miércoles, 8 de febrero de 2023

Sobre las modificaciones que el gobierno regional quiere hacer de la Ley de la Vivienda

  



Febrero 2023

Desde UED, en relación con las modificaciones que quiere introducir el gobierno regional del PSOE en la Ley de la Vivienda, tenemos que manifestar:

Que nuevamente se impone la propaganda electoral, lo que propone no tendrá efectos resolutivos sobre el problema de la vivienda en Extremadura. Lo que se ha dado a conocer muestra que no hay capacidad ni voluntad política de afrontar las medidas que realmente se necesitan en la región para afrontar la problemática de la vivienda.

 

1.- En cuanto al impuesto a las entidades tenedoras de un número importante de viviendas, esto es algo que se viene diciendo desde instancias oficiales hace años. El gobierno alega que si antes no se ha puesto en marcha esta iniciativa es porque su aplicación requería de un desarrollo normativo que anterirormente no era posible. A este respecto, independiente de las explicaciones del gobierno, tenemos que decir que desconfiamos de que este impuesto vaya a aportar fondos a las arcas regionales, se trata más bien de presentar ante la opinión pública extremeña una cara de falso progresismo electoralista que no tiene, ni mucho menos, el partido político PSOE.

Lo que sería necesario, pero a lo que no se atreve el PSOE, es incrementar el patrimonio público de viviendas expropiando y haciéndose cargo de las viviendas de estos importantes tenedores que disponen de ellas con carácter meramente especulativo, al margen de las necesidades vitales de un importante sector de la población extremeña.

 

2.- Respecto a la creación de un fondo de garantía de vivienda para atender a menores procedentes de desahucios, nuevamente se cae en el absurdo y en la propaganda electoral. Desde hace mucho tiempo venimos insistiendo en la creación de un Banco Local de Viviendas para ceder en alquiler a las familias que las necesiten. La Junta le da vueltas a la tortilla una y otra vez, marea la perdiz sin tomar medidas efectivas, sin buscar una solución real y práctica. El gobierno regional es conocedor de que la finalización del plazo gubernamental que trata de frenar los desahucios, el crecimiento de la precariedad económica y el aumento de los tipos de interés van a generar un aluvión de familias que no van a ser capaces, no van a tener la suficiencia económica para hacer frente al alquiler o a las hipotecas. Por lo que, la Junta de Extremadura debería impedir que las entidades bancarias y otros sujetos jurídicos echen a la gente a la calle, además de pertrecharse de viviendas para ceder en alquiler social mediante la expropiación a los grandes tenedores, así como, eliminar burocracia para facilitar las ayudas de alquiler a las personas o familias que no disponen de medios para seguir pagando alquileres particulares, y por último, desarrollar un plan importante de construcción de viviendas en las diferentes localidades bajo iniciativa pública y no hacer lo que está iniciando ahora con la aplicación de los nuevos Reales Decretos (de Octubre y del Plan Estatal de la Vivienda) de ceder la iniciativa del negocio de la construcción y el alquiler por 50 años a empresas privadas.

 

3.- Respecto al otro punto que se está dando a conocer sobre el aval a los jóvenes. Parece mentira que un organismo oficial con todos los datos a su disposición recurra a esta política propagandística y no conozca que una parte importante de la juventud no dispone de medios económicos para la compra de vivienda, ni para pedir préstamos. Muchos por su precariedad laboral, otros ni eso, puesto que se encuentran en desempleo viviendo con sus familias, y los que pudieran no querrán caer de por vida en las garras de los buitres bancarios. Por tanto, es obligación de la Junta de Extremadura favorecer la creación de empleo para que los jóvenes puedan acceder a viviendas de alquiler social de acuerdo a sus posibilidades económicas.

En todo caso, esta medida, nuevamente es una muestra del compadreo de la Junta con los Bancos, lo que nos lleva a la conclusión que no va a tomar ninguna acción política o económica contra unos amigos a los que Vara les echa una mano en unos momentos en los que necesitan prestar dinero dado el exceso de liquidez que tienen en sus cajas.

 

4.- En conclusión, desde UED volvemos a insistir en que la vivienda es un derecho inalienable de las personas, al igual que el derecho al empleo, a la salud, a la educación, y por tanto, es algo que cualquier poder público debe intentar de satisfacer. No obstante, en nuestro mundo, el beneficio y la ganancia están por encima de cualquier interés de bienestar humano, algo que nos pone en la tesitura de trabajar políticamente para cambiar el orden de las cosas anteponiendo la conquista de una vida digna y de bienestar antes que el beneficio y la ganancia a la que nos someten quienes están al servicio de los poderes económicos.