de 2018 son insuficientes para responder justamente a las necesidades que se dan en buena parte de la población extremeña, y porque además no se ajustan a lo prometido y asignado en las normativas que fueron aprobadas en su momento por quienes hoy se responsabilizan del gobierno extremeño.

Este representante del empresariado extremeño, en las manifestaciones que recogen la prensa regional, expone sin la más mínima duda y atribuyéndose toda la autoridad de un experto en economía que “la renta básica altera el mercado laboral extremeño”.

Estas afirmaciones manifiestan un desconocimiento importante de aspectos muy notables del mercado laboral y de la realidad social extremeña, por varias razones.

 No tiene en cuenta que muchas de las personas que cobran la Renta Básica están fuera del mercado de trabajo y que de no ser por esta ayuda social estarían en la total indigencia.

Desconoce que en estos momentos alcanzamos unos niveles de pobreza y exclusión social que se aproximan al 50 % de la población extremeña. En Extremadura más de 400.000 personas ingresan menos de la cantidad que sirve de referencia al umbral de la pobreza. Probablemente el Sr Peinado no sepa que el umbral de la pobreza es algo así como lo mínimo indispensable para que una persona pueda vivir dignamente.

A pesar de la inutilidad de tantos pactos y protocolos que firma con la justificación de mejorar la economía y el mercado laboral extremeño, alguien le habrá dicho que tenemos en el territorio extremeño más de 100.000 personas desempleadas, y alguna vez habrá escuchado de los dirigentes políticos extremeños con los que tanto se codea de que el número de personas que están cobrando la renta básica no supera a las 7.000. Por cierto, número que no debe tener una influencia muy notable en el caso de que estuvieran disponibles en el mercado de trabajo.

No sabemos por qué el presidente de la CREX viene a refrendar lo que afirman algunos dirigentes de organizaciones empresariales agrícolas que categóricamente culpan a los trabajadores y trabajadoras agrícolas de que no quieren trabajar, no quieren ir al campo, porque según vienen a decir “viven bien sin trabajar con las ayudas sociales”. Lo que ocurre es bien distinto, ni los salarios que se pagan son decentes ni en muchos casos se les da de alta en la seguridad social, además de otras consideraciones relacionadas con los contratos, las horas de trabajo, etc. que afectan al mercado laboral que castiga a la clase trabajadora.

Por el cerebro del presidente de la CREX corre un pensamiento que no se atreve a expresar de modo claro pero que de manera implícita nos revela la consideración que tiene acerca de las ayudas sociales. Las políticas públicas de protección social las considera como inconvenientes que impiden que en el mercado de trabajo haya una mano de obra abundante y barata por lo que se vé da la impresión que no está conforme, no son suficientes los 100.000 parados, necesita que estén desprotegidos para que más fácilmente sean contratables, están primero sus intereses a que ciertas personas pasen dificultades y tenga necesidad.

El mandatario de la CREX se alinea en el bando de aquellos empresarios que guiados por la irresponsabilidad social quieren obtener los mayores beneficios en el menor espacio de tiempo y a costa de unas condiciones laborales que minimicen el valor de la fuerza de trabajo.

No se corresponden estas manifestaciones con la firma que hemos conocido estos días de protocolos que pretenden certificar la responsabilidad social y empresarial.

La Consejera de Empleo decía que durante un año se había trabajado intensamente para la elaboración de éste protocolo de responsabilidad social pensamos que deberá seguir con su laboriosidad durante  varios años hasta que empresarios del tipo del Sr Peinado comprendan y asimilen que Extremadura necesita personas que sean capaces de contribuir a la construcción de empresas que fundamenten el desarrollo económico y social de nuestra región.


domingo, 23 de septiembre de 2018

LA DESPOBLACIÓN DE EXTREMADURA, VILLAFRANCA DE LOS BARROS. LAS FUNCIONES DE LA JUNTA DE EXTREMADURA, LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL Y EL GOBIERNO CENTRAL





Villafranca de los Barros pierde población año tras año, lentamente, pero no se le pone freno a ese decrecimiento poblacional. El 1 de enero de 2015 la población era de 13.289 habitantes que se ha reducido hasta 13.114 (6.480 varones y 6.634 mujeres) según datos estadísticos al 1 de enero de 2017, es decir, en dos años hemos perdido 175 habitantes, el 1,3 % de la población.

