viernes, 16 de octubre de 2020

¡En honor de Caballero, Prieto y de todos los republicanos! ¡Ilegalización del franquismo!

 


El Pleno del Ayuntamiento de Madrid, a instancia del Grupo Municipal Vox, con el expreso apoyo del PP y Ciudadanos, está procediendo a retirar de las calles de la capital las placas colocadas desde hace años en honor de algunos de algunos de los más importantes dirigentes socialistas.  Amenaza también con la retirada de las estatuas dedicadas a estas figuras políticas e históricas; nos referimos a Francisco Largo Caballero y a Indalecio Prieto, con estatuas  instaladas en Nuevos Ministerios que han sido vandalizadas en los últimos días. No hay que olvidar que grupos franquistas se manifiestan, cortando el tráfico en el centro de Madrid ante la pasividad policial, y que Vox prepara la moción al gobierno acusándole de gobierno ilegítimo.

La ley que invocan los “trifachitas” para revisar la historia  no es otra que la de la Memoria Histórica de Zapatero, que en su artículo 15 faculta a las administraciones a “retirar escudos, insignias, placas y otros objetos o mociones conmemorativas de exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la  represión de la Dictadura”. Una redacción tan confusa y falta de criterio jurídico puede ser perfectamente manipulada por los “trifachitas”, tal y como está sucediendo reiteradamente desde su promulgación; y todo porque la ley no tiene por objeto sino mantener la legalidad “franquista”. Cuando la ley señala la retirada de motivos de la Guerra Civil, ¿a qué motivos de refiere? A todos. ¿A los motivos contrarrevolucionarios, de igual manera que los que defendieron la legalidad republicana, y también de igual manera que a los que tomaron medidas revolucionarias?

Si es así, el significado jurídico de la ley de Zapatero no es otro que el de tratar de mantener la impunidad de los crímenes del franquismo, sustituyendo con principios morales cuestiones de justicia. Y, en tanto que en la guerra existió de una parte un ejército de ocupación sublevado -apoyado por las grandes potencias nazis y fascistas-, y de otra, un pueblo en armas defendiéndose con los pocos medios de disponía y como podía de la agresión criminal concertada, con una legalidad republicana de fondo, nos encontramos con que las leyes de Memoria del PSOE reducen todo ello a un asunto de ilegitimidad de los golpistas y artífices de la guerra, pero con ello nos lleva a la nefasta  legalidad perpetua del franquismo.

El portavoz de Vox en el ayuntamiento de Madrid argumentó al presentar sus propuesta al Pleno, que Largo Caballero es una figura histórica “que no debe ser digna de honores por su sanguinaria trayectoria política y personal”, y que Indalecio Prieto facilitó “la deriva revolucionaria y radical en el PSOE”. El portavoz de Ciudadanos señaló -por su parte-  que la ley es igual “para criminales de uno u otro lado”, al tiempo que el del PP para respaldar la integridad de la propuesta, y ante las tímidas protestas de la oposición, vino a decirles: “No nos den lecciones de historia que para eso tenemos a los historiadores”.

Por ello, cabe destacar que cientos de historiadores, profesores de Historia Contemporánea en diversas universidades españolas y extranjeras, emitieron un juicio técnico de las alegaciones realizadas por el “trifachito” madrileño, que desmota todos sus argumentos, declarando que sus alegaciones no son sino un compendio de la propaganda franquista de la guerra y la dictadura, que carece de soporte documental. Afirman que están en condiciones de aportar las pruebas documentales necesarias de que ambos actuaron como dirigentes socialistas de la II República y de sus gobiernos legítimos y democráticos. Recordemos que tanto Caballero -después de pasar por un campo de concentración nazi- como Prieto murieron en el exilio republicano.

