viernes, 7 de agosto de 2020

ESPACIO INDEPENDIENTE: Fuga pactada del emérito en paradero desconocido

Las relaciones de sostenimiento del régimen del 78 se han puesto singularmente a prueba con las denuncias presentadas contra la Jefatura del Estado por corrupción institucional y sistemática, en la persona de Juan Carlos de Borbón que, como veremos, no solo le afectan a él, sino que se extiende a sus herederos y a los dirigentes de los partidos que se reclaman del Pacto Constitucional del 78. 

El “Juancarlismo” promovido por el “felipismo”, justificaba la traición a la la tradición republicana, como anzuelo para fomentar los pelotazos especulativos, a los que ellos mismos se han dedicado.

 Juancarlismo (razón de Estado), que se ha disuelto como un terrón de azúcar en un vaso de agua. Los mismos intereses espurios que estaban detrás de “yo no soy monárquico, soy juancarlista”, se defienden ahora con lo de que “Felipe VI no es igual que el padre”. 


A partir del escrito de los abogados de Corinna (quien estuvo a punto de ser reina consorte con Juan Carlos) al palacio la Zarzuela, hace ahora más de un año, poniendo de manifiesto las exigencias de su representada respecto a sus cuentas pendientes con el emérito, un verdadero terremoto sacudió los pilares de la institución sostenida por partidos clientelares que se reparten el gobierno por turnos, y con ello todos los privilegios de casta de los politicastros.


 La Casa Real tomó entonces la decisión forzada por los acontecimientos de apartar a Juan Carlos de los actos oficiales de Estado. Lo que parece que fue pactado previamente con el gobierno. Cuando en la Zarzuela se sospecha que la documentación de la corrupción ha comenzado a llegar a los juzgados y a las redacciones de los medios de comunicación, Felipe VI y el gobierno toman la decisión de que éste vaya a Notario para repudiar de forma falaz la herencia paterna. 


Evidentemente, hacía años que unos y otros conocían la condición de beneficiario de Felipe VI, así como su hija, de dichas partidas de dineros ilegales. Es más, medios como “The Telegraph” incluyen a Felipe VI en la red de comisiones millonarias de las monarquías del Golfo. La Radio y Televisión francesa, por su parte, en sus programas y noticias sobre la crisis monárquica en España, ha llegado a la conclusión de que “Juan Carlos es un gánster”. 


Las aventuras de la Monarquía española con los regímenes sátrapas vienen de lejos. El reiterado enriquecimiento ilegal de la monarquía española no ha consistido en simples regalos por nada. Los dictadores del golfo Pérsico, ricos y corruptos, han encontrado en los monarcas españoles sus mejores representantes políticos y comerciales en Occidente, lo que se ha fomentado a lo largo del tiempo con venta de armas y guerras, por las partes interesadas, simplemente a través del soborno.


 El tercer momento de esta crisis la constituye la fuga pactada del emérito de la Zarzuela, después de un lago ocultamiento domiciliario. Se negocia una fuga donde mantiene sus nombramientos con honores y el botín integro, sin dar cuenta ni a Hacienda ni a los jueces. Una rocambolesca operación de Estado, que conlleva no solo el mantenimiento de la condición de Rey (emérito), establecida en su día por el gobierno, sino la aceptación de relaciones de Estado viciadas contrarias a la legalidad vigente. Mediante carta de Rey a Rey -donde desparece lo de emérito- Juan Carlos establece la “meditada decisión de trasladarme en estos momentos fuera de España” … “lo mejor para España y para la Corona”. 

Traslado que se ejecuta con el mayor secretismo y oscurantismo -financiado por el Estado y con los servicios de seguridad del mismo Estado- a un lugar desconocido, que el diario ABC sitúa en República Dominicana, en la gran finca de los Fanjul (los reyes del azúcar), lo que permite al socialista Joan Garcés declarar que el lugar elegido para la fuga es el de un país que no tiene tratado de cooperación con Suiza, lo que da a Juan Carlos una sobreprotección añadida … 


Extremo que el gobierno se niega a explicar públicamente; lo que nos lleva, con Sánchez al frente, a un verdadero abismo monárquico, donde el gobierno y sus ministros no responden ni ante las Cortes, ni a las preguntas de la prensa …, quedando solo y simplemente reducidos al papel de comparsas y apéndices de la Casa Real y de sus intereses multimillonarios exclusivos. 


