Breves notas sobre el Parlamentarismo regional

 

La lucha entre los partidos es la expresión “más íntegra, completa y específica de la lucha política entre clases”. En nuestro caso, la vida política extremeña está dominada por los intereses de una pequeña burguesía, una fracción progresista y otra conservadora y reaccionaria, ambas dan forma a las condiciones materiales en las que vive el pueblo extremeño: dependencia, atraso económico, y emigración.  La asamblea de Extremadura representa formalmente los intereses políticos y económicos de aquellos grupos sociales, incapaces de resolver los problemas históricos de la región. En la institución no hay representación de los intereses de la clase obrera.

Sin duda, las declaraciones que realizan los representantes políticos regionales ya sean del gobierno o de la oposición son parte del parlamentarismo burgués. Hasta la fecha,  se hacen desde un púlpito de plena subordinación a Madrid, en el que no se tienen en cuenta criterios para modificar las relaciones sociales de producción, ni propiciar cambios en las estructuras económicas regionales que mejoren la vida de la población trabajadora, son proclamas repetitivas puramente electoralistas que escuchamos a quienes ocupan las butacas de la oposición, en unas legislaturas el PP, y en otras el PSOE, como ocurre ahora; sólo hay que echar un vistazo a las hemerotecas.

Los discursos se hacen en nombre de la democracia, pero llamar ‘democracia’ a los procesos electorales cada cuatro años que se basan enteramente en el ‘marketing’, la manipulación y la ignorancia es no querer aceptar el significado ni el espíritu de esta palabra. Tampoco nadie explica que el modelo occidental de democracia no es el único ni que está lejos de ser el mejor, y como en algunos casos, por arte de birlibirloque o mejor siguiendo el dedo divino de un dictador se han transformado en monarquías.

Un modelo cuya inercia permite que sectores sociales acomodados de la población puedan vivir de cargos y puestos políticos y administrativos, trabajando para los amos del cortijo, mientras las clases explotadas producen la plusvalía necesaria para el funcionamiento de la sociedad. La ideología de la representación política regional no considera transformar el armazón productivo y social que mejore las condiciones materiales del pueblo extremeño en asuntos como el empleo, la vivienda, la sanidad, la educación, que impidan el vaciamiento del mundo rural.

Cada vez más, la democracia que conocemos es un invento burgués exclusivo para un segmento acomodado de la población, aquél que ocupa la jerarquía de la sociedad burguesa, aquél que nos adorna la vida con una bonita palabrería y sabias reflexiones, olvidado de otros grupos sociales que viven con dificultades materiales en los límites vitales que desde Madrid impone el IBEX-35. La democracia debemos entenderla como herramienta de participación popular orientada a mejorar el bienestar de toda la sociedad, mientras que la democracia burguesa tiene en la lucha parlamentaria un mecanismo sofisticado “de anular todo ‘modo revolucionario" de resolver problemas histórico-sociales”, impidiendo el avance hacia una democracia verdaderamente popular.

SOBRE EL EMPLEO Y LA INFLACIÓN

Las declaraciones de algunas personas representativas de la socialdemocracia en nuestra región y en el estado muestran su satisfacción por los datos del empleo, y la inflación; así, en referencia al empleo, dicen que, ”estamos muy contentos con  los datos de empleo”,  para luego corregir la afirmación y  señalar que“ la calidad del empleo cada vez es peor y la gente no puede independizarse, irse de vacaciones y llevar una vida digna porque los sueldos y la jornada laboral se lo impiden”, entonces, en qué quedamos; mientras que líderes estatales señalan en materia de inflación que “España tiene la tasa de inflación más baja de la Unión Europea gracias a las respuestas del Ejecutivo y a la gestión ejemplar de la inflación”.