Esta situación hace al caso de la necesidad de una verdadera Ley de Víctimas y de la Memoria Democrática, que acabe con la impunidad del franquismo, tanto en la Ley de Amnistía como en la de la Memoria, como leyes de punto final. Y ello cuando se prepara una nueva Ley de Memoria, ahora llamada “democrática”, que vuelve a marear la perdiz y dejar a las víctimas sin derecho a interponer un juicio justo. En el texto del anteproyecto de la Ley de Memoria Democrática se apunta entre otras a la necesidad de acabar con el ducado de Franco que Felipe VI firmó en 2019, como también se establece la ilegalización de entidades, organizaciones o fundaciones que inciten “directa o indirectamente” al odio o violencia contra las víctimas de Guerra Civil y el franquismo. Dando a entender, de forma engañosa, que del franquismo solo queda su Fundación y algunos nombramientos de títulos de nobleza. Propósitos menores que esconden la necesidad de una medida jurídica de rango superior, que acabe de verdad con la impunidad y con el continuismo franquista, que no puede ser otra que la ilegalización de los privilegios franquistas de todo tipo. Es la única que puede  resolver el problema de los crímenes del franquismo, con la necesaria ilegalización del franquismo como régimen criminal. Ilegalización de sus leyes y sentencias, de su medidas de saqueo contra la población, de sus poderes extraordinarios… Hablamos, por tanto, de una ilegalidad del poder, que abarca tanto al régimen franquista como a su herencia política e institucional.

Todos los privilegios de los que siguen gozando los herederos de Franco en nuestros días, como concesiones de los dioses a los ungidos, no solo son contrarios a derecho sino la negación de las reivindicaciones y aspiraciones sociales y democráticas, que solo pueden tener satisfacción en el libre ejercicio de la soberanía.

Franquismo y democracia son incompatibles. De ello tenemos sobradas pruebas después de 42 años de falsa democracia para mantener leyes e instituciones contrarias a la democracia y la justicia, que fomentan la desigualdad y la corrupción sistémica. Por ello, demandamos la ruptura política e institucional de los partidos y sindicatos que se reclamen de la democracia y de los derechos de los trabajadores y los pueblos con el franquismo coronado. Para que impere la voluntad popular y con ella la Verdad, la Justicia y la Reparación para las víctimas del franquismo.

Los trabajadores y los pueblos tienen derecho a decidir sobre sus propios destinos y, por tanto, nadie les puede negar su determinación a establecer los principios políticos democráticos y sociales sobre los que desea gobernarse.

El honor y la dignidad de los luchadores de la II República deben ser defendidos frente a toda falsa acusación que, en este caso, no proviene sino de los herederos de los privilegios franquistas.

La Memoria Democrática debe servir para acabar con la injusticia y la discriminación legal de aquellos que fueron los más dañados en sus derechos.

jueves, 15 de octubre de 2020

SOBRE LA SOBERANÍA ALIMENTARIA. CONFERENCIA SOBRE REFORMA AGRARIA. 24 DE OCTUBRE EN MÉRIDA

 SOBRE LA SOBERANÍA ALIMENTARIA.

Por ALEJANDRO CAPUANO TOMEY . Partido Socialista Libre Federación

Cuentan que cuando le preguntaron a Confucio qué es lo primero que haría de ser el soberano de todo el mundo, contestó: poner en orden el significado de las palabras. Este axioma debería regir interpretación y análisis de las cuestiones más importantes para la vida de las personas deben tener un enfoque y una definición que evite interpretaciones de parte, como es el caso que hoy nos ocupa: la soberanía alimentaria.

La Declaración de Nyéleni (Mali) estipula que: La soberanía alimentaria es el derecho de los pueblos a alimentos nutritivos y culturalmente adecuados, accesibles, producidos de forma sostenible, y a decidir su propio sistema alimentario productivo.

Si tomamos y hacemos propios estos principios la conclusión es que en España nuestra situación, como la de muchos países integrados en la Organización del Comercio Mundial, la Unión Europea y otras organizaciones globales es abiertamente contraria. Ya no se trata de una confrontación entre países sino de los derechos de los pueblos frente al poder de las corporaciones que dominan la producción y la distribución a escala mundial.

Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que la transformación va de la mano de un cambio de sistema y de una política valiente que legisle en favor de los intereses de la gente.

