jueves, 19 de septiembre de 2019

Espacioindependiente nº 324, jueves 19 de septiembre, 2019 http://elespacioindependiente.wordpress.com/:f:info.espacio.independiente

La exhumación de Franco del panteón faraónico del “Valle de los Caídos”: ¿depende en última instancia del Papa? 

Quienes siguen defendiendo las políticas que se establecieron desde las direcciones políticas y sindicales de consenso con los franquistas, de subordinación a la herencia de la dictadura y sus consecuencias -situación que más de cuarenta años después aún se padece-, establecen justificaciones cada vez más contradictorias con la lucha del laicismo y la democracia. 

Una de esas argumentaciones la acabamos de escuchar estos días en relación con la formación o no de un gobierno de coalición PSOE-UP. Se dice que Sánchez y los dirigentes del PSOE “tienen miedo de que se demuestre que se puede gobernar de otra forma”, aludiendo a que, gracias a aquellos acuerdos de la Transición, se ha mantenido un texto constitucional como ley principal que lo permite. Nuestra referencia a aquellos pactos y consensos es de sobra conocida por los lectores de Espacioindependiente, y se concreta en la apreciación política de principios de que franquismo y democracia son incompatibles.  

La alianza secular entre el trono, el altar y el ejército tomó acomodo también en la Constitución del 78, con todo tipo de privilegios. La permanente financiación de la Iglesia por el Estado, ¿viene a pagar la campaña internacional de colectas en todas las partes del mundo, organizada por el Vaticano desde julio del 36, para financiar a los fascistas en la guerra y contrarrevolución que llevó a Franco al poder? Los obispos y cardenales -que se encargaron de llevarlo bajo palio- y su heredero político, Juan Carlos de Borbón, instalaron sus restos “en sagrado” y con todos los honores del Estado. Y ahora se niegan a renunciar a dicha situación de privilegio. 

No es ajeno a este despilfarro de fondos que el Estado español desvía a la Iglesia Vaticana (gran propietaria de suelos, inmuebles y fondos bancarios), el que, además de considerarla en la práctica un paraíso fiscal, la financia con unos presupuestos que alcanza los 12.000 millones de euros/año. La severa austeridad con la que se tratan los presupuestos de sanidad y educación, y de lo público en general, nada tiene que ver con la disposición de fondos con la que se sigue pagando los compromisos franquistas por los gobiernos “democráticos”. Tal es el caso también del pago de las pensiones de “la guardia mora de Franco”, pago denunciado por el senador de Compromís Carles Mulet, que recriminaba al Ejecutivo que se siga pagando 150 millones de euros año por la guardia personal del dictador, destinados a acusados de múltiples delitos contra la humanidad. 

Durante décadas, y con respecto a este asunto de la combinación de franquismo y democracia, funcionó el cuento de la Transición, que rellenó miles de editoriales interesados, consistente en el argumento de que un Rey valiente se había deshecho de las influencias franquistas para “salvar la democracia”. Cuento que aún forma parte del mito fundacional del régimen y que pasa ahora por una grave crisis política, territorial y social. 

Poniendo a prueba estas cuestiones de los pactos y consensos de la Transición, con el hecho mismo de la demanda democrática de la exhumación del dictador y la anulación de toda exaltación política y/o religiosa, comprobamos cómo dicha reivindicación democrática ha sido utilizada por el
Gobierno Sánchez, mediante una decisión ejecutada “por razones de interés público”, como alegación principal.  Con la cual el Gobierno no ha podido llevar a cabo la exhumación, no solo por la oposición de la familia del dictador y de otros organismos como la misma Iglesia, sino porque las leyes en las que se sustenta son insuficientes, ya que no condenan (en ningún caso) el franquismo como régimen criminal. 

El Tribunal Supremo parece que va a tomar decisión sobre el fondo del asunto el próximo día 24 y que no hay aún un acuerdo definitivo de los seis magistrados de la Sala, sobre todo, a la hora de establecer el destino final de los restos. Como se sabe, la pretensión de la familia -que cuenta con el respaldo vaticano- es la de volver a dar a los restos del dictador un nuevo lugar de honor, lo que les lleva a exigir que se depositen en la Catedral de la Almudena de Madrid. Esto conllevaría una cierta canonización del personaje, reconociendo el privilegio a mantener la exaltación del franquismo, exaltación condenada por resoluciones de NNUU contra el fascismo y el nazismo.  

