Autor: Paula Díaz.Fuente: Publico
"El aborto inseguro es una de las cuatro causas
principales de mortalidad y morbilidad materna [...] Casi todas las
muertes por el aborto inseguro ocurren en países donde el aborto está
rigurosamente prohibido por la ley. Cada año, aproximadamente 47.000 mujeres mueren debido a complicaciones del aborto inseguro". Estas son sólo algunas de las contundentes sentencias recogidas en la guía para un "aborto sin riesgos" de la Organización Mundial de la Salud (OMS) a la que el titular de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ha hecho caso omiso. Obviando todas estas recomendaciones internacionales, el ministro consiguió ayer el visto bueno del Gobierno para restringir la ley del aborto a términos que devuelven a las mujeres a hace más de 30 años.
En el anteproyecto de Ley Orgánica para la protección de la vida del concebido y de los derechos de la mujer embarazada (así se llamará la nueva norma) se permite la interrupción voluntaria del embarazo sólo en dos casos:
cuando la mujer haya sido violada (hasta las 12 semanas de gestación), y
cuando esté en riesgo su salud física o psicológica (hasta las 22
semanas). Este último supuesto incluye también el de malformación fetal, pero sólo cuando el embrión sea inviable y ello pueda suponer trastornos psicológicos para la madre.
Además, la mujer necesitará tener el visto bueno de hasta dos facultativos
que acrediten tal situación para poder abortar. Y deberá someterse al
"consentimiento informado" y al permiso paterno —en caso de las menores
de edad— en cualquiera de los supuestos.
