sábado, 23 de diciembre de 2017

PREGUNTANDO SOBRE EL MATADERO DE VFCA

EL CONCEJAL DE ODP pregunta al equipo de gobierno sobre el cumplimiento de las clausulas acordadas cuando se contrató el Matadero con una empresa privada para despieze. En aquel pleno se dijo que se emplearían de 4 a 10 personas, la mitad de Villafranca. En las clausulas se decía que quien se quedaba con el Matadero haría una inversión de 60.000 euros contanto con la licencia urbanística y todos los correspondientes permisos, entre otros la Autorización Ambiental Integrada, etc.
El concejal pregunta si se han cumnplido todas las clausulas firmadas, ......
Por lo que se vió en aquel pleno a los dirigentes municipales no les gustó, como casi siempre, que se presentara ésta moción

MOCIÓN SOBRE EL BONO SOCIAL

MOCIÓN SOBRE EL BONO SOCIAL. El concejal de ODP solicita al Ayuntamiento más información a la población y reofrzamiento específico de personal para ayudar al trámite a las personas que lo soliciten.

El Concejal de ODP desmontando argumentos caciquiles

Este es el comportamiento cuando se carece de argumentos para el debate. El concejal de ODP desmonta el comportamiento caciquil del Alcalde

jueves, 21 de diciembre de 2017

Carlos Martinez es politólogo. Del Comité de Enlace de U. SOCIALISTAS



Los ayuntamientos españoles sufren su 155 particular, hace años.
Hace ya unos años que los ayuntamientos y corporaciones locales del estado español, sufren la intervención del Gobierno central y han visto recortadas sus esferas de competencia y sobre todo la autonomía local, mermada de forma contundente a partir de 2013, teniendo menos democracia ciudadana real.

Los ayuntamientos sufren además una pinza entre todas las esferas de gobierno, tanto central como autonómico (en todas las comunidades sin excepción) al objeto de controlarlos, tutelarlos, hurtarles competencias y aprovecharse de ellos para diferentes negocios administrativos y en beneficio de su propia gestión.

 Curioso que los ayuntamientos a pesar de los problemas que ha habido en muchos de ellos y la corrupción que también les ha afectado de forma sustancial durante la época del ladrillo y el endeudamiento de algunos, son de lejos las administraciones mejor gestionadas, que menos despilfarran y a las que más acuden las ciudadanas y ciudadanos para reivindicar problemas de toda índole.

Pero sin embargo las corporaciones locales han sido en el plano político los entes públicos que más han sufrido las políticas de austeridad de la Troika y la UE en su afán de recortar gasto público, es decir robar fondos a las clases populares para rescatar bancos y disminuir democracia en la gestión pública. El objetivo ha sido disminuir ayuntamientos y obligarlos a privatizar sus servicios o recortarles competencias. Los ayuntamientos en la crisis capitalista de 2008 han sido las dianas preferidas para el recorte de sus competencias o la lisa y llana liquidación de muchos de ellos, en Grecia, Portugal y España de forma muy significativa.

El PP en su afán recentralizador ha comenzado por los ayuntamientos y así entre la LARSAL y la aplicación del “techo de gasto” los ha intervenido de forma miserable y contundente. Las comunidades autónomas, ni siquiera con el 155 en Cataluña, han sufrido tanta limitación de competencias como la dictadura impuesta por Montoro y el PP contra el poder local, siguiendo los dictados Troika.
Esa es la clave, el PODER LOCAL. Durante los años gloriosos del municipalismo en la FEMP (Federación Española de Municipios y Provincias) y hasta que llego el “aznarato” hubo una encendida lucha por la defensa del poder local y hoy volvemos a necesitar ese espíritu, al objeto de:
1.   Exigir financiación adecuada y por tanto volver a exigir la distribución 50-25-25, es decir el 50% o algo menos para las competencias estatales que incluyen caja de las pensiones y muchas prestaciones sociales. El 25% para las comunidades autónomas y el 25% para los GOBIERNOS LOCALES, EL PODER LOCAL. Las CCLL (ayuntamientos principalmente) sin embargo no reciben más allá del 10 o el 13% en el mejor de los casos. 

2.   Principio de subsidiariedad. Es decir quien presta el servicio recibe la financiación. Reparto reglado de competencias. Es decir no a las duplicidades y a los inventos autonómicos de constantes nuevas administraciones superpuestas y todo para perjudicar a los municipios o bien incrementar las redes clientelares autonómicas, tan abultadas y escandalosas como inútiles en muchos casos, pues la realidad social, como los municipios nadie la conoce.

