domingo, 4 de diciembre de 2022

La importancia de la herencia del atado y bien atado


 

Cuando hablamos de los partidos políticos que controlan los instrumentos del aparato del Estado, no nos vale la teoría del “menosmalismo” que nos puede empujar a apoyar y dar nuestro refrendo al que consideremos como el menos malo en la toma de decisiones políticas y sociales. En la política local, regional y estatal, a veces sucede que en ocasiones gobiernan los que se consideran progresistas y en otros casos, los calificados como conservadores. Sin embargo, la experiencia nos dice que no hay distingos entre «progres» y «conservadores», son y forman parte de las mismas estructuras.

Los políticos progres o conservadores no van a parir cambios trascendentales con las políticas que ejecuten. En el caso de la política local, las leyes y normativas que regulan la administración local, imponen enormes limitaciones en competencias legales y económicas de tal modo que las medidas que se toman puedan tener pocos efectos en el terreno de las desigualdades sociales y territoriales, así como alterar el estado de los explotados y oprimidos.

En el Estado español la herencia del «atado y bien atado» es tan fuerte y tan poderosa que el lema del «sí se puede» en este marco político-legal no es más que una falsa ilusión. En todo caso, hay la plena seguridad de que los políticos progres y conservadores no van a llevar a cabo transgresiones legales que rompan o modifiquen lo más mínimo las estructuras del sistema, pues esto implicaría recibir un castigo penal importante, al que no están dispuestos.

Nuestro objetivo político debe estar centrado en el trabajo de organización y agrupación de fuerzas, en luchar por conseguir una plena autonomía política, local y regional, con capacidad de decisión en los asuntos y problemas que nos afectan, a la vez que avanzar en la unidad con otras fuerzas políticas y sociales del resto de los territorios del estado español interesadas en la superación de la Monarquía como garante de la dictadura del capital y de las relaciones sociales de producción.

sábado, 3 de diciembre de 2022

En apoyo a la Coordinadora Antiprivatización Sanidad Pública (CAS) y su defensa de una Sanidad Pública y Universal

 


Desde UED-PSLF nos identificamos en todos sus términos con las manifestaciones realizadas por la (CAS) Coordinadora Antiprivatización de la Sanidad Pública en relación a lo que viene sucediendo con la (ILP) Iniciativa Legislativa Popular para la recuperación de la sanidad pública.

Así, en una reciente comunicado del día 2 de diciembre, titulado” Sobre el papel de la izquierda en la ILP para la Recuperación del Sistema Nacional de Salud”, la CAS informa que ninguna de las direcciones de las organizaciones políticas en el Congreso de los Diputados, ni de sindicatos como CCOO y UGT, así como directivas de asociaciones corporativas de medicina y enfermería, y de otros colectivos, plataformas y mareas que dicen defender la sanidad han apoyado la defensa de la Iniciativa Legislativa Popular en los diferentes territorios del estado español, si bien quieren destacar que han tenido colaboración de personas a título individual pertenecientes a estas organizaciones políticas, sociales y civiles.

En este orden de cosas, tenemos que decir que UNAEXTREMADURADIGNA (UED-PSLF), estuvo desde el primer día al pie del cañón colaborando con compañeros de colectivos pensionistas y de la CNT de Badajoz en la difusión y en la recogida de firmas de apoyo a la ILP en diferentes localidades como Badajoz, Mérida, Almendralejo, Don Benito, Villanueva, Cáceres y Villafranca de los Barros. Por supuesto que nos consta que otras muchas personas también estuvieron recogiendo firmas en estas y otras localidades extremeñas a título individual o pertenecientes a otros colectivos.

Esta iniciativa para la recuperación del sistema sanitario público en el estado español se basaba en 5 puntos:

  1. Atención sanitaria para todas las personas, universal.
  2. Derogación de las leyes privatizadoras y recuperación de los centros privatizados.
  3. Creación de un sistema público de farmacia y productos sanitarios.
  4. Recuperación y reforzamiento de la atención primaria, dotándola del 25 % del gasto.
  5. Atención sanitaria de los centros de mayores en manos del sector público.

