jueves, 30 de agosto de 2018

RESPUESTAS A COMENTARIOS SOBRE LAS CAMPAÑAS AGRÍCOLAS


Consideraciones y propuestas relacionadas con las campañas agrícolas

Llaman la atención las recientes declaraciones de algunos dirigentes agrícolas indicando que no es comprensible que haya tanta escasez de mano de obra en Extremadura para la realización de ciertas actividades de temporada a pesar del elevado número de parados como indican las estadísticas. Tampoco entienden que con el elevado número de jornadas de trabajo que se dan en las diferentes faenas, los obreros/as agrícolas no puedan presentar 30 peonadas, y  además quieran que se eliminen como requisito para acceder a la renta o al subsidio agrario en períodos de desempleo.

En síntesis, los representantes de la Organización Agraria dan a entender que los obreros/as agrícolas extremeños no están interesados en ocuparse en la vendimia o en las diferentes faenas agrícolas. Lo que se dice no se corresponde con la realidad, sólo hay que dar una vuelta por los pueblos de Tierra de Barros para comprobar la disposición y necesidad de empleo para españoles y extranjeros. Otra cosa bien diferente es que los salarios, las horas de trabajo, los destajos, los desplazamientos, los tiempos de bocadillo y otras condiciones laborales determinen que haya trabajadores que no se resignen a aceptar una sobreexplotación laboral que denigra su dignidad humana y los considera como animales.

De todos modos, quisiéramos hacer algunas propuestas para estas próximas campañas agrícolas.

Hay que aumentar la vigilancia en el campo con más Inspectores de Trabajo. En estos períodos, especialmente en el de la vendimia, se concentra una abundante mano de obra foránea en nuestros pueblos viviendo en unas condiciones de enorme precariedad, en naves y pisos pateras, situación que es aprovechada por algunos Patronos Agrícolas desalmados para llevar a cabo una sobreexplotación laboral de esta mano de obra pagando salarios muy por debajo de lo que marcan los convenios provinciales.  

La presencia en el campo de muchos más Inspectores de Trabajo para vigilar el cumplimiento de las normativas laborales sería un elemento necesario para combatir la sobreexplotación laboral que tanto daño hace a la clase trabajadora, haciendo inútiles los convenios y tirando por los suelos los salarios, y porque la enfrenta y divide, creando brotes de racismo y xenofobia que se trasladan al conjunto de la sociedad.

Hay que negociar un nuevo convenio colectivo que recoja con más fuerza que el actual los intereses de los trabajadores y trabajadoras del campo.

El convenio agrícola tiene una vigencia desde el 1 de enero de 2016 hasta el 31 de Diciembre de 2018. Por tanto, ahora, es un buen momento para que las Organizaciones Sindicales comiencen a dar los pasos para la negociación de una nueva normativa que modifique hacia arriba, ampliamente, los salarios establecidos en el vigente convenio, excesivamente bajos y muy inferiores a los ingresos que precisa una familia normal para vivir dignamente; son cantidades que están muy por debajo del umbral de la pobreza.

En 2017 el umbral de pobreza en España fue de 8.522 € por persona. En el caso del umbral de pobreza por hogar, compuesto por dos adultos y dos menores de 14 años, era de 17.896 € euros. Los obreros agrícolas eventuales, extranjeros o españoles, no alcanzan ni mucho menos estos ingresos. Según los datos de la Red Europea contra la Pobreza y la Exclusión Social, un total de 330.000 personas se encuentra en situación de riesgo de pobreza en Extremadura, un 35,8% de la población.

El convenio provincial agrícola se firmó en el año 2016 con vigencia de tres años, hasta el 31 de diciembre de 2018, de acuerdo a la tabla que se acompaña.



Desde el 1 de enero de 2016 se ha producido una subida importante en la luz, el teléfono, el gas, la gasolina, y en otros muchos elementos de consumo que han influido muy negativamente en el nivel de vida en nuestros pueblos. Según los datos estadísticos, la subida del IPC en Extremadura desde el 1 de enero de 2016 hasta julio de 2018 ha sido del 4,5 %, mientras que los salarios fijados en los convenios suben globalmente el 1,1%, es decir suben unos 40 céntimos desde 2016 hasta diciembre de 2018.