3.   Defender la autonomía local que en suma es más democracia y más posibilidad de control ciudadano de las inversiones y servicios públicos. Los municipios desarrollan numerosas actividades sociales, culturales y de vivienda y empleo que ahora el gobierno del PP y el señor Montoro a través de la LARSAL les ha prohibido y que a pesar de ello muchos por sentido de la responsabilidad y la decencia siguen ejerciendo y por tanto hay más insumisión de lo que parece y se sabe. Todo esto, a pesar de que muchos de ellos tienen superávit. Pero esa resistencia hay que organizarla y reagruparla políticamente. Pues los municipios son entes políticos de primera magnitud y son estado. La Constitución del 78 dice claramente que son ESTADO y sus competencias en lo suyo no son menores ni a las de las autonomías y naciones ni a las del estado. Por cierto, tienen más competencias que las CC.AA,

4.   Hay que romper de raíz con la corrupción y los favoritismos y las redes clientelares locales. Hay que devolver la dignidad a los ayuntamientos, mancomunidades y Diputaciones. Hay que fortalecer el PODER LOCAL y para ello el Techo de Gasto la ley de armonización y regulación de las administraciones locales (LARSAL) y las políticas de austeridad contra las clases populares deben desaparecer.

Finalmente, que nadie siga engañando y colaborando con el régimen y el PP, pues con la legislación que tenemos cualquier programa municipal es mentira. Los ayuntamientos y otras corporaciones, no lo pueden cumplir, a riesgo de ser intervenidas, a pesar de lo cual inventan formulas muchos de ellos y lo hacen. Pero eso nadie se lo va a regalar a las personas, vecinas y vecinos, ni a los ediles. La autonomía local la vamos a tener que reconquistar desde la base, desde la base democrática local. El parlamento estatal en estos momentos está controlado por el Gobierno y el PP, por tanto hay que organizar ya la resistencia y se puede y debe hacer, pues así no se puede seguir. Apoyar a ediles que se opongan (no cesarlos) y sobre todo no admitir las condiciones de los Planes Financieros que el Ministerio de Hacienda impone al objeto de facilitar un negocio de usura a los bancos y prohibir las remunicipalizaciones de servicios protegiendo los intereses de los grandes contratistas y concesionarios que son quienes hoy mandan en el estado español. El régimen del 78negando su propia legislación, oprime a los ayuntamientos, sobro todo en estos mismos instantes.

Carlos Martinez es politólogo. Ex Teniente de Alcalde y ex Diputado provincial. Del Comité de Enlace de U. SOCIALISTAS

martes, 19 de diciembre de 2017

INFORME SOBRE DERECHOS SOCIALES EN EL PRESUPUESTO DE LA JUNTA DE EXTREMADURA 2018





EL CAMPAMENTO DIGNIDAD EXIGE EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y LAS DECLARACIONES POLÍTICAS DE LOS REPRESENTANTES DEL GOBIERNO REGIONAL.
En los próximos días, a comienzos de Enero, se aprobarán los presupuestos regionales. El mantenimiento del estado actual de los presupuestos de Extremadura para 2018 en todo lo que respecta a derechos sociales se olvida materialmente de miles de familias extremeñas que sufren la pobreza en todas sus dimensiones. Una y otra vez las clases humildes de la sociedad comprueban cómo algunos gobernantes y partidos políticos muestran una sustancial discordancia entre lo que dicen y lo que hacen, por un lado van las promesas y por otro bien distinto, el cumplimiento de lo prometido. A la vista están ciertas decisiones presupuestarias para 2018 propuestas por el gobierno regional y su partido en Extremadura. Los programas económicos que se quieren aprobar en la Asamblea se alejan de los compromisos legislativos, tal y como vamos a indicar en este documento.  

En Julio de 2016 y en febrero de 2017 se aprueban por el Parlamento Extremeño dos leyes con contenidos sociales muy importantes para la vida de muchas familias extremeñas. Los Campamentos Dignidad no vamos a renunciar a lo contenido en ambas leyes y vamos a exigir su cumplimiento desde la movilización social y/o recurriendo, si es preciso, a los mecanismos judiciales que la ley nos permita para obligar al cumplimiento de lo establecido en las respectivas leyes.