 

La CAS señala textualmente en su comunicado: “Por tanto, tenemos que denunciar que todos aquellos grupos, que englobados en la “izquierda institucional”, han maniobrado para impedir que la ILP se difundiera, para evitar que en un año en el que comienza el circo electoral, PSOE y Unidas Podemos tuvieran que retratarse en el Congreso votando en contra de propuestas, que mientras estuvieron en la oposición prometían aprobar cuando gobernaran.

Sin embargo, todos estos grupos políticos reaparecen ahora en el momento preelectoral con los reclamos de “la sanidad no se vende, se defiende”. Lo que sí persigue la “izquierda del capital”, es ocultar que la desastrosa situación sanitaria es simplemente el resultado de la aplicación durante estas décadas pasadas de las leyes estatales que ellos están manteniendo, aunque contaban y cuentan con la mayoría parlamentaria para echarlas abajo.

La voladura controlada del Sistema Nacional de Salud no permitirá “oasis” sanitarios, ya que afectará a todas las Comunidades Autónomas. La estrategia de desmantelamiento de los llamados “servicios públicos” alcanzará todos los territorios y todos los sectores, acelerándose cada vez más con las medidas que el Estado está tomando, y aun reforzará mucho más con la agudización de la crisis energética y eco-social.

Así, mientras el sistema sanitario se hunde, las ambulancias salen sin médico, falla el transporte sanitario, se desmantelan los servicios de urgencias, la Atención Primaria se colapsa, las listas de espera se disparan, la masacre de las residencias continua impune con los mayores que sobrevivieron de nuevo olvidados, y la sobremortalidad sigue sin merecer una explicación por parte del Gobierno, todos los partidos sin excepción han cerrado filas, y nos han metido en una guerra, que no es nuestra, y anuncian en los presupuestos para 2023, 48.833 millones de euros (casi el 4% del PIB), más de la mitad del gasto sanitario público, no para rescatar la sanidad, sino para alimentar un nuevo ciclo de rearme que nos va a llevar a un suicidio colectivo como sociedad.

Sin embargo, la esperanza que tenemos es la de que históricamente las sociedades se han organizado desde la base cuando han tenido lugar graves crisis. La unidad de los trabajadores/as es la esperanza, mientras que políticos y gestores son el obstáculo, para lograr un sistema sanitario verdaderamente democrático y universal, no dirigido por intereses comerciales, que actúe contra los “productores de enfermedad” y establezca como prioritaria la salud colectiva.

lunes, 28 de noviembre de 2022

Algunas consideraciones generales sobre el Programa Autonómico para Extremadura de UED-PSLF.

 

 

1.- Por la Plena Autonomía Política del pueblo de Extremadura, en la necesidad de un Parlamento y un Estatuto de Autonomía que satisfagan las demandas sociales y democráticas, capaz de establecer unas relaciones con los pueblos de España, como pueblos libres e iguales.

 

2.- Extremadura es el ejemplo típico de una sociedad propietarista, según la idea política de que un individuo privado puede poseer títulos de propiedad privada transferibles en un mercado libre.​ Esta sociedad profundamente injusta y desigual está en crisis política y económica. El aspecto dominante, por encima de cualquier otro, de la sociedad extremeña es el del derecho a la gran propiedad de la tierra mantenido por las leyes del Estado (Constitución Monárquica y Estatutos de Autonomía), reforzado y expresado en las políticas de la Unión Europea, de la Política Agraria Común en particular que financia el latifundio).

 

La estructura de la propiedad de la tierra así lo expresa, así como las escasas competencias reales de las que goza en estos momentos el gobiernillo de la Junta de Extremadura y un”parlamentillo” sin poderes en dónde se desarrolla el teatrillo de la democracia.

 

 

2.- Hemos de partir de la base de que las políticas que se imponen al pueblo extremeño vienen en su mayoría establecidas por las normativas de la Unión Europea, y de su todopoderosa comisión sin elección ni control democrático alguno. En un porcentaje mucho menor dichas políticas contra el pueblo extremeño son establecidas por el Gobierno del Estado y sólo una mínima parte, por la Junta de Extremadura.

