sábado, 13 de junio de 2020

NO A LO QUE SE CONOCE DEL CONVENIO COLECTIVO DEL CAMPO


 



LOS DETALLES DADOS A CONOCER HASTA AHORA DEL NUEVO CONVENIO COLECTIVO DEL CAMPO RECORTAN LOS DERECHOS LABORALES DE LA CLASE OBRERA.

Ante los detalles del convenio del campo que se conocen por los medios de comunicación, pues el contenido oficial completo del convenio no se ha dado a conocer y se mantiene oculto por las partes negociadoras, tenemos que manifestar el desacuerdo de ODP-PSLF (PARTIDO SOCIALISTA LIBRE FERDERACIÓN) con lo que se conoce del convenio del campo de Badajoz que próximamente, el día 17 de junio, quieren firmar las organizaciones patronales agrarias y los sindicatos CCOO y UGT.

Desde nuestro punto de vista, lo que se conoce hasta ahora del convenio no supone avance alguno en los derechos laborales de la clase obrera, todo lo contrario. 

1.- Consideramos que en primer lugar y antes de la firma se debiera dar una información clara a los trabajadores y trabajadoras para que decidieran democráticamente acerca de seguir adelante con la firma o no del convenio.

2.- Los salarios que se recogen en la prensa acerca del acuerdo son los que por ley ha establecido el gobierno de España al aprobar el Salario Mínimo y por tanto son de obligado cumplimiento, no los mejoran. Lo que sí se rebaja es el precio al que se pagarán las horas extraordinarias respecto a las establecidas en el anterior.
Las horas de trabajo se mantienen tal y como estaban, seis horas y media, con los 15 minutos de descanso para el bocadillo.

3.- Lo nuevo que se introduce supone una alteración global de lo establecido con anterioridad y es en definitiva, un retroceso importante en las condiciones laborales de la clase obrera agrícola. Se permite a la parte empresarial disponer de una flexibilidad horaria del 10 % de la jornada anual. Es decir, si la jornada anual es de 1768 horas, el patrono agrícola podrá disponer de 176,8 horas en una distribución irregular de la jornada, hasta un máximo de 9 horas al día, según establece el Estatuto de los Trabajadores.
Esta flexibilidad horaria se entiende en una persona empleada con un mismo patrón durante los 12 meses, pero en el caso de jornaleros y jornaleras que trabajan durante períodos de días, semanas o a lo sumo varios meses, es difícil entender que durante ciertos períodos se aumente la jornada de trabajo y luego se compense con jornadas más cortas en otros períodos de tiempo.
De aprobarse esto, se da un paso atrás en contra de los derechos laborales de los trabajadores.

4.- Respecto a otras cuestiones del convenio colectivo que se han dado a conocer en los medios de comunicación como la exigencia a los trabajadores y trabajadoras de la Tarjeta Profesional Agrícola, está claro que los costes de los cursos para la obtención de esta tarjeta deben correr a cargo de los Empresarios Agrícolas y de las Instituciones Públicas, no le deben costar un duro a la clase trabajadora.

EL ENGAÑO DEL CONVENIO COLECTIVO del CAMPO EXTREMEÑO



Por lo que hemos conocido a través de los medios de comunicación, las organizaciones agrarias patronales y sindicales firmarán el 17 de JUNIO el convenio colectivo del campo de la provincia de Badajoz.

En la prensa se ha dado a conocer la satisfacción de las partes negociadoras por el acuerdo convenido, y sólo algunos elementos contenidos en la negociación relativos a los salarios que cobrarán y a las horas de trabajo que realizarán los trabajadores y trabajadoras del campo. No obstante, hay otros aspectos del convenio que aparecen fugazmente y que por el interés que tienen se debieran aclarar más para conocimiento general del personal interesado.

Según parece en el convenio se contemplarán aspectos que de un modo ú otro había que adaptar a las nuevas condiciones salariales aprobadas por el gobierno de España, con una jornada de trabajo que se mantiene en las seis horas y medio, y el correspondiente descanso de 15 minutos para el bocadillo. El precio de la hora extraordinaria sufre modificaciones importantes, la primera hora y media de trabajo se reducirá desde el 75 % al 20 % del valor de la hora quedando en 9,03 euros, y las siguientes horas extraordinarias deberán pagarse con un complemento adicional del 100 % (15,04 euros). 