El nivel de los salarios fijados en el convenio agrícola para las diferentes faenas es una muestra evidente de la relación de fuerzas que existe en Extremadura entre trabajo y capital; hoy por hoy, muy favorable a los dueños de los medios de producción, es decir, al Capital. En el estado de cosas actual, es una obviedad decir que la capacidad reivindicativa para alcanzar mejoras salariales es muy insuficiente, por lo que un objetivo prioritario del movimiento obrero debe ser la recuperación de su organización y de la influencia sindical en el campo que está prácticamente desaparecida. Desde los Campamentos Dignidad y la Organización en Defensa de lo Público estamos intentando colaborar en este cometido con mucha voluntad pero con unos medios muy limitados.

Los ingresos anuales que proceden de los trabajos eventuales y los subsidios obtenidos durante el período de desempleo apenas llegan a las familias de los trabajadores agrícolas para satisfacer sus necesidades básicas del día a día. La realidad es que para mejorar su nivel de vida y alcanzar un mínimo bienestar que les permita superar los umbrales de la pobreza se debieran pagar salarios de 100 euros, como mínimo. Las mejoras salariales propiciarían un aumento del consumo que repercutiría en el conjunto de la sociedad extremeña, y en su desarrollo económico.

Hay que eliminar de una vez la justificación de todas las Peonadas.  Los trabajadores y trabajadoras agrícolas tienen que justificar que tienen una serie de jornadas realmente trabajadas para poder cobrar la renta o subsidio agrario durante el período en el que están en el desempleo. A estas jornadas reales de trabajo se les llama vulgarmente “peonadas”. Ciertamente, es una necesidad que el gobierno elimine la presentación de estas jornadas reales como requisito para acceder a la renta o al subsidio agrario.

 Para los obreros/as agrícolas es difícil conseguir las peonadas de referencia, y no sólo por la dificultad de encontrar trabajo sino también porque buen número de patronos no se las quieren firmar. En definitiva, son muchos trabajadores/as los que tienen que comprarlas para juntar las necesarias que les permitan cobrar la renta agrícola o al subsidio agrícola, pagando desde 15 a 20 euros por peonada. Este hecho define un claro elemento de sumisión del obrero al patrón; es un ingrediente que condiciona de manera muy importante toda la relación laboral del lado del empleador, de tal manera que en muchas ocasiones no se piden a los Patronos las peonadas por miedo a que no se les vuelva a contratar.

En concreto, para el cobro de la renta agraria se necesitan 35 jornadas reales como mínimo, en el caso del subsidio agrícola se necesitan 20 jornadas reales pudiendo suplir las15 restantes con trabajos en el AEPSA. En la medida en la que se tengan más jornadas de las mínimas se cobra más oscilando desde el 80 % hasta el 107 % del IPREM. Es decir, desde unos 430 euros hasta unos 576 euros aproximadamente.  Los acogidos al subsidio agrario cobran 430 euros. Esta renta se cobra un máximo de 180 días para jóvenes desde los 16 años hasta un máximo de 300 días para personas mayores de 52 años. En general, el número máximo de días que se percibirán al mes se calcula restando a 30 el número de días trabajados o percibidos de prestación por incapacidad temporal, maternidad o paternidad.

Hay que perseguir el fraude a la Seguridad Social. Las organizaciones agrarias conocen perfectamente el “fraude consentido” o “legal” que se puede dar en las cotizaciones sociales a la seguridad social. El procedimiento establecido para que los Patronos den de alta y baja a los obreros/as agrícolas es tan flexible que quienes quieran defraudar puedan hacerlo fácilmente. El mecanismo permite que el patrón puede comunicar la baja en la seguridad social en un plazo de 6 días desde que se dejó de trabajar.

