Sobre las medidas aprobadas por el gobierno de coalición

 

Antes de entrar en unas breves consideraciones de las disposiciones aprobadas por el gobierno de coalición conviene señalar algunas particularidades que determinan el marco de la crisis política y económica actual, en el que sobresale la Inflación de los Precios.

Muchos expertos y directivos de grandes empresas, entidades bancarias y financieras consideran que la inflación es el resultado del montón de dinero que los bancos centrales occidentales y los gobiernos tuvieron que destinar para recuperar la economía y resolver las crisis creadas por los excesos de producción y bajo consumo, y sobre todo, por la actividad especuladora de las propias entidades bancarias que tuvieron lugar desde el 2007.

Las sanciones económicas que la UE impone a Rusia se están revolviendo como un boomerang contra las poblaciones europeas, especialmente contra sus clases trabajadoras. A pesar de ser tan evidente lo que está sucediendo, los dirigentes de la Unión Europea y de los gobiernos occidentales siguen empeñados en que continuando con las mismas acciones están protegiendo el jardín europeo de la jungla que consideran que nos rodea, cuando sólo están haciendo el juego al imperialismo norteamericano.

En cuanto al paquete de medidas aprobadas por el gobierno de coalición, tenemos que decir que NO son unas medidas debidas a la afabilidad y humanidad que tiene el gobierno con el pueblo. La gente tiene que tener claro que esto no son unas concesiones gratuitas del gobierno, no se deben a lo bueno y sensible que es Pedro Sánchez y su gobierno de coalición, sino que aplica estas medidas para salvar su pellejo ante el goteo de pérdida de apoyos electorales que muestran las encuestas, y por un intento de evitar conflictos sociales. En definitiva, son medidas para proteger su piel ante una crisis que empobrece a la población y que puede derivar en derrotas electorales y conflictos sociales, como ya viene ocurriendo en otros países.

Las disposiciones económicas aprobadas, son parches de carácter asistencialista que tratan de corregir levemente los efectos de unas crisis que afectan gravemente a las capas más vulnerables de la población, pero que no van a paliar ni mucho menos sus necesidades dado que son muy insuficientes, no van a las raíces de las mismas y no anulan las causas de la enfermedad que se reproduce persistentemente. No hay nacionalizaciones, expropiaciones, acciones públicas relacionadas con las ventas de alimentos y medicinas, etc.

Así, los recortes del IVA en el aceite y la pasta, o la eliminación del IVA en la leche, queso, pan, etc. sólo llevan a que el Estado recaude menos, y a que las grandes superficies sigan ganando lo mismo o más pues ahora tendrán más amplitud para el manejo de los precios, cuando lo que se debiera hacer es poner un tope a los precios y atacar a quienes almacenan y especulan con los alimentos.

En cuanto a la reducción del IVA de la luz. A pesar de la influencia en los precios que puedan tener las pequeñas reducciones en los impuestos, estos siguen castigando a la población. Siendo totalmente necesario para el progreso de la economía nacional y la tranquilidad y bienestar de la población que el Estado tome el control de los procesos de producción y distribución, expropiando a las pocas empresas que controlan la energía eléctrica, y modificando los mecanismos por los que se establecen los precios de la energía eléctrica.

Respecto a la extensión del bono social y la prohibición de cortes del suministro de la luz, sin duda favorece temporalmente a la población más necesitada pero nuevamente es el Estado el que tiene que destinar una cantidad importante de su gasto público, para que las grandes compañías eléctricas no tengan que hacer un mínimo esfuerzo económico y sigan manteniendo sus enormes ganancias a costa de dinero público.

La concesión de 200 euros a las familias con ingresos inferiores a los 27.000 euros, o el incremento de las pensiones no contributivas y el IMV en un 15 %, son migajas que no van a ningún lado, cuando lo que sería preciso es incrementar las pensiones, el SMI y las ayudas sociales hasta unas cantidades que permitan vivir adecuadamente, al menos de 1200 euros como reclaman los movimientos de pensionistas. Nadie con 500 o 600 euros puede vivir hoy día con un mínimo bienestar.

La suspensión de los desahucios y lanzamientos, y la limitación del precio de los alquileres, se prolongan durante unos meses, y lo que necesitan las familias es habitar con estabilidad, dejar la incertidumbre y el agobio en el que se respira cuando se palpa la inseguridad de la residencia en el presente o en el mañana. Al menos en Extremadura se echa de menos la acción de un gobierno que sea capaz de superar el empeño en las ayudas de alquiler y los correspondientes obstáculos burocrático hasta llegar a ellas, para asumir la necesidad y dotarse de un programa de viviendas sociales para su cesión en alquiler social.

En materia sanitaria, la pretensión del gobierno es prolongar la actividad de los profesionales sanitarios que estén jubilados y voluntariamente quieran seguir trabajando durante tres años, cobrando un 70% de la pensión y el sueldo por el tiempo de trabajo. No sabemos qué repercusión tendrá esta medida, pero lo que sí sería conveniente en vista de la situación de falta de profesionales sanitarios incrementar el número de alumnos que puedan acceder a los estudios de medicinas.

En definitiva, parches, limosnas y reformas que pueden favorecer temporalmente a los sectores sociales que más los necesitan, pero tienen una duración en el tiempo muy limitada. Ahí se ubican además la gratuidad del transporte en carretera, y la reducción de precios en el transporte público de carácter urbano, etc.