 

Por ello, en base a esta realidad competencial tenemos que indicar que la autonomía extremeña está siendo secuestrada de sus competencias democráticas naturales, impidiendo, de esta forma el derecho inalienable del pueblo a organizarse democráticamente y a decidir libremente sobre sus asuntos y destinos.

 

 

3.- Por ello, partimos de la necesidad de la Plena Autonomía del Pueblo Extremeño, por la capacidad para satisfacer las demandas sociales y democráticas de las clases explotadas y oprimidas extremeñas.

 

La principal contradicción de la realidad extremeña, tiene como punto de partida la incompatibilidad entre capitalismo y democracia. El capitalismo no es un sistema que pueda vivir armónicamente con la democracia, ni mucho menos. Las sociedades capitalistas, propietaristas, se basan en unas relaciones sociales de producción en donde la democracia se permite siempre que deje vía libre a la explotación laboral y permita a los propietarios de los medios de producción de bienes y servicios obtener y disfrutar de la plusvalía producida por la mayoría social, la clase obrera, propietaria de la fuerza de trabajo. El precio de la reproducción del capital lo pagan las clases trabajadoras con la miseria, la pobreza, el desempleo, la emigración y separación de las familias, etc. Cuando se interrumpe la reproducción del capital y este siente que la democracia no le asegura su estabilidad recurre a las garras del fascismo y propiciando todo tipo de recortes democráticos.

 

En nuestro país, y en concreto en Extremadura conocemos sobradamente este estado de cosas. La prolongación de la monarquía heredada del franquismo nos muestra la evidencian de cuarenta años de régimen autonómico con gobiernos del PSOE y/o del PP, que deben ser tenidos en cuenta, para dar explicación material del continuo abandono de nuestra tierra y de sus hombres y mujeres, y en consecuencia, todo el desencanto actual en las clases explotadas y oprimidas de las políticas de las organizaciones (sindicatos y partidos que hablan en su nombre). Es decir, la desconfianza en un sistema político que soporta la dominación económica de los grandes propietarios de la tierra y de los sectores financieros que concentran las riquezas de quienes trabajan.

 

 

4.- En conclusión, partimos de una exigencia democrática y social, como es la plena autonomía del pueblo extremeño para resolver democráticamente sus asuntos, lo que choca con la legislación y los poderes establecidos a nivel estatal y europeo. Es decir, la misión de nuestras candidaturas y políticas, ya sean autonómicas o municipales, no es otra que   la   de ayudar a los trabajadores del campo y de la ciudad, y sus aliados a tomar el papel de protagonistas, como actores principales de la política e instituciones de gobierno.

 

 

5.- Subrayamos nuestro papel como instigadores e inductores, en este caso, de la plena autonomía basada en la aspiración de que no exista poder establecido por encima de la voluntad del pueblo, y en el caso extremeño en la capacidad para la toma de decisiones acerca de la expropiación de las grandes propiedades latifundistas, por la Reforma Agraria integral, a la vez que ayudamos a romper las cadenas de las dudas económicas y financieras a las que están sometidas las pequeñas y medianas empresas, así como la implementación de otras medidas relacionadas con la vivienda y los servicios públicos.

 

 

6.- Por el pleno empleo y la vuelta a su tierra de los que soportan el exilio económico, la penuria y precariedad. Y ello hace al caso de un Parlamento extremeño, y de un gobierno dependiente de él de carácter soberano para establecer la democracia y luchar contra la desigualdad, capaz de municipalizar el suelo urbano en beneficio de la construcción social necesaria.

 

 

7.- Para nosotros es importante la cuestión social, ligada a la defensa de unos servicios públicos de calidad. Y a ello nos obliga, a vincular en forma adecuada el papel tan determinante que ocupa en la coyuntura actual la guerra y la recesión económica internacional.  Por tanto, reclamamos la nulidad de los acuerdos que fomentan los gastos militares aprobados por exigencia de la OTAN- EEUU, y la retirada de las tropas españolas de la zona de conflicto. Por una intervención del Estado Español en lograr acuerdos de paz que acaben con la guerra y dedicar los gastos militares a fines sociales.