1.- LA LEY 7/2016, DE 21 DE JULIO, DE MEDIDAS EXTRAORDINARIAS CONTRA LA EXCLUSIÓN SOCIAL expresa el compromiso de la Junta de Extremadura de combatir y luchar contra la pobreza y todo aquello que signifique exclusión social. En la exposición de motivos se establece la responsabilidad de los poderes públicos para acometer una Ley que erradique las desigualdades sociales y consiga una sociedad más justa e igualitaria en vista de las carencias vitales, la pobreza y el riesgo de exclusión social de buena parte de la ciudadanía extremeña.

Los últimos datos conocidos de paro y pobreza energética, dados a conocer por diferentes ONG`s, no muestran mejorías muy significativas respecto a los que aparecen en la exposición de motivos de la ley que narran el estado social de Extremadura en 2014. El informe de la Red Europea de Lucha Contra la Pobreza (EAPN) señala que en 2016, el 35,8 % de los extremeños  están en riesgo de exclusión social, con unas 330.000 personas en situación de riesgo de pobreza, siendo la tercera región del país con la más alta tasa de población en riesgo de pobreza, con un 7.9 % superior a la media nacional, habiendo crecido en 1,4 puntos porcentuales desde 2015. En 2016 el umbral de riesgo de pobreza para los hogares de una persona estaba establecido en 8.209 euros anuales, y en 17.238 para los compuestos por dos adultos y dos menores de 14 años. La población extremeña en pobreza severa alcanza el 6,7 % calculada teniendo en cuenta las familias cuyos ingresos totales son inferiores a los 342 euros mensuales o 4.104 euros anuales. También aparecen en nuestra sociedad los nuevos trabajadores pobres que no piden en la calle pero que sus ingresos no superan el umbral de la pobreza, en nuestra Comunidad pasan del 20 %, un 6 % superior al que se da a nivel nacional que fue del 14,1 % en 2016. Por otro lado, los informes de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social muestran que en la región el 59,8 % de las pensiones son inferiores al umbral de la pobreza, lo que afecta a unos 132.000 pensionistas, además también hay que destacar que un 9,5 % de ellos  están por debajo del umbral de pobreza severa.

LA LEY DE MEDIDAS EXTRAORDINARIAS CONTRA LA EXCLUSIÓN SOCIAL es un instrumento para atacar algunas de estas heridas que tanto dolor provocan en la sociedad extremeña. Por tanto, ahora quienes ocupan los cargos de las instituciones extremeñas no pueden omitirla y eludirla, pasando por encima de ella y dejando a un lado sus compromisos con la sociedad a la que representan. La falta de voluntad política en el cumplimiento del mandato legal les hace cómplices y responsables de que muchos hombres y mujeres sufran las carencias que impiden un mínimo bienestar.

Desde los Campamentos Dignidad demandamos el cumplimiento de lo que establecen las diferentes disposiciones legales que afectan a la Renta Básica Extremeña de Inserción, a las Ayudas extraordinarias de apoyo social para contingencias, a garantizar el acceso a los suministros vitales, y por tanto, vamos a pelear por el cumplimiento presupuestario de las cuantificaciones que marca la Ley de Exclusión Social en las disposiciones adicionales tercera, cuarta y quinta, que más adelante se reproducen.

