viernes, 22 de abril de 2016

EL PSOE Y EL PP RECHAZAN LA MOCIÓN SOBRE LA LAICIDAD PRESENTADA POR LA ORGANIZACIÓN DEFENSA PÚBLICO (ODP)EN EL PLENO DE VILLAFRANCA DE LOS BARROS.





Art. 16.3 de la Constitución Española
“Ninguna confesión tendrá carácter estatal. Los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones”.



A pesar de que en la Constitución Española, el art. 16.3 establece que “ninguna religión tendrá carácter estatal” ha sido en la práctica, la otra parte del artículo (“Los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones”), el que ha configurado buena parte del desarrollo legislativo en este país. 

Así, los acuerdos del Estado Español con el Vaticano, (el Concordato franquista de 1953, renovado con los Acuerdos de 1976 y 1979 con la Santa Sede), la Ley de Libertad Religiosa de 1980, junto con otras leyes y decretos, en particular los referidos a la Enseñanza, han configurado el conjunto de normas que rigen buena parte de los comportamientos sociales y políticos que tenemos en la actualidad y han permitido que la iglesia católica haya heredado buena parte de los privilegios propios del nacional catolicismo del régimen franquista.  

Por lo que no hay ninguna duda para nosotros de que en la actualidad siguen siendo objetivos democráticos, la separación de la Iglesia-Estado y la NO identificación de las Instituciones Públicas con una confesión religiosa determinada.

 En esta línea democrática, el concejal de la ODP, Cristóbal Torres, presentó la moción sobre la Laicidad, en el Pleno celebrado el día 21 de Abril, en el Ayuntamiento de Villafranca de los Barros, que por cierto, fue rechazada por el PSOE Y EL PP.

 En la exposición de la moción y en el desarrollo de la misma, Cristóbal Torres, puso de manifiesto de una manera muy contundente algunos principios en los que tenemos que trabajar para avanzar hacia un Estado verdadero láico y democrático:

1.- Los poderes públicos deben proteger el derecho a la libertad de conciencia y de expresión de todas las personas en condiciones de igualdad y no discriminación

2.- Los poderes públicos y sus instituciones están obligados a la neutralidad, en su ámbito competencial, en el marco de la autonomía de lo político (y por tanto de lo público) frente a las creencias o convicciones particulares, tanto de índole religiosa como de cualquier otra naturaleza.  

3.-Por lo que no existirá simbología de ninguna ideología o creencia de carácter particular en los actos oficiales y en los espacios de titularidad pública, del mismo modo que los actos de ideologías o confesiones particulares no tendrán carácter “oficial” ni contarán con la asistencia de autoridades y funcionarios públicos en cuanto tales.

4.- Todas las personas como ciudadanos son libres de asistir a cualquier acto de índole religioso, y por tanto, nuestro máximo respeto a todas los actos y credos de las confesiones religiosas.
 LA MOCIÓN FUE RECHAZADA CON LOS VOTOS DEL PSOE Y DEL PP.

domingo, 17 de abril de 2016

NOTA DE PRENSA DE LA ODP: Los cortes de agua, el clientelismo y los servicios sociales.



SOBRE LOS CORTES DE AGUA, EL CLIENTELISMO POLÍTICO Y LOS SERVICIOS SOCIALES.
Desde la ORGANIZACIÓN EN DEFENSA DE LO PÚBLICO (ODP) queremos poner de manifiesto que todas nuestras propuestas se hacen con el máximo respeto a todas las personas pero sin ceder un mínimo en la crítica de aquellos planteamientos políticos con los que estemos en desacuerdo. 

Todas nuestras proposiciones han ido siempre con la idea de avanzar en la transparencia municipal, en la defensa de las clases trabajadoras y poner barreras al clientelismo político.
De aquí, nuestra reclamación insistente de que no se le corte el agua a quien la necesita para vivir dignamente, y evitar que en el desarrollo de las políticas municipales y regionales surjan actitudes, suspicacias y/o consideraciones que lleven el germen o que den origen a comportamientos clientelares. 

Por eso, conviene recordar a la Concejala de Servicios Sociales de algo que se olvida en sus declaraciones, y es lo que más nos interesa a todos, ¿de qué modo y manera va a proceder el equipo de gobierno municipal para evitar que se den más cortes del suministro de agua?. Puesto que debe conocer que hace pocas semanas se le ha cortado el agua a un número importante de familias de la localidad.