 

 

 8.- El pueblo extremeño para hacer posible sus demandas y aspiraciones necesita estrechar la mano a los trabajadores y pueblos de España para con ellos extender y abrazar una alianza por la democracia, por la soberanía popular, por la toma por parte del estado central de las medidas económicas y financieras que acaben con las desigualdades territoriales y sociales que sufre en buena medida la región extremeña.

 

9.- Somos conscientes de que el régimen autonómico de la monarquía es un intento de dividir y enfrentar a los pueblos. En ese sentido es imprescindible expresar esa determinación a la lucha común, a la solidaridad entre trabajadores y pueblos a través de la campaña que venimos realizando basada en el derecho a decidir de todos. Por un referéndum legal y vinculante que permita a los pueblos decidir entre monarquía y república, y avanzar hacia el socialismo.

 

 

 

jueves, 24 de noviembre de 2022

Los profesionales de la política y los aspirantes a ese título


1.- Los propagandistas del régimen, los profesionales, portavoces de los partidos políticos que gobiernan el sistema, su supervivencia en el ámbito del negocio de la política necesita que los medios de comunicación anuncien los ficticios logros de sus gobiernos. Estos profesionales de la política parece que desconocen las dificultades de muchas familias para vivir; ignoran que con las ayudas sociales que se conceden y los salarios precarios que se pagan, no se pueden pagar los alquileres, la luz, el agua, los alimentos, la compra de la carne o pescado, o sacar adelante y mantener pequeños negocios, etc.  

Desconocen soluciones para las muchas familias que están amenazadas de desahucios y viven con la angustia del pago del alquiler o de la renovación de la renta básica que les cumple en unos días, personas desesperadas de llamar a la seguridad social sin recibir respuesta de cuando les comienzan a pagar la prestación, el subsidio, o el IMV, etc.

 

2. - Los profesionales de la política y algunos medios de comunicación públicos no quieren ver ni escuchar el rumor que se desprende del conjunto de calamidades que sobrevuelan la existencia vital de miles de extremeños y extremeñas, están centrados en resaltar la visibilidad de los triunfos gastronómicos, religiosos, deportivos, culturales, etc. que obtienen quienes parece ser están en la otra orilla, ilustres extremeños y extremeñas que encumbran y resaltan a la región como plataformas que incentivan el negocio del turismo y el patrimonio arquitectónico de nuestra tierra.

 

3. - Los profesionales de la política se codean con los explotadores, especialmente con los propietarios de grandes fábricas y latifundios; no tienen ojos para ver que incumplen los convenios e imponen trabajos de mierda con salarios de miseria y horas extraordinarias a bajo precio; toda la ética está supeditada a las necesidades de producción y al beneficio económico. Pero este desdén hacia la fuerza de trabajo, hacia el obrero, da la impresión que a la sociedad no le importa y pasa desapercibido; lo confirma el político de turno premiando a los explotadores con distinciones honoríficas, y medallas que vienen a destacar su emprendimiento y laboriosidad, toda una farsa y un teatro para engañar al pueblo.

 

4.- Los profesionales de la política en los gobiernos locales o regionales, siguen los mismos criterios de actuación. Así, privatizan todo lo que pueden en base a justificaciones para despistar y confundir al pueblo; en algunos casos, con el ahorro de presupuestos o por la rapidez de ejecución de las obras; en otros, porque al ceder las operaciones de limpieza del municipio a “empresas privadas con calificativos especiales de empleo” se apoya la inserción laboral de las personas con diversidad funcional. La cuestión es que se está beneficiando a las empresas que emplean a estas personas puesto que las contrataciones se hacen por períodos cortos para evitar altas indemnizaciones, disfrutando de bonificaciones en el pago a la seguridad social, y recibiendo subvenciones importantes por cada una de las personas contratadas. Los ayuntamientos no tienen necesidad de privatizar este servicio municipal ya que podrían contratar directamente como algunos municipios han venido haciendo, además de a la gente que está en paro, a personas con diversidad funcional.

viernes, 18 de noviembre de 2022

El control estatal de los grandes medios de producción

 


La nacionalización de las grandes empresas y medios de producción es el único camino para avanzar en la solución al empobrecimiento de la clase trabajadora y la ruina de las pequeñas empresas.

