jueves, 30 de enero de 2020

La huelga y la lucha por la República

Espacioindependiente nº 343, jueves 30 de enero, 2020
La huelga y la lucha por la República

Las Cargas policiales de ayer en Don Benito (Badajoz) contra los pequeños agricultores extremeños, que se manifestaban ante el recinto ferial “Agroexpo” -donde se encontraban el ministro de Agricultura Luis Planas y el presidente de la región Fernández Vara-, ponen de manifiesto un nuevo momento de la lucha de clases. Las organizaciones agrarias denuncian que los precios impuestos desde la Política Agraria Común, que sobrefinancia a las grandes propiedades latifundistas, les obliga a ellos a vender por debajo del precio de producción, lo que empuja a la ruina de sus pequeñas explotaciones. Los especuladores de la alimentación, propietarios de las grandes superficies, están haciendo grandes beneficios a cuenta de las condiciones miserables de los trabajadores y de la crisis de las pequeñas explotaciones agropecuarias.

El olivar concentra en buena medida la crisis del campo español en su conjunto, soportando precios que son incompatibles con el mantenimiento de las explotaciones pequeñas y medianas. Hoy, día 30, los aceituneros se han lanzado a cortar carreteras principales como la A-4, con piquetes en la Carolina y también en Albacete, Úbeda y cerca de Granada, exigiendo precios adecuados para el aceite, que pasa por uno de sus peores momentos. El campo no está dispuesto a ser víctima de las políticas del gran capital.

Los problemas de los pequeños agricultores no devienen de las insuficientes subidas del salario mínimo, que incluso los convenios agrarios no respetan. Los problemas de los 500.000 jornaleros agrícolas y de los pequeños agricultores, que son unos 300.000, tiene su origen en la política impuesta desde Bruselas, hecha suya por los gobiernos de todos los colores contra las producciones agroalimentarias y la soberanía alimentaria de los países. La ruptura con la PAC y la necesidad de la Reforma Agraria para que la propiedad latifundista no siga en manos de los señoritos, de los fondos de inversión y de los Bancos, son las exigencias de fondo del movimiento de trabajadores agrícolas y de pequeños productores.

La cita en la Moncloa de la patronal, los sindicatos oficiales y los representantes del gobierno para teatralizar la política de pacto social sobre ridículas subidas de los salarios y las pensiones que no resuelven los problemas de austeridad y miseria social, no puede ocupar el centro de la situación política como pretenden. El centro en este momento político lo ocupa la movilización social.

El obstáculo que representa la política de pacto social es un obstáculo que proviene de las políticas oficiales diseñadas en Bruselas y en las mesas de los gobiernos, y son obstáculos que solo puede ser superados con la masividad y la reorganización de los mismos trabajadores, mediante formas abiertas como la que representan las asambleas, los piquetes, los comités elegibles y revocables integrando los sindicatos…

Momento político éste, que desde los sectores industriales se desarrolla con un llamamiento de cientos de organizaciones sociales y sindicales a la huelga general en Navarra y País Vasco, convocada en defensa del poder adquisitivo de los salarios y las pensiones, reclamando un mínimo vital de 1.200 euros, el derecho a decidir y la República. Demandan la reversión de la situación general de austeridad y contrarreforma social, que ha sido establecida desde hace más de una década, lo que ha supuesto la multiplicación de los beneficios del capital y la pérdida permanente de las rentas (directas e indirectas) del trabajo.

La crisis política e institucional del régimen monárquico está en el origen del movimiento reivindicativo y de huelga general. Y, sobre todo, es la incapacidad de las instituciones de dar respuestas puntuales a los problemas sociales, políticos e institucionales la que alimenta en el fondo el movimiento republicano, que no puede sino extenderse desde Cataluña y País Vasco a todos los territorios de la geografía del Estado español.

El presidente de la Generalitat, que el Tribunal Supremo pretende suspender en sus funciones violando el derecho del Parlamento, acaba de señalar que la actual legislatura está agotada, y por ello convocará elecciones en los próximos meses en medio de la división entre ERC y JpC.

 El motor del movimiento es el fondo de la crisis. El tema de la huelga general es tan viejo como el mismo movimiento obrero, y los que hablan de luchas reivindicativas no pueden negar que “toda lucha de clases es una lucha política”.

