sábado, 27 de septiembre de 2014

La ASOCIACIÓN DEFENSA PÚBLICO (ARDP) Y LOS CAMPAMENTOS DIGNIDAD SOLICITAN LA APLICACIÓN DE UNA TARIFA SOCIAL DEL AGUA.


 

Para la ONU, el acceso al agua forma parte del marco de los DERECHOS HUMANOS. Ese acceso se menciona ex­presamente, por ejemplo, en la Convención sobre los Derechos del Niño, la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer y la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad. En 2002, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas aprobó su Observación general Nº 15 sobre el derecho al agua, en la que este derecho se definió como el dere­cho de todos “a disponer de agua suficiente, salubre, aceptable, accesible y asequible para el uso personal y doméstico”. Varias constituciones nacionales protegen el derecho al agua o enuncian la responsabilidad general de las Administraciones Públicas de asegurar a todas las personas el acceso al agua potable y a los servicios de saneamiento.


Las causas básicas de la actual crisis del agua y el saneamiento radican en la pobreza, las desigualdades y en las relaciones de poder, circunstancias agravadas por la situación económica que atravesamos. El agua es un elemento básico para la vida que debe ser garantizado por las administraciones públicas. Muchas familias no pueden pagar un consumo mínimo de agua porque los miembros de la familias están en paro, porque los salarios son insuficientes o bien porque las pensiones que cobran los mayores y con la que sobrevive el resto de la familias apenas llegan para alimentos y medicinas. En algunos casos, como se dan en esta y otras localidades, ni eso, no entra absolutamente nada en la economía familiar y se vive gracias a la caridad o de lo que otros pueden ayudar.

Desde la ARDP  y los Campamentos Dignidad de Extremadura, junto con otros movimientos y organizaciones sociales y políticas, venimos insistiendo a las Administraciones Públicas, en este caso, a los Ayuntamientos,  para que tomen las medidas más adecuadas destinadas a que no se corte el agua a las familias que por diferentes motivos, en su mayor parte derivados de la actual situación económica, carecen de medios para pagarla. En este sentido, SOLICITAMOS al Ayuntamiento que establezca una TARIFA SOCIAL PARA EL AGUA que tenga en cuenta unos consumos mínimos para la gente más necesitada, al objeto de evitar los cortes que sin duda suponen un recorte de los derechos humanos más básicos e imprescindibles para la vida. Los Ayuntamientos disponen de los medios humanos y técnicos más que suficientes para regular y garantizar las bases determinen qué familias pueden necesitar de esta TARIFA SOCIAL que facilite los consumos e impida los cortes de agua.