miércoles, 16 de diciembre de 2020

¡Ningún ser humano es ilegal! ¡¡ Nativa o extranjera, la misma clase obrera!!

 


Día Internacional del  Migrante

Demandamos la derogación de las leyes de extranjería contrarias a los derechos humanos

El movimiento migratorio mundial alcanza cuotas nunca conocidas de sectores explotados y oprimidos de población que buscan sobrevivir en medio de la guerra, de la profunda recesión económica internacional; de la represión, la hambruna, la desigualdad social y la falta de oportunidades.

 Las principales potencias mundiales no han dejado de levantar muros, y leyes contrarias al derecho a la migración. Europa, como EEUU, no hace sino cerrar sus fronteras a los migrantes mientras saquea los recursos mundiales de países y continentes enteros, pisoteando su soberanía nacional y favoreciendo gobiernos afines a las políticas neoliberales, propios del sistema capitalista.

 Esa ofensiva contra los derechos de los migrantes se ha multiplicado con la pandemia del coronavirus Covid-19, tomando como eje la privación de libertad, la limitación del procedimiento de retorno; multiplicándose las deportaciones judiciales y extrajudiciales. 

Los migrantes que superan todos los obstáculos comprueban como los permisos de residencia se limitan más y más, condicionados a la compra de bienes inmuebles; mientras que los permisos de trabajo quedan en suspenso por problemas administrativos.

 Los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIEs) se han convertido en prisiones para migrantes que no han cometido delito alguno, lo que cuestiona los principios esenciales del Estado de Derecho.

 Las políticas contra los derechos humanos de migración que aplica el Gobierno son, por todo ello, contrarias a los derechos democráticos y sociales más elementales, y generan más desigualdad e injusticia, más racismo y xenofobia.

  Por ello, a Las Cortes Generales y al Gobierno exigimos que acabe la represión contra la migración, lo que supone la derogación de toda la legislación contraria a los derechos humanos y el cierre de los CIEs.

Por la Resistencia y Solidaridad con nuestros hermanos de los diferentes países de origen

jueves, 3 de diciembre de 2020

Declaración política de la secretaría general: FUERZAS ARMADAS Y DEMOCRACIA





La cercanía del 6 de Diciembre nos debe hacer reflexionar acerca del carácter de la Constitución vigente y los “ruidos de sables” que atronaban cuando se redacta el texto constitucional. Ruidos de sables que regresan ante el silencio del monarca al cual se dirigen sus propuestas políticas golpistas. Pero no solo en sectores del ejército (siempre los portavoces de las últimas intentonas han sido militares retirados), sino que en las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado incluida alguna, si bien muy escasa incidencia en las policías locales, están firmemente penetrados por la ideología de extrema derecha y por tanto anti-democrática.

Desde los partidos de la Plaza de Colón se han promovido sindicatos policiales altamente politizados con sesgos extremistas de derechas. De nada ha servido que el gobierno de coalición les haya subido los sueldos. Hay que actuar y ya. Resulta chocante poner el modelo alemán como ejemplo, por otro lado muy severo, pero allí han sido expulsados sin contemplaciones militares profesionales pro-nazis e incluso han disuelto unidades de fuerzas especiales. Por tanto los ministros de interior y ministra de defensa deben dejarse de paños calientes y pasar a la acción o ser cesados. Máxime cuando un general en la reserva alude a realizar un limpieza política fusilando a la mitad de la población del reino de España, vamos ni Pol Pot llegó a tanto, solo Hitler ejecutó tales razias en masa.

La transición tal y como era su obligación ni limpió la policía ni la Guardia Civil de torturadores, ni nunca inició una “desfranquización” del ejército. Es más la Constitución se redactó con el ruido de los motores de los carros de combate de la Acorazada Brunete escuchándose y buscando nada más y nada menos que en Juan Carlos I la garantía de frenar los cuarteles. De esos polvos, estos lodos.

