jueves, 26 de diciembre de 2019

EL CONFLICTO POLÍTICO POR VIOLACIÓN DE DERECHOS FUNDAMENTALES SE INTERNACIONALIZA. Idelfonso Gómez


¿El Estado prevaricador? Por IDELFONSO GÓMEZ



Las preguntas que surgen de la extensión que ha tomado el conflicto político del Estado español por su vulneración de derechos democráticos fundamentales que se ha agravado e internacionalizado son del siguiente cariz:

¿Cómo pudieron ser condenados los dirigentes catalanes del proceso político soberanista habiendo entre los imputados quien gozaba de impunidad que impedía dicha condena?

¿Se han vulnerado con la sentencia las reglas esenciales de procedimiento que son garantía básica del Estado de derecho? 


La reacción de las instituciones judiciales españolas, y de los partidos de derechas ante la sentencia del TJUE es muy poco comprensible si se tiene en cuenta que dicho tribunal está por encima del Tribunal Supremo, es decir que es el verdadero órgano superior de nuestro ordenamiento jurídico por decisión del Estado español.


Con razón obligada la vicepresidente en funciones Carmen Calvo ha realizado declaraciones llamado a que se asuma por las instituciones judiciales españolas las consecuencias de dicha sentencia, y algo parecido ha venido a manifestar también el Presidente del Parlamento Europeo que no ha tardado en rectificar y aplicar la sentencia reconociendo la condición de Puigdemont y Comín como diputados. 


Habida cuenta que la primera reacción de la Fiscalía del Tribunal Supremo, en vez de reconocer el hecho de que tanto la Audiencia Nacional como el Tribunal Supremo, cada uno a su manera han violado todos los derechos de Oriol, y de los diputados y senadores electos; ha sido la de solicitar que Oriol Junqueras no sea puesto en libertad, y a ello añaden que sea inhabilitado como diputado europeo. 


Parecida reacción automática ha tenido el juez LLarena que parece no entender el motivo por el que él mismo ha tenido que retirar por tercera vez la euro orden que pretendía la detención de los responsables políticos de la Generalidad exiliados en diversos países de Europa. 


La judicialización represiva, que fue la salida fácil para negarse a entrar en la solución democrática del conflicto político no solo fue la respuesta del gobierno Rajoy sino del Estado español en su conjunto con el Jefe de Estado a la cabeza. Y que pueden constituir delitos continuados de prevaricación, delitos que cometen los funcionarios públicos al actuar injustamente en las funciones propias de su cargo, conscientemente o por ignorancia inexcusable. Que en el caso de los jueces deviene de sentencias o resoluciones injustas.


 Ahora ese bloque, que es el de los consensos del régimen del 78, se descompone con el curso de la negociación política abierta entre el PSOE y ERC, y de la misma sentencia que cuestiona la sentencia política de Marchena y las euro ordenes de LLarena. En ese cometido tiene que expresarse la Abogacía del Estado a instancias del Gobierno. 


Ahora, el Tribunal Supremo, que es la institución que tiene la pelota en su tejado, no puede pedir al Parlamento Europeo el levantamiento de la inmunidad después de haberlo juzgado y condenado, por lo contrario está señalado para que diga como aplica la sentencia. La internacionalización del conflicto no solo contamina la Unión Europea y sus Estados, la misma ONU está llamada a finales del próximo mes de enero a tomar resolución sobre el caso. 


Desde Bruselas, el portavoz del PP venía a pedir algo parecido a un “Brexit” para España, consistente en la petición de suspensión de la aplicación del Tratado de Schengen, apostando en que la solución es volver a las antiguas fronteras para proteger las sentencias de un reino bananero al margen de cualquier principio político y judicial que pueda ser compartido por otros Estados, que se reclamen de la aplicación democráticos fundamentales. 


La manipulación política y no la razón política parece presidir las decisiones represivas que hacen más y más complejo el conflicto. A las dos horas de conocerse la sentencia del TSUE se decidió por el tribunal catalán la suspensión del Presidente Torra ante el que declaró: “A mí no me inhabilita un tribunal con motivaciones políticas porque solo lo puede hacer el Parlamento de Cataluña”.


El Gobierno en funciones debe pasar de las palabras a los hechos y reconocer que la aplicación de la sentencia del TJUE pasa por declarar nulo de pleno derecho el juicio del procés, con todas sus consecuencias. Acabando con la vía judicial y la represión política si es que para él la negociación en curso va más allá de la mera instrumentalización de la investidura, y si por fin ha comprendido la necesidad de un giro democrático irreversible en nuestra sociedad que pasa por el ejercicio a decidir. Atendiendo a las demandas de nuevo orden político auténticamente democrático tendente a fundar la República en la acción conjunta de los trabajadores y los pueblos. Alianza política y social que puede y debe representar a la inmensa mayoría. La lucha por democracia y el federalismo es parte sustancial de la estrategia por la emancipación definitiva de los trabajadores del yugo del capital.