Cuando hablamos de los partidos políticos que controlan los instrumentos
del aparato del Estado, no nos vale la teoría del “menosmalismo” que nos puede empujar
a apoyar y dar nuestro refrendo al que consideremos como el menos malo en la
toma de decisiones políticas y sociales. En la política local, regional y
estatal, a veces sucede que en ocasiones gobiernan los que se consideran progresistas
y en otros casos, los calificados como conservadores. Sin embargo, la
experiencia nos dice que no hay distingos entre «progres» y «conservadores»,
son y forman parte de las mismas estructuras.
Los políticos progres o conservadores no van a parir cambios trascendentales
con las políticas que ejecuten. En el caso de la política local, las leyes y normativas
que regulan la administración local, imponen enormes limitaciones en
competencias legales y económicas de tal modo que las medidas que se toman puedan
tener pocos efectos en el terreno de las desigualdades sociales y
territoriales, así como alterar el estado de los explotados y oprimidos.
En el Estado español la herencia del «atado y bien atado» es tan fuerte y
tan poderosa que el lema del «sí se puede» en este marco político-legal no es más
que una falsa ilusión. En todo caso, hay la plena seguridad de que los
políticos progres y conservadores no van a llevar a cabo transgresiones legales
que rompan o modifiquen lo más mínimo las estructuras del sistema, pues esto
implicaría recibir un castigo penal importante, al que no están dispuestos.
Nuestro objetivo político debe estar centrado en el trabajo de organización y agrupación de
fuerzas, en luchar por conseguir una plena autonomía política, local y regional, con
capacidad de decisión en los asuntos y problemas que nos afectan, a la vez que avanzar en la unidad con otras fuerzas políticas
y sociales del resto de los territorios del estado español interesadas en la superación
de la Monarquía como garante de la dictadura del capital y de las relaciones
sociales de producción.
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