sábado, 20 de marzo de 2021

LOS PUBLICISTAS DEL GOBIERNO NO PARAN EN EL DESPRECIO A LAS PERSONAS POBRES, AHORA LE TOCA A LA DELEGADA DEL GOBIERNO



El régimen y sus publicistas más notables, como la delegada del gobierno, no ocultan a pesar de sus explicaciones que el ingreso mínimo vital es un total fracaso.

Nos quieren hacer ver que se protege a las familias más humildes con los 460 euros que de media están llegando, afirmación que hay que precisar, puesto que hay personas y familias que está cobrando 40, 50 o 100 euros a consecuencia de la normativa que se aplica para el cálculo de esta ayuda social. El computo se realiza teniendo en cuenta la media mensual se ingresó en el año anterior que se resta a lo que le corresponda en este año 2021. Es decir, si me corresponden 600 euros y la media del año anterior era de 500 me corresponden 100. Es una vergüenza. 

Con las cantidades del ingreso mínimo vital ni mucho menos se resuelve el elevado porcentaje de pobreza infantil tan presente en las diferentes localidades extremeñas.

Además de las insuficiencias o deficiencia documentales, hay otros factores, algunos difíciles de entender, que se están teniendo en cuenta para la denegación de esta ayuda social, como valoraciones patrimoniales y/o asignaciones de calificaciones empresariales a personas que no tienen el más mínimo patrimonio, ni tienen para comer.

La delegada del gobierno desconoce que la pobreza, la precariedad laboral o el desempleo, circunstancias con una elevada presencia en nuestra Comunidad Autónoma, tienen la culpa de que bajo un mismo techo habiten varias unidades de convivencia, con libros de familias diferentes, a los que se les deniega el ingreso mínimo vital o la renta básica extremeña.

Con toda la hipocresía y cinismo del mundo, la Señora Delegada del Gobierno de España en Extremadura demuestra que no tiene el más mínimo conocimiento de cómo viven las familias más humildes de esta Comunidad, y de qué modo con 460 euros se puede hacer frente a las necesidades más inmediatas, que se multiplican y engordan en el caso de una familia con niños pequeños. Es una vergüenza el desprecio a los sectores sociales más pobres que está realizando el PSOE y sus gobiernos, procurando el mínimo gasto social.

Campamento Dignidad y la sociedad en general valoramos con aprecio y respeto el trabajo y la responsabilidad de los empleados públicos. La delegada del gobierno, de manera muy torpe, trata de quitarse el muerto de encima y hace recaer la eficacia y la rapidez de la gestión en los empleados públicos. De este modo, pretende ocultar sus responsabilidades como dirigente del gobierno, implicada en todo el laberinto de lentas y numerosas formalidades burocráticas por la que se regula el ingreso mínimo vital.

El problema de que las cosas no lleguen con rapidez o deban llegar más rápido de lo que llegan, depende de los políticos que gobiernan las instituciones que no sólo reducen los recursos humanos (trabajadores y trabajadoras) sino que imponen normas tan farragosas y con tantos inconvenientes que retrasan las gestiones y las resoluciones.

Desde Campamento Dignidad exigimos y reclamamos algunas medidas muy concretas del Gobierno para lograr el bienestar y la dignidad de las personas, y que de una vez se acabe el desprecio y el olvido a los más humildes.

1.- Las ayudas sociales deben alcanzar como mínimo lo que marca la Carta Social Europea firmada por España la cantidad de unos 730 euros/mes por persona, incrementándose con cantidades complementarias en caso de unidades de convivencia más amplias. La Comunidad Autónoma debe incrementar las ayudas sociales hasta este nivel necesario para vivir dignamente.

2.- Aplicar el ingreso mínimo vital o la renta básica extremeña a las diferentes unidades de convivencia que habiten bajo el mismo techo.

3.- Prohibición absoluta de los desahucios a las personas o familias sin alternativa habitacional, y la concesión de viviendas sociales o regularización de las mismas en alquiler social a todas las personas que por la más absoluta necesidad viven en ocupación.

