viernes, 3 de julio de 2020

ESPACIO INDEPENDIENTE: ¡Derogación de las leyes de Amnistía y de Memoria!


CARTA ABIERTA AL GOBIERNO CONTRA LA IMPUNIDAD

La Vicepresidencia primera y el Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática ha puesto a disposición de la ciudadanía y de las organizaciones y asociaciones el correo electrónico consultaleymemoria@mpr.es para recibir propuestas, ideas, opiniones o sugerencias de cara a la modificación y profundización del contenido normativo de la ley 52/2007 de 26 de diciembre, conocida como Ley de Memoria Histórica.

Por ello, en el periodo de aportaciones y en nombre de la ASOCIACIÓN DE VÍCTIMAS DEL ESTADO (AVICES), comparecemos para exponer, a nuestro mejor entender, que recoge las principales demandas de las víctimas y de sus familiares así como las medidas democráticas y sociales imprescindibles para derribar el muro de  la IMPUNIDAD, que constituye el verdadero nudo histórico, ilegal e ilegitimo, impuesto por la razón de Estado, con el  que se quiere impedir  la Verdad, la Justicia y la Reparación de los crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos desde la guerra, la dictadura y en el periodo posterior, supuestamente democrático, hasta nuestros días.

La impunidad española constituye el reverso de la cara oficial de la supuesta versión oficial de la “democracia española” por la que se viene negando durante más de cuarenta años -de forma individual y colectiva a millones de víctimas- y a la sociedad más en general, el derecho de defensa y el principio general de igualdad ante la ley de todos los ciudadanos.

El origen histórico de la impunidad en España deviene del golpe de Estado promovido por los generales africanistas respaldados por la Alemania nazi, la Italia de Mussolini…, y el Estado Vaticano, que consiguió aplastar la resistencia popular estableciendo un régimen ilegal de guerra permanente contra trabajadores y pueblos, persiguiendo toda expresión de actividad democrática, sindical, social y laica. Desde entonces la “cuestión española” arrastra y resume el binomio contradictorio que comprende la condena internacional del régimen de la dictadura de 1946, “la de un régimen fascista impuesto al pueblo español con la intervención armada de las Potencias del Eje” y la admisión de este mismo régimen en el sistema de las Naciones Unidas, promovida por los EEUU para respaldar el régimen de hecho.

Los crímenes cometidos por el régimen franquista fueron tipificados en el Estatuto de Nuremberg, que los clasificó como CRÍMENES CONTRA LA PAZ (planificación, financiación y conspiración contra un régimen legalmente establecido), CRÍMENES DE GUERRA (violación de las leyes internacionales y nacionales o usos de la guerra) y CRÍMENES CONTRA LA HUMANIDAD (actos inhumanos cometidos contra la población civil). Principios, que además proceden de las conclusiones establecidas contra las guerras, que se reforzaron desde los desastres de la Primera Guerra Mundial.

Por ello, las reiteradas recomendaciones de las NNUU y de todo tipo de asociaciones de Derechos humanos al Estado español no han dejado de insistir en la necesidad de acabar con la impunidad impuesta por el Estado español, es decir, en “la inexistencia de hecho o de derecho de responsabilidad penal por parte de los autores de violaciones de derechos humanos, así como la responsabilidad civil, administrativa o disciplinaria, porque escapan a toda investigación con miras a su inculpación, detención, procesamiento y, en su caso, de ser reconocidos culpables, condena, incluso a la indemnización del daño causado a sus víctimas” (tal y como se establece en el informe de L. Joinet en 1977).

Millones de víctimas de la represión en nuestros pueblos siguen demandando Verdad, Justicia y Reparación frente a las autoridades de un Estado que ni siquiera reconoce a las mismas como sujeto de derecho, estableciendo por ello un sistema político y judicial de desigualdad ante la ley por el que se ha establecido y consolidado que las víctimas del terrorismo gozan de todos los derechos y las víctimas del franquismo de ninguno.