Estos cambios deben ir desde el origen de las semillas hasta la mesa del consumidor porque esta es la trazabilidad que debemos establecer y reforzar con leyes, comenzando por poner en orden la casa principalmente derogando privilegios y complicidades.

En España, más de 600.000 dueños de campos cobran de la UE sin trabajarlos frente a los 250.000 que sí lo hacen (*). Propietarios de tierras y de zonas de pasto que no explotan, pero cuya titularidad les permite desde hace casi dos décadas llevarse una parte importante de los de casi 4.000 millones de euros de la PAC (Política Agraria Comunitaria) que la UE reparte en España a través de los llamados “derechos históricos”.

La diferencia entre lo que se le paga a los agricultores y el precio en los lineales de cualquier de las grandes superficies puede llegar, como en el caso de las patas y las cebollas, a multiplicarse por ocho.

Los métodos de cultivo y tratamiento de tierras con derivados del petróleo y transgénicos, la estrategia de las grandes corporaciones de obligar a la siembra por países (como es el caso de la soja en Argentina y Brasil), las importaciones que no cumplen con los parámetros de calidad, sanidad y las condiciones laborales de los agricultores ejerciendo un dumping de libro y los alimentos elaborados que facilitan su transporte internacional aumentando la contaminación por plásticos y la posición dominante de las grandes empresas de distribución globales no sólo tienen efectos devastadores en materia económica.

 La depauperación de la vida en el campo es un elemento que ha causado la despoblación de las zonas rurales, ha cambiado los hábitos alimentarios y la desaparición progresiva de productos autóctonos.

Existen ya muchas prácticas exitosas en materia de Soberanía Alimentaria, especialmente en algunas naciones de América Latina, en los países nórdicos, por ejemplo. Pero ningún cambio será posible sin un cambio de paradigma, sin promover las ferias y mercados de proximidad, sin una adecuada logística cooperativa y una justa y equitativa distribución de los beneficios.

Esta es la apuesta del PSLF: una visión global para actuar en lo local, cambiar el actual sistema para desplegar e implantar una verdadera soberanía alimentaria. Y eso, le pese a quien le pese, se consigue haciendo política para el pueblo y no a pesar del pueblo.

Alejandro Capuano Tomey Partido Socialista Libre Federación – PSLF

lunes, 12 de octubre de 2020

POR LA RENTA BÁSICA DE EMERGENCIA.

 

Campamento Dignidad, reivindica la Renta Básica Universal como elemento indispensable para acabar con la pobreza en este país, y en concreto en Extremadura.

Mientras se pone en marcha esta Renta Básica Universal es necesario conceder de modo urgente una Renta Básica de Emergencia cuya cantidad siga los parámetros marcados por la Carta Social Europea, nada por debajo del umbral de la pobreza (738 euros/persona), y se contabilice y controle en la declaración de la renta (IRPF) con los ajustes fiscales necesarios a todas las personas que tengan derecho a ella.

El Ingreso Mínimo Vital que según el gobierno iba a acabar con la pobreza en España es un fracaso se mire desde donde se mire. En todo caso, está sirviendo como justificación para que se presione a los perceptores de la renta mínima de ciertas CCAA a que renuncien a esta y soliciten el Ingreso Mínimo Vital.

En este orden de cosas, desde Campamento Dignidad tenemos que denunciar cómo la Administración Regional justificándose en motivos que tienen su raíz y nacen a consecuencia de la misma pobreza les quita a muchas familias la Renta Garantizada de Inserción Extremeña, y de este modo se los arroja de manera definitiva a la más absoluta pobreza.

El 29 de mayo se publicó el Real Decreto-ley 20/2020 por el que se establece el Ingreso Mínimo Vital (IMV) que viene a reconocer un nuevo derecho subjetivo para las personas que cumplan unos requisitos determinados.

El IMV se ha modificado por dos nuevos reales decreto el 22 y el 28 de septiembre.