El abismo monárquico del gobierno le lleva a diferenciarse entre ellos: de una parte, la mayoría de quienes defienden el ocultismo continuista tal cual y, de otra parte, la minoría de quienes sin oponerse a nada dejan lo de la democracia y la justicia para un futuro indeterminado, aceptando el presente tal y como se urde entre cuatro. 


La operación de Estado de la fuga del emérito, de un lado, logra sacar a Juan Carlos de la Zarzuela, dado que su sola presencia ponía en peligro la supuesta inocencia de su hijo, orquestada con el repudio notarial; y de otra, aleja aún más al emérito de los jueces y fiscales, manteniendo sujeto el botín. Y entonces viene aquello de Sánchez, de que el asunto de la corrupción es solamente una cuestión personal e intransferible y nada tienen que ver las instituciones de sangre contrarias a la democracia. 


¿El gobierno de ministras y ministros, las bases del PSOE y de los partidos que están en el asunto, los electos, los grupos parlamentarios que se reclaman de la democracia…, ¿no tienen nada que decir al respecto? 


Cada decisión de la Casa Real y del mismo Gobierno se constituye en un escándalo más grande que el anterior, acumulando un suma y sigue interminable de despropósitos, de decisiones antidemocráticas de Estado, propios del poder de una monarquía bananera al servicio de una familia de multimillonarios y de su corte de banqueros. 


Un poder sin ley y sin gobierno que actúa como tal, que, además, niega las demandas democráticas de un sector de las Cortes, formadas por representantes elegidos que tratan de responder a los compromisos adquiridos contra la corrupción. 


La crisis de Estado, por elevación, se resume en los siguientes términos: Juan Carlos pacta su huida reservándose todos los honores y todos los dineros que ha apalancado durante cuarenta años instalado en el poder. Y aquí quedan las colas del paro y del hambre y la ruina económica de una economía de amiguetes franquistas, sometida a los dictados de los super capitalistas de Bruselas. Y aquí quedan los jueces que miran para otro lado, los políticos clientelares y los comisionistas del poder…, que es el contenido del famoso Pacto Constitucional al que se aferra Sánchez como clavo ardiendo…


 ¿Y ahora qué? El Gobierno, que no puede ni pagar los ERTE a los que se ha comprometido por falta de recursos, que no recompone la sanidad desarticulada en medio de los rebrotes de la pandemia, dejando que se desarrollen nuevos capítulos de privatización, … no puede hablar de reconstrucción económica en serio, si es sobre la base del despotismo político y la corrupción. 


La jefatura de Estado no puede ser reducida, en un país que se reclama democrático, a un asunto privado, al negociado de una familia que no rinde cuentas ante nadie. La lucha por la democracia, que es la lucha por la República, exige la devolución de todas las cantidades obtenidas de forma ilegal, de todas las corruptelas y, en primer lugar, exige la intervención de las cuentas multimillonarias de la jefatura de Estado desde la Transición. ¡Basta de farsa mediática, monárquica y antidemocrática! 


Urge que los Parlamentos Autonómicos, las Cortes, los Ayuntamientos…, que todas las instituciones elegidas tomen resoluciones exigiendo la comparecencia inmediata del jefe del Estado y del presidente del Gobierno ante las Cortes. La crisis de Estado que ha provocado la corrupción y el despotismo de las más altas magistraturas del Estado solo la puede resolver democráticamente la intervención de los trabajadores y los pueblos a través de la más amplia reorganización y movilización política.

COMUNICADO DEL PSLF


EL REY EMERITO HA HUÍDO DE ESPAÑA 

Sólo la movilización popular, articulando y fortaleciendo la unidad del Movimiento Republicano evitará que se enmascare lo sucedido. 


Ha llegado la hora de un referendum Monarquía o República y una nueva Constituyente para que el Pueblo se exprese libremente y sin injerencias ajenas a su voluntad. 

Juan Carlos de Borbón, el rey emérito, ha huido para no enfrentarse a las posibles consecuencias por el cobro de comisiones ilegales que están siendo investigadas por la justicia suiza. 

Se ha ido sin dar explicaciones ni a los ciudadanos, ni a la Hacienda pública ni a la Justicia pero no como un acto impulsivo, sino siguiendo una estrategia que comenzó con su abdicación como primer dique de contención a un escándalo mayúsculo que ya no podría ser ocultado por las instituciones y poderes fácticos del régimen del 76. 

