sábado, 25 de junio de 2022

El convenio del campo y el vaciamiento del mundo rural

 

1.- Introducción.

La actitud de los sindicatos de su majestad y las patronales agrarias generan las condiciones para vaciar el mundo rural, para que la gente se vaya de los pueblos y para que los monopolios y las grandes empresas controlen la tierra necesaria para la producción agrícola y ganadera, y en general, el control de los alimentos.

La clase obrera agrícola tiene que reaccionar contra este convenio que viene a ser un nuevo engaño pues la inflación supera todas las previsiones salariales recogidas en el acuerdo, y además, están limitadas sus posibilidades de revisión salarial.

Este acuerdo, tampoco va a resolver los problemas de la pequeña burguesía agraria, y menos aún de los pequeños propietarios, sus difíciles condiciones económicas no dependen de los salarios de los jornaleros y jornaleras sino del saqueo a la que están siendo sometidos por las grandes multinacionales y las grandes superficies.

El único mecanismo para darle la vuelta al vaciamiento de nuestros pueblos es cambiando las estructuras económicas y políticas con gobiernos que defiendan los intereses de quienes vivimos en el mundo rural.

La unión política y social de la clase obrera y de los sectores de la pequeña burguesía regional es la única garantía para generar fuerzas con las que enfrentarnos a quienes nos estafan con los precios de los insumos, luz, combustibles, maquinarias, abonos, semillas, alimentos, etc. y a su vez, cierran el círculo vicioso con los ridículos precios de los productos agrícolas y ganaderos que nos compran.

 

2.- La negociación del convenio. El Pacto social y de la precariedad.

Ayer viernes, 24 de junio, se firmó el convenio colectivo del campo en Badajoz.  Con este acuerdo laboral los sindicatos de su majestad y las organizaciones patronales han firmado lo que podemos considerar como el Pacto de la Paz Social y de la Precariedad.

Las movilizaciones de los jornaleros agrícolas convocadas por CCOO y UGT tuvieron un seguimiento muy importante, con un impacto en la opinión pública y una toma de conciencia entre los jornaleros y jornaleras que daba fuerzas y ponía de relieve la importancia de las luchas obreras. Conviene destacar el trabajo realizado por activistas del sindicato 25 de Marzo informando y movilizando a la defensa de derechos laborales.

La reivindicación principal de aquellos se centraba en la exigencia de que les pagaran el salario mínimo interprofesional, unos 51,47 euros al día, a lo que muchos patronos agrícolas especialmente los más poderosos se negaban; en algunas fincas los emolumentos diarios no alcanzaban al SMI y en otros cobraban menos de 42 euros.

Los grandes perceptores de las ayudas que vienen de la Unión Europea reaccionaron inmediatamente a este movimiento invocando en la nocturnidad la presencia del jefe del ejecutivo regional confiando en que con su perseverancia y buen hacer interclasista apagara un incendio que se les podía escapar de las manos. La intervención no se hizo esperar y en la noche del primer día de huelga tranquilizó las inquietudes de los dirigentes de la contienda.

Con toda la celeridad del mundo el presidente de la Junta hizo una llamada de atención a sindicatos y organizaciones patronales para suspender la inactividad laboral. La burguesía propietaria de las tierras y empresas de frutas no podía permitir ni un día más la rebelión y tenía que frenar como fuera la extensión de la movilización obrera. No se podía quebrar por más tiempo la paz social, y mucho menos recobrar la memoria de antiguas disputas entre obreros y propietarios en el campo extremeño.

La mediación del inquilino de la plaza del rastro acabó con la huelga. Al día siguiente los jornaleros y jornaleras volvieron a los tajos para seguir con las tareas de generación de plusvalías. Los empresarios del sector estaban tranquilos porque las pérdidas habían sido mínimas y aplaudían la sensatez de los sindicatos de la monarquía y laureaban al presidente de la Junta que con su simbólica intercesión había desbaratado la huelga y defendido los intereses del sector.