Sanear los vicios reiteradamente impuestos por la legislación vigente relativa a la Memoria Histórica Democrática y a las víctimas pasa de forma inexcusable por la lucha democrática contra la IMPUNIDAD, ya que históricamente es esta cuestión la que se sitúa en el centro de los problemas de la lucha por la democracia y la justicia, haciendo necesario declarar como leyes nulas de pleno derecho todas aquellas que protegen los crímenes cometidos. 

Las leyes que niegan la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas del franquismo, como es el caso de la ley de Amnistía en vigor desde octubre de 1977, aprobada por una amplia mayoría compuesta por UCD, PSOE, PCE, y nacionalistas vascos y catalanes, ley por la que se procedió a amnistiar a los verdugos del régimen, dando paso a los pactos y consensos con los franquistas que se establecerían en la Constitución del 78. La ley de Amnistía sigue siendo el principal obstáculo en la búsqueda de la justicia, que lleva a los jueces a archivar los casos sin siquiera conocer los hechos, procedimiento en uso que lleva a amnistiar hechos que no se conocen en sede judicial. La Sentencia del Tribunal Supremo sobre el caso Garzón puso de manifiesto el doble rasero conformado por la justicia española, que llegó a investigar y condenar los crímenes de la dictadura chilena y argentina, pero impidió la investigación de los crímenes del franquismo. El argumento utilizado (T.S.-SENTENCIA 101/2012) es la entronización de la más absoluta IMPUNIDAD: precisamente, porque la “transición fue voluntad del pueblo español, articulado en una ley, es por lo que ningún juez o tribunal, en modo alguno puede cuestionar la legitimidad de tal proceso. Se trata de una ley vigente cuya eventual derogación correspondería en exclusiva, al Parlamento”.

 Impunidad que se restablece una y otra vez en las diferentes versiones y proyectos que hemos conocido de la Ley de Memoria promovidas por el Grupo Socialista, y que se fundamentan, todas ellas, en la legalidad del franquismo, y por tanto de sus leyes y sentencias, es decir, de todos sus crímenes.

La derogación de las leyes de Amnistía y de la Memoria es una exigencia que debe abrir las puertas a la democracia y a la justicia. No existe otra posibilidad para la verdadera recuperación de la Memoria Democrática y Laica de los trabajadores y pueblos de España, de la que depende su futuro en libertad.
La derogación de las leyes que imponen la impunidad de los crímenes del franquismo, conjuntamente con la derogación de las leyes que fueron prometidas por el actual gobierno en el momento de su constitución, como es el caso de la ley mordaza y la reforma laboral, son exigencias que no se pueden eludir por más tiempo por el Gobierno y la mayoría en Cortes.

Dispuestos como estamos a contribuir a la liquidación del modelo español de impunidad, impuesto con leyes contrarias al derecho internacional, reclamamos del gobierno la apertura de un proceso democrático de consulta con las organizaciones de la Memoria y de Víctimas al que estamos dispuestos a contribuir a partir de esta aportación.

martes, 30 de junio de 2020

La reconstrucción económica o los derechos patronales inviolables






Carlos Martínez

La reunión de la CEOE de la que tanto se ha informado ha sido en realidad una manifestación de la gran patronal condicionando la llamada “reconstrucción” es decir la salida a la crisis capitalista que el coronavirus ha agravado.

La CEOE que ha llevado al monarca a la clausura de sus jornadas sobre la situación ha lanzado unos pocos, pero muy claros mensajes: -De reforma fiscal progresiva e impuestos a las grandes fortunas, nada. La consigna es la rebaja de impuestos a las empresas, es decir los “empleadores” de lo que se deduce que cualquier carga fiscal para sus empleados, pues ellos –los “empleadores”- son los que mueven el reino de España y por tanto nos hacen un gran favor al resto. Para lo cual con el rey a la cabeza llaman a la unidad, es decir a su unidad. Eso sí financiado con dinero público todo.

