La gran nevada y ola de frio ha puesto encima de la mesa una de las graves deficiencias del Reino de España, que con los años no solo se resuelve, sino que se agrava, el de la energía eléctrica, su precio y su propiedad. Si hay algo que la legislación española en general no protege es el bien común.
Las empresas eléctricas prestan
un servicio público, por tanto, no debieran ser algo inaccesible para personas
que sufren abusos o por pobreza no pueden pagar recibos de usura. Sin embargo,
el estado lleva décadas haciendo dejación de funciones a la hora de proteger a
ciudadanas y ciudadanos de abusos o por ejemplo, años sin revisar las
concesiones privadas a saltos de agua que generan energía eléctrica y están
caducando.
El 1 de Abril de 2014 el gobierno
Rajoy inventó un modelo farragoso de factura eléctrica con el único objetivo de
salvaguardar los intereses de las compañías eléctricas privadas y darles carta
blanca al objeto de establecer los precios de la electricidad en régimen de
oligopolio y con unas subastas de precios más falsas que un “duro amadeo”.
Desde 2014 nadie ha tenido el
coraje político ni el sentido de la justicia suficiente como para cambiar el
sistema de precios. Encima los consejos de administración de las compañías
eléctricas privadas están cuajados de ex altos cargos de la administración,
exministros, expresidentes, que hacen presión a sus compañeros de partido a
saber el PPSOE, al objeto de defender los intereses privados y el negocio más
inmundo y mafioso que existe en el Reino de España a pesar de que perjudica no
solo a los pobres, las clases obreras y populares, sino también a empresas
industriales y de servicios.
Para acabar con la cuadratura del
círculo lo que debieran ser los órganos de control y organización del mercado
eléctrico y su base de conducción del producto eléctrico también han sido
privatizados, es decir en la Red Eléctrica Española el estado solo posee un 20%
y en la OMEL que es el organismo regulador del mercado, también ha sido
privatizado. Sucesivos gobiernos del PP y del PSOE han ido privatizando todo y
dejando en manos del capitalismo el servicio público de la luz a cambio tan
solo de hacer millonarios a unos cuantos ex dirigentes sin moral ni escrúpulos.
Habrá movilizaciones en los barrios,
las hay, se podrán conseguir algunas victorias parciales, se pondrán denuncias
y querellas, pero si el sector eléctrico no pasa a ser público no habrá avances
en calidad ni justicia, ni nada. Las soluciones parciales pueden ayudar; que
los ayuntamientos monten empresas de comercialización eléctrica puede ser
beneficioso, pero al final solo la nacionalización será lo que resuelva y
garantice el respeto por el medio ambiente.
Diga lo que diga la mentirosa
ministra del ramo y protectora de las eléctricas, ni es cierto lo de los 4 € en
el recibo, ni hará nada. El PP miente como bellaco cuando se queja de una
situación que ellos han provocado. Pero la cobardía del gobierno es palmaria,
fomenta la injusticia y protege la extorsión de las eléctricas. Si Pablo
Iglesias levantará la cabeza los echaba a gorrazos, claro que este PSOE no es
sino una escisión del partido que fundó.
Carlos Martinez es politólogo, secretario
general