Desde UED-PSLF queremos señalar que es importante la actitud de algunos ayuntamientos subvencionando a los vecinos con pequeñas cantidades económicas para que recurran al comercio local al objeto de brindarles un apoyo para su supervivencia.

Lo que sí queremos poner de manifiesto que estas pequeñas ayudas a la compra, así como otras pequeñas medidas que estén en esta misma dirección son totalmente insuficientes para frenar la caída y cierre de los pequeños negocios locales frente a la extensión y apropiación de los mercados por las grandes superficies.

En un período de crisis como el que estamos sufriendo, se agudiza la competencia entre los capitalistas que siguen todos los mecanismos posibles para recortar los salarios de la clase obrera, a la vez que recurren al Estado para aprovecharse de los fondos públicos. La reproducción ampliada del capital está por delante de cualquier otra circunstancia.

La competencia entre los grandes monopolios introduce la lucha por la máxima productividad con el fin de ganar los mercados con los precios de las mercancías. Por otro lado, los recortes salariales conducen a una disminución de la capacidad de compra de los trabajadores que son la mayoría de la población; la precarización salarial les obliga a buscar los centros de venta en donde las mercancías sean los más baratas posibles.

En muchos casos la actitud de monopolio determina que los precios de ciertas mercancías se eleven artificialmente por encima de su precio real.

Las grandes empresas y superficies con una mayor capacidad de adaptación de precios hunden al comercio local a pesar de las pequeñas ayudas directas o indirectas que reciban de las entidades locales. La concentración y centralización de capitales es un proceso que no tiene freno y que se acelera en estos momentos.

Ante una situación de estas características sólo la actuación del Estado procediendo a la nacionalización y control de las grandes empresas y de todos los grandes medios de producción es el único camino para frenar la caída del nivel de vida, la explotación de las clases trabajadoras y la ruina del pequeño comercio.

sábado, 29 de octubre de 2022

SOBRE LA REDUCCIÓN DEL NÚMERO DE PEONADAS

 



El Consejo de Ministros ha aprobado una nueva reducción del número de peonadas que se requieren para acceder al subsidio y renta agraria en Extremadura desde el 1 de noviembre de 2022 hasta el 30 de Junio del 2023. La cantidad de jornadas cotizadas para acceder a estas prestaciones se rebaja a 10 hasta junio de 2023, pudiendo acceder al cobro durante unos meses de 460 €. Si bien se establecen el cumplimiento de ciertos requisitos según la edad y el tiempo de acceso a la cartilla agrícola. En la exposición de motivos del decreto se indican las razones que llevan a esta reducción de las peonadas. Así, se espera un descenso de la producción de la práctica totalidad de los grupos de cultivos analizados, por fenómenos climatológicos, especialmente en el olivar, cultivo que demanda una gran cantidad de mano de obra. Es por ello que se reduce el número de jornadas de 35 a 10 para que las personas trabajadoras agrarias eventuales, en las Comunidades Autónomas de Andalucía y Extremadura, puedan acogerse al subsidio de desempleo y la renta agraria, dada la afección de esta situación a sus posibilidades de empleo. Además, Esta circunstancia, sumada al evidente impacto que los aranceles internacionales y los problemas ambientales que han afectado a la cosecha de las actividades oleícolas –predominantes precisamente en el territorio de ambas regiones–, justifica sobradamente la necesidad imperiosa e inaplazable de reducir el número de jornadas exigidas para acceder a ambas prestaciones, en línea con lo que en ocasiones similares se ha venido acordando.

No obstante, conviene realizar algunas precisiones:

1.- El inicio del régimen de protección de los trabajadores eventuales compuesto por el Subsidio Agrario, la Renta Agraria y los Planes de Empleo Rural se conforma desde el periodo de la Transición con el objetivo de neutralizar las reivindicaciones que históricamente venían realizando los jornaleros de la Reforma Agraria.

