sábado, 3 de julio de 2021

POR OTRO MODELO ECONÓMICO Y SOCIAL

 

“Queremos otra visión del mundo, la perspectiva que nos ofrecen nos ahoga, no permite desarrollarnos, es falsa y tiene burla”. Todo está organizado para que con unos o con otros en los sistemas de poder las cosas sigan igual y para eso necesitan manipularnos, engañarnos, y que aceptemos las cosas como naturales.

“Necesitamos otro modelo económico y social en donde las personas puedan vivir dignamente y con bienestar, y la justicia sea la esencia y sustancia de los comportamientos humanos”.

Las relaciones sociales de producción y la apropiación privada de los medios de producción como fundamentos de la sociedad capitalista generan y reproducen una visión del mundo en crisis continua.

Los que detentan el poder político están empeñados en mantener este orden de modo permanente, como si lo que existe fuera invariable y estuviera marcado a sangre y fuego para el resto de los tiempos; nos dicen que las limitaciones materiales hacen imposible tomar medidas radicales contra el desempleo o que no se pueda conseguir que todas las personas dispongan de sus viviendas, o que haya unos servicios públicos decentes y de calidad.

Este estado de cosas se agrava cuando aparecen situaciones excepcionales como las pandemias. En nuestro caso, el COVID 19 va a ser aprovechada por las grandes empresas monopolísticas para recortar nuestros derechos y condiciones de vida y al mismo tiempo exprimir todos los recursos públicos que hagan posible la máxima acumulación de capital.

En el curso de estas crisis, los aparatos estatales y sus gobiernos cometen todo tipo de tropelías contra las clases trabajadoras que justifican como necesarias para alcanzar el bien común y beneficiar a toda la sociedad; valga como ejemplo, la abusiva propaganda sobre las satisfacciones que van a producir el reparto de los fondos europeos, aunque la UE los condicione a recortes en los servicios públicos y las pensiones.

Aunque los representantes al frente del Estado pertenezcan a partidos que se llaman así mismo y se presentan ante la opinión pública como de izquierdas o de derechas, el objetivo real de sus actuaciones es la reproducción del sistema de explotación y acumulación capitalista aprobando y/o manteniendo las leyes que más contribuyan a dar estabilidad al régimen monárquico o republicano que lo garantice.

 

La esencia de sus normativas tiene como base, el miedo, el temor, el pánico. Estos sustantivos convenientemente adornados son los ejes sobre los que se estructuran las leyes, siendo los elementos más eficaces para evitar la conflictividad social e impedir que la gente se involucre en acciones y movilizaciones contra la explotación y la injusticia. Así, la conocida como “ley mordaza” ha demostrado ser una herramienta muy efectiva a la hora de generar inseguridad y miedo entre la ciudadanía y al mismo tiempo administrar una sensación de poder absoluto e impunidad a los diferentes cuerpos policiales.

 

Los sistemas policiales, con la cobertura del sistema judicial, herederos del y protegidos de toda crítica social con buena dosis ya demostrada de impunidad, gozan de una autoridad ilimitada que aleja a buena parte de la población explotada y oprimida de las luchas sociales y laborales puesto que el menor enfrentamiento con ellos puede acarrear consecuencias penales y económicas graves.

 

Las normativas señaladas en nada contribuyen al avance de la democracia y a la mejora de las condiciones de bienestar de la población. Como estamos viendo dan paso al miedo y a la inmovilidad, y a la pérdida de referencias en valores solidarios y humanistas que posibilitan el crecimiento de los discursos individualistas, xenófobos y racistas.

 

En la actualidad el gobierno de coalición PSOE-UP “más progresista de la historia” con sus políticas incapaces de anular residuos normativos antidemocráticos de épocas pasadas está favoreciendo que se despeje abiertamente el camino para que la derecha y la extrema derecha penetren en las clases populares, y puedan tener los dos pies en el gobierno.