 El Ingreso Mínimo Vital (IMV) tiene una aportación de 462 euros mensuales para una persona, que se incrementará, según aumenta el número de personas que integran la unidad de convivencia, hasta un máximo de 1.015 euros (2 adultos y dos niños).

En la teoría gubernamental, el IMV tiene como objetivo prevenir el riesgo de pobreza, pero de hecho sólo lo podrán cobrar personas que demuestren que están en una situación económica de exclusión social o de la pobreza más severa. Así que no previene nada, sólo quiere aliviar a quienes están en el nivel más alto de la pobreza.

Hace unas semanas el ministro español José Luis Escrivá informó de que de las casi un millón de solicitudes realizadas sólo 90.800 solicitudes cuentan con luz verde la seguridad social. Es decir, del millón de peticiones que han llegado entre junio y septiembre, se han procesado hasta septiembre 320.000 solicitudes y, de ellas, se han aprobado 90.800 (un 28% del total de las revisadas). Se han denegado 86.152 (un 27%) y siguen pendiente de subsanación 141.995 (el 45%).

El ministro se justifica diciéndonos que la Seguridad Social está desbordada cosa que era de esperar. Este hecho, no cogía de sorpresa al Ministerio, conocían que esto iba a pasar. Sin embargo, el Gobierno español no puso los medios precisos para evitar este enorme problema burocrático que impide a muchas familias el acceso al Ingreso Mínimo Vital. No obstante, no se detuvo el gobierno en emitir mensajes publicitarios en los que se remarcaba una y otra vez de que “a nadie se les va a dejar atrás”.

Por eso, es imprescindible la contratación de personal para que la tramitación documental en la Seguridad Social sea más ágil y se resuelvan las solicitudes con mayor rapidez. Y esta dotación de personal es necesaria en todas las administraciones públicas si se quiere que los servicios públicos sean útiles a toda la población.

El presupuesto que se piensa destinar al IMV es una cantidad ridícula para luchar contra la pobreza. Es una cantidad que queda muy lejos de la que el PSOE proponía en su programa electoral de 6.000 millones de euros, y lo que manifestaba PODEMOS de unos 10.000 millones de euros. No está de más recordar que en las elecciones europeas de 2014, propuso una renta básica incondicional con la que se garantizaría el ‘derecho a una renta para todos y cada uno de los ciudadanos por el mero hecho de serlo y, como mínimo, del valor correspondiente al umbral de la pobreza con el fin de posibilitar un nivel de vida digno.

Algunos han intentado confundir el Ingreso Mínimo Vital (IMV) con la Renta Básica Universal. Como aclara Daniel Raventós: ”el IMV es una renta mínima dirigida a quienes sufren la pobreza severa, está orientada a una fracción social integrada por los muy pobres. El IMV es un subsidio, una ayuda social con muchas condiciones. La Renta Básica Universal es incondicional y se dirige a toda la ciudadanía, la recibe toda la población, pero no todos ganan. Con una financiación mediante reforma fiscal, el 20% más rico de la población la recibe, pero pierde. El otro 80% gana”.

Desde Campamento Dignidad exigimos:

1.     Que el gobierno proceda a una contratación suficiente de personal para que los servicios administrativos puedan tener un funcionamiento eficaz y rápido ante las necesidades de carácter burocrático que tienen las familias a la hora de disponer de los documentos de diferente índole.

2.     Que lo más rápido posible, urgentemente, se pague el Ingreso Mínimo Vital a miles de familias que se encuentran desesperadas sin ingresos de ningún tipo esperando que les llegue esta ayuda social para poder sobrevivir.

3.     Que el gobierno ponga en marcha una Renta Básica de Emergencia con cantidades que cumplan la Carta Social Europea, y permitan a las familias disponer de unos ingresos para una vida digna.

4.     Que la Junta de Extremadura deje de manejar los problemas que nacen y tienen su origen en la pobreza que padecen muchas familias extremeñas para utilizar aquellos como justificación a la hora de quitarles la renta de inserción extremeña (renta básica extremeña).