Nuestra localidad, al igual que la inmensa mayoría de las diferentes localidades de Extremadura, sigue los ritmos que marca el sistema capitalista, reserva de mano de obra, atraso y emigración. La juventud se va en vista de que aquí no tiene posibilidades de configurar un futuro alentador.

Resulta muy curioso que se hace demagogia con los inmigrantes que vienen de fuera pero no tenemos en cuenta porqué se van muchos jóvenes de nuestros pueblos.

En cuanto a los datos relativos al paro en el año 2018 respecto a los que había en el 2016 han mejorado ligeramente, si bien en términos de más precariedad y más contratos temporales. En la actualidad, hay unas 1305 personas en desempleo, representando el 22 % de la población activa, mientras que en el año 2016 el número de personas desempleadas era de 1584, un 26,4 % de la población activa. No obstante, la población activa ha disminuido en unas 80 personas.



Lo que está claro es que las Administraciones Públicas no tienen por objetivo impulsar el desarrollo económico de nuestros pueblos, actúan para evitar que la situación no empeore más de lo previsto. No hay acciones revulsivas destinadas a combatir la emigración y subdesarrollo. Lo que se hace tiene más de actividad publicitaria y electoralista que de efectiva en el bienestar de la población.


La Diputación, la Junta de Extremadura y el Gobierno Central con sus aportaciones económicas quieren evitar nuestro hundimiento acelerado y definitivo. Ni estimulan el progreso, ni tienen interés en ser la fuerza motriz que impulse el desarrollo económico y social, se puede decir que trabajan para asegurar la estabilidad social y unas condiciones de conformismo y de pasividad. En el transcurso de los años, los objetivos institucionales se han modificado muy poco, seguimos siendo un buen caladero de mano de obra y proporcionamos algunas materias primas interesantes para la economía del país. 


Desde la ODP consideramos que ciertos planes y programas con los que las Instituciones Públicas se enfrentan al desempleo y a la formación laboral deben orientarse hacia actividades productivas que fomenten la economía social y el cooperativismo. Las tareas que se ejecutan proporcionan poca creación de riqueza y no generan empleo. Estos programas llegan a muy pocos desempleados, durante poco tiempo y proporcionan bajos salarios. Tampoco impulsan la actividad económica de los pequeños y medianos empresarios, muy importante para la economía en estas localidades.


En el ejercicio de 2018, la Junta de Extremadura participa en nuestro presupuesto con 1.- Con el Plan de Empleo de Experiencia con una dotación de 404.000 euros, 2.- el Plan Social de Empleo que aporta unos 227.000 euros, 3.- Las Escuelas Profesionales, con casi 500.000 euros que se dedican a la formación laboral de personas al tiempo que le proporcionan unos mínimos ingresos para su existencia vital y poco más. 


La Diputación Provincial también contribuye a la supervivencia económico-social de nuestros pueblos con cantidades que superan los 600.000 euros para obras y otras actividades. Durante el ejercicio 2019 llegará dinero procedente de la Diputación, en ciertas fechas esta Institución no se olvida de los suyos. En el año 2014, con 2015 un año electoral, nuestro Municipio recibió una aportación extraordinaria de más de 1.000.000 de euros para pavimentación de calles, mantenimiento y creación de empleo, y la financiación de servicios municipales. Cuando llegan estas fechas, en las Administraciones Públicas se activan los mecanismos electorales para intentar asegurar la permanencia en el poder.

Los fondos AEPSA, son programas procedentes del Gobierno Central destinados a la realización de inversiones en el mundo rural y para la contratación de trabajadores desempleados, conviene recordar que estos fondos se consiguieron después de duras luchas de los jornaleros andaluces y extremeños. Los fondos AEPSA que se vienen concediendo anualmente a nuestro municipio son de unos 192.000 euros. Es injusto e ilegal que el gobierno local de Villafranca de los Barros, obligue a los obreros agrícolas a que posean la tarjeta profesional de la construcción para poder acceder a los planes AEPSA.