 

 

 

miércoles, 30 de junio de 2021

NOTAS DE LA REVISTA "EL SOCIALISTA" DEL PSLF

 

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1.- NUEVAS MOVILIZACIONES DE LAS PLATAFORMAS PENSIONISTAS CONTRA EL ACUERDO DE LA PATRONAL, SINDICATOS OFICIALES Y EL GOBIERNO

Nuevamente se llama a la movilización de las plataformas de pensionistas ante la firma de los acuerdos de Pacto Social entre la patronal y la cúpula de los sindicatos oficiales CCOO, y UGT, pacto auspiciado por el Ministerio de Trabajo y el gobierno, quienes se guían por las contrarreformas dictadas por la UE, a cambio de recibir los préstamos de reconstrucción empresarial.

El único beneficiario de las medidas acordadas es la banca, el sistema bancario, que se beneficia de los planes privados de pensiones a través de los convenios de empresa acordados por la burocracia sindical.

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2.- PAGA QUIEN CONTAMINA

La recuperación económica que preparó RAJOY y el PP se hizo a base de abaratar costes patronales, reducir derechos laborales y salarios, precarización laboral a espuertas, reducción de servicios públicos en sanidad, educación, dependencia con tal de favorecer la hostelería y el turismo.

Las subidas en los productos básicos altamente necesarios para la vida diaria como los alimentos, luz, agua, gasoil, etc. que han dejado atrás el salario mínimo que cobran millones de españoles. Las subidas en muchos casos son especulativas y en el caso de la luz un verdadero robo que Calviño y Teresa Ribera están amparando.

Un servicio básico no puede gestionarse desde las instancias de poder como un bien de lujo, con el ministro Garzón como convidado de piedra, impasible ante lo que está ocurriendo, y frenando la subida a base de reducir impuestos.

La descarbonización en la que están de lleno los países occidentales no puede hacerse a base de la factura eléctrica, siendo la mayoría de las familias españolas las que tienen que pagar este proceso teniendo en cuenta que su contribución a la producción de contaminación es la mínima posible por su baja capacidad de gasto, y en muchos casos carecen de vehículos propios. El pago de la contaminación debe hacerse sobre el principio de que quien “contamina paga”. Una familia vulnerable o un pensionista con su baja capacidad de consumo poco puede contaminar. Una parte importante de la factura de la luz, lo que es la huella del carbón, unos 6000 millones de euros se los reparten empresas eléctricas, banca y la hacienda pública.

Las grandes empresas consumidoras tienen capacidad y competencias para negociar directamente con las empresas suministradoras al objeto de reducir el precio del Kwh. El tarifazo de la luz está hundiendo a pequeñas empresas, cerrando pequeños comercios, a personas que son trabajadoras y trabajadores autónomas, agricultores y agricultoras. Las empresas eléctricas y la banca son el mayor cáncer del país.

El gobierno trata de salir al paso ante el saqueo que están haciendo las compañías eléctricas, con medidas que no beneficiarán a la población. Nos están engañando y manipulando con la bajada del 10 % del impuesto. La bajada de la factura de la luz por la reducción de este porcentaje del impuesto significa que el ESTADO va a ingresar menos recursos públicos que se valoran por los expertos y técnicos de la agencia tributaria en unos 2.000 millones de euros. Este recorte presupuestario va a recaer y a quien más va a perjudicar es a las clases sociales que utilizan los servicios públicos de la sanidad, educación, dependencia, etc. es decir las clases trabajadoras. No van a reducirse los ingresos de las empresas eléctricas, al contrario, estas aprovecharán el tirón de que quedan más medios monetarios en manos de la población para seguir subiendo un poco más el precio de la luz.

La producción, distribución y comercialización de la energía eléctrica tiene que ser pública, y mientras se inicia ese proceso proponemos que para los pequeños usuarios, familias vulnerables y pequeñas empresas se establezcan precios asequibles por bloques de consumo que sean favorables a estos sectores sociales. Por otro lado, es preciso hacer un serio esfuerzo por las energías alternativas y limpias. El control estatal de la economía, la regulación de los precios y las tarifas y la no privatización con la recuperación de servicios públicos deben ser los elementos que orienten las políticas públicas en materia de energía eléctrica.