sábado, 21 de diciembre de 2019

La encrucijada política de un régimen en descomposición por IDELFONSO GÓMEZ


IDELFONSO GÓMEZ, PRESIDENTE DEL PSLF


1.- Negociación política y movilización democrática

La situación política está dominada por la crisis de Estado, y por el agotamiento del sistema político establecido a la muerte de Franco. 


Desde hace años, la sentencia del Tribunal Constitucional contra el Estatuto reformado de Cataluña vino a establecer la nulidad del acuerdo Suárez-Tarradellas (que dio lugar a la Generalidad previa a la misma Constitución), y que supuso- en consecuencia- la quiebra del pacto preconstitucional, y el inicio  de grandes movilizaciones  populares  que han venido a cuestionar la Constitución e instituciones  del  régimen del 78.


 Las elecciones generales reiteradamente convocadas (cinco en cuatro años) tendentes a encontrar una mayoría de gobierno que se oponga al cuestionamiento constitucional han fracasado reiteradamente, acelerándose por el contrario la polarización política y social en tres grandes bloques: izquierda, derecha y nacionalistas. 


El preacuerdo entre las direcciones PSOE y Unidas Podemos tras las elecciones del 10N tendente a investir presidente para la formación de  Gobierno- ahora depende las negociones  entre el PSOE y  los representantes del proceso republicano e independentista catalán, y de ERC en particular-pero es un acuerdo que puede y debe abarcar a la mayoría de la cámara .


La condición fundamental para la investidura es el establecimiento de un principio de acuerdo para la apertura de un proceso negociador entre la Generalidad de Cataluña y el Gobierno del Estado. Negociación que centra las principales cuestiones de la crisis política y que desplaza a enero de 2020 la investidura, si es que la hay.


 La negociación, si queremos que una de manera efectiva establezca una alianza de la mayoría de representantes de formaciones políticas que se reclaman de los derechos de los trabajadores y los pueblos debe ir acompañada de la más amplia movilización en todas partes. 


Esta situación se convierte en una verdadera encrucijada política, en tanto que las demandas democráticas que se negocian viene a poner en cuestión el continuismo de las instituciones del régimen del 78 , y en definitiva el poder cifrado en su Constitución. 


Las alternativas giran en torno a dos extremos, de una parte, si progresa el proceso negociador, y se establece un gobierno dependiente del proceso republicano catalán se producirá un grave deterioro del papel del Jefe del Estado, que contribuirá a su cuestionamiento y el de la monarquía, y con los privilegios franquistas. 


De otra parte, sí las fuerzas que se oponen a la negociación logran desestabilizar al PSOE, y a su actual dirección, como ya está sucediendo con las provocaciones de los dirigentes de la Transición, y de algunos barones autonómicos que, sirven los argumentos a  la derecha sobre el eje :”España no puede depender de los independentistas”, entraríamos en una giro a la derecha . 


Los argumentos que vienen alimentar la reacción españolista y monárquica se comienzan a multiplicar, a fin de que se  produzca  un proceso de regresión política encabezado por el Rey como caudillo de la unidad nacional del Estado y sus leyes, tal y como sucedió a partir del discurso bonapartista de la Corona del 3 de octubre de 2017 contra los acuerdos del Parlamento de Cataluña, y la realización del referéndum soberanista de 1 de ese mismo mes de octubre, expresión  periodística de esta situación es el titular de la publicación VOZ POPULI sobre la investidura :”Sánchez fuerza al rey a tener que encargarle a ciegas formar gobierno” 

Sobre esta encrucijada influyen directa o indirectamente múltiples factores, y en particular las decisiones políticas, económicas  y jurídicas de la Unión Europea sobre España .En el terreno judicial el próximo día de 19 de diciembre se conocerán las sentencias de los tribunales europeos  sobre la situación de los dirigentes del procés,  presos y/o exiliados .La judicialización de la política española puede llevarse un nuevo varapalo con el reconocimiento de la inmunidad de los electos


2.- ¿Acabar o mantener la herencia política del franquismo?

Desde la exhumación de los restos del dictador del VALLE DE LOS CAIDOS la política de reforma de la Memoria Histórica ha quedado congelada, y pendiente de los mismos resultados electorales. La exhumación no ha acabado con el Valle de los Caídos como lugar para la exaltación del franquismo en manos de la Iglesia, como tampoco ha desposeído a los Franco de la tumba de Estado, ya que la de Mingo Rubio ha sido adquirida con dineros públicos, y aún menos se han dado pasos para proceder contra la herencia familiar millonaria de la familia que tiene mucho que ver con el saqueo y la corrupción de la guerra y la dictadura. 


Como tampoco se ha permitido avanzar en la localización y exhumación de fosas de republicanos asesinados con verdad, justicia y reparación. Celebrar la exhumación contra los privilegios de la dictadura está por tanto limitada al hecho de que se mantienen otros muchos privilegios, y sobre todo el hecho de que sobre todo ello se mantiene la impunidad de Estado, y de sus personajes que hicieron posibles los crímenes franquistas. 


Hay por tanto que establecer la continuidad de las iniciativas contra la impunidad, situación que pervive en las instituciones fundamentales del Estado, gracias a que el régimen del 78 y sus leyes (Amnistía y Memoria) lo han hecho posible hasta hoy. 


Sacar la herencia política del franquismo del corazón del Estado y juzgarla es una imperiosa necesidad democrática que afecta a toda la sociedad. Entre las medidas pactadas por PSOE-UP para formar gobierno se habla de forma muy sucinta de un “país de memoria y dignidad” sin más desarrollos de los que se tenga conocimiento. 


El movimiento de víctimas y de la memoria debería emprender un trabajo de formulación de cuáles son los pasos en el camino de la lucha por la memoria y la dignidad que establezca una hoja de ruta para  acabar con la impunidad de los crímenes de la guerra, la dictadura y la transición. Convocando en los próximos meses un nuevo Encuentro Estatal que permita unir a la mayor cantidad posibles de asociaciones, partidos y sindicatos abrir la negociación necesaria con las fuerzas parlamentarias , y con el mismo gobierno que se forme. 


Solo una ley de víctimas que condene el franquismo como régimen criminal y reconozca los derechos de las víctimas abrirá  las puertas a acabar con las leyes de punto final e impunidad. Notas para la intervención en la Coordinadora de la Memoria.Madrid 14 de diciembre 2019