Desde las Comunidades Autónomas, donde el trabajo agroalimentario se encuentra entre los peores pagados, la patronal y los presidentes de las comunidades que representan al PSOE, ponen el grito en el cielo contra las subidas de los salarios mínimos, que no permiten vivir con un mínimo de dignidad a las familias trabajadoras, sin señalar que es el sistema de mercado ”libre”, impuesto por la PAC, el que destroza las pequeñas explotaciones de toda la Unión Europea, con importaciones de productos  que, a precio de esclavitud, tiran los precios al por mayor.

Todos los teóricos, que han insistido durante décadas en la desaparición de la clase trabajadora y del campesinado, se encuentran de cara con una realidad: la que se deriva de la movilización agraria, de la convocatoria de huelgas generales que tienen poco ver con sus predicciones.

 Lo cierto es que la cuestión de la huelga general vuelve a ponerse de actualidad, ocupando un primer plano de la situación política. Pone de manifiesto que, pese al carácter clientelar de las principales organizaciones sindicales -cuyos dirigentes colaboran codo con codo con la patronal y el gobierno en imponer el retroceso de las demandas sociales y democráticas-, la clase trabajadora y el campesinado, como clases explotadas y oprimidas, existen a través de su lucha y de su movimiento y, contradictoriamente, se diferencian de sus mismas organizaciones. Toda la historia sustancial está tejida de este combate político.

El momento de la huelga general no es una cuestión exterior al movimiento de los trabajadores y sus aliados, es una determinación que surge de la dinámica de las relaciones entre las clases, y de la relación entre las diferentes capas de las clases, y es, por tanto, ante todo y sobre todo, una cuestión política. Es decir, originaria de la política propia de los intereses materiales y morales de los trabajadores.

La cuestión del derecho a decidir de los pueblos se cruza en medio de los planes continuistas del régimen monárquico. Habiendo quebrado los fundamentos de su Estado autonómico, el movimiento político se extiende de Cataluña a otras nacionalidades y regiones en forma de derecho a decidir sobre monarquía o república. Lo que en su día fue en la historia del movimiento obrero y popular la lucha por el sufragio universal, por el derecho al voto. Movimiento que vino desde abajo, y se sigue expresando en nuestros días por la movilización y la huelga general, por el derecho a decidir sobre la forma del Estado, que no puede sino ayudar a articular un gran movimiento republicano de todos los pueblos.

martes, 28 de enero de 2020

Con la huelga general del día 30 de Navarra y País Vasco




Movilización  en solidaridad con la convocatoria por   salarios y  pensiones dignas para todos

El movimiento obrero  pasa por un momento crítico en el que no puede dejar de expresar sus reivindicaciones y aspiraciones de forma independiente. Todos los partidos y sindicatos, todos los colectivos sociales que resistimos las medidas de contrarreforma social de los gobiernos que actúan al servicio de la patronal y la Troika, estamos llamados a  movilizarnos  para mejorar las condiciones de vida y trabajo , es la continuidad de la lucha histórica por acabar con toda forma de explotación y opresión.


Coincidiendo con el segundo aniversario  de las mareas de jubilados y pensionistas que han salido a las calles y plazas de toda España  para reivindicar pensiones dignas sin ser oídos en sus demandas, más de cien organizaciones, sindicatos, partidos y colectivos sociales  de Navarra y País Vasco  se han puesto de acuerdo en sus reivindicaciones más importantes. Aprobando  una Carta de Derechos Sociales de Euskal Herria, por unas condiciones dignas de trabajo y por la garantía de los derechos sociales y pensiones.


Las direcciones de CCOO  y UGT se oponen al llamamiento, que lo califican como “precipitada” y “fuera de contexto”…/… más si cabe con un acuerdo de gobierno progresista en España encima de la mesa”. Los dirigentes de UGT  han venido a declarar que “una huelga general no es la salida  al problema de las pensiones”. El discurso  del sindicalismo oficialista  no da respuesta a los problemas fundamentales de los trabajadores y las terribles perdidas de poder adquisitivo y derechos laborales robados durante la crisis económica de 2008.