Para la ODP, han sido estériles las inversiones realizadas en esta legislatura con el dinero procedente de los Programas de Empleo Estable.

En el año 2015 se aprobó un proyecto de 189.384,75 euros para “Ejecución de nave para futuras exposiciones 1ª Fase”, no conocemos de la utilidad de esta nave.

En el año 2016, el programa tuvo una aportación estatal de 259.025 euros y su destino era para “Ejecución de nave para establo y picadero exterior”. A esta obra se le conoce poco provecho y sospechamos que respondió al deseo de algún particular “arrimado” al poder.

En el 2017, se aprobó la “Construcción de Kiosco-cafetería en Parque de Iván de Castro” con un presupuesto de 147.048,33 euros. Estas cantidades fueron ampliadas en los presupuestos de 2018 con 50.000 euros para la “adecuación y accesos” del Parque y con otros 90.000 euros para la cafetería, lo que implica que el presupuesto global va a superar ampliamente los 300.000 euros. El coste definitivo del Parque y Kiosco es una incógnita.   

domingo, 16 de septiembre de 2018

ALGUNAS NOTAS SOBRE EL CACIQUISMO POR LA ODP


 


ALGUNAS NOTAS SOBRE EL CACIQUISMO.
Queremos aportar una visión desde la ODP de algunos aspectos políticos que se están dando en localidades de la zona de Tierra de Barros. En algunos aspectos hacemos una referencia de manera muy general y en otros de manera más concreta comentando los detalles de los mismos.

A lo largo de los años, hemos llegado a comprobar que los dirigentes políticos en las instituciones extremeñas como la Diputación, la Junta de Extremadura y representantes del Gobierno Central actúan de comparsas de los partidos nacionales cumpliendo a la perfección su papel de encargados de mantener la estabilidad política-social de la población extremeña y evitar movimientos extraños a las estructuras económicas-sociales que nos tiene asignado el sistema capitalista. 

Un componente de primer orden en aquella tarea son las aportaciones económicas que destinan a nuestras localidades para combatir el desempleo y realizar mínimas inversiones con las que tratan de evitar nuestro hundimiento acelerado y definitivo. Sin embargo, las actuaciones económicas a las que destinan esos fondos ni estimulan el progreso, ni tienen el mínimo interés en generar una fuerza motriz que impulse el desarrollo económico y social, realizan una función de carácter ideológico que está orientada a asegurar la perdurabilidad de unas condiciones de conformismo y de pasividad que evite los problemas sociales referidos. 

En el transcurso de los años, aunque ha habido una extensión de la educación y la cultura entre las capas populares extremeñas, básicamente no se han modificado los objetivos institucionales. Por un lado, seguimos siendo un buen caladero de mano de obra joven cada vez más preparada tecnológicamente y especializada pero que no encuentra posibilidades de empleo en Extremadura, y necesita salir a buscar trabajo al resto del país o al extranjero. 

Por otra parte, el lento crecimiento y modernización de los procesos productivos agrícolas e industriales no tienen una notable repercusión en la economía regional, y mayoritariamente proseguimos siendo suministradores de algunas materias primas muy necesarias para el resto de la economía del país. 

En algunas localidades en las que en estos últimos años se han instalado Industrias con una importante absorción de mano de obra, la instalación de aquellas viene acompañada de una explotación laboral intensa de la fuerza de trabajo; es decir, salarios muy bajos que apenas alcanzan al umbral de la pobreza para una persona y que a duras penas permiten disponer de los mínimos existenciales a una familia, y con muchas horas de trabajo que tienen como contraprestación grandes beneficios para las empresas.

En el sector agrícola, al menos por la experiencia que tenemos en la zona de Tierra de Barros, las inversiones realizadas en el campo gracias a las fuertes subvenciones que llegan de Europa y de la Junta de Extremadura han estimulado las producciones más características de la zona, vino y aceite. No obstante, el campo es incapaz de absorber la mano de obra agrícola de nuestros pueblos en los que se dan notables bolsas de desempleo en ciertas épocas del año.

