jueves, 19 de noviembre de 2020

Lucha por la memoria laica y democrática

 

En estos días se cumple el 45 aniversario de la proclamación por las Cortes franquistas de Juan Carlos de Borbón como rey. Aniversario que el Emérito va a celebrar con el botín cosechado desde su lujoso refugio de los Emiratos, y que sus descendientes lo harán desde el uso y disfrute de la jefatura del Estado, protegidos todos ellos por una supuesta democracia que desahucia todos los días a cientos de familias de sus casas, que llena las calles de colas de parados y de familias atenazadas por el hambre.

La Memoria histórica y democrática no es un asunto del pasado, aunque quienes legislan sobre estos asuntos de tanta importancia traten, de una u otra forma, de limitar su alcance político e institucional.

Ellos parten de la defensa incondicional del régimen que ayudaron a construir a la muerte del dictador, como si se tratase de un terreno conquistado al que no están dispuestos a ceder, por mucho que tengan en contra el derecho internacional y a buena parte de la población.

De forma que desde el Gobierno y desde las mismas Cortes tuercen y retuercen los términos para tratar, sea como sea, de mantener la impunidad de los crímenes del franquismo; en tanto que la impunidad se ha constituido en la base de sustentación del régimen constitucional del 78. La ilegalización del franquismo y del “atado y bien atado” franquista, establecido mediante un régimen corrupto, vitalicio y hereditario, es la asignatura pendiente de la lucha por la democracia y de la laicidad contra los privilegios de la Iglesia.

Todo el entramado de la impunidad ha sufrido un gran deterioro, que obliga a leyes y a decisiones políticas cada vez más confusas e inconcretas para tratar de salir del atolladero. Entendemos que el muro de la impunidad se ha comenzado a romper con la sentencia sobre el Pazo de Meirás y, pese a leyes como la que ahora presenta el gobierno como una ley democrática, no es sino un nueva ley de impunidad. 

La crisis del régimen lleva meses y meses abierta de par en par, desde la cúspide, aunque los votos del PSOE, del PP y de Vox traten de bloquear en las Cortes todo intento de arrojar luz sobre los asuntos de abuso de poder, de grandes cuentas secretas y escándalos internacionales…

 La sentencia de la juez de Coruña sobre la “simulación” de los Franco con el Pazo de Meirás -y puede que con muchos bienes más del botín de guerra- deberá ser puesta sobre el tapete político y judicial a la hora de investigar, juzgar y sentenciar todos y cada uno de los casos de corrupción de Estado.

 

domingo, 15 de noviembre de 2020

Guerra comercial: pandemia, recesión… Especulación y competencia con los tratamientos y vacunas

En estos días se pone de relieve que los ingresos hospitalarios por la pandemia del coronavirus están a punto de alcanzar, en segunda ola, los peores datos conocidos, tanto en número de afectados como de fallecimientos.

En pocos días se puede superar lo que supuso la primera ola iniciada el pasado mes de marzo. Lo que nos da a entender que la salud pública en España está siendo particularmente perjudicada por los efectos de una incompetente gestión sanitaria de las administraciones públicas, sometidas a los intereses de las empresas privadas y a leyes privatizadoras; renunciando a presupuestos extraordinarios que pudiesen reforzar, de forma adecuada, a la sanidad pública frente a los negocios de la privada.

La desatención médica, las listas de espera interminables, la falta de medios de prevención, no hacen sino agravar los efectos dramáticos de la pandemia entre los sectores más expuestos de la población y, en particular, a los internados en residencias de tercera edad.

El desmantelamiento de la Atención Primaria, la no extensión de los test, y la general ausencia de rastreadores, han sido las consecuencias nefastas de la falta de financiación y medios, a lo que se ha unido las prisas oficiales en el pasado mes de junio por relanzar el turismo, convertido por exigencias de la UE en industria básica nacional.

Detrás de este contexto de no soluciones sanitarias y de salud pública, no hay otra cosa que el intento de salvar los negocios de los grandes propietarios de la economía (es decir el régimen de explotación de unos pocos) con nuevos nichos para la corrupción. Y todo ello en detrimento del derecho a la seguridad y a la salud de todos, de lo que dependen los derechos sociales, la vida y el trabajo.

Con el hundimiento de la oferta y la demanda, lo que empezó siendo una crisis por la falta de oferta se transformó rápidamente en ausencia de demanda en tanto que el confinamiento había hundido una buena parte del consumo: la crisis cíclica más grave desde la depresión de 1929 y de la misma Segunda Guerra Mundial (1939-1945).

La destrucción masiva de puestos de trabajo y de empresas se está tratando por los gobiernos con las recetas del FMI, con el aumento generalizado de la deuda pública, con subvenciones multimillonarias a empresas y bancos de una parte, aliñadas con medidas parciales de sostenimiento de parados coyunturales y crónicos, de otra.  

La barra libre de dinero para bancos y grandes empresas no llega a sectores importantes de la población, y ello pese al bajísimo interés del dinero, que en algunos países llega a ser negativo.

La duración de la pandemia, indeterminada a día de hoy, es una de las claves de todos los pronósticos acerca de la posible recuperación económica y de los posibles ritmos y formas de dicha recuperación.

El capital, ante la parálisis inversora, está dirigiendo su actividad hacia las formas más especulativas, en una carrera contra reloj por las medicinas más eficaces y costosas para su tratamiento, y en la más descarnada competencia por obtener la vacuna que nos salve del virus.

La competencia y el pelotazo económico que comenzó con las mascarillas, los respiradores y la misma vestimenta protectora de los trabajadores sanitarios…, se ha extendido a la producción del “Remdesivir” como tratamiento más apropiado para los infectados, y sobre todo de las vacunas anti-covid-19.

Antes de las elecciones norteamericanas, la administración Trump, mientras acusaba a China de ser responsable de la pandemia, acaparaba toda la producción de “Remdesivir” (500.000 dosis) estableciendo un contrato cerrado de monopolio con un  precio abusivo de 390 dólares la dosis, y de 2.340 dólares el tratamiento de cinco días, cuando el precio de producción que la propia multinacional señala es de 6 euros unidad. Un verdadero atraco a la salud pública aprovechando la pandemia para acumular inmensos beneficios para las multinacionales. Sabido es que en EEUU está prohibida por ley la regularización de los precios de los medicamentos, que son financiados por el Estado, pero cuyo beneficio es totalmente privado.

Medicamentos y vacunas que vendrán a crear una desatención sanitaria por falta de presupuestos que puedan hacer frente a los precios especulativos de los mismos, y al mismo tiempo la acumulación de una inmensa deuda pública impagable.

Por ello se ha agravado la guerra entre multinacionales y empresas farmacéuticas de diferentes países, entre los mismos Estado con múltiples proyectos de vacuna, con 129 proyectos iniciales que parece que con el tiempo se han reducido a 8, que son los mejor financiados. Sea como sea, tanto para el tratamiento médico adecuado del covid19 como para la vacuna, queda un largo camino lleno de obstáculos que podría allanarse con la colaboración internacional.

Tratamiento y vacuna que sólo llegarán a una parte de la población. Por lo que la lucha por una sanidad pública y de calidad, y la necesaria nacionalización de las empresas farmacéuticas privadas, permitiría medicamentos y tratamientos adecuados para todos, exigencias sociales y democráticas que se constituyen en nuestros días en demandas decisivas para salvar la humanidad de la pandemia.