Sin embargo, el salario que se ha aprobado, ni mucho menos supone ningún revulsivo para la clase obrera puesto que lo que se concierta es el salario mínimo ya aprobado por el gobierno, algo que obligatoriamente debe cumplirse. En todo caso lo que sí se produce es una reducción global del salario al tener la posibilidad la clase empresarial de aumentar el número de horas de trabajo a precios normales, sin considerarlas horas extraordinarias, por el procedimiento que más adelante se expone, lo que se traduce a todos los efectos en una disminución salarial.

Así, el elemento más importante del acuerdo que en algún medio de comunicación se recoge de pasada contempla que los empresarios podrán disponer de una flexibilidad horaria del 10 % del horario laboral; es decir, podrán mover unas 176,8 horas anuales alterando las jornadas de trabajo con una distribución irregular. 

Esta flexibilidad horaria según establece el Estatuto de los Trabajadores es una posibilidad de la que dispone el empresario para adaptar a las necesidades de la producción la disponibilidad de mano de obra. Este concepto se aclara mucho más, si observamos algunos de los párrafos del contenido del artículo 34 del Estatuto de los Trabajadores: 

--Mediante convenio colectivo o, en su defecto, por acuerdo entre la empresa y los representantes de los trabajadores, se podrá establecer la distribución irregular de la jornada a lo largo del año. En defecto de pacto, la empresa podrá distribuir de manera irregular a lo largo del año el diez por ciento de la jornada de trabajo.
--La compensación de las diferencias, por exceso o por defecto, entre la jornada realizada y la duración máxima de la jornada ordinaria de trabajo legal o pactada será exigible según lo acordado en convenio colectivo o, a falta de previsión al respecto, por acuerdo entre la empresa y los representantes de los trabajadores. En defecto de pacto, las diferencias derivadas de la distribución irregular de la jornada deberán quedar compensadas en el plazo de doce meses desde que se produzcan.
--El número de horas ordinarias de trabajo efectivo no podrá ser superior a nueve diarias, salvo que por convenio colectivo o, en su defecto, acuerdo entre la empresa y los representantes de los trabajadores, se establezca otra distribución del tiempo de trabajo diario, respetando en todo caso el descanso entre jornadas.

De acuerdo a este artículo del Estatuto de los Trabajadores, los patronos agrícolas podrán mover unas 177 horas, durante 12 meses, aumentando el horario de la jornada diaria y compensando ese incremento de horas en otros períodos en los que las necesidades de mano de obra sean menores.

No obstante, esto que se puede poner en práctica en el caso de trabajadores/as que estén fijos o trabajando durante los 12 meses con un mismo Empresario, no entendemos cómo se puede aplicar para trabajadores/as que son contratados en cortos períodos de tiempo, meses o semanas. 

No entendemos qué mecanismo se puede seguir para aplicar esta flexibilidad horaria en los casos de jornaleros o jornaleras que trabajan sólo algunos meses al año con un determinado patrón, como ocurre durante ciertas actividades de temporada, bien en la vendimia, en la recogida de aceitunas, entresaque de frutas o en las centrales hortofrutícolas, etc.

En el caso de que el patrón quisiera acelerar e incrementar la intensidad de la producción, estas horas que aumentarían la jornada de trabajo no se consideran como horas extraordinarias y se pagarían como horas normales.

La observación de estos párrafos del artículo 34 del Estatuto de los Trabajadores nos llevan a deducir que detrás de lo que suavemente se llama “flexibilidad horaria” se legaliza una mayor explotación de la clase obrera que se plasmará en el futuro convenio colectivo del campo. 

En definitiva, los sindicatos UGT y CCOO vienen a dar con su firma el fundamento legal a que la clase empresarial incremente la jornada de trabajo en momentos en los que hay unas puntas de producción, y lógicamente, unas mayores exigencias de mano de obra. 