-De suprimir y/o reformar la “reforma laboral” ni hablar, necesitan tener la sartén por el mango para despedir, impedir la negociación sindical y seguir abusando del precariado y los y las falsas autónomas. La reforma laboral debe seguir tal cual y para ello cualquier extorsión al gobierno será buena para lo cual todos los medios de comunicación empresariales la defienden.

-En tercer lugar y a hora de planificar la recuperación económica la patronal al igual que muchas comunidades autónomas y parece que Pedro Sánchez siguen apostando por un caballo muy enfermo, el turismo de masas. Su inteligencia no da para más ¿O es que la patronal española es rentista y especulativa y en su caso tan solo turismo y ladrillo son su base principal de ganancia? Parece que salvo honrosas excepciones sí.

De revertir las deslocalizaciones industriales nada. De reindustrializarse nada. Ahora lo importante es reabrir chiringuitos playeros y traer turistas de una rebrotada Alemania o nunca curada Inglaterra de Covid-19 o abrir las fronteras a unos EE.UU infectados hasta las cejas y con una fase exponencial de expansión del coronavirus. Trágico.

Me pregunto los de INDITEX ¿van a volver a fabricar algo en España? España necesita en primer lugar ser consciente de que hay una crisis capitalista mundial muy severa, mucho. Que la realidad va a ser paro, más pobreza y hay mucha en el reino de España y puede haber más hambre de la que ya hay. Por tanto, vamos a necesitar servicios, mucho mejores servicios, educación pública de calidad, pero pública no concertada u otras mentiras. Una sanidad mucho mejor y más dotada y crear empleo público, mucho más empleo público que sí que paga cotizaciones sociales y un real reparto de la riqueza mediante medidas fiscales, pero también nacionalizaciones, porque solo enviar “ayudas “públicas a los grandes empresarios, pero luego no controlar sus pasos es de estúpidos.

La renta básica o rentas vitales dignas -1200€- serán imprescindibles, así como incrementar la inversión sanitaria, educativa e investigadora y si las grandes patronales ni cotizan casi nada, ni pagan impuestos, ni innovan, investigan o reindustrializan, pero si reciben grandes subvenciones, entonces ¿Cuál es su modelo de “reconstrucción”?

Además de la agricultura y la distribución de alimentos al margen de las grandes cadenas internacionales ¿Qué? Del apoyo al pequeño comercio y de la creación de servicios propios de comercialización, distribución y de agroindustria, textiles o la recreación de una industria metalúrgica y de automoción o de producción siderúrgica, muebles… ¿Qué?

El modelo CEOE es el que parece se va a imponer. Veamos hechos, la gran presión por que Ciudadanos y el PP negocien con el Gobierno –léase la cúpula PSOE, de hecho ya funciona una pinza de personajes no electos de ambos partidos influyendo- en la que grandes medios “informativos”, todos los personajes del régimen y ahora la corona, -si la desprestigiada corona- insisten, por qué no tiene otro objetivo que salvaguardar los intereses de la gran patronal, los bancos y el poderoso lobby turístico.

¿Y los sindicatos donde están? Por lo pronto con menos fuelle que vergüenza. Veamos, a CCOO y UGT solo los hemos visto aliarse con la CEOE en el tema de los ERTE sobre los que por cierto habría que establecer mucho más control. Pero es que además CCOO y UGT democráticamente no tienen la representación ni exclusiva, ni total, ni siquiera la confianza generalizada de la clase trabajadora.

Por tanto, ante una situación tan dura como la que la clase obrera va a vivir lo primero es exigirles algo de humildad y llamar a la unidad de la clase. La unidad de trabajadoras y trabajadores es imprescindible para hacer frente a la extorsión y chantaje de la gran patronal incluida la agraria puesto que ASAJA está explotando duramente a las y los jornaleros agrarios con un regreso a los “Santos inocentes” aunque ahora estos sean en su mayoría latinos o africanos.

 La unidad de la clase trabajadora no pasa por una mesa de dialogo opaca y en la que dos sindicatos se abrogan la representación de toda la clase obrera puesto que aun reconociendo que son mayoritarios, no tienen ni por casualidad la fuerza para defender todas las clases populares y esto se ve cuando las bases sindicales y obreras en las luchas que ya están habiendo en Nissan, ALCOA u otros sectores y empresas van unidos y de la mano. Hemos de unir fuerzas.