1.1.-En lo referente a la RENTA BÁSICA DE INSERCIÓN. No podemos olvidar cómo en repetidas ocasiones a lo largo de la campaña electoral para las autonómicas del año 2015, Guillermo Fernández Vara, candidato del PSOE en aquellos momentos, se comprometió a destinar el 0,5 % del PIB de la Comunidad a la Renta Básica. Así lo indicaba el periódico Extremadura en su tirada del 8/5/2015: “El secretario general del PSOE de Extremadura y candidato a la Presidencia de esta comunidad en coalición con SIEX, Guillermo Fernández Vara, se ha comprometido a "blindar" la renta básica destinando el 0,5 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB) regional. De esta forma, los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma contarían cada ejercicio con una cuantía reservada para este fin, que en función del PIB regional actual, en estos momentos rondaría los 80 millones de euros.
Posteriormente, estas cantidades fueron recogidas en el Programa Electoral del PSOE-SIEX para elecciones autonómicas. Si tenemos en cuenta que en el año 2017 el PIB de EXTREMADURA es de 17.712M.€ euros, lo que nos sitúa como la 14ª economía de España por volumen de PIB se deberían destinar a la Renta básica el 0,5 % de esta cantidad lo que suponen unos 88.560.000 euros.
No obstante, los acuerdos presupuestarios programados para el año de 2018 no reflejan lo acordado en la Ley de Medidas Extraordinarias contra la Exclusión Social ni lo prometido en las campañas electorales. En los presupuestos regionales de la Comunidad Extremeña no se recogen las cantidades aludidas con anterioridad, habiendo un notorio incumplimiento de la Ley. Así, para la Renta Básica se destinan 46,4 millones de euros, mientras lo acordado y estipulado en la Ley de Exclusión era de 86 millones en 2018, tal y como pone de manifiesto la disposición adicional que lo contiene: Disposición adicional tercera: Para alcanzar la adecuada cobertura presupuestaria de la Renta Básica Extremeña de inserción, se aumentará progresivamente hasta alcanzar en dos anualidades presupuestarias una cuantía de 86 millones de euros.
1.2.-Para lo estimado presupuestariamente inicialmente acerca de los MINIMOS VITALES se repite el mismo comportamiento que con la Renta Básica. Las cantidades destinadas provisionalmente para el acceso a los Mínimos Vitales en los presupuestos regionales para 2018 se aproximan a 4,7 millones de euros siendo esta una cantidad muy inferior a lo voceado durante la campaña electoral y a lo contemplado en la disposición adicional de la Ley de Exclusión Social que dice lo siguiente: Disposición adicional cuarta: La Junta de Extremadura destinará al Programa de Mínimos Vitales una cuantía económica anual de doce millones de euros, a alcanzar progresivamente en las dos anualidades presupuestarias posteriores a la entrada en vigor de la presente ley. La dotación presupuestaria del Programa de Mínimos Vitales tendrá la consideración de crédito ampliable.
1.3.-Las AYUDAS PARA CONTINGENCIAS están definidas en la LEY como ayudas a aquellas personas que por situaciones extraordinarias no puedan hacer frente, por sí mismas o mediante los recursos sociales o institucionales disponibles en el entorno, a determinados gastos considerados básicos, requiriendo atención en un breve plazo de tiempo con el fin de prevenir, evitar o paliar procesos de exclusión social y garantizar de manera temporal la cobertura de las necesidades personales básicas de subsistencia. En el caso de las AYUDAS PARA CONTINGENCIAS nos encontramos con el mismo incumplimiento que para la Renta Básica y los Mínimos Vitales, las cantidades programadas en los presupuestos son muy inferiores a las consideradas en la Ley de Exclusión Social. Las cantidades programadas para el ejercicio 2018 por la Junta de Extremadura son de 500.000 euros muy por debajo de lo establecido en la Ley de Exclusión Social que como mostramos tenía el siguiente redactado en la correspondiente disposición adicional.
Disposición adicional quinta. La Comunidad Autónoma de Extremadura destinará al programa de ayudas extraordinarias para el apoyo social para contingencias una cuantía económica anual no inferior a tres millones de euros, a alcanzar progresivamente en las dos anualidades presupuestarias posteriores a la entrada en vigor de la presente ley. La dotación presupuestaria de las ayudas extraordinarias para el apoyo social para contingencias tendrá la consideración de crédito ampliable.

2.-LOS PROGRAMAS DE EMPLEO. Como ya se ha mencionado la situación del desempleo en nuestra Comunidad lleva años siendo muy preocupante y ofreciendo pocas perspectivas de futuro para miles y miles de jóvenes y personal desempleado. El paro es de los más altos del país, según la EPA del tercer trimestre de 2017 presentamos unas tasas de desempleo próximas al 25 % de la población activa, con más de 121.000 parados (61.000 hombres y 60.000 mujeres), siendo el paro entre la población juvenil, de menores de 25 años,  próximas al 40 %.

A pesar de que el empleo estable y de calidad es un objetivo teórico que recogen los programas electorales de los partidos políticos, una vez alcanzado el poder regional la conciencia y las promesas se guardan en el baúl de los recuerdos y así, los fondos económicos que se destinan a los Programas de Empleo son muy insuficientes y no alcanzan a dar una respuesta contundente y positiva al elevado número de desempleados/as, incidiendo poco en la coyuntura temporal y mucho menos mejorando la situación estructural del paro en la Comunidad Extremeña.