 La negativa de los principales dirigentes del PSOE a que las Cortes tomen en consideración la grave situación política arrastrada por los presuntos delitos políticos y económicos, continuados en el tiempo, que se le imputan al Rey emérito, impidió que se tomaran las decisiones que democráticamente corresponden por los representantes elegidos por los pueblos de España. 

Hoy, tras su huida, sólo la movilización popular, articulando y fortaleciendo la unidad del movimiento republicano evitará que se enmascare lo sucedido planteando las demandas democráticas que corresponda llevar adelante ante los diputados y senadores electos de las Cortes Generales, con resoluciones en los parlamentos nacionales y en los mismos ayuntamientos.

 Ya se ha presentado ante la sala de lo penal del Tribunal Supremo español, y, llevado ante el Consejo Federal Suizo un informe político jurídico, la petición de bloqueo de fondos del emérito, alegando que hay “indicios suficientes para iniciar una investigación por corrupción”. Señalando que “es necesario terminar con la impunidad y el juego sucio con el que actúa la monarquía española y la anomalía que supone para cualquier democracia moderna”.

La querella criminal como acusación popular se ha presentado por los posibles delitos de negociación prohibida a funcionarios, cohecho pasivo, tráfico de influencias, fraude a la Hacienda Pública y blanqueo de capitales. 

El ahora querellado, que fue nombrado Rey de España por sucesión del dictador Franco a tenor de la Ley de Sucesión de 1947 y de la designación en 1969 como príncipe de España, jurando lealtad como Rey a las leyes fundamentales del Reino y a los principios del Movimiento Nacional en 1975,se mantuvo en la cúpula del poder hasta el año 2014, fecha en la que abdicó en favor de su hijo varón mediante un movimiento palaciego en el que participaron los máximos dirigentes tanto del PSOE como del PP, siendo por ello la situación legal hoy de Juan Carlos la de Rey emérito. 

 Se le denuncia por el aumento de su patrimonio personal, con supuestos negocios privados altamente lucrativos, aprovechando para ello la superioridad y singularidad que le confería su condición de jefe de Estado. Han sido numerosas las operaciones fraudulentas de intermediación realizadas por el querellado con las monarquías sanguinarias de los petrodólares del Golfo Pérsico, ocultando en todos los casos descritos los capitales obtenidos, utilizando diferentes paraísos fiscales, sin haber declarado de su existencia a la administración española, ni a ninguna otra.

 El mismo hijo del querellado ha reconocido explícitamente el pasado 15 de marzo ante Notario la existencia de fondos ilícitos en el patrimonio de su padre, manifestando su voluntad de renunciar a la herencia por no estar en consonancia con la legalidad, retirándole por ello la asignación fijada en los presupuestos del Estado. 

La impunidad política y jurídica, que afecta en particular en el caso de España a las más altas autoridades del Estado, puede comenzar a romperse, después de más de cuarenta años de impunidad pactada por el consenso izquierda-derecha, y ello con las iniciativas que se puedan establecer a partir de la combinación de las acciones políticas y judiciales, por la soberanía popular de los pueblos contra la corrupción de Estado. 

El referéndum contra la corrupción monárquica, para que sean los pueblos los que decidan sobre su futuro, se constituye en exigencia democrática clave de las próximas acciones generales a llevar adelante. La movilización republicana debe poner a los trabajadores y pueblos de España, a la juventud, a la altura de sus compromisos históricos en la lucha contra la corrupción y para acabar con el clientelismo y el consiguiente despotismo político

miércoles, 5 de agosto de 2020

LLAMADA A LA MOVILIZACIÓN Y A LA PARTICIPACIÓN POR LA REPÚBLICA. MANIFESTACIÓN 15 DE AGOSTO EN MÉRIDA

En la medida que se avanza en el conocimiento de los avatares relacionados con la huida del Borbón queda claro que toda la movida no es otra cosa que un acto preparado por el Rey, su heredero, y el gobierno de coalición, con la especial intervención de Pedro Sánchez y el PSOE que tratan de controlar la situación de crisis del régimen monárquico.

Con esta acción controlada y prevista se pretende dar estabilidad a la Monarquía dadas las críticas que encuentran entre amplios sectores de la población española los negocios del Rey Emérito que según parece pueden tocar al heredero, “el preparao”.