Las relaciones entre propietarios y trabajadores están reguladas por un convenio provincial en el que se contemplan emolumentos muy bajos para las diferentes tareas agrícolas lo que responde a la poca capacidad de movilización que tienen los trabajadores y las organizaciones sindicales entre los/as trabajadores/as.

Unos pilares básicos que contribuyen a sustentar la panorámica cultural e ideológica del clientelismo, y por tanto, del mantenimiento del caciquismo en nuestros pueblos son una buena parte de los regidores locales que en su mayoría pertenecen a las "sucursales extremeñas" del PP y del PSOE. Algunos de ellos muy acostumbrados al sillón, intentan frenar a base de publicidad el desgaste político que ocasionan los muchos años en la cabeza de la Corporación Local. El oxígeno necesario para la permanencia en el poder lo producen con el uso generalizado de diferentes medios de comunicación con los que atosigan  de mensajes a la población y visibilizan su imagen. 
 
En algunos casos muy concretos, como el Alcalde de Villafranca de los Barros, el medio que más utiliza es  una Televisión de propiedad municipal. La aplicación de manera ilegal de la televisión municipal en esta tarea tan menesteroa para sus intereses lo lleva haciendo en esta legislatura ante la indiferencia de la Junta de Extremadura. La Dirección General a la que corresponde la función de  la vigilancia y control de este medio en la Comunidad Extremeña permite su emisión aún a sabiendas de que cometen una presunta prevaricación, puesto que como hemos dicho estas Televisiones Locales Municipales no cumplen con la normativa legal establecida lo que no es óbice para que con toda la cara del mundo disponga de ella a su gusto y antojo el Alcalde.

No olvidemos a ciertos periódicos locales que también cumplen una misión propagandística, como verdaderos panfletos del partido en el gobierno municipal difundidos con fondos públicos.

En general, todos estos recursos publicitarios son las maquinarias más adecuadas para llegar e influir ampliamente en la opinión pública. Estos medios de los que se benefician sectariamente los dirigentes municipales se han visto ampliados con la llegada a nuestro pueblo de las pantallas digitales. 

Los importantes fondos públicos gastados en estos mecanismos electrónicos de transmisión y en otras actividades festivas y gastronómicas a las que se recurre con mayor frecuencia en la medida que nos acercamos a Mayo de 2019, serían más aprovechable para las comunidades locales si se emplearan en otros fines más provechosos: educativos, empleo, arreglo de caminos, juventud, ayudas al alquiler de viviendas, ú otras de las  necesidades que se dan en muchas familias que viven en estados de precariedad, pero lo que importa es la ganancia electoral, lo que importa son los votos.

El afán de caudillaje de nuestros Regidores se traduce en una incontrolable soberbia y arrogancia por pretender que asumamos pasivamente que todo lo positivo que ocurre en el pueblo se les debe a ellos, a su presencia y a su intervención política. En cualquier acto independientemente de su naturaleza, deportiva, musical, cultural, se afanan en discursos repetitivos, ficticios y ridículos,recordándonos quesu localidad es la ciudad que más empleo crea, la más limpia y la que dispone de los mejores servicios públicos del mundo mundial. 

En el plano ideológico, aunque pertenezcan a un partido político, como puede ser el PSOE, dada la ambivalencia de sus comportamientos bien podrían representar perfectamente al PP. Así, con el deseo de atraer a sus filas a votantes conservadores exhiben unos principios y valores que se adaptan camaleónicamente al color que más satisfaga su interés particular, como suelen decir “se hace lo que haga falta para ganar las elecciones”. No diferencian su cargo institucional de representante de todo el pueblo con su interés electoral. 

Su hipocresía les lleva a definir y justificar su ateísmo, aconfesionalidad o religiosidad en reuniones de partido, y se quedan tan tranquilos. Así, su relato les conciencia a que si es preciso acompañar a Misa al Obispo y rendirle pleitesía hay que hacerlo. Por esas mismas razones, en las procesiones de Semana Santa presiden la comitiva oficial, detrás del cura, en compañía de concejales, y la guardia civil.