 La irracional y desigual estructura de la propiedad agraria en Andalucía y Extremadura provenía de la reconquista en el período medieval y su mantenimiento posterior a lo largo de los años, lo que ha ocasionado situaciones de enormes desigualdades sociales, explotación brutal con pobreza y miseria de la clase obrera agrícola.

En 2021 se acogieron al subsidio agrario unas 12.259 personas en la comunidad autónoma extremeña, según el IECA, la mayoría mujeres.

2.- Mediante este sistema de protección social se mantienen disponibles jornaleros y jornaleras agrícolas para ser empleados temporalmente por la burguesía agraria en el campo y para otros empleos coyunturales en la hostelería y la construcción.

3.- La reducción de las peonadas para el cobro del subsidio es una medida que deja las cosas tal y como están, aptas para continuar con la sobreexplotación de la clase obrera agrícola en el medio rural, y dando vía libre a que sigan el acaparamiento de la propiedad de la tierra por los latifundistas de toda la vida, la penetración de fondos de inversión extranjeros y nuevos ricos, propietarios de las industrias de transformación de productos hortofrutícolas reconvertidos en terratenientes.

La gran propiedad agraria no ha dejado de crecer. Además de que con este sistema perduran y se reproducen otros problemas asociados como las redes clientelares, la obligación de comprar peonadas, los jornales en negro y la economía sumergida. A pesar de nuestra disconformidad con una medida que acelera e intensificaba las desigualdades sociales en el mundo rural, dada la situación actual de crisis y desempleo, esta reducción de peonadas va a permitir que muchas familias puedan disponer de unos mínimos ingresos para sobrevivir.

 4.- Las Organizaciones sindicales y políticas del reformismo pretenden utilizar esta medida para vender las presuntas bondades del gobierno «de progreso» español y seguir engañando al Pueblo Trabajador Agrario. Les recordamos que el gobierno PSOE-UP no ha ido mucho más allá que gobiernos anteriores que redujeron hasta 20 las peonadas necesarias.

5.-No hay que dejar de entender que la naturaleza de la renta y subsidio agrario suponen un pequeño presupuesto para el estado pero que en el fondo significan y se plantean como una limosna para comprar la paz social en el campo, garantizar la dominación de clase de la burguesía asegurándole mano de obra para las explotaciones agrarias a precio de ganga que fácilmente se acompañan de fenómenos como el trabajo en negro, la compra de firmas, etc.

6.- El remedio a los problemas del proletariado agrario pasa por la Reforma Agraria y por otras medidas imprescindibles para sostener la producción agraria y el mundo rural extremeño, como:

Participación de Extremadura en los beneficios de todas las empresas que operen en nuestra región o vendan aquí sus productos.

Exigencia de preferencia para el consumo de los productos extremeños

Impulso desde el gobierno regional a la formación de cooperativas de trabajadores agrícolas.

Fin de la privatización de las tierras de titularidad pública a través de subastas. 

Cesión de las tierras públicas para su explotación a cooperativas de trabajadores/as.

Política de incremento del patrimonio agrario público extremeño con una partida anual en los presupuestos regionales.

Regulación del derecho de tanteo de la administración pública en las subastas de terrenos agrícolas.

Cesión de las tierras de titularidad pública de cualquier administración a cooperativas asociadas de trabajadores/as. 

Protección del pequeño campesinado de los oligopolios de la comercialización de productos agrarios fomentando la introducción de empresas comercializadoras públicas y precios justos para las cosechas. 

Expropiación de fincas por motivos sociales, infrautilización o cultivos lesivos con el medio ambiente.

Aplicación del Impuesto de Tierras Infrautilizadas (aprobado en la Ley de Reforma Agraria 3/1984 y nunca puesto en práctica).

Diseño y planificación de un proceso de industrialización organizado y dirigido por la Junta de Extremadura acorde con las necesidades del Pueblo Trabajador Extremeño.