 Los Planes de Empleo Social que afectan especialmente a los parados de larga duración en situaciones próximas a la exclusión social y los Planes de Empleo de Experiencia para que la gente joven acceda por primera vez a un puesto de trabajo no generan unas expectativas de futuro, están pensados con un carácter excepcional, para  situaciones de necesidad extremas. Por lo demás, ni generan riqueza ni multiplican el empleo. En algunos casos se reproduce y se fomenta desde las Administraciones Locales la precariedad laboral, puesto que las normativas que acompañan a estos planes permiten que algunos Ayuntamientos los utilicen de manera estética para disminuir el número de desempleados de la localidad con contrataciones de medias jornadas o del 70% del horario laboral.

3.-En febrero de 2017 se publica la LEY DE EMERGENCIA SOCIAL DE LA VIVIENDA (Ley 2/2017, de 17 de febrero) como resultado de las presiones sociales de los movimientos de lucha contra los desahucios y los sucesos que tienen su origen en las carencias de viviendas en la región. La exposición de motivos hace uso de una abundante retórica respecto al derecho a la vivienda y al papel de los poderes públicos en la satisfacción del mismo: La Junta de Extremadura, en el marco de sus competencias exclusivas, asumirá la defensa de la función social de la vivienda aplicando los instrumentos jurídicos y económicos permitidos en las leyes y en la Constitución, de forma que se evite que la considerada vivienda habitual siga siendo un bien sometido a especulación”.

Esta ley crea muchas expectativas en un momento en que los desahucios y problemas habitacionales están a la orden del día, y porque planea castigar a las entidades financieras que tan buen aprovechamiento han hecho de los finanzas públicas y que son dueñas de un buen número de viviendas en nuestra Comunidad. En varios apartados legislativos se apunta a la intervención de la Administración Regional para forzar y obligar a las Entidades Financieras a poner sus viviendas a disposición de familias en situación de necesidad.
 Artículo 2. Expropiación forzosa del usufructo temporal de determinadas viviendas para la cobertura de necesidad de vivienda de personas en especiales circunstancias de emergencia social. Artículo 3. Suspensión temporal de los procedimientos administrativos de desahucio de viviendas de promoción pública. Artículo 4. Medidas para aliviar el endeudamiento derivado del impago de rentas de alquiler de viviendas de promoción pública.
En la campaña electoral de Abril de 2015: Fernández Vara destaca en la prensa regional dos de sus prioridades. Primero, el objetivo de que no haya desahucios en los hogares de Extremadura. “El hogar debe ser inviolable para todos lo que dejan de pagar porque no pueden hacerlo”. Y segundo, que no puede haber un invierno más en donde muchas familias extremeñas han pasado frío”, por lo que defendió una Ley de mínimos vitales para que quien no pueda pagar la luz y el agua tenga un mínimo de kilovatios y de agua. Recordó que esta ley tiene un coste de 12 millones de euros que “sacaremos reduciendo gastos en la administración, en el parlamento, suprimiendo órganos o dejando de patrocinar conciertos”. No obstante, siguen produciéndose desahucios y problemas habitacionales en la Comunidad Extremeña. 
Otro compromiso legal que no se refleja en los Presupuestos Regionales para 2018 es el que se refiere a las cuantías dinerarias destinadas para el alquiler de viviendas. La cantidad estimada por ahora es bastante inferior al recogido en la Ley de Emergencia Social de la Vivienda. En los presupuestos se proponen 1,4 millones de euros para alquiler de viviendas, mientras que en la Ley de Emergencia Social de la Vivienda se fijan 5 millones de euros como así se señala en la Disposición final segunda. Ayudas de la Junta de Extremadura. La Junta de Extremadura desarrollará un nuevo Plan de Ayudas al Alquiler de Vivienda Libre, dotado con una cuantía destinada a tal efecto que será creciente y nunca inferior a los cinco millones de euros, adaptado a los estudios de exclusión social y pobreza, priorizando las circunstancias de los desahucios de su vivienda habitual con medidas para incentivar el mercado de alquiler con garantía entre particulares por parte de la Junta. Se reservará hasta un 15 % de estas para jóvenes con voluntad de emanciparse del hogar familiar y hasta un 10 % de las mismas para mujeres víctimas de violencia de género, asegurando que las adjudicatarias reciben las mismas con criterios de dispersión territorial a fin de minimizar el riesgo de encuentro fortuito con sus maltratadores.

