El circo de la democracia en España
ha alcanzado su punto más alto en esta última semana en la que Pedro Sánchez se
tomó cinco días para pensar si seguía o no al frente del gobierno. Todas las
fuerzas políticas que por un motivo u otro viven a rebufo de su gobierno, con
mayor o menor intensidad SUMAR, IU, ERC, JUNTS y los sindicatos del régimen
CCOO, y UGT, salieron en tromba a defenderle como ejemplo de héroe que se bate
en defensa de la democracia, resistiendo contra la derecha y la extrema derecha
que expanden sus garras y vienen a por todos nosotros.
Hay que tener en cuenta que el caldo
de cultivo para que la derecha y la extrema derecha adquieran cierta fuerza se
lo está proporcionando Pedro Sánchez. Si la derecha se envalentona es porque
las políticas públicas que determinan muchos aspectos de las condiciones de
vida, laborales y sociales van contra la mayoría de la población. El resultado
global es que hay un empobrecimiento generalizado en las clases trabajadoras,
mientras que las grandes entidades bancarias y empresariales aumentan sus
beneficios.
En esta semana hemos conocido como
el sector financiero español ganó en 2023 la misma cantidad de dinero (28.084
millones) que el Estado emplea en dos presupuestos anuales en los servicios
públicos de Sanidad, Educación y Cultura. El gobierno permitió que tras el
simbólico “impuesto a la banca”, los bancos españoles reaccionaran
tranquilamente subiendo un 9% las comisiones, e incrementando el margen de
intereses. El caso es que, en un solo trimestre del 2024, los seis grandes
bancos españoles han ganado una suma casi 7.000 millones de euros que iguala el
presupuesto de la Sanidad del país.
También, conocemos que sigue la
concentración bancaria, el BBVA y el Sabadell negocian su fusión al objeto de crear
un banco más poderoso que junto al Santander, La Caixa y BBVA, controlarán la
mayor parte del negocio bancario en nuestro país. De aquí que se entienda que
los grandes propietarios del dinero y de los medios de producción estén
contentos con el gobierno de Sánchez.
Otro motivo que tranquiliza a las
grandes empresas de este país lo proporciona la Agencia Tributaria, cuyos datos
dan a conocer que mientras unas 140 empresas de más de 5.000 trabajadores pagan
por el impuesto de sociedades, si acaso el 3 % de sus beneficios, el resto de
pequeñas y medianas empresas pagan algo más del 11 %.
Sin duda estas circunstancias hacen
que los consejos de administración de las empresas del IBEX estén muy contentos
con Pedro Sánchez y no quieran otro gobierno, pues este es quien mejor proporciona
la paz social y la tranquilidad laboral en sus empresas, con unos sindicatos
CCOO y UGT a sus pies, perfectamente anulados en sus capacidades reivindicativas
gracias a unas direcciones sindicales siempre dispuestas a negociar y aceptar
los planes patronales.
De tal modo que por mucho que nos
vendan sobre las subidas salariales y el incremento del SMI, el hecho es que
hay una pérdida de capacidad adquisitiva en la clase obrera, resultado de un
incremento de la explotación laboral en las empresas facilitada por la reforma
laboral muy favorable a los intereses de la patronal, aprobada por la ministra
de trabajo, Yolanda Díaz.
Estos cinco días han servido para
dar un chute de energía política a un partido en franca decadencia que después
de sus fracasos electorales y su tendencia a una pérdida de peso político necesitaba
ponerse en pie para afrontar con ciertas garantías las políticas del gran
capital y llevar a efectos la ejecución de los recortes que le ha encomendado
la UE.
Las conclusiones expuestas en los
medios de comunicación por el presidente del ejecutivo después de estos cinco días
de reflexión están sintetizadas en avanzar en una regeneración democrática y
frenar a la derecha. Estas propuestas no pueden ser efectivas sino se
materializan en la mejora de las condiciones de vida de la población trabajadora;
entre otras, deteniendo la escalada de los precios, controlando a las grandes
empresas y el negocio bancario, derogando la ley mordaza que sigue funcionando
como instrumento represivo contra la libertad de expresión y manifestación, destinando
a la mejora de los servicios públicos los presupuestos destinados a la guerra y
regularizando la situación legal de los inmigrantes y mejorando los centros de
acogida que hoy tienen un parecido importante a pequeños campos de
concentración.
Tampoco va a detenerse la ofensiva
de la derecha mientras encuentre el apoyo suficiente en los diferentes aparatos
del estado, policial, judicial, administrativo, militar, que mantienen una
ideología y unas prácticas heredadas del período franquista que aún condicionan
con mucha fuerza su funcionamiento. No se puede llevar a cabo una regeneración democrática
sin la necesidad de transformar a fondo estas instituciones que aún hoy sirven
a intereses del pasado que no son propios de una democracia burguesa.