Los comportamientos clericales de los representantes institucionales nos retrotraen a un pasado medieval de “cerrada y sacristía”, ydifícilmente justifican que nos encontremos en un Estado Moderno. Cuando los representantes públicos participan, sin el menor rubor, en estas liturgias, seguir afirmando que estamos en un Estado aconfesional es, cuando menos, contradictorio.

Aunque se llaman de izquierdas no suelen diferenciar entre la enseñanza pública y la enseñanza privada, ni distinguir el interés por lo laico y aconfesional del interés por lo religioso. 

Las conductas ideológicas de nuestros dirigentes políticos no tienen nada de simbólicas, ni responden a actitudes o intereses culturales o populares como pregonan o suelen justificarse ante las críticas que reciben, son comportamientos que ponen de manifiesto su identificación con la ideología dominante en los diferentes ámbitos económicos, educativos o culturales. 

El humanismo que proclaman no es otra cosa que el paternalismo clientelar que les asegure la subordinación y la reverencia, y en consecuencia, el mantenimiento de las estructuras sociales que tanto les beneficia y les permite.

viernes, 14 de septiembre de 2018

MANUEL CAÑADA: LA DIGNIDAD NO ES DELITO, SOLIDARIDAD CON LOS CAMPAMENTOS


LA DIGNIDAD NO ES DELITO, SOLIDARIDAD CON LOS CAMPAMENTOS



                “Un hombre que se conforma con obedecer leyes injustas no es un hombre honrado”

José Martí

En los últimos años he visto llorar a mucha gente humilde. He visto, hemos visto, cómo la miseria se instalaba en la vida cotidiana de muchos hombres y mujeres del pueblo. He visto cómo la sarna, aquella enfermedad ya desaparecida de la que hablaban con resentimiento nuestros padres, volvía a excavar sus galerías en el cuerpo de Paca, vecina de Mérida con el agua cortada durante meses. He visto a Carmen, madre desahuciada, con una hija pequeña, acampada en la puerta de la Consejería de Vivienda, temblando de rabia silenciosa ante el interminable toreo burocrático: vuelve mañana, bonita, a ver si se sabe algo. He visto la desesperación de Lucas, padre de una hija discapacitada de 16 años, con 426 euros de ingresos y la luz cortada por impago. He visto a María, maldiciendo la caridad de las señoronas, las que te hacen coser y rezar por las tardes si quieres que te paguen la bombona de butano. He visto a 25 personas durmiendo en la vivienda social de Ángela. He visto a Antonio y a Juliana sobreviviendo en un pasillo de Montijo, como animales fugitivos. A familias de Suerte de Saavedra, resistiendo en viviendas sin agua corriente, castigadas como delincuentes por políticos despreciables.

He visto a Jenny, humillada por la trabajadora social que le obliga a abrir el frigorífico para comprobar su estado de necesidad. A Alfonso, clamando por que se le “acumulan los numeritos”. A Petri, peleando por el 40% de las medicinas que no tiene  cómo pagar. A nuestro hermano José Giménez Lorente, asesinado por la miseria, enterrado por la beneficencia municipal.

Sí, he visto, hemos visto el manoseo de los derechos, la perenne ley del embudo que siempre reserva una última valla para el pobre, la banalidad de los desahucios, del paro, de los ansiolíticos, de las depresiones, de la desesperación. La banalidad del mal contemporáneo.

Cuántos pobres hay que moler para producir un rico, se preguntaba el escritor portugués Almeida Garrett. Cuántos obreros hay que condenar a la desmoralización, a la infamia, a la desgracia invencible, a la penuria absoluta para producir un banquero, un botín, un urdangarín, un alfonso gallardo. Y para producir también a sus leales servidores, los palanganeros en la política, los sembradores de desesperanza, los traficantes de arbitrariedad. Porque la injusticia tiene dirección, nombre y apellidos, claro. Gobernantes cínicos o pusilánimes, como Monago, Fernández Vara, Carrón o Vergeles; los culpables, por ejemplo, de que ni siquiera se valorasen 14.000 solicitudes de renta de inserción entre 2013 y 2015 y de que ningún cargo político sufriera la menor sanción por ello. O los responsables de que en el último presupuesto de Extremadura le hayan chuleado más de 41 millones de euros a 6.000 de las familias más necesitadas en nuestra comunidad, fondos que legalmente deberían haberse destinado a renta mínima, a ayudas de emergencia, a subvenciones al alquiler y a combatir la pobreza energética. “No se gasta lo presupuestado”, dicen y se quedan tan oreados.