Reconquistar el poder adquisitivo perdido, acabar con la precariedad   y con reformas laborales es un objetivo de los trabajadores y de sus organizaciones. El hecho de que la convocatoria se haga solo en Euskadi, y que sindicatos nacionalistas vascos reclamen un marco propio de relaciones laborales y de las pensiones no puede ser obstáculo para que desde todas partes expresemos nuestra solidaridad con el movimiento de huelga, y abramos la discusión acerca del marco laboral y de las pensiones mejor para los trabajadores, que hace 160 años que  constituyen una misma clase social en toda España.


La devaluación que han sufrido en medio de constantes  medidas de contrarreforma social, tanto de los salarios como las pensiones, no puede dejarse pasar como si nada hubiese sucedido. Un buen sector de trabajadores asalariados y de jubilados viven en la pobreza aunque tengan ingresos y nóminas, los jóvenes que se incorporan al trabajo lo hacen en condiciones de sobreexplotación  y precariedad, con retribuciones que nos les permiten vivir y por ello se ven obligados a aplazar   la independencia personal de sus respectivas  familias.


Todos los que dependen de su condición salarial y/ o de sus pensiones así como de las rentas básicas o de subsistencia,  aseguran que las constantes perdidas de capacidad de compra de los salarios y pensiones les han llevado a una situación  muy difícil a la hora de hacer frente a los gastos de mantenimiento, de pagar las hipotecas y /o hacer frente a alquileres  especulativos que se han multiplicado en los últimos años.


 Las primeras medidas económicas tomadas por el gobierno de “coalición”  de Pedro Sánchez e Iglesias: El 0,9% para las pensiones, el 5,5% para los salarios mínimos, y el 2% para los funcionarios, son medidas mantenedoras de las políticas de ajuste y austeridad que no resuelven los problemas de  miseria de las rentas del trabajo o los subsidios y pensiones, mientras que las rentas del capital han subido por encima del 50%. No se puede olvidar la situación de todas aquellas personas excluidas y sin percepción ninguna e implantar una renta generalizada de inserción y/o básica.


La convocatoria de huelga general en Navarra y País Vasco se hace también en demanda de libertad para los presos políticos, por el derecho a decidir de los pueblos: por la república que los pueblos demandan. Así como la derogación ya de la ley mordaza, pensada sobre todo para reprimir las demandas laborales y sociales.


Los socialistas por la libre federación de los pueblos frente a todo régimen de represión, abogamos por una Asamblea Constituyente Soberana de los pueblos de España que responda a la voluntad mayoritaria libremente expresada. Al gobierno de “progreso” le exigimos que den respuesta positiva a  las demandas sociales y políticas de la mayoría rompiendo con los planes de ajuste y austeridad, y de pago de la Deuda.


¡Contra la pobreza, el fin de las reformas laborales por el poder adquisitivo de salarios y pensiones!

¡Por la alianza de trabajadores y pueblos!

¡Por la constituyente y la República!


domingo, 26 de enero de 2020

ODP-PSLF EN RELACIÓN A LOS PRESUPUESTOS REGIONALES.




Los presupuestos regionales que ayer aprobó la Asamblea de Extremadura no van a resolver ninguno de los problemas que tienen las clases trabajadores y los sectores populares de la sociedad extremeña; todo irá a peor, por mucho que se empeñe el gobierno regional en mostrarnos la bondad de los mismos en las campañas publicitarias de la que han precedido a su aprobación.



Los presupuestos dejan de lado el tremendo problema del desempleo que hay en la región. A pesar de la intensa propaganda con las que nos quieren hacer ver que cuantitativamente son muy importante los fondos destinados a combatir esta lacra propia del capitalismo, la realidad es que son muy insuficientes, sólo hay que ver el escaso número de desempleados y desempleadas que se verán favorecidos por estas partidas presupuestarias. Por mucho que se insista, ni siquiera dan para tranquilizar la conciencia de quienes ocupan las instituciones políticas. Lo cierto es que seguirán agravándose las dificultades económicas y sociales que padecen muchas familias extremeñas.