Desde los Campamentos Dignidad consideramos de vital importancia la colaboración entre LA JUNTA Y LAS CORPORACIONES LOCALES para hacer frente y solucionar las necesidades de la población que por causas diferentes se han quedado sin viviendas, siendo necesario establecer mecanismos precisos y prácticos para desarrollar esta colaboración.  La Disposición Transitoria Segunda. Colaboración entre la Junta de Extremadura y las administraciones locales. Tramitación ante las administraciones locales y plazo para los mecanismos de garantía del realojamiento adecuado. Colaboración entre la Junta de Extremadura y las administraciones locales en un Plan de Dinamización de Barrios.
En estos días conocemos la verdadera naturaleza del poder saliendo en defensa de los suyos. El recurso del gobierno ante el Tribunal Constitucional tiene el objetivo de eliminar ciertos preceptos de la Ley que son peligrosos para la Banca, sobre todo cuando se la obliga a pagar por las muchas viviendas deshabitadas que tienen en su poder. Por este motivo sería interesante que por parte de la Junta se dieran a conocer cuantas viviendas están en manos de aquellos sujetos jurídicos, qué se ha hecho o qué se propone realizar en la ejecución de la Disposición Final Tercera con el establecimiento del Canon por vivienda deshabitada. 1. Al objeto de fomentar el cumplimiento de la función social de la propiedad de la vivienda, se establece un canon sobre la vivienda deshabitada. Su imposición, de carácter extrafiscal, a cargo de los Ayuntamientos de la Comunidad Autónoma de Extremadura gravará las viviendas declaradas deshabitadas y los ingresos por este concepto dotarán el patrimonio municipal de suelo. 2. La imposición del canon recaerá sobre las personas jurídicas, así como sobre las herencias yacentes, comunidades de bienes y demás entidades que, aun carentes de personalidad jurídica, constituyan una unidad económica o un patrimonio separado, susceptible de imposición, y sean titulares del derecho de propiedad de la vivienda deshabitada, siempre que estén también en posesión del derecho de uso de la vivienda.

4.-En la Disposición adicional decimotercera del Texto Articulado se recogen algunos aspectos de los acuerdos de la Junta de Extremadura con Podemos que nos ofrecen bastante inseguridad en cuanto a su cumplimiento. Este acuerdo depende circunstancias que no controla la Junta y por tanto sería deseable que estas previsiones dejaran de serlo y fueran aseguradas en la ley presupuestaria. Así, literalmente el acuerdo es el siguiente: En otro orden de cosas, el fondo de garantía social integrado por la Renta básica, mínimos vitales y contingencias se aumentará si se cumple que los ingresos derivados de la liquidación definitiva de los recursos del sistema de financiación correspondientes al ejercicio 2016 superiores a su previsión inicial se afectarán hasta quince millones de euros en el “Fondo de garantía social complementario” hasta un máximo 7.500.000euros, y en el “Plan de empleo social complementario” hasta un máximo de 7.500.000 euros”.

5.- TASAS Y PRECIOS PÚBLICOS. Nos parece una injusticia de primer orden obligar a que las personas desempleadas paguen tasas por participar en pruebas selectivas teniendo en cuenta que son ya muchos los años en los que el pago las tasas estaban anulados quienes carecían de trabajo. Por lo que solicitamos la retirada del pago de esta tasa tal y como se dispone en la Disposición adicional primera del Texto Articulado que refleja la siguiente literalidad en lo referente a Tasas y Precios Públicos Se establece una bonificación parcial del 50% de la cuota para los participantes en pruebas selectivas que se encuentre en situación legal de desempleo durante, al menos, los tres meses inmediatamente anteriores a la fecha de publicación en el Diario Oficial de Extremadura de la correspondiente convocatoria de pruebas selectivas”.












SUBIDA DE SUELDOS DE LOS ALTOS CARGOS
En esta tabla suponemos que no están incluidas las cotizaciones a la Seguridad Social

2017
2018

DIFERENCIAS
CARGOS PÚBLICOS Y ASIMILADOS
4.633.059


4.936.929


PERSONAL EVENTUAL(NO CARGO PÚBLICO)


2.472.020
2.793.530

TOTAL
7.105.079
7.730.459
625.380 (+8,8 %)







En definitiva, LOS CAMPAMENTOS DIGNIDAD EXIGIMOS:
La Junta de Extremadura tiene la obligación de cumplir la legalidad, y más aún con los datos objetivos de paro, pobreza y riesgo de exclusión social que ponen al descubierto la situación social y económica en la que se encuentra nuestra Comunidad. Por todo ello, legal y moralmente está obligada a: 

1.- Cumplir lo establecido en las disposiciones adicionales tercera, cuarta y quinta de la Ley de Medidas Extraordinarias contra la Exclusión Social en cuanto a las cantidades que hay que destinar a la Renta Básica de Inserción, Mínimos Vitales y Contingencias. 