No es posible un golpe en estos momentos, quiero pensar, es difícil, pero si crear un clima de amedrentamiento en la población y un envalentonamiento de los sectores más violentos de la extrema derecha y actitudes temerosas en la izquierda oficialista y pro-gubernamental- o entre monárquicos del arco parlamentario más liberal.

Por tanto exigimos responsabilidades, depuración y reclamar del jefe del estado una posición clara y manifiesta de rechazo a los neo-franquistas, aunque personalmente le duela. En los entornos del 6 de Diciembre hay que volver a recordar que la constitución del 78 está caducada e inservible, la corona desprestigiada y que hay que iniciar un proceso constituyente. Sin proceso constituyente y una constitución democrática, no habrá democracia en el estado español.

Carlos Martinez

Secretario General del PSLF

sábado, 28 de noviembre de 2020

EN DEFENSA DE LA SANIDAD PÚBLICA

Campamento Dignidad y Mérida Solidaria como componentes de la CAS (Coordinadora Anti-privatizaciones de la Sanidad Pública) han continuado este viernes los actos por la defensa y potenciación de la Sanidad Pública. En esta ocasión, hemos visitado el centro de salud del polígono en Mérida, y delante de la Consejería de Sanidad.

 

Para combatir la Pandemia del COVID-19 y ofrecer una asistencia de calidad a aquellas personas que se encuentran con otros problemas de salud diferentes, es de vital importancia la defensa y potenciación de la SANIDAD PÚBLICA. En este orden de cosas consideramos:

 

1.- La sanidad extremeña necesita de inversiones en planes de salud, especialmente en la contratación de personal sanitario y de quienes realizan diferentes laborales en los centros de salud y hospitales, trabajadores/as para la atención al público, limpieza, servicios múltiples, etc.

 

2.- La atención sanitaria presencial en los centros sanitarios tiene que ser al 100 %.

A las personas enfermas no se las reconoce ni se les detecta un mal momentáneo o una enfermedad telefónicamente. El personal sanitario necesita ver la cara de los enfermos. El teléfono puede servir para arreglar alguna cuestión burocrática, pero nunca para diagnosticar y dar soluciones a una enfermedad. 

 

3.- La lucha contra los contagios requiere de personas que realicen medidas preventivas. Para ello, hay que proceder a la contratación de controladores de las temperaturas, especialmente, en lugares públicos, y de una intensificación en la realización de PCRs; además de otras medidas ya conocidas: mascarillas, distancias físicas entre personas, etc.

 La gente se siente desamparada por muchas razones. Así, no se entiende que se den de altas en los hospitales y se envíen a casa a personas que llevan dos días con el COVID-19 y se les diga que debe permanecer confinado y hasta que no transcurra él período de confinamiento anunciado no debe salir de casa, así sin más, sin control sanitario alguno.

No entendemos el procedimiento que se ha puesto en marcha recientemente por la consejería de sanidad: las personas que han estado en contacto directo con alguien que ha dado positivo se les confine sin más, sin control alguno, sin pasar por un PCR, durante un período de tiempo.

 

4.- Tras la constatación de repetidos sobornos por parte de las multinacionales farmacéuticas a gobiernos y expertos, incluso de la OMS, exigimos que las vacunas que se utilicen provengan de laboratorios públicos. Cuando se va a vacunar a millones de personas, y el correspondiente negocio multimillonario detrás tenemos que sospechar que puedan violarse las imprescindibles medidas de seguridad.

Queremos, una información clara sobre el despliegue de las futuras vacunas y su utilización. Estamos asistiendo a un conjunto de informaciones oficiales que nos dan la impresión que pretenden trasladar el mensaje a la población de que todo estará resuelto en pocas semanas.

 

5.- Consideramos de la máxima importancia que se potencie la investigación en los centros públicos, sanitarios y universitarios, sobre las vacunas y todo lo que sea necesario para combatir esta pandemia.

