viernes, 12 de diciembre de 2014

LA ASOCIACIÓN EN DEFENSA PÚBLICO(ARDP) RECLAMA MEDIDAS PARA HACER FRENTE A LA POBREZA ENERGÉTICA




DICIEMBRE 2014
La pobreza energética, que se define por la imposibilidad de pagar el abastecimiento de los consumos de luz, agua, y gas necesarios del hogar o por tener que destinar a ellos unos porcentaje importante de los ingresos, es un problema social que se extiende como una macha de aceite, a pesar de lo que nos digan el Presidente del gobierno, Rajoy, y sus voceros, de que la recuperación económica está en marcha.
En la actualidad muchas son las familias con enormes dificultades para  hacer frente a los gastos derivados de los suministros básicos de agua, luz y gas imprescindibles para la vida. Una situación que afecta a muchas personas de nuestras localidades y ante la cual, las Administraciones Públicas tienen la responsabilidad de intervenir con acciones políticas que impidan la desconexión a estos servicios públicos.

Las declaraciones y recomendaciones de instituciones como las Naciones Unidas, y directivas de la Unión Europea(2009/72 y 73), continuamente se refieren a que los Estados deben tomar las medidas oportunas para garantizar a los ciudadanos el acceso a los suministros básicos y prohibir  e impedir la desconexión a los mismos, sobre todo en períodos críticos. Ningún gobierno debería permitir cortar la luz en el período invernal a personas que no disponen de medios económicos a consecuencia del desempleo o con ingresos salariales que apenas llegan a final de mes. 

Desde la Asociación en Defensa de lo Público y conjuntamente con otros movimientos y colectivos sociales entendemos que la disposición de estos elementos vitales es un derecho básico de las personas; no son mercancías puestas a disposición de clientes.

1)      Por eso exigimos al Gobierno de Extremadura que tenga la suficiente responsabilidad pública, para que en sus presupuestos destine fondos que permitan garantizar el acceso al agua, la luz y el gas a las familias extremeñas, especialmente a aquellas castigadas por la crisis. En algunas Comunidades Autónomas se trabaja en una Ley de Mínimos Vitales que certifique la prestación de estos servicios básicos.

2)      En el caso del agua,  los Ayuntamientos tienen competencias para disponer normativas que impidan los cortes de suministro, bien con tarifas sociales o estableciendo consumos mínimos de litros de agua, por persona y día. Son actuaciones que no requieren mucha complejidad y facilitan la vida a familias que en estos momentos están castigadas por la crisis económica.