Dicho esto, repudio cualquier forma de sectarismo tanto antisindical como excluyente de todas las fuerzas sindicales democráticas, de clase o movimientos de carácter laboral. Aquí no hay unos y otros. Por ahora y por culpa de falta de movilización excepto algunas excepciones muy encomiables, la CEOE impone su doctrina y eso tampoco es democrático. Consentirlo si es traición. La unidad imprescindible es la de las clases trabajadoras.
Carlos Martinez, es secretario general

EEUU Y AMÉRICA LATINA CONCENTRAN LA PEOR PARTE DE LA PANDEMIA




La necesaria anulación de la deuda

Ildefonso Gómez

Tanto por el número de muertos como de contagiados los Estados Unidos refleja en sus datos las profundas deficiencias que encierra contra la población más pobre su sistema económico y político. Estados Unidos y América Latina obligan a millones de personas a elegir entre el hambre y la epidemia. Un sistema que nunca fue capaz de superar la crisis de 2008, acumulando por el contrario los elementos de una nueva recesión internacional que ha amontonado en general una inmensa deuda y bajado la productividad.

Las primeras manifestaciones de la crisis económica ha sido la de la caída vertiginosa y generalizada del Producto Interior Bruto (PIB). Los mentores del sistema capitalista e imperialista tratan de dar la vuelta a la crisis aprovechando sus consecuencias en beneficio de sus intereses y privilegios de clase.

Los gobiernos preparan- por ello-las formas de hacer pagar a los trabajadores y los pueblos las consecuencias de la crisis sanitaria y económica, tal y como hicieron en la recesión de 2008, agravando el estancamiento y la deuda. Los salarios y las pensiones, las rentas del trabajo se verán por ello afectadas por los planes de austeridad, y la sobreexplotación tratando de relanzar la economía reduciendo sensiblemente el número de trabajadores, forzando el restablecimiento de la tasa de ganancia.

La gestión de la crisis sanitaria ha sido la gota que ha desbordado el vaso, acumulando modos que se aproximan al genocidio de sectores sociales empobrecidos y marginalizados. La polarización social no ha venido sino a alterar en profundidad las relaciones políticas. Antes de la pandemia, el país que ejerce como gendarme imperialista mundial, reflejaba un alto índice de muertes por miseria social que se ha multiplicado con la llegada del coronavirus, mientras multiplicaba sus gastos policiales y militares. La juventud que se concentro en las campañas de los socialistas de Sanders no ha dudado por ello en unirse a la movilización antirracista, estructurando una amplia red de colaboración social contra la represión, para defender los puestos de trabajo y la vivienda. Movimiento que ha comenzado a influir en sectores de la clase trabajadora.

 Todo parece indicar que el pico de la crisis de salud pública está aún por llegar, tanto en EEUU, América Latina y África…y para muchos países, aquellos dominados por las grandes potencias, necesitan medios financieros que no encuentran, pero que pueden obtener del no pago de la deuda. El derecho internacional respalda la suspensión del pago de la deuda pública por estado de necesidad, cambio fundamental de circunstancias y por fuerza mayor.

En marzo de este año 2020 varios exmandatarios de América Latina, y de África central hicieron llamamientos por la condonación de la deuda, ya que no corresponde a los acreedores decidir si los endeudados tienen o no derecho a suspender el pago de las deudas. La vida de los sectores más explotados y oprimidos de la población depende de que los recursos financieros sean empleados en sanidad y en cubrir las necesidades alimentarias más inmediatas. El “estado de necesidad” viene definido en el artículo 25 del proyecto de artículos bajo la responsabilidad del Estado de la Comisión de Derecho Internacional (CDI) de la ONU. Las circunstancias que aquejan a los países dependientes del mercado de capitales aconsejan la toma de decisiones relativas al impago de la deuda ext