Hasta ahora todo se supedita a lo que hagan las grandes multinacionales y compañías farmacéuticas que están recibiendo cientos de millones del Estado Español, y de otros estados europeos que aspiran a obtener mayores ganancias de las que ya obtienen especulando con la venta de la vacuna. Hasta ahora, la ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD no ha dado el visto bueno a ninguna vacuna.

miércoles, 25 de noviembre de 2020

El gran negocio de las vacunas

Las vacunas contra el #Covid19 están demostrando no ser más que otro negocio más para las compañías farmacéuticas y con exclusivo ánimo de lucro y por cierto este, de miles de millones.

1.- La mayor parte de las inversiones en la vacuna anti #coronavirus han sido subvencionadas y/o apoyadas por fondos públicos estatales, es decir dinero de todas y todos, en todo el mundo incluidos estados que son la meca del capitalismo.

2.- La Organización Mundial de la Salud no ha autorizado todavía ninguna. La mayor parte de las noticias sobre las vacunas, no son sino notas de prensa que provocan subidas en las bolsas y ganancias millonarias para algunos ejecutivos. Además los gobiernos occidentales, los países más ricos están ya comprando millones de dosis de vacunas no aprobadas ni suficientemente testadas. Es inmoral, es corrupción.

3.- El gobierno de España a través del ministro Illa afirma que serán gratuitas y miente, pues las pagamos de nuestros impuestos, o acaso las regalan. Además no se ha esperado a ver cómo van las investigaciones españolas, que son muy serias y científicas o las potentes investigaciones chinas y comprobar su precio y calidad. 

En lugar de potenciar una industria pública farmacéutica española y crear tejido industrial propio o comparar precio y calidad de todas, e incluso buscar alianzas estratégicas con farmacéuticas públicas del mundo, nos vendemos a multinacionales de los EE.UU, Alemania o Gran Bretaña y se favorece el negocio privado extranjero.

4.- Las Comunidades autónomas en su inmensa mayoría han fracasado, mentido, en algunos casos en medio de afirmaciones ridículas que serían para reír sino fuera que provocan crímenes, o cometen locuras y despilfarros, participando en un concurso de haber quién es más inconsciente en lugar de invertir más en atención primaria, crear plazas en la sanidad pública y proteger a la población en lugar de solo a los negocios y un supuesto salvar la navidad en medio de centenares de muertes y por tanto de crímenes como los que diariamente tienen lugar entre otros en la residencias de mayores que ya debieran haber sido nacionalizadas.

5.- Es por eso que el Partido Socialista Libre Federación exige la nacionalización de la industria farmacéutica y de toda la sanidad. Basta de hacer negocio con nuestra salud y nuestras vidas. Basta de mentir, basta de con dinero público favorecer negocios y capitales privados.

6.- Es difícil cumplir el calendario de vacunaciones expuesto, además por motivos ideológicos y de negocio la derecha y la extrema derecha van a poner palos en las ruedas de un gobierno muy débil con los poderosos y los grandes capitales.

La pandemia está requiriendo de un gran esfuerzo público. Lo que está demostrando dos cosas: a) que lo público es imprescindible y b) el fracaso del sector privado que sin impulso estatal nada puede hacer, pero que a toda costa quiere hacer negocio y pillar fondos públicos.

Vamos la lógica liberal y neoliberal, que es expropiar a las personas para convertirlas en mercancía y mercado.

Desde el PSLF pensamos que es la hora de lo público y repartir, no convertir a la sociedad en el negocio privado de unos pocos y menos a costa de nuestras vidas.  

jueves, 19 de noviembre de 2020

Lucha por la memoria laica y democrática

 

En estos días se cumple el 45 aniversario de la proclamación por las Cortes franquistas de Juan Carlos de Borbón como rey. Aniversario que el Emérito va a celebrar con el botín cosechado desde su lujoso refugio de los Emiratos, y que sus descendientes lo harán desde el uso y disfrute de la jefatura del Estado, protegidos todos ellos por una supuesta democracia que desahucia todos los días a cientos de familias de sus casas, que llena las calles de colas de parados y de familias atenazadas por el hambre.