Sin embargo, los datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística avalan más bien la realidad a la que, de forma cotidiana, deben enfrentarse las familias de las clases trabajadoras de todo el Estado. La situación objetiva ofrece una subida continua de la inflación, el estancamiento de los salarios y como resultado, el empobrecimiento en masa de la población trabajadora. Con los ingresos actuales, que han subido de media un 2,8 % no se pueden compensar las subidas experimentadas por alimentación, la energía, el transporte, la factura de teléfono o los gastos asociados a la educación de sus hijos.

En el caso de Extremadura, tomando como referencia mediados del año 2022 los alimentos han subido de media casi un 20 %. Así, a los que se aplica una supresión del IVA desde el 1 de enero de 2023 (del 4% al 0%) están las frutas frescas, cuyo coste ha subido de media un 22,7% en la comunidad autónoma desde abril de 2022; o el pan, que en este mismo periodo lo ha hecho en un 11,2%, siendo Extremadura la segunda autonomía tras Canarias que presenta la subida mayor. Si los precios de los alimentos frescos han subido notablemente, el aceite ha experimentado una subida respecto al año anterior próxima al 40 %. Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) procedentes del IPC, el aceite de oliva era en abril un 68,1% más caro que un año antes, y acumula un repunte del 204,8% desde enero de 2021, lo que significa que su coste se ha triplicado en los últimos tres años.

El proceso general que sigue el sistema capitalista se desarrolla en toda su magnitud en Extremadura independientemente de que los gobiernos sean del PSOE o del PP. Por un lado, la concentración y centralización de los medios de producción con la tierra, industrias, negocios, pasando a manos de grandes empresas y, por otro, el empobrecimiento de la mayoría de la población, a base de la subida de los precios de bienes y servicios básicos, y sobre todo con el incremento de la explotación laboral. 

LOS RICOS NO PAGAN EL IRPF

 

Carlos Cruzado y José María Mollinedo, técnicos del Ministerio de Hacienda, y presidente y secretario general respectivamente del sindicato de técnicos de Hacienda GESTHA, han escrito un libro que llaman “Los ricos no pagan IRPF”. Los datos los completa en sus análisis Eduardo Madroñal, ratificando en su artículo en Lahaine.org “Nosotros pagamos aún más, pero los ricos no pagan” : los ingresos de la Hacienda española proceden en su inmensa mayoría del IRPF que pagan los trabajadores y pensionistas, del IVA y de lo que pagan las pequeñas empresas.

1.- “En 2023, la recaudación del IRPF tuvo un tipo efectivo que llegó al 16,8% en el caso de las rentas de los trabajadores en activo y al 9,6% en las de los pensionistas -con un tipo medio del 14,3%- que alcanzan prácticamente la mitad de lo que Hacienda ingresa -que junto al 30% de la recaudación del IVA- significa que el 80% de lo ingresado viene de nuestros bolsillos -y si añadimos la parte del impuesto de sociedades que pagan las pymes, un 15%- manifiesta claramente que Hacienda vive de nosotros. Y que los muy ricos, los bancos y los oligopolios se escapan de la HACIENDA pero se chupan ayudas y subvenciones millonarias a nuestra costa.

2.- Así, las grandes empresas en España tributaron entre 2007 y 2016 un 6,37% de sus ganancias, frente al 16% de las pequeñas y medianas empresas. Y en 2018, sólo fue un 5,69% de sus inmensos beneficios, mientras que las pymes pagaron el 15,14%. Es decir, casi tres veces más. A partir de 1 de enero de 2023 se introduce un tipo de gravamen reducido del 23% para las entidades cuyo importe neto de la cifra de negocios del período impositivo inmediato anterior sea inferior a 1 millón de euros.

3.- Además, la ventaja que tienen los muy ricos por el sistema impositivo es que el IRPF tiene un tope marginal del 47% para más de 300.000 euros y el mismo para 300 millones. Los muy ricos se escapan del pago entre otras con las sociedades de inversión en capital variable (SICAV) que tributan solo el 1%, además de que las ganancias que obtienen por activos financieros tributan como rentas del capital con tope del 28%. Y respecto al de Sociedades, las 35 mayores empresas en España han pagado el 1,43% de tipo medio, porque los oligopolios pagan mucho menos que las pymes.