Pero en los últimos años no sólo hemos visto la miseria de los de abajo y la indecencia de los de arriba. También hemos visto, a raudales, la dignidad. La dignidad que, como escribió Jesús Gómez, es un campamento de la piel, una erupción de la humanidad sobreviviente, una sublevación del amor que aún resiste en cada uno de nosotros frente a la normalización de la barbarie. La PAH o los Campamentos de la Dignidad en Extremadura han sido algunos de esos estallidos de grandeza, emblemas de la autoestima del pueblo.

Los Campamentos nacieron el 20 de febrero de 2013 y, desde entonces, se han ido afirmado como una comunidad de resistencia a la banalidad del mal. Una comunidad de los que no tienen comunidad, de quienes han sido expropiados de la condición de ciudadanía, de quienes sufren “la violencia que sobre ellos ejerce el aparato estatal, desbocado, excesivo, brutal, vejatorio, que viola los Derechos Humanos”  (José Pablo Feinmann). Una pequeña aldea gala que lucha y reparte, que tan pronto distribuye alimentos como monta corralas, exige la renta básica, defiende el derecho al rebusco, siembra alianzas rebeldes por todo el país o pelea contra la precariedad laboral. Sí, durante estos años, también he visto a muchos hombres y mujeres durmiendo meses en el suelo frente a las oficinas de empleo. O encerrados durante semanas en las iglesias. O andando las carreteras de Extremadura y España, reivindicando lo elemental: pan, trabajo y techo. O defendiendo con uñas y dientes el derecho al agua o a la luz. O repartiendo toneladas de alimentos, compartiendo lo poco que hay, ayudando a centenares de familias sin pedir jamás nada a cambio. Sí, también he visto, hemos visto, la generosidad, el compañerismo, el coraje.

El poder tiembla cuando la gente trabajadora se organiza, cuando los de abajo luchan de verdad. Y por eso ha urdido las leyes mordaza y otras mil formas de represión. Ese es el motivo de que, a pesar de que las acciones del Campamento Dignidad son siempre pacíficas, en tan sólo cinco años de vida hayan sido multadas o procesadas 75 personas vinculadas al movimiento y que la cuantía total de las sanciones propuestas contra el mismo ronde los 200.000 euros. Da lo mismo el motivo: por recuperar viviendas vacías, por cantar La mala reputación o por no seguir, cual cabestros, el itinerario caprichoso que le dé la gana al mandarín de turno en la Delegación del Gobierno. La persecución al Campamento Dignidad, como en general a los movimientos sociales más combativos, ha tenido y tiene un objetivo bien definido: vaciar la calle, obstaculizar la organización de los de abajo y desmoralizar al pueblo.

Frente a las multas y represalias que vienen sufriendo los Campamentos Dignidad, debemos atender la llamada de los compañeros a arrimar el hombro. Defendamos nuestras pequeñas fortalezas, nuestras herramientas de resistencia. Los de arriba tienen dinero y poder. Nosotros, conciencia y solidaridad. La lucha es el camino.

Manuel Cañada, militante de los Campamentos Dignidad



Solidaridad Campamento Dignidad:     ES44 2100 4294 4322 0012 8747   La Caixa


jueves, 30 de agosto de 2018

RESPUESTAS A COMENTARIOS SOBRE LAS CAMPAÑAS AGRÍCOLAS


Consideraciones y propuestas relacionadas con las campañas agrícolas

Llaman la atención las recientes declaraciones de algunos dirigentes agrícolas indicando que no es comprensible que haya tanta escasez de mano de obra en Extremadura para la realización de ciertas actividades de temporada a pesar del elevado número de parados como indican las estadísticas. Tampoco entienden que con el elevado número de jornadas de trabajo que se dan en las diferentes faenas, los obreros/as agrícolas no puedan presentar 30 peonadas, y  además quieran que se eliminen como requisito para acceder a la renta o al subsidio agrario en períodos de desempleo.