La sobreexplotación laboral en el campo está presente en muchas faenas agrícolas; por mencionar algunas de ellas podemos referirnos a las relacionadas con los ajos; aquí no se cumplen convenios, el destajo predomina en toda la labor, pagándose el kilo de ajo embolsado a unos  céntimos con lo que durante más de 8 horas de trabajo no se alcanza a cobrar unos 30 euros Y todo esto, teniendo a los trabajadores “de prueba” unas semanas, sin alta en la seguridad social. Y si esto ocurre entorno a los ajos, no dejemos de lado lo que ocurre en algunas fincas en las que se trabaja con gallinas, esto lo dejaremos para otro día, pero aquí las relaciones laborales son las del siglo XIX como tiempo más próximo.

lunes, 27 de agosto de 2018

"La exhumación de Franco y los Acuerdos Vaticanos" por FERMÍN RODRÍGUEZ CASTRO


La exhumación de Franco y los Acuerdos Vaticanos

Es urgente porque vamos tarde”, dice la vicepresidenta del gobierno, Carmen Calvo, para justificar el decreto por vía de urgencia que pueda permitir (¡por fin!) la exhumación “legal” de los restos del dictador, cuya tumba preside la basílica del Valle de los Caídos.

Demasiado tarde, diríamos otros, porque, efectivamente, como sigue diciendo: “un dictador no puede tener una tumba de Estado en una democracia …”. Presunta incompatibilidad que, sin embargo, se ha mantenido durante cuarenta años. Del mismo modo como se sigue manteniendo la impunidad de los crímenes franquistas, que ningún gobierno ni ley “democrática” se ha atrevido a resolver “en justicia”, pese a que han sido calificados, reiteradamente, por tribunales y organismos internacionales de Derechos Humanos de “crímenes de lesa humanidad”, que ni prescriben ni son amnistiables.

Por eso, además de muchos otros capítulos de la herencia franquista que obviamos aquí, cabe poner en cuestión el final de la frase de la ministra vicepresidenta, que da por hecho que estamos en una “democracia consolidada”. Porque, sin salirnos del mismo tema y apoyando este “gesto” del actual gobierno -fruto de una larga presión social y política-, tiene poco de democrático pretender, a la vez, la permanencia misma de ese aberrante monumento al crimen y que, además, se intente mantenerlo como “símbolo de reconciliación” entre víctimas y victimarios. Tanto más, cuando prolongando la impunidad de los crímenes franquistas, las víctimas republicanas aún no han sido reconocidas como tales, carecen del derecho a “Verdad, Justicia y Reparación” y, en modo alguno, fue decisión de ellos o de sus familiares compartir el “sagrado lugar” levantado, expresamente, para enaltecimiento de la “Cruzada”. Un monumento que, además, fue construido utilizando el trabajo forzado -con muchas muertes de por medio- de miles de presos políticos.

Aparte de la triquiñuela legal del decreto: “en el Valle de los Caídos sólo podrán yacer los restos de las personas fallecidas a consecuencia de la Guerra Civil española”, requisito que excluye a Franco (pero no al fundador de la Falange, José Antonio, por ejemplo), se adelanta el destino “reconciliador” que se quiere atribuir al lugar, nuevamente sin contar con la voluntad de los afectados.

Pero, en esta ocasión, también es preciso llamar la atención sobre una trama, que solo ha aparecido de soslayo y parcialmente en los medios y, digamos, a toro pasado. Se trata del papel de la Iglesia, que a través del arzobispado de Madrid y pasando por la propia abadía de los benedictinos -custodios del nefasto monumento y de su hospedería abierta a todo tipo de eventos fascistas-, nos lleva al propio Vaticano y a las facultades para una decisión determinante que le atribuyen los Acuerdos con la Santa Sede firmados el 3 de enero de 1979.  

Efectivamente, el primero de ellos, “ACUERDO ENTRE EL ESTADO ESPAÑOL Y LA SANTA SEDE SOBRE ASUNTOS JURÍDICOS, “prosiguiendo la revisión del Concordato vigente entre las dos Partes”, reconoce la personalidad jurídica de la Iglesia para “crear, modificar o suprimir Diócesis, Parroquias y otras circunscripciones territoriales, que gozarán de personalidad jurídica civil en cuanto la tengan canónica”. Así mismo: “El Estado reconoce la personalidad jurídica civil y la plena capacidad de obrar de las Órdenes, Congregaciones religiosas”. Y en su apartado 5: “Los lugares de culto tienen garantizada su inviolabilidad con arreglo a las Leyes. No podrán ser demolidos sin ser previamente privados de su carácter sagrado”; continuando en el siguiente: “El Estado respeta y protege la inviolabilidad de los archivos, registros y demás documentos (de las distintas instancias de la Iglesia)”. Concesiones, a las que se han añadido otras por distintas vías y cuyas consecuencias seguimos sufriendo “en democracia”.