Por otro lado, el uso de estas horas, evita que los Patronos Agrícolas paguen como horas extraordinarias los que serán a partir de la firma del convenio horas normales y a su vez, están disminuyendo la posibilidad de emplear más mano de obra, reduciendo la contratación de fuerza de trabajo.; es decir, de salir adelante, este acuerdo va contra el empleo.

En definitiva, nos parece que la firma de este convenio colectivo es un engaño a la clase obrera que beneficia claramente a la clase empresarial, produciendo solapadamente y ocultando torpemente un recorte de los derechos laborales de la clase trabajadora, puesto que pone en manos de aquella un instrumento muy importante como es el de la flexibilidad horaria que a todas luces implica un considerable aumento de la explotación laboral con una disminución salarial ya que se podrán pagar como horas normales lo que de otro modo serían horas extraordinarias.

En cuanto a la Tarjeta Profesional Agrícola que se va a exigir a los trabajadores y trabajadoras del campo, tenemos que dejar bien claro una vez más que la obtención de la misma no puede suponer coste alguno para la clase trabajadora y aquella debe correr a cargo de los empresarios agrícolas y de las instituciones oficiales; los trabajadores y trabajadoras no deben pagar de su bolsillo los cursos necesarios para obtener la cartilla como ha estado ocurriendo en otros casos en los que es necesario disponer de tarjetas profesionales.

lunes, 8 de junio de 2020

Agotamiento del régimen palaciego. Asalto a la Moncloa y rechazo a la Zarzuela


Cuando se cumplen dos años de la presidencia de Pedro Sánchez, y ciento veintisiete días de pandemia, la crisis del régimen monárquico ha tomado un nuevo curso, en el que no sólo se aceleran todos los procesos de crisis y descomposición; poniendo al descubierto el agotamiento generalizado de sus instituciones y leyes (lo que ya se expresó durante el proceso republicano catalán); situación que ahora se reconcentra sobre los principales centros de poder político. La crisis de agotamiento se concentra en la Zarzuela y la Moncloa.

El coronavirus y la crisis social desatada con la pandemia elevan todos los parámetros de destrucción económica multiplicando la indefensión e incertidumbre mayoritaria, pese a las tímidas medidas tomadas por el gobierno tratando de aplazar los pagos de los alquileres y los suministros principales de las familias. La misma prolongación de los ERTE, que la patronal pretende prolongar hasta final de año; la tardía aprobación de la renta para trabajadores sin ingresos -que ha resultado más mínima que vital-; a lo que se suma la aparición de los primeros anuncios de despidos masivos en la mayoría de los sectores, encabezados por Nissan y Alcor, pero seguido por cientos de empresas con muchos miles de despidos más. Lo que, en suma, está generado un tremendo desconcierto político y poniendo la indignación social a disposición de la más amplia movilización general.

Son muchos los especialistas que aseguran que esta crisis “no es comparable a nada que haya vivido nadie”, considerando que, antes de que comenzara el parón del coronavirus, las cosas ya estaban muy mal en el terreno económico, y que la cuarentena establecida y prolongada se ha utilizado como momento propicio para urdir una regresión en todos los terrenos, incluida la fuga de capitales. Se anuncia, por ello, en los altos niveles de la administración, el próximo rescate por la Troika de la economía española (con lo que se quiere designar el mal rumbo de las mayores empresas), de una economía de privilegios y amiguitos incapaz de salir de la senda de la parálisis y la deuda, con el único diferencial de una legislación del trabajo muy ventajosa para la explotación patronal.  

Y este es un contexto muy propicio para todo tipo de confrontaciones políticas, que ahora se concentran en la ruptura de los consensos que hacen posible la continuidad. A ello apunta en primer lugar el plan de “asalto a la Moncloa a través del Covid-8-M-2020”, desvelado por muchos comentaristas políticos, y sintetizado en un largo artículo por Ignacio Trillo, en su carta abierta a la Sra. Juez del caso 607/2020, que relata el curso seguido por la denuncia de un particular por la manifestación del 8-M, dirigida contra el presidente del Gobierno, el ministro de Sanidad y el delegado del Gobierno en Madrid. Sin informe previo de la Fiscalía, y no atendiendo a la paralización de actuaciones a consecuencia del estado de alarma, se ponen por la juez en marcha las diligencias con la oposición de la Abogacía del Estado, que califica el procedimiento de “causa general contra el Gobierno”. 