En síntesis, los representantes de la Organización Agraria dan a entender que los obreros/as agrícolas extremeños no están interesados en ocuparse en la vendimia o en las diferentes faenas agrícolas. Lo que se dice no se corresponde con la realidad, sólo hay que dar una vuelta por los pueblos de Tierra de Barros para comprobar la disposición y necesidad de empleo para españoles y extranjeros. Otra cosa bien diferente es que los salarios, las horas de trabajo, los destajos, los desplazamientos, los tiempos de bocadillo y otras condiciones laborales determinen que haya trabajadores que no se resignen a aceptar una sobreexplotación laboral que denigra su dignidad humana y los considera como animales.

De todos modos, quisiéramos hacer algunas propuestas para estas próximas campañas agrícolas.

Hay que aumentar la vigilancia en el campo con más Inspectores de Trabajo. En estos períodos, especialmente en el de la vendimia, se concentra una abundante mano de obra foránea en nuestros pueblos viviendo en unas condiciones de enorme precariedad, en naves y pisos pateras, situación que es aprovechada por algunos Patronos Agrícolas desalmados para llevar a cabo una sobreexplotación laboral de esta mano de obra pagando salarios muy por debajo de lo que marcan los convenios provinciales.  

La presencia en el campo de muchos más Inspectores de Trabajo para vigilar el cumplimiento de las normativas laborales sería un elemento necesario para combatir la sobreexplotación laboral que tanto daño hace a la clase trabajadora, haciendo inútiles los convenios y tirando por los suelos los salarios, y porque la enfrenta y divide, creando brotes de racismo y xenofobia que se trasladan al conjunto de la sociedad.

Hay que negociar un nuevo convenio colectivo que recoja con más fuerza que el actual los intereses de los trabajadores y trabajadoras del campo.

El convenio agrícola tiene una vigencia desde el 1 de enero de 2016 hasta el 31 de Diciembre de 2018. Por tanto, ahora, es un buen momento para que las Organizaciones Sindicales comiencen a dar los pasos para la negociación de una nueva normativa que modifique hacia arriba, ampliamente, los salarios establecidos en el vigente convenio, excesivamente bajos y muy inferiores a los ingresos que precisa una familia normal para vivir dignamente; son cantidades que están muy por debajo del umbral de la pobreza.

En 2017 el umbral de pobreza en España fue de 8.522 € por persona. En el caso del umbral de pobreza por hogar, compuesto por dos adultos y dos menores de 14 años, era de 17.896 € euros. Los obreros agrícolas eventuales, extranjeros o españoles, no alcanzan ni mucho menos estos ingresos. Según los datos de la Red Europea contra la Pobreza y la Exclusión Social, un total de 330.000 personas se encuentra en situación de riesgo de pobreza en Extremadura, un 35,8% de la población.

El convenio provincial agrícola se firmó en el año 2016 con vigencia de tres años, hasta el 31 de diciembre de 2018, de acuerdo a la tabla que se acompaña.



Desde el 1 de enero de 2016 se ha producido una subida importante en la luz, el teléfono, el gas, la gasolina, y en otros muchos elementos de consumo que han influido muy negativamente en el nivel de vida en nuestros pueblos. Según los datos estadísticos, la subida del IPC en Extremadura desde el 1 de enero de 2016 hasta julio de 2018 ha sido del 4,5 %, mientras que los salarios fijados en los convenios suben globalmente el 1,1%, es decir suben unos 40 céntimos desde 2016 hasta diciembre de 2018.