4.- Algunas Comunidades Autónomas se saltan a la torera el artículo 31 de la Constitución Española que establece claramente su mandato “de un sistema tributario justo e igualitario y que persiga la redistribución de la riqueza de una manera más justa, tanto individual como territorial”.

Sin embargo, precisamente quienes más hablan de defensa de la constitución son quienes menos la cumplen. Algunas presidentas de comunidades autónomas como es el caso de Extremadura y Madrid critican al gobierno reivindicando más dinero para sus autonomías, y sin embargo, sus gobiernos están bonificando los impuestos a los que más tienen. Así, suspenden o bonifican el impuesto de patrimonio hasta el 100%, cuando lo más lógico es que este impuesto tuviera un tipo mínimo que evitara estas situaciones tan injustas. La Ley 38/2022, de 27 de diciembre ha creado la figura tributaria del impuesto a las grandes fortunas cuyos patrimonios superen los 3.000.000 euros, que vienen a ser unos 3.700.000 dado el mínimo exento de 700.000. Con esta figura tributaria se busca evitar que queden eximidos aquellos ricos que vivan en comunidades (ejemplos Madrid y Andalucía) que tienen bonificados el impuesto de patrimonio y con un marginal máximo del IP del 3,5 %, en cambio en aquellas comunidades cuyo IP marginal supere el 3,5 % todo quedará igual.

5.- Los propios inspectores de Hacienda afirman que la mayoría de los efectivos de esta institución del estado están persiguiendo al pequeño y mediano contribuyente, cuando el actual sistema permite a las rentas altas (mediante la elusión y por supuesto con la evasión fiscal que practican especialmente las grandes empresas, grandes fortunas y entidades bancarias) -con mecanismos como las sociedades en paraísos fiscales, sicav, desgravaciones, etc.- no pagar impuestos, cuyas cantidades están entre 20% y 25% del PIB. Es decir, unos 200 mil y 250 mil millones de euros escapan del Estado. El Gobierno y la Agencia Tributaria deben perseguir esta gran evasión fiscal, cuyas cantidades dinerarias permitirían una mejor redistribución de la riqueza, y de los servicios públicos de todo el estado español.

6.- Son las clases trabajadoras las que mayormente aportan a los presupuestos del estado, cuyo reflejo son el aumento experimentado en los ingresos de la Hacienda Pública consecuencia de los pequeños aumentos salariales que hemos conseguido frente al saqueo inflacionista al que nos están sometiendo las grandes corporaciones, Hacienda ingresa más porque por esa limitada mejora de los sueldos y pensiones pagamos más. No obstante, Hacienda no ha actualizado los tipos ni los tramos de aplicación para tener en cuenta la presión que ejerce la inflación sobre los salarios de la población trabajadora. En 2023, el tipo efectivo llegó al 16,8% en el caso de las rentas de los trabajadores en activo y al 9,6% en las de los pensionistas. Un doloroso récord histórico en ambos casos.

 

 

 

EL PILLAJE AL PUEBLO CON LA ENERGÍA ELÉCTRICA

 

Desde CAMPAMENTO DIGNIDAD denunciamos la connivencia del gobierno y las empresas eléctricas. Por medio de la factura eléctrica se produce uno de los saqueos más importantes que sufre la clase trabajadora y especialmente los sectores económicamente más débiles de las sociedades capitalistas. Este saqueo es consentido por los gobiernos independientemente de su signo, todos gobiernan en interés de las corporaciones eléctricas maltratando a la población trabajadora. No obstante, el poder ejecutivo, para calmar la agitación y el descontento social que generan los elevados precios de la luz y normalizar los exagerados beneficios de las eléctricas, establecen el bono social y otras pequeñas ayudas con el que intentan suavizar la violencia económica sobre la población. Si bien, mientras estas grandes empresas eléctricas continúen teniendo el control sobre la producción, distribución y venta de la energía eléctrica ningún gobierno, por muchas medidas con las que quiera auxiliar a la población, podrá acabar con este pillaje a la población. Sólo cuando los medios de producción pasen a manos de los trabajadores podrá destinarse la energía eléctrica a satisfacer las necesidades y el bienestar a la población.