4.-La exigencia a todos los Municipios para el empadronamiento obligatorio a todas las personas o familias sin distinción de ningún tipo, dado que es un elemento vital para acceder a una ayuda social.

5.- Prohibición absoluta de los cortes de luz y agua a las familias vulnerables, la luz y el agua deben ser considerados derechos humanos como la vivienda; debiendo facilitar el pago de la misma bien con los Mínimos Vitales, bonos sociales con bonificaciones suficientes fraccionamientos.

6.- Incrementar los recursos humanos y destinar personal específico para atender las tramitaciones y reclamaciones sobre el ingreso mínimo vital en las oficinas de la Seguridad Social.

 

 

miércoles, 17 de marzo de 2021

LOS CORTES DE LUZ Y LAS COMISIONES BANCARIAS

 

Desde Campamento Dignidad queremos denunciar los cortes de luz que se están ejecutando contra numerosas familias, en situación de vulnerabilidad, que carecen de medios para hacer frente a los recibos de luz.

 

La vulnerabilidad procede del desempleo, las ayudas sociales precarias o los recursos mínimos procedentes de la necesaria economía informal. El enésimo caso, hace unos minutos, se produce en Mérida, Endesa corta la luz a una familia con 3 niños pequeños.

 

La luz es un suministro básico esencial para la vida de las personas cuyo acceso es un derecho humano fundamental que debe ser intocable para disponer de un bienestar y una vida digna.

 

El gobierno enumeró en repetidas ocasiones la protección a las familias vulnerables para asegurar su acceso a todas estas necesidades básicas. El famoso ESCUDO SOCIAL parece ser que ha sido abatido y hecho añicos, la imposibilidad de los cortes de luz a familias con niños pequeños han quedando en un conjunto de porciones de promesas vacías.

 

A lo que sucede con la luz se une el pillaje que realizan las entidades bancarias con el COBRO de sus famosos descubiertos y comisiones a las gentes sin recursos, en muchos casos, con ingresos que no superan los 500 euros.

 

Frente a todo este ataque de ratería y fraude a las familias más humildes nada se escucha en las TV ni en los grandes medios de comunicación, ni en los debates de los famosos tertulianos. Sobre todo este saqueo al pueblo trabajador hay un apagón informativo y un consentimiento explícito y silenciosos desde los gobiernos que se lavan las manos ante tantas injusticias.

 

La organización y la movilización es la respuesta a este saqueo y robo continuo a los sectores más humildes de la sociedad. Mañana a las 6 de la tarde, reunión en Mérida, en Plaza de Santa María.

🚧 Desde los tiempos de la crisis de 2008, las ruinas de la urbanización de "Los Alamos", pone de manifiesto la necesidad de la intervención de la Junta de #Extremadura, para convertir este espacio en una promoción de vivienda pública, recuperándolo para la ciudad, y mejorando las posibilidades de acceso a una vivienda por parte de los vecinos y vecinas de #Mérida.

 

martes, 16 de marzo de 2021

La ilegalidad del régimen franquista y su herencia monárquica consensuada. Por José Espinosa (ex-preso político)

 El golpe de Estado de 1936 provocó la revolución social y la guerra. Todo se conjuró en los ámbitos financieros e institucionales para facilitar la victoria de Franco, apoyado militar y políticamente por las grande potencias, y en particular por la Alemania nazi y la Italia fascista. 

Las potencias llamadas democráticas no hicieron sino aislar la república española para facilitar la victoria criminal de Franco. La guerra y la dictadura causaron inmensos daños en nuestra sociedad, abriendo una profunda herida, herida que aún no ha sido sanada. 

El historiador Ángel Viñas en su libro ¿Quién quiso la guerra civil? Determina que fueron los monárquicos con la ayuda de Mussolini, con quien firmaron un pacto para promover la guerra, quienes financiaron y crearon las condiciones políticas para el golpe de Estado, con la inestimable colaboración de la Iglesia; golpe que fracasó en veinticuatro horas y que se transformaría en una larga guerra de extermino. 