EL movimiento memorialista y de víctimas denuncia, por su parte, que se pueda volver a dar honores de Jefe de Estado a quien está acusado de crímenes contra la humanidad, y que, además, se pague por el gobierno el traslado con fondos públicos, dando sepultura en cementerio de titularidad pública. El Gobierno, por su parte, asegura que el cementerio de El Pardo “reúne las condiciones idóneas de adecuación”. Sin embargo, conocemos que, por encima de la decisión del gobierno y de la que tome el Tribunal Supremo, es en última instancia el Vaticano quien puede impedir la inhumación en aplicación de los Acuerdos entre el Estado español y el Estado del Vaticano (continuidad del Concordato) y del mismo Código Eclesiástico.  

El Vaticano tiene, en la autoridad del Papa, la última palabra y decisión, si de honores religiosos al dictador se trata. Aunque se ha dicho que, en el caso de la pretensión de mantener dichos privilegios, el Vaticano prefiere que el conflicto se reduzca a un problema entre la familia y el Gobierno, a nadie se le escapa que la familia no está sola en el asunto: los benedictinos y la misma Iglesia española están también involucrados en el tira y afloja cubriendo las vergüenzas e intereses vaticanos. 
Con todo lo expuesto sobre el caso de la exhumación del dictador, podemos hacer una pregunta de gran actualidad ante la convocatoria de nuevas elecciones generales para el 10 de noviembre: ¿Se puede “gobernar de otra forma” manteniendo el poder y privilegios que la Constitución del 78 deja en manos de las instituciones franquistas? 

Ni el gobierno y sus leyes de impunidad, ni el Tribunal Supremo y sus sentencias, parece que tienen la última palabra sobre la exhumación de los restos del dictador; como tampoco la tienen sobre la transformación del lugar de exaltación de los crímenes del franquismo, que está bajo la autoridad de la secta benedictina de un estado extranjero: el Estado Vaticano.  

Acabar con el monumento al crimen del Valle de los Caídos, al que bautizaron como “el Altar de España, de la España heroica, de la España mística, de la España eterna”, y acabar con la exaltación del franquismo en todas sus formas, es una exigencia democrática y laica irrenunciable que demanda leyes de ruptura con el franquismo por parte de unas Cortes soberanas.

CONCENTRACIÓN FRENTE AL TRIBUNAL SUPREMO, 24 DE SEPTIEMBRE A LAS

miércoles, 18 de septiembre de 2019

EL DESARROLLO DE LA LUCHA DE CLASES EN EXTREMADURA(2)


EL DESARROLLO DE LA LUCHA DE CLASES, POR UN NUEVO CONVENIO COLECTIVO Y POR EL PROGRESO DE EXTREMADURA.
El proceso de reconversión y concentración capitalista sigue su curso en el campo extremeño como un espacio más de la cadena de reproducción y acumulación del capital.  Los acaparamientos de tierras y haciendas, con la consiguiente transformación de las relaciones de producción, vienen impulsadas por los diferentes gobiernos nacionales y regionales que avalan y amparan sus decisiones en las políticas elaboradas en los despachos europeos.

La Unión Europea, como instrumento al servicio de aquellos objetivos generales, es la batuta que orienta las normativas y presupuestos que se proyectan en la política agraria y, tienen una incidencia decisiva en la economía del mundo rural. Los diferentes aspectos que se regulan y financian se hacen con un marcado carácter clasista, tal y como se aprecia en la distribución de las ayudas y subvenciones de la Política Agraria Comunitaria que bonifican principalmente a los grandes propietarios de tierras.

Las instituciones nacionales o regionales suplementan las tendencias hacia la acumulación de propiedades y de riqueza con medidas financieras o fiscales. Así, por ejemplo, las subvenciones para adquisición de maquinarias y elementos productivos, primas, seguros, se justifican en el apoyo a la agricultura en general, pero en la realidad permiten un mayor y más eficaz aprovechamiento según el rasero económico de empresarios agrícolas.

En este orden de cosas, no conviene dejar de lado los últimos acuerdos comerciales de carácter internacional que ha realizado la Unión Europea que según las diferentes organizaciones agrarias serán bastantes perjudiciales para los pequeños y medianos agricultores.