La Memoria histórica y democrática no es un asunto del pasado, aunque quienes legislan sobre estos asuntos de tanta importancia traten, de una u otra forma, de limitar su alcance político e institucional.

Ellos parten de la defensa incondicional del régimen que ayudaron a construir a la muerte del dictador, como si se tratase de un terreno conquistado al que no están dispuestos a ceder, por mucho que tengan en contra el derecho internacional y a buena parte de la población.

De forma que desde el Gobierno y desde las mismas Cortes tuercen y retuercen los términos para tratar, sea como sea, de mantener la impunidad de los crímenes del franquismo; en tanto que la impunidad se ha constituido en la base de sustentación del régimen constitucional del 78. La ilegalización del franquismo y del “atado y bien atado” franquista, establecido mediante un régimen corrupto, vitalicio y hereditario, es la asignatura pendiente de la lucha por la democracia y de la laicidad contra los privilegios de la Iglesia.

Todo el entramado de la impunidad ha sufrido un gran deterioro, que obliga a leyes y a decisiones políticas cada vez más confusas e inconcretas para tratar de salir del atolladero. Entendemos que el muro de la impunidad se ha comenzado a romper con la sentencia sobre el Pazo de Meirás y, pese a leyes como la que ahora presenta el gobierno como una ley democrática, no es sino un nueva ley de impunidad. 

La crisis del régimen lleva meses y meses abierta de par en par, desde la cúspide, aunque los votos del PSOE, del PP y de Vox traten de bloquear en las Cortes todo intento de arrojar luz sobre los asuntos de abuso de poder, de grandes cuentas secretas y escándalos internacionales…

 La sentencia de la juez de Coruña sobre la “simulación” de los Franco con el Pazo de Meirás -y puede que con muchos bienes más del botín de guerra- deberá ser puesta sobre el tapete político y judicial a la hora de investigar, juzgar y sentenciar todos y cada uno de los casos de corrupción de Estado.

 

domingo, 15 de noviembre de 2020

Guerra comercial: pandemia, recesión… Especulación y competencia con los tratamientos y vacunas

En estos días se pone de relieve que los ingresos hospitalarios por la pandemia del coronavirus están a punto de alcanzar, en segunda ola, los peores datos conocidos, tanto en número de afectados como de fallecimientos.

En pocos días se puede superar lo que supuso la primera ola iniciada el pasado mes de marzo. Lo que nos da a entender que la salud pública en España está siendo particularmente perjudicada por los efectos de una incompetente gestión sanitaria de las administraciones públicas, sometidas a los intereses de las empresas privadas y a leyes privatizadoras; renunciando a presupuestos extraordinarios que pudiesen reforzar, de forma adecuada, a la sanidad pública frente a los negocios de la privada.

La desatención médica, las listas de espera interminables, la falta de medios de prevención, no hacen sino agravar los efectos dramáticos de la pandemia entre los sectores más expuestos de la población y, en particular, a los internados en residencias de tercera edad.

El desmantelamiento de la Atención Primaria, la no extensión de los test, y la general ausencia de rastreadores, han sido las consecuencias nefastas de la falta de financiación y medios, a lo que se ha unido las prisas oficiales en el pasado mes de junio por relanzar el turismo, convertido por exigencias de la UE en industria básica nacional.

Detrás de este contexto de no soluciones sanitarias y de salud pública, no hay otra cosa que el intento de salvar los negocios de los grandes propietarios de la economía (es decir el régimen de explotación de unos pocos) con nuevos nichos para la corrupción. Y todo ello en detrimento del derecho a la seguridad y a la salud de todos, de lo que dependen los derechos sociales, la vida y el trabajo.