Es, en función de estos Acuerdos y su prevalencia -por el carácter internacional otorgado-, sobre leyes y decretos nacionales, por lo que, antes de tomar la decisión y verla viable, el gobierno de Pedro Sánchez, se ha visto obligado a negociar con la Iglesia a todos los niveles. Tenía la llave.

Ahora sale a la luz y se aplaude la discreta labor “mediadora” que en ese sentido ha llevado a cabo Pedro Sánchez a través del lobby “Cristianos Socialistas” y, en particular, su dirigente Carlos García de Andoin, para lograr el placet privativo de la Iglesia. El arzobispo Osoro ha sido el primero que manifestó, tras su “cordial” entrevista con el nuevo inquilino de la Moncloa, su disposición a no poner trabas; y ahora declara que “la decisión corresponde al gobierno y a la familia”, a los que insta ponerse de acuerdo, y que “la Iglesia está dispuesta a recibir en su seno a un bautizado”. Para la Iglesia, tan sabia durante siglos para nadar y guardar los hábitos en todas las aguas, y muy celosa en atribuirse el monopolio de los valores morales: ¡Franco solo era y es un simple “bautizado”!, sin más connotaciones.

Pero las cosas no se quedan ahí. La familia había manifestado ante notario que dejaba en manos del prior del Valle de los Caídos, Santiago Cantera (candidato de Falange en los años 90), la responsabilidad de la custodia y permanencia de los restos de Franco. Como la orden benedictina, que tutela la basílica y tiene personalidad jurídica para defender la “inviolabilidad” del lugar sagrado, depende de la Abadía francesa de Solesmes, y ésta, a su vez, directamente del Vaticano, pues resulta que hasta el Papa ha llegado la cuestión, muy preocupado ahora por una imagen deteriorada por otros “pecados”. Como se decía en un artículo de hace unos días recogido en laicismo.org, al final, decisiones sobre temas políticamente importantes para nuestro país, se pueden tomar desde un “Estado” extranjero. El Concordato franquista de 1953 y su actualización con los post o para-constitucionales Acuerdos de 1979 lo permiten y avalan.

Si las jerarquías eclesiásticas no se hubieran avenido al acuerdo, se hubieran inclinado por blandir la “inviolabilidad” del lugar sagrado y, como amenazaba el prior benedictino, denunciar al gobierno “por profanación de tumbas”, añadido al derecho que asiste a los familiares para disponer sobre el traslado de los restos, probablemente la sentencia última en los tribunales no sería favorable a la decisión del gobierno. Está por ver el desenlace final.

Sin embargo, aquí nadie cede por nada. Parece que la “moderación” y “mediación” interna de Osoro ha sido a cambio de arrancar la garantía del gobierno sobre la permanencia de los Acuerdos con la Santa Sede. Y la familia Franco, a la que “en democracia” se le han prolongado y respetado privilegios y pingües negocios en continuidad con la herencia recibida, tendría mucho que perder si pusieran demasiado empeño en defender la figura y bochornosos honores hasta ahora dispensados al “Soldado de España”. Llevan razón: después de 43 años, todos tienen otros intereses más inmediatos de los que preocuparse.

Pero todo este affaire deja claro un hecho: los Acuerdos de 1979 con el Vaticano y los privilegios ahí protegidos para la Iglesia Católica siguen pesando como una losa y ningún “apaño” circunstancial -con la venia de la jerarquía eclesial- puede ocultar su intolerable raíz antidemocrática.

Son muchas las tareas y retos que tiene pendientes el movimiento laicista y democrático en nuestro país, pero, en modo alguno, hay que perder de vista que la Denuncia y Derogación de tales Acuerdos se sitúan en el centro de las prioridades, en tanto son la fuente y aval de la mayoría de los privilegios heredados de la dictadura de los que sigue disfrutando la Iglesia.



Fermín Rodríguez Castro