 

La manipulación política sobre la base de los datos del paro

 

El PSOE extremeño se ha lanzado a una campaña política apoyado en lo que considera buenas noticias sobre los últimos datos del desempleo en la región, y en las perspectivas de futuro que ofrecen los 1.000 millones de euros de los fondos europeos que según el jefe del ejecutivo regional y la ministra Calviño tiene consolidados Extremadura. Partiendo de estas premisas, destaca su ejecutoria política de gobierno frente a la del PP, puesto que ahora hay un número de parados mucho menor que los que había cuando gobernaba el PP.

La campaña forma parte de una de mayor extensión que van a realizar todas las terminales del poder para contrarrestar las dificultades que está teniendo ya y van a seguir creciendo en un futuro inmediato del sistema capitalista para mantener la cohesión social en el interior del país y a otros niveles extranacionales. Quizás sea necesario tomar como punto de partida el hecho fundamental de que los fondos europeos no son gratuitos, y con ellos hay unos compromisos del gobierno con la UE.

Las crisis de las economías capitalistas, agudizadas por la guerra y la pandemia del COVID, han obligado a los países europeos, organizados en la UE, a la petición de préstamos a los mercados financieros para hacer frente a la crisis.

La mayor parte de los fondos europeos de recuperación y resiliencia están siendo destinados por los estados europeos como ayudas y subvenciones para que las grandes empresas nacionales y multinacionales reorganicen y modernicen sus medios de producción

Para acceder estos préstamos y subvenciones, los gobiernos se han comprometido con la UE a una serie de recortes sociales en materia de pensiones, reformas laborales, reducción de servicios públicos, salarios, etc. Por tanto, los dineros que recibirán las Comunidades Autónomas no van a venir de modo gratuito como una lluvia caída del cielo, ni vienen gracias a las buenas gestiones de nuestro gobierno regional, sino que estos préstamos y ayudas se corresponden con unos compromisos políticos y unas devoluciones dinerarias que antes o después deberemos pagar las clases trabajadoras, a pesar de toda la propaganda mentirosa que se está haciendo sobre los mismos.

En este marco general se encuentra la necesidad de la manipulación propagandística que realiza el PSOE con los datos del paro. Esta tiene un recorrido meramente electoralista, implora el parlamentarismo banal que nunca acabará con la pobreza relativa ni mucho menos con la explotación;  ni ahora ni antes, tanto el gobierno regional del PSOE como el del PP, cuando en su momento lo fue, jamás han estado al servicio de los intereses del pueblo trabajador extremeño. 

1.- En primer lugar, las políticas realizadas para combatir el desempleo regional han sido y son débiles y muy superficiales siempre con fondos públicos sin tocar ni molestar los bolsillos de personas y entidades ricas y poderosas, no atacan las raíces ni las causas estructurales que generan el atraso económico y el elevado paro que padecemos, por tanto, incapaces de responder a coyunturas económicas negativas que se reflejan y arremeten con fuerza en regiones sin una estructura sólida productiva como es la extremeña.

2.-Los gobiernos del PSOE en Extremadura tienen bien poco que destacar en cuanto a lucha contra el paro y el bienestar de la población trabajadora puesto que no han atendido asuntos fundamentales para la población extremeña, ni tampoco han transformado las estructuras productivas, económicas y sociales de la región. No se han preocupado de las construcciones de viviendas, ni de una reforma agraria de apoyo a los agricultores y ganaderos, no hay una planificación económica que apoye a las pequeñas y mediana empresas, ni hay interés en la creación de unas bases para el desarrollo industrial autónomo sin esperar a mecenas que vengan del exterior a resolvernos los problemas, ni tampoco políticas forestales. etc.