A continuación, queremos resaltar algunos de los aspectos más importantes que caracterizan a nuestro modelo eléctrico.

1.- DATOS DE LA POBREZA

Según los datos estadísticos casi el 18 % de la población extremeña tiene ingresos que le impiden alcanzar los suministros eléctricos necesarios para satisfacer un mínimo bienestar. Por otro lado, la población de la región que percibe el bono eléctrico, la acogida al PVPC (precio voluntario para pequeños consumidores) es de unas 83.000 personas. Las encuadradas por criterios de vulnerabilidad son unas 33.000 y las vulnerables severas unas 40.000 aproximadamente, y en el límite de exclusión social atendidas por los servicios sociales municipales hay aproximadamente 5.500 personas. Los consumidores vulnerables, son aquellos que pertenecen a unidades de convivencia cuyos ingresos no pueden superar el 1,5 del IPREM en 14 pagas, unos 12.600 euros, incrementándose en el 0,3 % por cada miembro mayor de edad y en el 0,5 % por cada menor de edad, incluyéndose en esta categoría a las familias numerosas y pensionistas. 

2.- LOS DESCUENTOS EN LA FACTURA ELÉCTRICA

Estas unidades de convivencia tienen en la actualidad un 25 % de descuento en su factura eléctrica, mientras que quienes está en unidades que se consideran como consumidores vulnerables severos cuyos ingresos no pueden superar el 50 % de lo indicado para las vulnerables reciben una ayuda del 40 % de descuento en su factura eléctrica. No obstante, estos descuentos en la factura eléctrica se aplican solamente sobre una parte de la energía total consumida. Es decir, si una familia de dos miembros consume anualmente unas 3.000 Kwh de energía eléctrica, el descuento se aplica sobre una parte de este consumo dependiendo del número de miembros de la familia. Así, cuando en la familia hay dos miembros el descuento se aplica sobre 1587 Kwh de electricidad consumida; en el caso de tres personas se aplica sobre 2.222 Kwh, subiendo esta cantidad límite según el número de miembros de la unidad de convivencia a 2.698 y 4761Kwh.

3.- EL SAQUEO ELÉCTRICO

Además, el gobierno ha vuelto a establecer el IVA del 21 % desde marzo lo que impacta en la subida del precio que pagamos por la electricidad. No obstante, el “saqueo eléctrico" que sufre la población viene determinado por la estructura del modelo eléctrico que lleva a que los precios se disparen constantemente. En síntesis, el funcionamiento de este modelo es tal que para cada hora se prevé la demanda eléctrica y para satisfacer esa demanda se van comprando las energías, comenzando por las más baratas. Primero, entran las renovables y la nuclear, que tienen un alto costo fijo, pero un costo variable muy bajo. Luego, entra la energía hidroeléctrica con costo variable casi nulo. Por último, entra la energía eléctrica producida a partir de gas cuyo costo ha aumentado enormemente en los últimos meses. El coste de esta energía procedente del gas que entra al final es la que fija el precio de toda la electricidad vendida. Esto determina que las empresas eléctricas se forren de ganancias y los consumidores tengamos que pagar un precio tan elevado de la energía eléctrica.