 

3.- La actitud de algunos líderes agrarios

En los días previos a la huelga, algunos líderes de las organizaciones agrarias habían calentado el ambiente, ensañándose con dureza en sus exposiciones públicas contra las reclamaciones de la clase obrera agrícola para que en el convenio se reconozca el salario base de mil euros, algo que estaba ya aprobado por decreto gubernamental.

Las encolerizadas declaraciones de miembros de las patronales agrarias contra las justas exigencias obreras eran frecuentes en la prensa regional y en las redes sociales. El líder de la Unión y unos días antes el de Aseprex, daban rienda en sus afirmaciones públicas a lo más profundo de sus rancias consideraciones ideológicas y en buena lógica a sus sentimientos, venían a considerar que los obreros están muy bien pagados y pueden vivir muy bien ya que en los pueblos se les ve disfrutar de la vida.

Los desatinos de estos personajes del campo extremeño muestran que grupos de la pequeña burguesía extremeña todavía se mantienen anclados con enorme garra a valores reaccionarios característicos de una España tradicionalista y feudal. El desprecio a la fuerza de trabajo aparece cuando se atreven a realizar comparativas de los salarios de los trabajadores y trabajadoras con otras profesiones. Así, manifiestan que no entienden ni aceptan que un jornalero quiera cobrar 1.100 o 1.200 euros que es lo que cobra un médico, pues para ellos, el médico está en la escala social por encima del obrero.

 

4.- La Concentración y Centralización del capital agrario.

Este grupo social de pequeños propietarios debe entender que los culpables de sus problemas económicos no son los asalariados ni las asalariadas. Tienen que dejar de culpabilizar de su estado económico a otros sectores de la población que comparten su existencia cotidiana con ellos en aspectos vitales como la educación, la sanidad, la carestía de la vida, etc. Los verdaderos culpables de su situación son las grandes multinacionales y las grandes superficies que les roban con la venta de los insumos que necesitan a precios elevadísimos y les compran sus producciones a precios de miseria.

El capitalismo no se detiene en un proceso continuo de concentración y centralización de la tierra. En los diferentes periodos históricos con mayor o menor rapidez, con crisis más o menos intensas, según las circunstancias de ese momento, los grandes latifundistas y las grandes empresas van arruinando a los pequeños arrebatándoles sus tierras y arrojándolos al mercado de trabajo como proletarios que para ganarse la vida deben vender su fuerza de trabajo.

Este camino va acelerado en Extremadura, y en poco tiempo las Multinacionales y los fondos de inversión controlarán la mayor parte de la tierra productiva con una intensiva producción de alimentos a base de alta tecnología y maquinarias automatizadas, con poca mano de obra. La producción y distribución de los productos agrícolas y ganaderos serán un factor definitivo para el control imperialista de la sociedad extremeña.

 

5.- Algunas ideas sobre el convenio firmado.

Unas primeras impresiones respecto al convenio firmado proceden de la satisfacción que muestran las patronales agrarias. Aún no conocemos todos los detalles en profundidad, pero los primeros conocimientos del acuerdo nos hacen entender la satisfacción que muestran aquellas:

Los salarios serán de mil euros que es el salario mínimo legalmente establecido por el gobierno y que los patronos se negaban a pagar; se mantienen los pluses, entre ellos los de transporte, toxicidad y nocturnidad. Estos pluses deben ser exigidos por los trabajadores y trabajadoras agrícolas pues sólo algunos de ellos y en raras excepciones se pagan por los propietarios.