El nivel de los salarios fijados en el convenio agrícola para las diferentes faenas es una muestra evidente de la relación de fuerzas que existe en Extremadura entre trabajo y capital; hoy por hoy, muy favorable a los dueños de los medios de producción, es decir, al Capital. En el estado de cosas actual, es una obviedad decir que la capacidad reivindicativa para alcanzar mejoras salariales es muy insuficiente, por lo que un objetivo prioritario del movimiento obrero debe ser la recuperación de su organización y de la influencia sindical en el campo que está prácticamente desaparecida. Desde los Campamentos Dignidad y la Organización en Defensa de lo Público estamos intentando colaborar en este cometido con mucha voluntad pero con unos medios muy limitados.

Los ingresos anuales que proceden de los trabajos eventuales y los subsidios obtenidos durante el período de desempleo apenas llegan a las familias de los trabajadores agrícolas para satisfacer sus necesidades básicas del día a día. La realidad es que para mejorar su nivel de vida y alcanzar un mínimo bienestar que les permita superar los umbrales de la pobreza se debieran pagar salarios de 100 euros, como mínimo. Las mejoras salariales propiciarían un aumento del consumo que repercutiría en el conjunto de la sociedad extremeña, y en su desarrollo económico.

Hay que eliminar de una vez la justificación de todas las Peonadas.  Los trabajadores y trabajadoras agrícolas tienen que justificar que tienen una serie de jornadas realmente trabajadas para poder cobrar la renta o subsidio agrario durante el período en el que están en el desempleo. A estas jornadas reales de trabajo se les llama vulgarmente “peonadas”. Ciertamente, es una necesidad que el gobierno elimine la presentación de estas jornadas reales como requisito para acceder a la renta o al subsidio agrario.

 Para los obreros/as agrícolas es difícil conseguir las peonadas de referencia, y no sólo por la dificultad de encontrar trabajo sino también porque buen número de patronos no se las quieren firmar. En definitiva, son muchos trabajadores/as los que tienen que comprarlas para juntar las necesarias que les permitan cobrar la renta agrícola o al subsidio agrícola, pagando desde 15 a 20 euros por peonada. Este hecho define un claro elemento de sumisión del obrero al patrón; es un ingrediente que condiciona de manera muy importante toda la relación laboral del lado del empleador, de tal manera que en muchas ocasiones no se piden a los Patronos las peonadas por miedo a que no se les vuelva a contratar.

En concreto, para el cobro de la renta agraria se necesitan 35 jornadas reales como mínimo, en el caso del subsidio agrícola se necesitan 20 jornadas reales pudiendo suplir las15 restantes con trabajos en el AEPSA. En la medida en la que se tengan más jornadas de las mínimas se cobra más oscilando desde el 80 % hasta el 107 % del IPREM. Es decir, desde unos 430 euros hasta unos 576 euros aproximadamente.  Los acogidos al subsidio agrario cobran 430 euros. Esta renta se cobra un máximo de 180 días para jóvenes desde los 16 años hasta un máximo de 300 días para personas mayores de 52 años. En general, el número máximo de días que se percibirán al mes se calcula restando a 30 el número de días trabajados o percibidos de prestación por incapacidad temporal, maternidad o paternidad.

Hay que perseguir el fraude a la Seguridad Social. Las organizaciones agrarias conocen perfectamente el “fraude consentido” o “legal” que se puede dar en las cotizaciones sociales a la seguridad social. El procedimiento establecido para que los Patronos den de alta y baja a los obreros/as agrícolas es tan flexible que quienes quieran defraudar puedan hacerlo fácilmente. El mecanismo permite que el patrón puede comunicar la baja en la seguridad social en un plazo de 6 días desde que se dejó de trabajar.

La sobreexplotación laboral en el campo está presente en muchas faenas agrícolas; por mencionar algunas de ellas podemos referirnos a las relacionadas con los ajos; aquí no se cumplen convenios, el destajo predomina en toda la labor, pagándose el kilo de ajo embolsado a unos  céntimos con lo que durante más de 8 horas de trabajo no se alcanza a cobrar unos 30 euros Y todo esto, teniendo a los trabajadores “de prueba” unas semanas, sin alta en la seguridad social. Y si esto ocurre entorno a los ajos, no dejemos de lado lo que ocurre en algunas fincas en las que se trabaja con gallinas, esto lo dejaremos para otro día, pero aquí las relaciones laborales son las del siglo XIX como tiempo más próximo.