4.- LA MANIPULACIÓN DE LA LEY DE LA OFERTA Y LA DEMANDA POR LAS EMPRESAS ELÉCTRICAS, Y EL DERECHO/ NECESIDAD DEL CONTROL OBRERO DE LA PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE LA ENERGÍA PARA DETENER ESTE SAQUEO. Así, con estos criterios de la oferta y demanda, de la falsa libertad de mercado, cobrando la electricidad barata procedente de las renovables, nuclear o hidroeléctrica al elevado precio del gas, las eléctricas se aprovechan de la población trabajadora consiguiendo con este mecanismo trucado grandes beneficios que consienten y facilitan todos los gobiernos, los de antes y los de ahora. Estos, luego de rendir sus frutos a estas grandes corporaciones eléctricas son colocados en los consejos de administración con elevados sueldos en agradecimiento del trabajo prestado. En definitiva, los gobiernos para disimular su connivencia con las eléctricas muestran una cara amable y generosa con ayudas a los consumidores vulnerables, ayudas que paga el resto de la clase trabajadora. De una manera u otra, el saqueo no se puede ocultar que los miembros de los consejos de administración de las empresas eléctricas se repartan beneficios exagerados, y por el contrario, cada vez resulta más difícil para la clase trabajadora pagar las facturas de la luz. Esta forma de esquilmar los bolsillos del pueblo trabajador seguirá hasta que la clase obrera sea capaz de controlar la producción y distribución de la energía por medio de representantes que gobiernen a su servicio y no al servicio de los intereses de las grandes empresas eléctricas.  

NOTAS POLÍTICAS SOBRE LA REFORMA DE LAS PENSIONES

 

1.- El capitalismo es un sistema imposible de reformar; sus dos componentes básicos: el capital y la fuerza de trabajo son contradictorios, discordantes; uno gana si el otro pierde. Los beneficios de la producción y distribución de bienes y servicios generados por los trabajadores/as son apropiados por una minoría social representada por los dueños de los medios de producción. La clase obrera recibe lo mínimo necesario para su reproducción como fuerza de trabajo, para que siga día a día con el manejo de los medios de producción (tierra, industrias, comercios, etc.) trabajando y produciendo bienes y servicios.

2.- En la economía mundial, las poblaciones trabajadoras de las sociedades occidentales mantienen un nivel de vida superior a costa del saqueo de los recursos naturales y de la sobreexplotación de la clase obrera de los países colonizados. La liberación política y económica que estamos viendo de naciones sometidas y oprimidas comienza a acrecentar las crisis económicas y a repercutir en la caída del grado de bienestar de las clases trabajadoras del mundo occidental.

3.- El occidente colectivo busca de manera perseverante nuevas formas de superar las adversidades que le impiden seguir reproduciendo y acumulando más capital. En este contexto se encuentra la necesidad de contar con suficiente mano de obra en el mercado de trabajo. En esta tarea, Pedro Sánchez y sus aliados políticos de SUMAR no han dudado en firmar pactos para facilitar mano de obra al capital: son las medidas relativas a las reformas de pensiones acordadas por el gobierno “progresista”, los sindicatos del régimen, CCOO y UGT, y la organización empresarial CEOE. Aunque lo acordado tiene mucho que ver con los acuerdos pretéritos con la UE para el cobro de los fondos europeos.

4.- La justificación vergonzosa de los acuerdos: “Para que los pensionistas, hombres y mujeres, especialmente, los que tienen pensiones de miseria cobren más tienen que volver a trabajar y es necesario por la subida del coste de la vida”. Se trata de un golpe bajo, anunciado a las puertas de agosto, que introduce a los pensionistas más pobres en el drama del pluriempleo y la ampliación encubierta de la edad de jubilación, y con el aval de las principales organizaciones sindicales, CCOO y UGT, como siempre. No se habla de establecer pensiones dignas y reducir la edad de jubilación para que quienes han exprimido sus energías a lo largo de toda una vida, puedan vivir dignamente.