La duración del convenio será de tres años, sin revisión salarial, hasta el 31 de diciembre de 2024; algo insólito que los sindicatos hayan aceptado esta cláusula pues estamos viendo como la inflación, la subida de los precios, lleva una carrera vertiginosa que no tiene fin. Mantener un convenio con unos salarios determinados durante un tiempo de tres años sin revisión salarial es un proyectil en contra de la clase obrera. El artículo 4 del acuerdo así lo establece. En el segundo párrafo se hace referencia a que en el caso de que se produjeran cambios en la legislación se llevarán a la reunión de la Comisión Negociadora para estudiar y revisar la situación. Hay que tener en cuenta que esta comisión a partes iguales de sindicalistas y patronos debe tomar sus decisiones por unanimidad.

También, se detraen los minutos del bocadillo, es decir que las horas que permanece el obrero en el tajo será de 6,45 minutos, es decir, unos 15 minutos más que hay que añadir a las 6,30 horas de trabajo. Los 15 minutos se considerarán dentro del horario cuando la jornada sea superior a las 6,5 horas. Es decir, como son 39 horas semanales; 6,5 horas/día durante 6 días de la semana. Si por cualquier circunstancia se quieren distribuir esas 39 horas en 4 o 5 días de trabajo, lógicamente se superan las 6,5 horas de trabajo diario, sólo en este caso los 15 minutos se consideran en la jornada de trabajo.

La aprobación del convenio no tiene carácter retroactivo desde el primero de enero que es como estaba acordado inicialmente, sino que se empezará a aplicar en el momento de la aprobación.

Lo que está claro es que este nuevo convenio genera enormes dudas respecto al comportamiento de los sindicatos al no consultar a los trabajadores y trabajadoras los diferentes artículos del convenio antes de aprobarlo y firmarlo. Desde nuestro punto de vista consideramos que una asamblea de trabajadores no hubiera aceptado este convenio. Una vez más se abre la lucha contra las instituciones oficiales del régimen, y para derribar la precariedad laboral y la explotación salarial de las clases dominantes.

 

 

 

 

 

miércoles, 22 de junio de 2022

Algo comienza a cambiar en el panorama capitalista

 


El impacto de las medidas que está tomando el imperialismo yanqui y la OTAN contra Rusia se están volviendo contra los países europeos. Las subidas de los precios de los productos y los recortes de importaciones y exportaciones están perjudicando notablemente a los trabajadores y trabajadoras, agricultores, industriales, etc.

Los precios de algunos productos como es el caso de la electricidad, el gas y el petróleo no son controlables por el gobierno a pesar de las autorizaciones a España y Portugal por la Unión europea para que puedan establecer unos precios inferiores al margen del resto de países europeos. Sin embargo, esto no llega a la realidad económica pues como ya ha señalado la ministra de Transición Energética y el Reto Demográfico no es posible controlar el precio del gas debido a la influencia de factores atmosféricos como el calor.

Los problemas económicos se alargan, afectando cada vez a más sectores de la burguesía que no pueden producir ni incluso realizar el valor de los bienes y servicios. Solo algunas fracciones de la oligarquía están enriqueciéndose aún más de lo que ya están especulando con precios con los que saquean a la población. Hablemos de las grandes petroleras y empresas de hidrocarburos, eléctricas, entidades bancarias que en plena conjunción hunden en la miseria a toda clase de trabajadores, autónomos y pequeñas empresas regionales que van de mal en peor.

En el caso de las personas y familias que reciben ayudas sociales las cosas se complican mucho más pues las cantidades que perciben son irrisorias e incapaces de hacer frente a las necesidades de la vida. Para sacarlos del pozo de la precariedad es urgente que el Estado y los gobiernos regionales actualicen las ayudas sociales con cantidades que permitan compensar todas las subidas de precios y combatan la pobreza y la exclusión social.

Además, las burocracias y obstáculos administrativos que hay que superar para que los diferentes aparatos del Estado concedan ciertas ayudas sociales como el Ingreso Mínimo Vital o la renta extremeña garantizada (renta básica extremeña) son tales, que determinan que muy pocas familias en situación de pobreza puedan acceder a ellas.