Con el hundimiento de la oferta y la demanda, lo que empezó siendo una crisis por la falta de oferta se transformó rápidamente en ausencia de demanda en tanto que el confinamiento había hundido una buena parte del consumo: la crisis cíclica más grave desde la depresión de 1929 y de la misma Segunda Guerra Mundial (1939-1945).

La destrucción masiva de puestos de trabajo y de empresas se está tratando por los gobiernos con las recetas del FMI, con el aumento generalizado de la deuda pública, con subvenciones multimillonarias a empresas y bancos de una parte, aliñadas con medidas parciales de sostenimiento de parados coyunturales y crónicos, de otra.  

La barra libre de dinero para bancos y grandes empresas no llega a sectores importantes de la población, y ello pese al bajísimo interés del dinero, que en algunos países llega a ser negativo.

La duración de la pandemia, indeterminada a día de hoy, es una de las claves de todos los pronósticos acerca de la posible recuperación económica y de los posibles ritmos y formas de dicha recuperación.

El capital, ante la parálisis inversora, está dirigiendo su actividad hacia las formas más especulativas, en una carrera contra reloj por las medicinas más eficaces y costosas para su tratamiento, y en la más descarnada competencia por obtener la vacuna que nos salve del virus.

La competencia y el pelotazo económico que comenzó con las mascarillas, los respiradores y la misma vestimenta protectora de los trabajadores sanitarios…, se ha extendido a la producción del “Remdesivir” como tratamiento más apropiado para los infectados, y sobre todo de las vacunas anti-covid-19.

Antes de las elecciones norteamericanas, la administración Trump, mientras acusaba a China de ser responsable de la pandemia, acaparaba toda la producción de “Remdesivir” (500.000 dosis) estableciendo un contrato cerrado de monopolio con un  precio abusivo de 390 dólares la dosis, y de 2.340 dólares el tratamiento de cinco días, cuando el precio de producción que la propia multinacional señala es de 6 euros unidad. Un verdadero atraco a la salud pública aprovechando la pandemia para acumular inmensos beneficios para las multinacionales. Sabido es que en EEUU está prohibida por ley la regularización de los precios de los medicamentos, que son financiados por el Estado, pero cuyo beneficio es totalmente privado.

Medicamentos y vacunas que vendrán a crear una desatención sanitaria por falta de presupuestos que puedan hacer frente a los precios especulativos de los mismos, y al mismo tiempo la acumulación de una inmensa deuda pública impagable.

Por ello se ha agravado la guerra entre multinacionales y empresas farmacéuticas de diferentes países, entre los mismos Estado con múltiples proyectos de vacuna, con 129 proyectos iniciales que parece que con el tiempo se han reducido a 8, que son los mejor financiados. Sea como sea, tanto para el tratamiento médico adecuado del covid19 como para la vacuna, queda un largo camino lleno de obstáculos que podría allanarse con la colaboración internacional.

Tratamiento y vacuna que sólo llegarán a una parte de la población. Por lo que la lucha por una sanidad pública y de calidad, y la necesaria nacionalización de las empresas farmacéuticas privadas, permitiría medicamentos y tratamientos adecuados para todos, exigencias sociales y democráticas que se constituyen en nuestros días en demandas decisivas para salvar la humanidad de la pandemia.

 

 

jueves, 12 de noviembre de 2020

LOS RECORTES EN LOS SISTEMAS DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL VIENEN DE LEJOS

 

El estado actual en el que se encuentran los sistemas de protección social, tanto el sanitario como el de la dependencia, llevan a preguntarnos si no es posible que fueran deficitarios mucho antes de esta pandemia.

 

Durante años se han desmantelado los sistemas públicos de salud. El retroceso en el gasto sanitario y en servicios sociales en España viene de lejos, no solo a causa de las crisis económicas, sino también resultado de un modelo ideológico que pervive en los diferentes gobiernos del Estado español.

