Tenemos claro que la política
institucional, forma parte de una agenda política electoral, con el objetivo
claro de obtener votos a través de políticas feministas pero con muy poca
voluntad real para terminar con la opresión de las mujeres trabajadoras.
Las políticas institucionales que se desarrollan por los
gobiernos de las diferentes administraciones públicas no ocultan su deseo de adormecer
y abolir la lucha de las mujeres provocando una enorme desmotivación e ineficiencia
política.
Los problemas que sufren las mujeres siguen estando
presentes a pesar de que se quiera cambiar el 8M de un día de lucha por un día
de fiesta y celebración.
Cuando se acercan las elecciones municipales y
autonómicas y los medios de comunicación nos lanzan continuos mensajes de
igualdad y de avances de los derechos de la mujer en los diferentes aspectos de
la vida social, no se pueden olvidar asuntos básicos, muy concretos, que están
muy a mano, y cuyas deficiencias golpean especialmente a las mujeres:
Entre otras cuestiones, exigimos una sanidad pública que
disponga de profesionales sanitarios y de recursos materiales en un número suficiente
para una atención primaria de calidad, para que se eliminen las listas de
espera y el sistema sanitario se complemente con servicios externos que
faciliten la atención a los pacientes como en el caso de un transporte
sanitario decente.
Se necesita un incremento sustancial de los fondos autonómicos
destinados a los municipios para las ayudas a domicilio, para que las personas
mayores y dependientes puedan recibir más horas de atención, los horarios sean
completos y mejoren los salarios de las trabajadores y trabajadores.
Es preciso un cambio radical en las normativas que afectan
a las trabajadoras del hogar, al objeto de que no tengan que esperar un año
para cobrar el desempleo, se faciliten todos los trámites electrónicos y el
acceso al subsidio para las mayores de 52 años.
Las administraciones públicas tienen que acabar con la
precariedad y la pobreza, la falta de suministros básicos, alimentos y las duras
condiciones de trabajo que en mayor medida recaen sobre las mujeres pobres y
trabajadoras.
Las administraciones públicas tienen que valorar materialmente
el trabajo excepcional que realizan muchas mujeres dedicadas a la atención y
los cuidados de familiares sin poder acceder al mercado de trabajo para obtener
ingresos que permitan a sus familias una vida digna.
Las ayudas sociales no pueden estar sometidas a tanta burocracia y
exigencias de papeleos, certificados, y empadronamientos. Además, por norma general, cuando una mujer se divorcia tiene dos veces más
chances de ser pobre que un hombre.
La discriminación de género atraviesa la industria, con salarios y
oportunidades, diferencias entre hombres y mujeres, y en otros casos, excluyendo
totalmente la contratación de mujeres porque de este modo el empresario encuentra menos inconvenientes en el puesto de trabajo; el beneficio está por delante de la condición humana.
El patriarcado y el machismo existen y matan; explotan, subordinan, colonizan, humillan, maltratan, despojan de sus derechos y de su libertad a millones de mujeres y de niñas día tras día.
Denunciamos la utilización por el
capital de la división sexual del trabajo de manera oportunista para aumentar
sus ganancias, fortaleciendo la industria cultural y sexual, la industria de
la reproducción para transformar la imagen de la mujer en
un objeto a su antojo, muchas veces en nombre del empoderamiento, pero sin
tocar en modo alguno la base de la opresión.
Frente a las políticas institucionales y la farsa de la
igualdad empresarial, solo nos queda construir una fuerza política basada en la
independencia de clase. Por eso, queremos trabajar una agenda política propia
que defienda los intereses de las mujeres trabajadoras y aportar nuestro granito de arena a una sociedad que garantice el bienestar de todos.