Querían una guerra corta y rápida pero la sublevación obrera y popular en las grande ciudades, y la rebelión campesina por la tierra y la libertad vino a dar las bases de la resistencia revolucionaria, que entusiasmo a los explotados y oprimidos del mundo entero. 

 Hasta estas fechas, tanto los gobiernos de la dictadura como de la monarquía, han secuestrado los archivos militares, los de gobernación y guardia civil, conociéndose que una buena parte han sido destruidos para borrar las evidencias históricas. 

La apertura de los archivos sigue siendo- pese a todo- un demanda democrática a la que tampoco responde positivamente el gobierno de Sánchez. De esta manera se prolongan sine die las consecuencias de la dictadura sin que -como dicen los historiadores- se puedan arreglar las cuentas con el pasado. 

Los crímenes cometidos en todo este periodo, calificados de crímenes contra la humanidad -los peores que se pueden cometer siguen totalmente impunes y, para más inri el gobierno pretende que se prologue esta situación con la ley de la memoria que pretende presentar a las Cortes. 

El dictado constitucional e institucional es evidente: la impunidad delos crímenes contra la humanidad no son un simple adorno sino la base misma del régimen del 78, que tiene en los dirigentes PSOE entre sus más fieles cumplidores. Como todas las heridas quedaron abiertas solo podían tratar-oficialmente- de esconderse ante la opinión pública con la complicidad monárquica establecida entre izquierda-derecha desde la muerte de Franco.

 Por ello los crímenes, imprescriptibles para el derecho internacional fueron falsamente amnistiados en 1977. Pero los crímenes continuaron contra los manifestantes y los nacionalistas vascos (GAL) que las familias de los asesinados implican al mismo Felipe González, aún hoy en día, ante el Tribunal Supremo; contra los abogados de Atocha; contra Yolanda González, conociéndose que su asesino Emilio Hellín huido durante años en América Latina, colabora en libertad como técnico con la policía nacional.

 Casi mil víctimas de la transición ponen de relieve como los modos y maneras de la represión siguieron causando daño en los sectores más combativos…La misma corrupción sistémica que se ejecuta con abuso de poder desde las más altas magistraturas del Estado hasta el último concejal de la más pequeña localidad tiene una connotación con la impunidad de ayer. 

El ocultamiento, tanto de los crímenes de ayer, como el intento, por parte de los dirigentes del PSOE de impedir que, tanto las Cortes como los tribunales enjuicien política y jurídicamente la corrupción de Estado en la persona del huido a los Emiratos Árabes financiado por el gobierno, Juan Carlos de Borbón, impidiendo que se conozcan los crímenes y se establezcan democráticamente las medidas correctoras necesarias. Esa es la verdadera política de esos falsos socialistas, convertidos desde hace muchos años en ejecutivos de la falsificación al servicio de la monarquía y del capital 

Ante la nueva ley de memoria, en sus dos versiones, la del PSOE y la de Unidas- Podemos, se pretende en ambos textos mantener la más absoluta impunidad de los crímenes del franquismo, mientras que las víctimas del franquismo exigimos verdad, justica, reparación y no repetición como mandata de forma determinante el derecho internacional. Para lo cual es imprescindible ser fiel a las demandas democráticas, sociales, y de justicia que exigen la nulidad de las leyes y sentencias del franquismo y las de la misma monarquía contrarias al derecho internacional.

 La nulidad de la ley de amnistía, y de la ley secretos oficiales, procediéndose a la inmediata apertura de los archivos secuestrados por el poder desde el fin de la guerra. Contra la impunidad de ayer y de hoy del franquismo y de la monarquía hemos de preparar una amplia campaña de alcance internacional para que todas las fuerzas que se reclamen de la democracia y de la justicia, rompan con las imposiciones falsamente democráticas establecidas por el Gobierno de coalición que, se presenta teatralmente como el más progresista de la historia de España. José Espinosa