El
Partido Popular tiene en Andalucía un problema difícil de resolver. A
su incapacidad para lograr de los andaluces una mayoría suficiente para
aplicar en la región las políticas que con tanto ahínco perpetra desde
el Gobierno de la nación, se suma la carencia de argumentos y liderazgo
para contraponer alternativas a las medidas de la Junta de Andalucía en
tiempos de crisis. Por ello, donde las ideas no surgen, los populares
andaluces optan por tratar de confundir a la población con falsedades e
insidias.Es la misma estrategia que la seguida a raíz del escándalo de los ERE fraudulentos, que el PP presidido por Juan Ignacio Zoido busca magnificar diariamente sembrando sospechas donde ni siquiera hay indicios, o manipulando groseramente las cifras de las operaciones realizadas irregularmente y puestas en conocimiento de la Justicia por la propia Junta de Andalucía. Una realidad probada, por mucho que Zoido repita en su procesión por las tertulias de la trinchera digital que la Junta “se limitó a poner los hechos en conocimiento del fiscal”, algo que para el presidente de los populares, juez de profesión y buen conocedor del sistema judicial, debe ser insuficiente.
Ahora, el decreto en defensa de la función social de la vivienda ha vuelto a coger con el pie cambiado al Partido Popular, sin que sus representantes en Andalucía se vean capaces de argumentar contra una medida que choca frontalmente con las políticas del Gobierno, más preocupado por la solvencia de las entidades bancarias que por las miles de familia que están perdiendo sus casas sin que el Ejecutivo de Mariano Rajoy tenga un mínimo gesto de consideración con el mayor drama social provocado por la crisis.
Así que, a falta de ideas, una vez más la derecha responde con una campaña de desprestigio con la que poner en duda tanto la intención como la ventajas de las medidas en materia de vivienda tomadas por la Junta, que todos los movimientos sociales y principales partidos de la oposición ya han exigido al Gobierno de Mariano Rajoy tenga en cuanta como una alternativa a las que el PP está desarrollando y que no han aportado aún una solución a las miles de personas que viven pendientes de una demanda de desahucio.
Tres falsedades que circulan en el debate sobre el decreto andaluz
Lo primero que ha hecho el Partido Popular, como viene siendo habitual cada vez que una medida pone en duda sus propias políticas, es tacharla de “demagógica”. En el caso del decreto de vivienda de la Junta de Andalucía, esta acusación pretende sustentarse con el falso argumento de que el gobierno de la región dispone de entre 5.000 a 70.000 viviendas vacías, todo depende de la vehemencia del portavoz de turno, llegando incluso a asegurar que muchas de estas estarían en situación de derribo por el abandono al que estarían sometidas.
Lo cierto es que en el parque público de vivienda no hay casas vacías. Se trata de algo más de 81.000 inmuebles en el que residen alrededor de 350.000 personas a precios muy asequibles. Dicho parque público de vivienda cumple ya plenamente su función social, incluso antes de aprobarse el decreto que el Partido Popular busca denostar como sea. Las viviendas que puedan quedar puntualmente desocupadas lo estarán como consecuencia de la rotación natural del parque (fallecimientos, mudanzas...) y son inmediatamente reasignadas a través de los registros municipales de vivienda. Sin datos que tanto Zoido como el Partido Popular de Andalucía conocen y que cualquier ciudadano puede comprobar al tratarse información pública.
Como asegura la propia Junta de Andalucía, es imposible que haya un stock de vivienda vacía en el parque público andaluz, como pregona el PP, ya que, de hecho, hay una fortísima sobredemanda, dado el carácter extremadamente asequible de estas viviendas, con alquileres en ocasiones por debajo de los 50 euros, dándose casos en los que llega a ser más caro el coste del IBI que la propia vivienda.
En cualquier caso, tachar de demagógica la medida de la Junta requiere algo más que la manipulación grosera de los datos numéricos sobre el parque de viviendas. Así que las huestes populares, a sabiendas de que están mintiendo, difunden la idea de que mientras promociona su política anti desahucios, la propia Junta de Andalucía estaría expulsando de sus inmuebles a ciudadanos con problemas económicos.
La propia consejera de Fomento y Vivienda, Elena Cortés, anunció el 28 de junio del año pasado en el Parlamento la paralización de todos los desahucios en el parque público de viviendas de la Junta de Andalucía, en razón de la situación de emergencia social y económica. Se trata de una medida inédita y adoptada con carácter extraordinario y excepcional, cuyo objetivo es que nadie que no pueda pagar su vivienda por haber perdido el empleo y carecer de recursos económicos pierda también su casa.
Desde esa fecha no se ha producido ni un solo desahucio en el parque público, y la Junta asegura que no se va a producir. Otra cosa es que los expedientes de desahucio continúen y se publiquen en el BOJA, lo que corresponde a la exigencia de dar cumplimiento a la Ley de Procedimiento Administrativo. La Consejería está obligada a notificar a los inquilinos de viviendas del parque público el incumplimiento de sus obligaciones, porque lo contrario sería dejar el parque público sin control ni vigilancia. No hacerlo, como bien sabe el PP, sería de dejación de responsabilidades por parte del gobierno andaluz, y en consecuencia, de un delito. Lo que ocurre ahora es que la Consejería, una vez agotado el proceso administrativo, no judicializa el asunto, con lo que en ningún caso se produce el lanzamiento o desahucio efectivo.
Y por si las dos anteriores no acaban de convencer al oyente ávido de las alternativas de las que el Partido Popular carece, que no falte una de descrédito personal.
http://www.diarioprogresista.es/el-pp-rebate-con-datos-falsos-e-insidias-el-decreto-en-27765.htm
Los voceros de la derecha andaluza andan como locos tratando de hacer creer a quien quiera escucharlo, y a ser posible repetirlo, que Elena Cortés, Consejera de Fomento de y Vivienda, era consejera o directiva de Cajasur, que realizaba desahucios. Una idea con la que pretenden configurar una imagen de política oportunista que hoy se arroga la defensa de la vivienda social mientras ayer iba desalojando a las familias deudoras de la caja desde la que ella misma estaría ordenando los desahucios.