De este modo, el proceso de concurrencia capitalista incide de diferente manera en las clases sociales que habitan en nuestra Comunidad. Mientras repercute negativamente en las clases trabajadoras, como ponen de manifiesto los informes y datos estadísticos que recogen durante estos años el crecimiento de la tasa de pobreza y el aumento del número de familias que no alcanzan el umbral de la pobreza, la marcha de jóvenes o la disminución progresiva de la renta agraria que sufren los pequeños y medianos agricultores, beneficia no sólo a empresas multinacionales sino también, muy específicamente, a un grupo de grandes propietarios y empresas agrarias, que ha ido acaparando la propiedad de tierras, centrales industriales y de transformación de productos agrícolas de nuestra región.

El comportamiento de este grupo social minoritario es negativo y perjudicial para el desarrollo económico de la región. Por el lugar privilegiado que ocupan en el proceso de producción y comercialización realizan contrataciones laborales, que como muchos jornaleros nos indican en las asambleas celebradas, incumplen las normativas salariales, y controlan en gran medida las producciones y precios de ciertos productos agrícolas condicionando la vida económica de los agricultores que cada vez con mayor frecuencia,  saltan a la ruina, obligados al arranque de los árboles frutales y en última instancia, a la subasta y venta de sus propiedades.

En este punto tenemos que hacer un paréntesis para destacar la identificación política y social de nuestras autoridades regionales con este grupo acaparador de buena parte de la riqueza de la Comunidad. Este hecho identitario se traduce en la pasividad y premiosidad con la que se implican para combatir el crecimiento del caldo de cultivo social, paro, precariedad, y en general el empobrecimiento de la población. Estas actitudes del poder regional propician los numerosos quebrantamientos de las normas laborales que se producen en el campo, y en las diferentes actividades productivas de bienes y servicios de la Comunidad.

Nuestros dirigentes políticos, tal y como estamos viendo estos días, prefieren discernir y practicar la retórica y las promesas en cuestiones de altura y trascendencia, antes que bajar al terreno y conocer las cosas de poca importancia que machacan diariamente a la clase trabajadora y empobrecen al mundo rural.  Pero no nos confundamos, estamos en una sociedad capitalista en la que los dueños del dinero y de la riqueza controlan directamente o indirectamente todos los poderes públicos. Por lo que no nos podemos engañar y tener en cuenta que las instituciones políticas están diseñadas para prestar buenos servicios a los sectores sociales que controlan los medios de producción y la riqueza, y al entramado social en él que se apoyan. 

En definitiva, son organismos que por su naturaleza capitalista no sólo son incapaces de resolver las continuas injusticias que soportan los jornaleros y jornaleras, sino que por acción u omisión las reproducen. Los hechos más evidentes de todo esto es lo que hemos vivido y estamos viviendo en estos meses de verano con la negativa de las organizaciones agrarias, ASAJA Y AFRUET, para pagar los salarios aprobados por las leyes españolas o negociar el nuevo convenio del campo. Estos no son indiferentes a que una buena parte de la clase obrera agrícola encuentra empleo durante los meses de verano, en las tareas relacionadas con el tomate, las frutas y la vendimia, mientras que el resto del año tienen verdaderas dificultades para encontrar una ocupación que en la mayoría de los casos suele ser temporal y/o precarizada.

Además de los bajos salarios de por sí ya establecidos en las normativas que regulan el convenio del campo o en el laudo dictado hace pocas semanas en aplicación del salario mínimo aprobado por el gobierno de la nación, cuesta mucho sacrificio y lucha conseguir que los Patronos cumplan con lo establecido en las condiciones administrativas que regulan la compra-venta de la fuerza de trabajo. No obstante, la hipocresía de los representantes de esta clase social es tal que no tienen perjuicios para difundir miserablemente la idea de que la subida del salario mínimo a 900 euros y el incremento de los jornales son los que arrastran al hundimiento del campo extremeño.
Es una petición generalizada por los jornaleros y jornaleras que se produzca una mayor presencia de los organismos públicos que intervienen en el control y vigilancia de cuestiones relacionadas con el cumplimiento de las normas que regulan la venta de la fuerza de trabajo, horarios, salarios, el control de la recepción de los materiales necesarios para la prevención de los riesgos laborales con la correspondiente entrega efectiva de material, el pago de los desplazamientos a los centros de trabajo, y lo que sucede en algunos centros de transformación hortofrutícola en los que se lleva a límites inhumanos  los desplazamientos `puntuales, físicos,  que necesita realizar todo ser humano para satisfacer sus necesidades biológicas.