Por otro lado, el poder político tiene poco interés en modificar las ridículas pagas que perciben los miles de desempleados y desempleadas por diferentes conceptos como prestaciones, subsidios o ayudas sociales; aquellas son tales que difícilmente pueden satisfacer las mínimas necesidades vitales y alcanzar cierto bienestar. Los requisitos administrativos que hay que cumplir para lograr algunas de las ayudas sociales se olvidan del estado de pobreza o necesidad, y se establecen con el único objetivo de no aumentar el gasto público y asignarle magnitudes reducidas en los presupuestos, como es el caso de la renta básica.



Además, son insolidarios y exiguos ya que se minimizan y reducen respecto a presupuestos anteriores partidas como las destinadas a Mínimos Vitales y Ayudas a Domicilio que debieran ser lo suficientemente amplias pues realizan una doble función; por un lado, permiten la creación de puestos de trabajo, y por otro, alivian el estado de desamparo y privación de familias o personas que atraviesan momentos económicos difíciles, y proporcionan la prestación de asistencia a personas mayores y/o dependientes, y en definitiva contribuyen a sostener a quienes más necesitan del apoyo y ayuda de la protección social.



La política de viviendas sigue estando bajo mínimos, no se hace nada por solucionar el enorme déficit que hay en nuestra región, no hay interés en las construcciones de viviendas sociales, ni intervenciones de otro tipo que permitan dar utilidad pública al importante parque de viviendas en manos de las entidades financieras y de instituciones estatales. Las ayudas de alquiler que se proponen, además de ser escasas por las nimias cantidades consignadas en las partidas presupuestarias, son prácticamente inalcanzables para la mayoría de los mortales ya que para acceder a ellas hay que superar una verdadera barrera de obstáculos burocráticos, a lo que se añade los habituales retrasos en la percepción de estas ayudas.



 En cuanto a ciertos servicios públicos como Educación o Sanidad, se siguen subvencionando los diferentes niveles de enseñanza privilegiando a centros educativos privados que en su mayoría están en manos de la Iglesia Católica, retrayendo para la enseñanza pública cantidades próximas a los 90 millones de euros que van a parar a la concertación educativa; mientras tanto, en materia sanitaria se adolece de una política de choque que disminuya las listas en la que se encuentran miles de personas esperando para acceder a las visitas médicas, pruebas e intervenciones quirúrgicas.



Por tanto, desde ODP-PSLF consideramos que la aprobación de los presupuestos regionales no va a provocar transformaciones importantes que mejoren las condiciones de vida de las clases trabajadoras extremeñas, ni van a combatir la precarización y la explotación laboral; no obstante, servirán para que ciertos sectores minoritarios y empresariales coligados con el poder político sigan disfrutando y obteniendo buenos réditos a costa de los presupuestos extremeños.



Por otro lado, hasta la fecha el gobierno del PSOE -UP a nivel nacional ha dejado bien claro en sus declaraciones que las pocas cosas que se hagan no van a molestar ni a tocar los intereses de quienes hacen las contrataciones laborales o disponen de los medios de producción y controlan la distribución y comercialización de las producciones agrarias y hortofrutícolas; tampoco se va avanzar mucho en la recuperación de la memoria histórica ni en la mejora de las pensiones. De hecho, un buen número de jubilados y pensionistas de todo tipo van a seguir en situaciones de precariedad y pobreza con míseras pagas. No mejorarán su nivel de vida por mucho que se venda que se ha subido un 0,9 % de acuerdo al nivel de vida, al compás del IPC, lo que como máximo equivale a unos 7 u 8 euros al mes.



La subida del SMI se hace con la aceptación de la gran patronal, los agentes sociales y el gobierno, con la excepción de los representantes de algunas organizaciones patronales agrarias que ya han dejado bien claro que se negarán a la aplicación de la subida. Algo habitual con lo que vienen haciendo a lo largo del tiempo, porque ahora y siempre han entendido que sus beneficios están ligados con los salarios de indigencia de los jornaleros agrícolas.



En todo caso, lo que está claro es que las políticas de los gobiernos nacionales o regionales serán favorables a los intereses de las clases trabajadoras y sectores sociales populares en la medida que seamos capaces de establecer con las movilizaciones sociales las relaciones de fuerza y cooperación necesarias para que respondan a las demandas que hoy exigen aquellas mayorías sociales.