Los poderes políticos y mediáticos están desencadenando una campaña propagandística para salvar a Felipe VI, y darnos a entender que el problema es de su padre. A todas luces no pueden evitar que el sistema está corrompido hasta sus tuétanos con una Monarquía que conforma y coadyuva a toda la estructura de los aparatos del estado.

Sin embargo, la tarea que tienen aquellos para controlar y diluir en la medida de lo posible la difícil situación actual de la monarquía y la huida del emérito sin méritos es bastante complicada, si tenemos en cuenta que desde finales de agosto comienza un carrusel con frecuentes citas judiciales y políticas de los actores principales de esta trágico-comedia hispana.

Durante los años de la dictadura franquista ha habido un enriquecimiento y una acumulación de dinero que se ha prolongado impunemente en estos años de pseudodemocracia borbónica. El cobro de los diezmos y mordidas han ido a parar a los bolsillos de políticos, empresarios y monarcas, dando lugar a un Estado en donde la corrupción campa a sus anchas.

El reverso de esta opulenta y obscena realidad, es la tremenda injusticia de que haya presos políticos y artistas perseguidos y condenados a años de cárcel por denunciar todas aquellas tropelías que en los diferentes órdenes de la vida han cometido los Borbones y que ahora salen a la luz pública.

Mientras tanto, pocas voces se oyen que exijan una intervención judicial rápida, que denuncien y exijan la investigación de las propiedades, la evasión de impuestos y los dineros obtenidos en los cobros de comisiones y mordidas por las actuaciones que de intermediario comercial realizaba Juan Carlos I, que de modo evidente reclama la justicia suiza y ponen de manifiesto las declaraciones de su amante Corina.

En estos momentos lo que cabe es una llamada general a todas las clases trabajadoras y sectores populares a la participación y a la movilización contra la monarquía y por la ruptura de todas las estructuras del régimen monárquico que nos gobierna.

No hay más solución para derrotar a los desmanes del capitalismo que luchar por una serie de medidas que son imprescindibles para avanzar hacia una sociedad más justa:

1.-Constitución de una Banca Pública con la expropiación de la Banca Privada.

2.-Negativa a pagar la deuda pública, y ruptura con la Unión Europea.

3.-Nacionalización de las grandes empresas de producción y distribución para ponerlas al servicio de quienes crean la riqueza de este país: las clases trabajadoras, trabajadores autónomos y pequeños empresarios.

Desde Extremadura hemos convocado una manifestación para el día 15 de Agosto, en Mérida, a las 11 de la mañana, con el fin de reivindicar la República y denunciar los comportamientos borbónicos que ahora al igual que durante muchos años en nada han beneficiado a la sociedad española.

martes, 4 de agosto de 2020

Comisión de Enlace del

Encuentro Estatal por la República


Ante la huida de Juan Carlos de Borbón para intentar eludir sus responsabilidades políticas y judiciales la situación de la monarquía española es insostenible.

 

El Borbón  se va con toda la fortuna acumulada por años de corrupciones y privilegios. Se va sin asumir sus responsabilidades ante el pueblo. Se va porque va a intentar evitar la acción de la justicia, la devolución de lo robado y el pago de impuestos. Se va de acuerdo con su hijo Felipe de Borbón, corresponsable de muchos años de conocimiento y de disfrutar de los desmanes de su padre y de ocultar sus corrupciones.

 

Y se va acorralado también por la acción de la justicia suiza. Lo que  sabemos  es fundamentalmente por la prensa extranjera. Aquí ha tenido el  silencio y la ayuda de banqueros, grandes empresarios, gobiernos, jueces y medios de comunicación.

 

Y es que el problema no son los reyes, el problema es la monarquía. Una institución antidemocrática, machista y arcaica, basada en privilegios medievales de sangre, por los que la Jefatura del Estado se hereda dentro de una familia. A lo que se añade en el caso del Estado español el haber sido designada por un dictador fascista y con una Constitución con un  artículo que proclama su inviolabilidad.

 

Desde el espacio unitario de organizaciones republicanas 'Encuentro Estatal por la República' no aceptamos esta operación para intentar perpetuar la monarquía. Exigimos que Juan Carlos de Borbón rinda cuentas ante la justicia, si la justicia es igual para todos. Exigimos también que devuelva todo el dinero robado por comisiones ilegales y la verdad sobre todo sus chanchullos y corrupciones. Y, por último, que se vayan para siempre los Borbones de nuestro país, que nos liberemos de una vez de la monarquía corrupta española. Para ello es fundamental la unidad y la movilización, la ciudadanía exigiendo en las calles Justicia y República.