2.- Realizar la Ley de Emergencia Social de la Vivienda en sus diferentes apartados:

2.1.- Destinando al alquiler de viviendas las cantidades contempladas en la disposición final segunda.
2.2.- No permitiendo ni un desahucio más en la Comunidad Extremeña de acuerdo a lo repetido y comprometido por las autoridades regionales.
2.3.- Buscando la total colaboración con las Corporaciones Locales para evitar los desahucios y encontrar la solución a todos los problemas de la población en situaciones de riesgo habitacional o de realojamiento de las personas que se han quedado sin viviendas.
2.4.- Obligando a las entidades financieras a que paguen un canon por vivienda deshabitada, y a que pongan sus viviendas a disposición de las familias que las necesiten.
2.5.- Actuando urgentemente en la dinamización de los barrios para que sean ocupadas las viviendas vacías que hay en ellos, propiedad de diferentes Instituciones Estatales.
2.6.- Cumplir los acuerdos del año 2015 por los que la Junta de Extremadura destinaba en sus presupuestos un millón de euros a la adquisición de viviendas desocupadas para VPP en la Urbanización LOS ÁLAMOS en Mérida.
 
3.- Poner en marcha una serie de medidas que hagan frente a las altas tasas de desempleo de nuestra Comunidad:

3.1.- Aumentando las cantidades destinados a los Programas Sociales de lucha contra el paro para llegar a la plena inserción laboral de más de 50.000 parados.

3.2.- Cambiando el modelo de utilización de los fondos destinados al Empleo Social y a los Planes de Experiencia. La Junta de Extremadura y las Corporaciones Locales deben elaborar diferentes Planes de Creación de Riqueza y de Actividades Productivas para su ejecución en las localidades: planes de construcción de viviendas por las propias Corporaciones Locales, naves industriales o ganaderas que ayuden al cooperativismo y a la economía social, puesta en producción de tierras que quedan inactivas por jubilación de agricultores, actividades de reforestación para la conservación y mejora de los montes, etc. 

3.3.- Promocionando e Impulsando el empleo con el desarrollo de las infraestructuras sociales, tomando como base los centros educativos y centros sanitarios; el incremento de las ayudas para la conciliación de la vida familiar y laboral; el aumento de la escolarización de la educación infantil de 0 a 3 años;

3.4.- Incrementando las cantidades para Prestaciones a los Servicios Sociales de las Corporaciones Locales para atender a los servicios de ayuda a domicilio y la dependencia, mejorando los sueldos del personal dedicado a la atención de mayores y dependientes y aumentando las horas de atención a las personas necesitados de estos servicios.

4.- Eliminación del pago del 50 % de tasas por desempleados. No puede ser aceptable que se aumenten los sueldos de los altos cargos y del personal eventual, y sin embargo se obligue a los desempleados a pagar el 50 % de las tasas por participación en pruebas selectivas.

5.- Exigimos que en los presupuestos de Sanidad y Políticas Sociales se contemplen cantidades para subvencionar el pago de las medicinas de las personas que estando desempleadas cobrando o no cobrando prestaciones o subsidios de desempleo tengan que abonar el 40 % del coste de las mismas.

6.- La educación debe ser gratuita de verdad no sólo en los papeles. Muchas familias extremeñas tienen enormes dificultades para hacer frente a la educación de sus hijos. La Educación Infantil debe ser totalmente gratuita al igual que los materiales escolares para el alumnado de la enseñanza obligatoria.

7.- Reclamamos el control y la vigilancia del cumplimiento de los convenios colectivos en los diferentes sectores productivos de bienes y servicios, lo que debe llevar aparejado las cantidades apropiadas para ello en los diferentes programas y subprogramas presupuestarios. 

8.- La preocupación general de la población extremeña por un TREN DIGNO debe traducirse en la demanda permanente por parte de la Junta de Extremadura ante ADIF Y RENFE para acelerar la actualización y modernización de las vías convencionales. Además, a toda costa debe impedir que se sigan repitiendo los problemas de transporte en la circulación de trenes que constantemente nos acosan.