5.- La ministra de Seguridad Social, Elma Saiz, ha confirmado que el acuerdo firmado con los sindicatos contempla que para cobrar el 100% de la pensión se necesitarán al menos cinco años en activo tras el cumplimiento de la edad ordinaria de jubilación, lo que en la práctica se amplía hasta los 70 años. Según indica la ministra "La idea que se maneja desde el gobierno es que quien tenga pensiones bajas debe trabajar para mejorarlas, a pesar de la edad. Esto repercute de manera directa en aquellos sectores que no han tenido oportunidad de mejorar su cotización".

6.- En definitiva, lo que se necesita son menos enredos con normas y leyes que nos lían y confunden; lo que se necesita es la aprobación de unas edades de jubilación y unas pensiones dignas para todas las actividades laborales como reclaman los movimientos de pensionistas. Sin embargo, todo esto no será posible mientras no dispongamos de una organización y la fuerza revolucionaria como la única vía para la emancipación política de las clases trabajadoras, capaz de acabar con una sociedad en donde la injusticia y la insolidaridad nacen de un estado que confiere a los explotadores el disfrute de la mayor parte del valor de los bienes y servicios que con su esfuerzo y sudor genera la clase mayoritaria de la sociedad, la clase obrera.

 

 

 

 

LA POSICIÓN POLÍTICA DE LA IZQUIERDA ANTE LA LLEGADA DE INMIGRANTES

 

Parece inevitable describir los problemas que se presentan en la sociedad cuando llegan los inmigrantes, particularmente en el acceso a los servicios públicos y en el empleo. Pero las izquierdas no se pueden quedar ahí, no podemos quedarnos en la descripción de lo que viene sucediendo tenemos que puntualizar que los problemas afectan a toda la clase obrera y nacen del modo de producción capitalista.

Es el sistema el que genera lo que es consustancial a su existencia antes de que llegaran los inmigrantes (desahucios, desempleo, pobreza, explotación laboral y otras múltiples formas de violencia diaria que sufren las clases trabajadoras). El funcionamiento del Estado como forma política militar del capital es ciego y sordo ante las necesidades de la clase obrera cumpliendo su papel de vigilante y protector de los intereses de los capitalistas. Los inmigrantes entran en la maquinaria trituradora de la fuerza de trabajo sin distinción de raza, sexo o procedencia, son simplemente carne de cañón lista para la explotación y la producción de plusvalía.

Como escribe Arantxa Tirado, hay una serie de frases que forman parte del comentario público, y sobre todo en el que inciden personajes políticos de la derecha y la izquierda:"¡Hay un alud de inmigrantes!", "¡Primero los de casa!", "La inmigración es un problema, no tengas miedo a admitirlo", "La izquierda debe hablar de inmigración", "Los inmigrantes deben integrarse", "La cultura de los inmigrantes borra la españolidad", "Estamos sufriendo una islamización"..

El reformismo socialdemócrata cae en las propuestas del debate identitario de la derecha y extrema derecha sobre la inmigración, sobre todo por cálculos electorales, es lo que llama actualmente “la trampa de la propuesta antifascista del sistema” (Fco García Cediel), que consiste en que parte de quienes ostentan el poder político y económico en Europa se hacen eco en las propuestas que vienen entre otros de Trump, Bolsonaro y Le pen.

Un caso reciente son las declaraciones del portavoz del PP planteando el incremento de la fuerza naval que impida la llegada de balsas con inmigrantes. Estos discursos son los que hacía Meloni en Italia hace poco tiempo.  De hecho, los miembros del G-7 en su última reunión decidieron incluso adoptar la política migratoria de Meloni, dejando claro que los países que componen el occidente colectivo dan por buenas las interpretaciones de una ultraderecha que ve en “el desplazamiento de poblaciones una nueva amenaza económica, cultural o política” (Arantxa Tirado, La Marea).

La derecha y la extrema derecha obtienen buenos resultados electorales incidiendo en el odio y el miedo a los inmigrantes. El discurso de Abascal cuando retira el apoyo gubernativo en las autonomías al PP es claro ejemplo de los intentos de inculcar este miedo en las conciencias de la gente. Las personas que han nacido en países diferentes al nuestro pasan a ser criminalizadas, señaladas como responsables de la inseguridad en los barrios, de la pérdida de los valores de Occidente, de una fantasmagórica dominación demográfica.