Las administraciones públicas tienen en cuenta para la concesión del IMV y la renta de extremeña garantizada los ingresos que perciben las personas o unidades familiares, sin tener en cuenta que no es lo que entra sino lo que sale, es decir, que no basta con valorar los ingresos que se tienen sino que hay que considerar los gastos que de manera obligada hay que realizar para vivir, como pagar alquiler de la vivienda, alimentación, medicinas, luz, agua, gas, hipotecas, materiales escolares, etc..

Tal y como están exigiendo movimientos sociales, entre ellos los de pensionistas como la COESPE, es preciso que el Estado Español y el conjunto de las administraciones autonómicas actualicen todo el conjunto de las ayudas sociales, subsidios, prestaciones no contributivas, pensiones de diferentes características, para que no estén por debajo del umbral de la pobreza, de acuerdo a lo que exige una vida digna y tal y como lo establecen los convenios europeos firmados por el gobierno español de cantidades nunca inferiores a los 1200 euros.

Este estado de cosas no cambia las políticas del gobierno central, el denominado “más progresista de la historia”, ni tampoco las del gobierno del PSOE extremeño. Ahora, ante la agudización de la situción económica se tomarán algunas medidas para dar muestras de sensibilidad social pero que no alcanzan a cambiar nada, sólo actos propagandísticos para engañar y distraer a la población que se diluirán con el paso del tiempo.

Las políticas privatizadoras al servicio de las pocas familias que controlan el dinero y la riqueza del país van a seguir. Así, la “ley de equidad, universalidad y cohesión del Sistema Nacional de Salud” mantiene las normas privatizadoras pero introduciéndolas en la propia Ley General de Sanidad en su artículo 47, y conservando plenamente el artículo 67 que mantiene la atención primaria a traves de hospitales privados, etc..

La aprobación de la segunda reforma de las pensiones pone cantidades enormes de dinero procedente de las cotizaciones sociales en manos de las entidades bancarias y fondos de inversión que crearán más desigualdades sociales entre los pensionistas.

El gobierno de Pedro Sánchez va a seguir promocionando activamente con muchos millones de euros a las empresas de matanzas humanas tal y como les exigen los mandos imperialistas norteamericanos y la OTAN. Estos se van a reunir en Madrid a finales de junio para reorganizar todas sus estrategias y materiales armamentísticos de destrucción masiva.

 La guerra es el mecanismo para salir de las crisis que siempre han manejado y  manejan las grandes potencias capitalistas, ahora los EE.UU, gracias a potenciar su industria militar y extender los mercados para la venta de gas y petróleo, y en general para hacer buenos negocios. En la reorganización de los ejércitos y fuerzas militares se van a emplear miles de millones de euros que se van a detraer de la producción de bienes y servicios con la consiguiente repercusión en la vida de la inmensa mayoría de la población europea y mundial.

La población de países occidentales como Italia y Alemania comienzan a dar muestras de disconformidad con todo lo que está pasando. La gente sale a la calle para protestar contra la inflación generalizada provocada por las decisiones de los dirigentes políticos obsesionados con cumplir y seguir los pasos que les marcan los neonazis de la OTAN y del poder imperialista norteamericano. La muy probable declaración del estado de emergencia en Italia por la inflación y el alto desempleo comienza a sobrevolar las cabezas de los políticos que ponen en duda el seguimiento de las estrategias de la OTAN, herramienta para la guerra al servicio de los norteamericanos.

 

 

 

 

lunes, 20 de junio de 2022

Golpe de mano contra las pensiones públicas

 

El gobierno de Coalición con aprobación de los planes privados de empresas da un golpe de mano a las pensiones públicas y las pone en manos de los bancos, fondos de inversión y mutuas.

 

El 9 de junio el Congreso de los Diputados aprobó la ley de Impulso a los Planes de Pensiones de Empleo que viene a ser la segunda parte de la reforma de las pensiones.

