En Extremadura la población inmigrante
representa algo menos del 5 % de la población total, en España el porcentaje de
inmigrantes supera el 18 %. Los inmigrantes que llegan a Extremadura vienen a trabajar,
no tienen propiedades, se emplean en actividades difíciles de cubrir por los
extremeños, por norma general en los estratos más bajos del mercado laboral
(agricultura, cuidados, hostelería, construcción). Sectores, en los que son
totalmente necesarios, diríamos que imprescindibles para el funcionamiento de
la vida y la actividad laboral, trabajando muchas veces en condiciones precarias,
con salarios bajos y en condiciones que otros trabajadores no aceptan.
El caso es que suelen vivir compartiendo
viviendas, sin comprarlas, y sin acceder a ayudas de alquiler. Los inmigrantes
que vienen a Extremadura no impiden el acceso ni expulsan de las viviendas a la
población extremeña, quienes desplazan de sus pisos a las familias autóctonas
extremeñas son los especuladores, las entidades financieras, los fondos de
inversión y los grandes propietarios que especulan con los precios de los alquileres,
se aprovechan de la escasez de viviendas y las pocas que hay las destinan al
turismo.
El rechazo que VOX, sobre todo, y
el PP tienen a la población inmigrante, no es algo que se haga así por las
buenas o porque caen mal los inmigrantes. No. Este repudio tiene un objetivo
esencial, muy estudiado y determinado: es un servicio que prestan las derechas
políticas a la clase burguesa, a los propietarios de los medios de producción. Este servicio a las clases dominantes se asientan
en las normas legales, pero sobre todo en el miedo. El miedo es el sentimiento,
el horror desagradable que provoca la percepción de un peligro, ya sea real o
imaginario. El miedo hace una función muy especial al colocar al inmigrante en una
posición de debilidad, de inseguridad ante su futura supervivencia, haciendo
posible la aceptación de duras condiciones laborales, de infravaloración salarial.
El PP y VOX con su acuerdo en
Extremadura generan un marco laboral que perjudica a toda la clase obrera, un cuadro
muy favorable a la patronal de bajos salarios, empleo irregular y competencia
desleal. La clase obrera poco puede esperar de las administraciones públicas, sólo
puede confiar en ella misma organizándose y movilizándose. Las instituciones
públicas como pilares de esta sociedad clasista, se encargan de la aplicación de
las leyes que se aprueban en los parlamentos burgueses, según los criterios de
las clases dominantes; estas normativas favorecen la reproducción de la fuerza
de trabajo al menor precio posible y la máxima ganancia del capital. Cuestiones
posibles con la división del movimiento obrero, enfrentando a unos con otros, abriendo
paso a unas condiciones laborales en donde imperen la opresión, la precariedad
y la súper explotación.