Recordamos, una vez más, una serie de consideraciones que deberían tener un valor extraordinario para evitar cualquier tipo de clientelismo político y aumentar la participación democrática de la que tanto se habla:

1.-CONCERTAR CON LA EMPRESA ACCIONA UNOS SUMINISTROS MÍNIMOS.
En el caso de las ayudas que tienen origen en los presupuestos Municipales destinadas para hacer frente a las facturas del consumo de agua, en varias ocasiones, hemos expresado nuestro desacuerdo con el mecanismo que se sigue para concederlas. No estamos de acuerdo que se realicen a través de las organizaciones caritativas (CRUZ ROJAS, CARITAS, O UNA CONCEJALÍA DETERMINADA). Entendemos que de este modo, se puede dar el caso de que haya personas que por diversas circunstancias no quieran recurrir a estos mecanismos caritativos y se queden sin acceder a estas ayudas. Lo que planteamos es que el Ayuntamiento concierte con ACCIONA unas cantidades mínimas del consumo de agua para las familias que pasan por dificultades y no pueden pagar estos servicios. Pensamos que de este modo se aumentan las barreras contra las actitudes y los comportamientos políticos clientelares.
  
2.-INFORMACIÓN EN LAS AYUDAS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE EXTREMADURA.
En cuanto a los fondos que se han recibido, se reciben o se puedan recibir con cargo a las Subvenciones de la Junta de Extremadura por la aplicación del decreto que regula Los Mínimos Vitales, tenemos que decir lo que hemos repetido ya en varias ocasiones, es necesario una mayor información pública a la población para que las personas que puedan acceder a ese decreto se informen y lo soliciten. Por eso, una vez más, solicitaremos en el próximo pleno información acerca de la actividad municipal relacionada con las subvenciones reguladas en este decreto. No hay dudas de que el control y la información a los concejales y a los vecinos sobre la marcha de estos asuntos es importante como antídoto de las actitudes particularistas y clientelares.

3.-COMISIONES DE EMPLEO TRANSPARENTES PARA CONTRATACIÓN TRABAJADORES.
Otra cuestión que recordaremos en el próximo pleno son las Comisiones de Empleo. El único objetivo es el de hacer transparente la contratación de trabajadores o trabajadoras que aceden a los puestos de trabajo con los fondos del Municipio. Es un elemento político que voluntaria e involuntariamente pone barreras a los comportamientos clientelares.

4.-SE ESCONDEN DETRÁS DE LAS TRABAJADORAS SOCIALES PARA HACER FRENTE A LAS CRÍTICAS.
 En cuanto a las declaraciones realizadas por la Concejala del Equipo de Gobierno, no queremos entrar en debates bizantinos pero sí queremos aclarar algunas cosas:
Nos parece que desde el gobierno municipal, personificado en la Concejala de Servicios Sociales, se siguen los métodos burdos de la vieja política que se utilizan para defenderse de las críticas legítimas que se hacen a su gestión municipal. El método que utilizan es bien sencillo se esconden detrás de las Trabajadoras Municipales y dan a entender a la opinión pública que nuestra crítica va contra las personas que trabajan en los Servicios Sociales. De este modo, la Concejala y el Equipo de Gobierno aparecen en la escena como los buenos de la película defendiendo a las Trabajadoras Sociales”. 

No deberían tratar de embrollar las cosas, cuando nos referimos a comportamientos clientelares estamos hablando de actitudes políticas. Nunca hemos hecho referencia a las Trabajadoras Sociales. Ellas tienen que realizar su trabajo como cualquier empleado municipal y nada más.

En todo caso, para defender y facilitar el trabajo que desempeñan las trabajadoras sociales lo que debiera hacer el Equipo de Gobierno, como ya le demandamos en alguna otra ocasión, es exigir a la Junta de Extremadura el cumplimiento la Ley de Servicios Sociales. Esta ley de aplicación en Extremadura, establece en su artículo 15, que en las localidades debe haber un trabajador o trabajadora social por cada 3000 habitantes. Por lo que teniendo en cuenta el número de habitantes de Villafranca nos corresponderían más personal en los servicios sociales. Eso es lo que debiera hacer el equipo dirigente del Municipio exigir a la JUNTA DE EXTREMADURA que cumpla la ley en materia del número de personas destinadas en los servicios sociales.