 

Los recortes, el cierre de plantas, los despidos de personal sanitario han sido algunos de los golpes que la sanidad pública española ha recibido en los últimos años. Todo amparado, justificado y ejecutado bajo el paraguas de la crisis económica, pero con una orientación política clara: el beneficio del interés privado.

 

Mientras tanto, se ampliaban los acuerdos de colaboración público-privado en materia sanitaria, es decir los que mantiene el Sistema Nacional de Salud con más del 45 % de los hospitales privados en las diferentes autonomías, que han supuesto y suponen un trasvase constante de dinero público al sistema privado. Los recortes constantes de gasto sanitario desde 2012 contrastan con el aumento de presupuesto destinado al sector privado gracias a estos acuerdos de "colaboración público-privada".

 

En 2016 la cifra alcanzó los 1.578 millones de euros –dinero público– a repartir entre los centros privados, lo que supuso el 25,6% de su facturación durante el citado ejercicio, que ascendió a 6.175 millones de euros: uno de cada cuatro euros ingresados provino de presupuestos públicos.

 

En Extremadura, el gasto sanitario privado que en el año 2017 era algo menos del 20 % del gasto sanitario total subió hasta el 21,5 % en 2018, incrementándose en el 2019 al 23,7 %.

 

Hay una serie de datos concretos que deben hacernos reflexionar. Ya en 2014, el Defensor del Paciente denunciaba que unas 800 personas habían muerto en este país por no haber recibido la atención médica necesaria.

 

En enero de 2015, la Plataforma de Afectados por la Hepatitis C presentó una querella contra la exministra de Sanidad Ana Mato por haber «dejado morir» a unos 4.000 pacientes con el virus en el último año al restringir el acceso a los fármacos de última generación pese a estar ya aprobados, reconociendo el propio Ministerio que no podían financiar el tratamiento porque el coste era “inasumible”.

 

En febrero de 2019, según datos del Ministerio de Sanidad alrededor de 600.000 personas se encontraban en lista de espera quirúrgica en España. En noviembre de 2019, según el Ministerio de Sanidad, la cifra se elevaba a 671.494 personas. El caso es que en estos últimos años, ajenos a la pandemia, el número de pacientes en espera de una intervención quirúrgica ha aumentado constantemente.

 

En Extremadura, según el Consejero de Sanidad, José María Vergeles, hasta el 30 de junio de 2020 el número total de solicitudes en lista de espera era de 139.943, lo que supone un aumento del 15,49 por ciento respecto al mismo periodo del año anterior, es decir, 17.438 más.

 

No cabe ninguna duda que las listas de espera son una de las consecuencias más duras de los recortes y a la vez el principal aliado de la sanidad privada.

 

Algo similar ocurre con la dependencia. En 2017, el presidente de la Asociación de Directores y Gerentes en Servicios Sociales, acusaba al gobierno de dejar morir el sistema de la dependencia, afirmando que “Un 35% de quienes están en lista de espera fallecen. Se trata de personas muy vulnerables, que no tienen más de cuatro años de esperanza de vida y que se ven obligados a esperar más de dos".

 

Según un informe de la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales en junio de 2020, 24.554 personas han fallecido en lo que va de 2020 en listas de espera sin haber recibido la asistencia reconocida por ley.  Concretamente en Extremadura murieron 837 personas que vienen a representar casi el 18,9 % de las que están en la lista de espera.

 

Pero esto no es nada nuevo ni algo más de lo que culpar a la pandemia. Entre 2012 y 2017, casi 200.000 personas murieron en listas de espera sin recibir las ayudas a la dependencia. Un dato a tener en cuenta es que los recortes que el Estado realizó en 2012 suprimiendo las aportaciones a la Seguridad Social llevaron a la expulsión de más de 160.000 cuidadores no profesionales, frente a lo cual las Comunidades Autónomas tuvieron que destinar de sus presupuestos cantidades importantes para mantener mínimamente la atención a las personas dependientes.