Pero este rechazo implícito a la inmigración también aparece en sectores de izquierda cuando comentan los problemas vinculados con la inseguridad y la delincuencia. No sugieren acabar con la explotación y el colonialismo como fenómenos que provocan e impulsan los desplazamientos masivos de personas inmigrantes. Ni dan vía libre a la libre circulación de seres humanos como un derecho natural, y en cambio propugnan barreras mientras que consideran que la circulación de capitales y mercancías deben tener todas las facilidades del mundo, sin reparar a que en la actualidad la libre penetración de capitales y mercancías están provocando más desigualdad entre el mundo occidental y los países pobres colonizados.

Los problemas de convivencia se explican no por la llegada de trabajadores inmigrantes sino porque el capitalismo necesita los recursos estatales para su reproducción y supervivencia y esta imperiosa necesidad condiciona la disposición de los mínimos posibles para infraestructuras, servicios, financiación, enseñanza, sanidad, etc., que afectan al conjunto de ciudadanos. En este orden de cosas, la izquierda tiene que denunciar y combatir contra las causas estructurales que general los problemas de la clase trabajadora, y que tienen un nombre el capitalismo.

Un posicionamiento anticapitalista y antifascista no apuntaría sólo a la descripción de los problemas que surgen por las disputas por los escasos recursos públicos y privados entre los sectores populares autóctonos e inmigrantes. La izquierda debe identificar las causas estructurales que explican los problemas de nuestra clase y que tienen un nombre: capitalismo. La izquierda debe luchar para que haya recursos para todos, no cerrar la posibilidad de que otros puedan tener acceso a ellos porque han llegado después a un territorio sino a exigir políticas de reparto para todos, sin distinción de origen ni de momento de llegada, y sobre todo luchar para transformar el aparato del estado en sentido colectivo, para ponerlo en manos y al servicio de la mayoría que es la población trabajadora.

 

 

JORNADA DE SOLIDARIDAD CON LAS 6 DE LA SUIZA. JUEVES, 8 TARDE, PLAZA AUDIENCIA EN CÁCERES

 

Este jueves se celebrará en Cáceres, 18 julio, a las 20,00 horas, en la Plaza de la Audiencia, una concentración de solidaridad y apoyo a las 6 trabajadoras de la pastelería suiza de (Gijón) Xixón. Estas seis sindicalistas de la CNT de (Gijón) Xixón, tras 7 largos años de proceso judicial, recibieron hace escasos días la confirmación de sus condenas, penas de 3 años y medio de prisión y multa de 125.428 euros.

El caso de Las Seis de La Suiza no es un caso aislado, se inserta dentro del endurecimiento de la represión sindical y social que aplican los gobiernos con la Ley Mordaza. Ley aprobada por Rajoy y siendo candidato, Pedro Sánchez, se comprometió a derogar. Pedro Sánchez. Cabe recordar que, el 30 de junio de 2015, el entonces candidato a presidir el gobierno español Pedro Sánchez manifestó públicamente: “La Ley Mordaza durará lo mismo que el Ejecutivo de Rajoy. En cuanto lleguemos al gobierno será derogada”.

En estos días, Yolanda Díaz anunciaba que por un acuerdo de SUMAR y el PSOE la Ley Mordaza iba a ser derogada, pero según parece de eso nada de nada, puesto que la reforma será del artículo 36 de la norma que recogerá que “no constituirá infracción la mera toma de imágenes en lugares de tránsito público y manifestaciones, o su mera difusión”, añadiendo que “la situación de peligro o riesgo cierto generado deberá ser constatable y reflejarse motivadamente en el acta o la denuncia, y con el mayor detalle que sea posible”.