Todas estas circunstancias ponen a las claras la necesidad de organización de la clase obrera y el desarrollo de la lucha de clases como el único modo de hacer frente a la violencia laboral que fuerza la extracción de la máxima plusvalía de la gota de sudor del jornalero/a. Ante la indiferencia de las Instituciones, una y otra vez se hacen añicos las costuras que reglamentan las condiciones legales de lo que ya es la falsa libertad de la oferta y la demanda.

Un objetivo prioritario de los jornaleros y jornaleras del campo debe ser el de conseguir un nuevo convenio colectivo del campo que responda realmente a los derechos laborales, la dignidad y las necesidades que en la actualidad tienen estas familias trabajadoras. En este sentido, según parece, después de mucho tiempo de retraso, en los próximos días se reunen los sindicatos CCOO y UGT con las organizaciones patronales para comenzar las negociaciones del nuevo convenio laboral.
El convenio agrícola firmado para el período de 2016-2018 establecía que en la vendimia el salario de un eventual sería de 42,53 euros. Esta cantidad, ha quedado totalmente desfasado ya que con ella difícilmente se pueden satisfacer las necesidades que las familias trabajadoras tienen para hacer frente a los gastos de alimentación, luz, agua, alquiler, etc. Además, para la mayoría de los jornaleros y jornaleras este empleo es temporal pues en las campañas de la vendimia y la aceituna, siendo muy optimista, no alcanza por término medio los 60 o 70 días.

Las cantidades salariales deben tomar como referencia el acuerdo del 5 de julio de 2018, a nivel nacional entre las organizaciones patronales y sindicatos CCOO y UGT. El acuerdo establece que ningún salario puede quedar por debajo de los 1000 euros al mes para el año 2020. En base a esto, los salarios deben ser menores a unos 55 euros para las diferentes tareas agrícolas y de unos 65 euros para la vendimia y uva de mesa, respetando las seis horas y media de trabajo, y otros detalles del convenio.

En base a estos acuerdos, las asambleas celebradas por trabajadores y trabajadoras eventuales han expresado algunas cantidades salariales que son imprescindibles para mejorar las condiciones de vida y de consumo.

 En algunas poblaciones se comienza a exigir en la vendimia un salario de unos 65 euros por las seis horas y media de trabajo diario, considerando que estas tareas se realizan en unas condiciones límites, a temperaturas extremas que durante muchos días suele ser de unos 50 grados centígrados, o en horarios no habituales que comienzan a las 3 de la mañana.

En definitiva la organización de la clase obrera y el desarrollo de la lucha de clases es una cuestión de primer orden en las tareas actuales del movimiento obrero en nuestra región. Algunos de los objetivos son claros y pasan por el cumplimiento de los derechos recogidos en las normativas laborales que no se cumplen, la negociación del nuevo convenio colectivo del campo y la lucha política por la aún pendiente reforma agraria como elemento de primer orden para conseguir el progreso y el desarrollo económico-social de Extremadura.







martes, 17 de septiembre de 2019

INSURGENTE.ORG

Capitalismo, ese sistema que explota a la mayoría de la población para privilegiar a unos pocos

Que la clase capitalista defienda sus privilegios, adquiridos mediante la explotación que ejerce sobre la clase obrera, no deja de ser infame y combatible, pero se entiende. Lo que ya resulta absolutamente preocupante e inadmisible es que muchísima gente perteneciente a la clase explotada defienda el capitalismo, el sistema que le oprime.
He aquí tres datos que certifican lo nocivo que es dicho sistema:
La humanidad produce un 45% más de los alimentos necesarios para nutrir a las 7.300 millones de personas que pueblan el mundo.
—Frente a esto, lo absolutamente infame y llamativo es que la principal causa de la muerte sigue siendo EL HAMBRE.
—La principal actividad de la especie humana, la que más ganancias genera desde el punto de vista capitalista, la vanguardia de la ciencia y de la técnica es la producción de armamentos. Es decir: la defensa a muerte de los privilegios de una minoría de la población mundial.
Esto es el capitalismo: un sistema que explota a la mayoría de la población para privilegiar a unos pocos. Mientras la mencionada mayoría no sea consciente de la clase a la que pertenece, y lo que ello supone, la minoritaria clase capitalista siempre permanecerá triunfante.