3.- La clase obrera extremeña no tiene que agradecer nada al gobierno de VARA que ante tanta precariedad y dificultades económicas se ha limitado a seguir mecánicamente con acciones muy insuficientes para combatir la pobreza y la exclusión social. No se ha pasado de la distribución de pequeñas cantidades de fondos públicos a los ayuntamientos para un raquítico empleo social, ayudas a domicilio de miseria, mínimos vitales, talleres de formativo sin garantías de empleo futuro, gratificaciones al transporte público, etc., En definitiva, son acciones que se han querido vender con mucha publicidad pero que no sobrepasan el carácter caritativo para evitar conflictos, pero sin atacar las raíces y las causas que dan lugar a estos graves problemas que sufre la humanidad trabajadora extremeña.

4.- El gobierno de VARA ha dado por bueno y ha sido sumiso ante todo lo que viene y se decide en Madrid. Ha aceptado sin rechistar los fondos que proceden de los presupuestos del Estado totalmente insuficientes para atender la tan necesaria mejora en cantidad y calidad de los servicios públicos de la sanidad, la educación, los mayores, y los dependientes.

5.-El gobierno socioliberal del PSOE ha seguido mecánicamente la dictadura del capital adoptando normativas económicas y administrativas en buena sintonía con los intereses de las grandes compañías eléctricas y otras grandes empresas que se están apropiando de los recursos naturales de estas tierras. El gobierno del PSOE no sólo mantiene, sino que también ha promocionado entre la población trabajadora una sumisión irracional y alienadora ante los dueños de estas corporaciones explotadoras que lo único que quieren es obtener altos beneficios. El PSOE ha estado impidiendo que las clases trabajadoras dieran el salto desde las políticas reformistas a las revolucionarias.

La experiencia nos dice que cuando alguna gran empresa se instala en nuestros pueblos, favorecidas por las condiciones generadas por el gobierno regional, llevan a cabo una enorme acumulación de capital como resultado de la imposición de una brutal explotación laboral, sin paliativos, sin la menor piedad, ante el silencio absoluto de los sindicatos oficiales del régimen monárquico y con el visto bueno de las instituciones de la Junta y del Estado que no ejecutan control alguno de las condiciones laborales y ambientales. 

6.- Desde UED-PSLF consideramos que ahora al elaborar los presupuestos regionales se tengan en cuenta con carácter prioritario políticas en las que se contemplen: la creación de una Banca Pública, la potenciación cuantitativa y cualitativa de los servicios públicos de la sanidad, la educación, la atención a mayores y dependientes, la construcción urgente de viviendas sociales y la programación de políticas de empleo estables y creadoras de riqueza, así como medidas que den apoyo a pequeñas y medianas empresas regionales y a los agricultores y ganaderos.

 

martes, 25 de octubre de 2022

SOBRE LAS AYUDAS SOCIALES EN LOS PRESUPUESTOS REGIONALES (I)



Una Extremadura Digna-PSLF (UED-PSLF) exige a la Junta de Extremadura y a los partidos políticos de la Asamblea que en los nuevos presupuestos municipales se incrementen las cantidades que las familias extremeñas cobran por la renta de inserción extremeña (renta básica extremeña) y se complementen las cantidades del Ingreso Mínimo Vital hasta llegar al Salario Mínimo Interprofesional. La subida de los precios de los alimentos y combustibles imposibilitan que familias con 500 o 600 euros puedan vivir dignamente. Además, se deben incrementar las cantidades destinadas a los mínimos vitales para que la gente pueda responder a los desorbitados precios de la luz.

Por otro lado, es necesario complementar hasta subir las pensiones, mínimas y no contributivas hasta el salario mínimo interprofesional. Hay personas mayores que están cobrando cantidades ridículas que apenas tienen para alimentarse y viven en situaciones próximas a la miseria.

Las buenas noticias que el presidente de la Junta, Fernández Vara, y la ministra Calviño han dado hace unos días respecto a que tenemos para la región extremeña unas cantidades consolidadas de 1.000 millones de euros, abren perspectivas para mejorar la vida de los extremeños. En todo caso, lo que no deben hacer ni consentir nuestros dirigentes institucionales es que estos dineros sean dirigidos, mediante ayudas y subvenciones, a las grandes empresas que actúan en la región, mientras que los municipios, pequeñas empresas autóctonas y la población trabajadora en general accede a pequeñas migajas que se conceden para taparnos la boca.