La Ley se aprobó sin la más mínima publicidad en los medios de comunicación, con urgencia y aprovechando que toda la atención pública estaba centrada en los problemas gasísticos con Argelia.

La Ley aprobada con la participación mayoritaria de los votos de los diputados de los partidos que integran el gobierno de coalición, salvo unas 20 excepciones, es una de las leyes más regresiva contra la clase trabajadora, que tendrá un impacto muy negativo a largo plazo sobre la sociedad española; viene a ser una dura contrarreforma de las pensiones.

Como siempre la Ley se justifica en que no hay dinero para mantener las pensiones públicas, lo cual es una mentira como muchos expertos han demostrado y ponen de manifiesto.

Como siempre para venderlo a la opinión pública se siguen los mecanismos de los presagios autocumplidos: que consisten en que al no aportar dinero para una actividad pública esa actividad es un fracaso, no funciona, y hay que cerrarla o cambiarla.

En síntesis, la ley contempla:

1.- que en los convenios sectoriales de empresa se acordará de manera obligatoria, por ley, el desvío de unos porcentajes de las cotizaciones sociales de los trabajadores y trabajadoras hacía unos fondos privados de pensiones que serán controlados por Bancos, Fondos de inversión y Mutuas.

Estas entidades especularán y manejarán libremente estas cantidades de dinero procedentes de las cotizaciones sociales en los mercados de valores. El Estado no garantizará este dinero en caso de que por cualquier circunstancia se evapore en los negocios inversionistas, como muy bien se establece en el artículo 52.2 de la reciente ley aprobada. Es decir, el Estado no se hace responsable de que tengan una rentabilidad económica o de que desaparezcan, no garantiza su uso ni su destino.

La COESPE ya ha anunciado que seguirá luchando contra esta ley, y considera de un verdadero escándalo las cantidades que pueden ir destinadas a los fondos privados de pensiones que serán de unos 14.000 millones de euros cada año.

2.- Los trabajadores y trabajadoras que no tengan convenios sectoriales que por lo general son los que tienen ingresos más débiles no participarán de estos fondos de pensiones y tendrán la pensión que les corresponda que lógicamente será de miseria al verse muy disminuida la Bolsa Común de la Seguridad Social por la extracción del porcentaje de las cotizaciones de los trabajadores y trabajadoras procedentes de los convenios sectoriales.

3.- Seguirán existiendo los fondos de pensiones privados de carácter voluntario como hasta ahora. Estos fondos de pensiones no han tenido una aceptación generalizada por el mundo del trabajo, pero se seguirán manteniendo para el que quiera.

 El sistema de reparto que funciona como la bolsa común al que van a parar todas las cotizaciones sociales y  garantiza las pensiones para el conjunto de la población se va al garate. El sistema de capitalización aparece en escena y se cuela por el hueco aprobado por el gobierno de coalición PSOE-UP.  El sistema de capitalización conduce a un aumento de las desigualdades sociales puesto que tendrán buenas pensiones los trabajadores que ganen más y los que tengan ocupaciones de menos ingresos percibirán pensiones menores.

Este sistema está promovido por la Unión Europea que como organización al servicio de las clases dirigentes ordena sus directivas a los países que la integran con el objetivo de generar buenos beneficios a los grandes monopolios y fondos de inversión.

Las experiencias del sistema de capitalización nos llegan después de que fue introducido por el gobierno de Pinochet y extendidas a gran parte de los países latinoamericanos en un momento en el que las ideas liberales de Reagan y Thatcher atacaban a la clase obrera, refrendadas por las teorías económicas de los Chicagos Boys. Después de decenas de años las pensiones en Chile son de miserias y se suceden frecuentemente movilizaciones obreras para tratar de modificar el sistema.

Nuevamente las clases trabajadoras tendrán que movilizarse para cambiar unas leyes que las dividen, fragmentando su unidad y su fuerza, y generando un incremento de las desigualdades sociales.