Desde amplios sectores públicos se está pidiendo el indulto a estas compañeras sindicalistas y a todos/as los/as reprimidos/as por sus opiniones políticas, por defender los derechos laborales y sociales, cuestiones que deberían ser protegidas como una obligación de cualquier Estado y gobierno que se quieran hacer llamar progresistas.  En definitiva, la sentencia no deja de ser un atropello contra la libertad de expresión, de opinión y de acción sindical de la clase obrera.

 

 

¿QUÉ OBJETIVO PERSIGUE EL AYUNTAMIENTO DE CÁCERES CON LOS DESAHUCIOS DE QUIENES VIVEN EN LAS 36 VIVIENDAS MUNICIPALES?

 

Una pregunta que nos hacemos es si lo que realmente quiere el Ayuntamiento de Cáceres, su verdadero interés es el de echar a las familias que viven en las viviendas municipales recuperadas para posteriormente venderlas a fondos de inversión o empresas privadas para negocios.

Según la prensa regional el ayuntamiento de Cáceres parece ser que a petición del IMAS va a investigar con las trabajadoras sociales y la policía municipal la localización y el estado de vulnerabilidad de las familias que viven en las viviendas municipales recuperadas, la mayoría de ellas en ALDEA MORET.

1.- La hipocresía vuelve a aparecer de nuevo en los políticos del organismo Municipal. Quienes dirigen el ayuntamiento de Cáceres conocen suficientemente que las familias que viven en esas viviendas municipales están en un elevado estado de vulnerabilidad económica, sus ingresos proceden de pensiones no contributivas y ayudas sociales o de trabajos precarios que apenas dan para vivir.

2.- Según se repite en los medios de comunicación, el objetivo municipal es pretender echar a esas familias de sus viviendas. Esta acción en el caso de personas no es otra cosa que intentar darles un trato peor que a los animales al querer arrojarlas a la completa miseria. Estas familias no tienen capacidad económica para acceder a otro recurso habitacional.

3.- Estamos en período político en el que la derecha hace alardes de una aporofobia plena y la oposición municipal de reformistas y socialdemócrata no oponen resistencias, se dejan llevar por ese desprecio absoluto a las personas pobres que se pone de relieve en el deseo del Ayuntamiento de que estas familias empeoren sus condiciones de vida.

4.- La constitución española establece en su art. 47 el derecho de todas las personas a una vivienda. Por encima de este derecho está la necesidad que tienen los seres humanos de un techo en donde habitar decentemente. Una vivienda es un medio de subsistencia fundamental para la integración social y la vida digna de las personas. Este debiera ser el objetivo de quienes están al frente de una administración, estar preocupadas por asegurar unas condiciones honorables para su población en vez de inventarse ideas y mensajes para procurar la división y el enfrentamiento entre el vecindario alegando e incidiendo en las “ocupaciones ilegales”.

5.- No queremos pensar que el ayuntamiento quiere echar a estas familias pobres de las viviendas municipales para una vez libres venderlas a fondos de inversión o compañías privadas que estén interesados en hacer negocios con estas viviendas.

6.- El ayuntamiento debe corregir y arreglar los desperfectos que ha dejado olvidado durante muchos años y han surgido por el paso del tiempo en los espacios comunes de los bloques de viviendas sociales, las escaleras, los sótanos, los techos, etc.

7.- Nuevamente reclamamos que se supriman todas las cuotas que pagan los vecinos por estos pisos sociales y se anulen las deudas que pudieran tener con las administraciones públicas. Las cantidades que suponen estas cuotas que pagan los vecinos por estos pisos sociales y las deudas que pudieran tener son cantidades insignificantes comparadas con las ayudas y subvenciones millonarias que el Estado y otras administraciones públicas han concedido y conceden a las entidades bancarias y corporaciones empresariales grandes y pequeñas. Sólo hay que escuchar las promesas de millones para estas entidades prometidas hace unos días por la presidenta de la Comunidad Extremeña en el Debate del Estado de la Región.