 

El Encuentro Estatal por la República hace un llamamiento general a participar, cumpliendo las necesarias medidas sanitarias de protección, en las acciones y movilizaciones unitarias que se están convocando  en los diferentes territorios del Estado para exigir justicia para el Borbón, y que devuelva lo robado, para acabar de una vez con la monarquía antidemocrática y corrupta y para proclamar la República y poder construir un nuevo país al servicio de la mayoría social trabajadora y el pueblo.

 

¡Viva la República!

 

         4 de agosto de 2020


COMUNICADO DEL PSLF 4 de Agosto de 2020

“Ante la fuga del rey emérito y las complicidades del estado, exigimos referéndum sobre monarquía o república”

El trato de “Rey emérito” fue establecido por el gobierno en 2014, como un simple honor protocolario sin que las Cortes aprobaran ese nombramiento, y que buscaba-sobre todo- protegerle en sus muchísimos desmanes de todo tipo ante el Tribunal Supremo, trato, por tanto, revocable en cualquier momento: bastaría para ello un real decreto del Gobierno de Pedro Sánchez que lo anulase. Por lo que se ve el gobierno no quiere dar ese pequeño paso democrático, y prefiere presionar a Felipe de Borbón para que resuelva la crisis a su manera, es decir en familia.

Pero quien resulta afectada por los dineros acumulados ilegalmente por el emérito es nuestra sociedad, y en particular los sectores obreros y populares sometidos a la austeridad y la miseria, mientras la Casa Real ha sido sino la beneficiaria de las riquezas acumuladas. ¿Que los que se han beneficiado de la rapiña durante decenas de años sean los únicos que decidan sobre el asunto no es puro despotismo? 

Con la huida del emérito a la República Dominicana, autentica cueva de huidos delincuenciales y paraíso fiscal y judicial, se corroboran todas las sospechas acerca de la herencia económica, poniendo en claro que no es más que una maniobra de su heredero para ganar tiempo, pero el tiempo político corre inexorablemente, y no precisamente a favor de la institución reestablecida por Franco contra los trabajadores y pueblos.

En España se han producido a partir de la crisis de 2008 un millón de desahucios de familias trabajadoras que no pudieron hacer frente a las hipotecas o a los alquileres, pero ahora el gobierno que echo al PP por corrupto, se resiste a ejecutar el único desahucio democrático que podría realizar, el de un exjefe de Estado perseguido internacionalmente por gravísimos casos de corrupción política y económica, y al que tampoco quiere da orden de intervención de sus numerosas cuentas corrientes en paraísos fiscales. La Audiencia Nacional ha llegado a la convicción después de 13 años de investigación de que la familia Pujol constituye “una organización criminal” por la trama del 3% para el partido y los gobiernos nacionalistas catalanes, denunciada inicialmente por quien fue presidente de la Generalidad Pascual Maragall (“Ustedes tienen un problema, y este problema se llama 3%”). Un problema parecido tiene por una parte los que han recibido comisiones de los grandes empresarios que han contribuido de forma ilegal para llenar la caja de caudales de la monarquía. ¿Ha investigado seriamente la Audiencia Nacional la situación al respecto de la Casa Real? ¿Y la Fiscalía del Tribunal Supremo no aprecia delito alguno? Según se dice, esperan a finales de agosto para decidir.

En los próximos días el Gobierno y la Jefatura del Estado pretenden en medio de agosto tomar una decisión consensuada, de espaladas al pueblo, respecto a la ruptura con la corrupción del emérito. Decisión que sin duda no será la última palabra sobre el caso, en tanto que la justicia de otros países y las mismas Cortes generales pretenden tomar decisiones políticas y judiciales inmediatas, y ello frente a la complicidad revestida de parálisis. Es la hora de ajustar cuentas con el régimen corrupto y antidemocrático que pretende seguir secuestrando la voluntad popular.

Ante esto, la única salida es un seria investigación judicial, de las Cortes Generales y una devolución de todo lo obtenido, así como la inmediata celebración de un Referéndum sobre la forma de estado y el llamamiento a Cortes Cosnstituyentes.