Un procedimiento sin pies ni cabeza, que se instruye como si los jueces no estuviesen sujetos a la ley. En la investigación encargada a la Guardia Civil se cometen todo tipo de errores de bulto, y ciertos medios de prensa vinculados a la derecha más franquista hacen públicas acusaciones sin fundamento, lo que da lugar a la sustitución del comandante del puesto de Madrid por negarse a informar del asunto a sus superiores. Lo que da pie a una campaña política de la derecha franquista de asalto a la Moncloa, de golpe contra el gobierno, exigiendo la dimisión del ministro del interior, mediante la cual ponen también precio a Sánchez y su gobierno de coalición.

Este intento de asalto a la Moncloa coincide en el momento político con el movimiento público de la Jefatura del Estado tratando de quitarse de encima las acusaciones de corrupción continuada contra la dinastía de los Borbones, que se siguen judicialmente en Inglaterra y Suiza y que cuestionan de raíz el poder que detenta la Casa Real española. Lo cual ha llevado a Felipe VI a realizar el gesto de repudio de su padre, renunciando, por ello, a su herencia y la de su hija, cuando es Jefe de Estado por esa misma herencia. Mientras tanto, su padre se mantiene oculto en el palacio de la Zarzuela, pero parece ser que preparando su exilio dorado en la República Dominicana.

La opinión pública, pese a las constantes acciones de blanqueo de los principales medios de comunicación, y del silencio -cuando no de la complicidad- de los partidos oficiales, se siente muy agredida en sus derechos y aspiraciones con la información, aún parcial, sobre la corrupción sistémica de la Casa Real y Jefatura del Estado en medio de la austeridad y la pandemia. Como ejemplo de la indignación social que se ha multiplicado sobre la monarquía, como principal institución del Estado según la herencia franquista,  hay que resaltar el hecho de que, habiéndose concedido el Premio Princesa de Asturias de la Concordia 2020 a los sanitarios que están seriamente perjudicados por su labor profesional contra el coronavirus, por la falta de presupuestos, instalaciones, personal y medios necesarios, se conoce la existencia de un movimiento de rechazo de dicho premio. Además, los sanitarios que lo rechazan piden públicamente a los reyes que devuelvan “lo robado”. Después de muchos años aparece en nuestra sociedad un rechazo abierto y público a la monarquía.

Hasta ahora, y pese a los reiterados intentos de diversos grupos parlamentarios de que se constituya en las Cortes Generales una Comisión de Investigación sobre los acontecimientos y denuncias presentadas -cuyos jueces y fiscales han pedido la colaboración de la justicia y de las autoridades españolas en general-, ha sido la cúpula del PSOE, y en definitiva el gobierno, el que hasta ahora ha impedido que se pueda arrojar algo de luz sobre los graves delitos de que se acusa a la máxima institución de la “democracia española”. Y ello en el terreno internacional, ya que los juzgados españoles nunca han admitido las denuncias presentadas por diversos delitos presuntamente cometidos por titulares de la Casa Real.

La crisis política española aún no ha conocido la irrupción de la movilización social, que sería determinante para dar salida democrática y social a la situación, a diferencia de lo que está sucediendo desde hace una semana en los Estados Unidos. El asesinato por la policía de un ciudadano afronorteamericano ha sido la gota que ha desbordado el vaso de la indignación social, incendiado la mayoría de los estados con grandes movilizaciones, como no se conocían desde el asesinato de Luter King.

Nuestro apoyo a la lucha del pueblo norteamericano contra el supremacismo blanco y contra las formas de represión y esclavitud expresadas contra la población negra por el gobierno de Trump debe llevarnos a participar en las primeras movilizaciones saliendo de la cuarentena. La revuelta popular contra el “trumpismo” coincide con los estragos de la pandemia sobre los sectores más explotados y oprimidos de la sociedad sin derecho a sanidad pública, que suman 140 millones, que se ha cobrado la muerte de más de 100.000 personas y creado más de 40 millones de parados, mientras que las cuentas de los millonarios han crecido en $434 mil millones