 

El interés del Estado por desarrollar la atención y el apoyo a las personas dependientes es mínimo y se puede observar por el dinero que aporta al sistema. Así, de la aportación del 50% que establece la ley para la financiación de la dependencia, el Estado aporta una cantidad próxima al 18 %, algo así como un tercio de lo comprometido, mientras que las autonomías aportan de sus presupuestos cantidades que superan el 82 %.

 

A esta infame lista de muertes se suman las de personas que no han logrado  siquiera una cita presencial con su médico o que por otras circunstancias relacionadas con la situación actual no han podido tener la asistencia sanitaria requerida en su caso.

 

A lo largo de los años podemos observar como el desmantelamiento de los servicios de protección socio-sanitarios ha contrastado con el incremento de las cantidades presupuestarias para otras actividades que proporcionan beneficios privados, pero que no proporcionan seguridad y bienestar a la mayoría de la población.

 

Así, los diferentes gobiernos al frente del Estado han destinado el dinero público a la compra de armamentos, aviones, carros de combate, o a proporcionar privilegios y ayudas a las grandes corporaciones industriales y entidades financieras, a financiar la enseñanza privada y la sanidad privada, con conciertos con centros educativos y hospitales privados, al mismo tiempo que han olvidado impulsar con fuerza toda la investigación pública en nuestras universidades.

 

En definitiva, el funcionamiento general del Estado está orientado al servicio de una minoría social que es la dueña de la riqueza y el dinero, por eso no debe de extrañar que los gobiernos se hayan dejado caer la sanidad pública porque los intereses y los beneficios del sistema capitalista están por encima de las necesidades sanitarias de la mayoría de la población.

 

La única solución para cambiar todo esto es la movilización y organización de las clases trabajadoras y populares para poner el Estado al servicio de l mayoría de la población.

 

domingo, 1 de noviembre de 2020

LA PRIVATIZACIÓN DE LAS PENSIONES PARA DIVIDIR MÁS A LA CLASE TRABAJADORA Y REDUCIR EL NIVEL DE LA LUCHA DE CLASES. .


El capitalismo español no se detiene en su camino para mercantilizar todo lo que está a su alcance. Con los años, las privatizaciones se han ido extendiendo desde las grandes empresas estatales hasta alcanzar unos niveles importantes en ciertos servicios públicos como la sanidad, la educación, la dependencia, etc.
Los diferentes gobiernos, con mayor o menor intensidad, recortan y disminuyen los recursos humanos y materiales de aquellos, lo que conduce a una visión popular negativa de lo público y facilita al gobierno de turno tomar y justificar decisiones para su privatización, y a continuación el incremento de las desigualdades sociales.
Los gobiernos, como buenos servidores del régimen y de la oligarquía española tienen la misión de debilitar más de lo que ya está a la clase obrera.
La agudización de las crisis del capitalismo, acentuada por la crisis sanitaria que padecemos, les obliga a introducir más factores que disminuyan la lucha de clases, y la repuesta al empeoramiento de las condiciones laborales.
En esta ocasión, el blanco elegido son las pensiones públicas, objeto del deseo de las entidades financieras y de los fondos de inversión.
El Ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha anunciado que el gobierno estudia e impulsa los llamados planes de pensiones de empleo o de empresas con el objetivo de fomentar el ahorro a largo plazo y asegurar la sostenibilidad de las mismas en un futuro inmediato.
Según el abogado internacionalista, Diego Herchhoren, en este momento el gobierno maneja y trabaja con los informes proporcionados por Caixabank Research, el think tank de Caixabank, al objeto de establecer las líneas directrices sobre la reforma.
De hecho la Comisión del Pacto de Toledo ya las tiene elaboradas y se conocen algunos detalles de los cambios pretendidos en el sistema de pensiones.
El modelo al que se refiere el ministro Escrivá, según sus propias declaraciones, se refleja en la estructura del modelo inglés.
La reforma, que el gobierno del PSOE y Podemos están elaborando, se centra en quien debe administrar los fondos que mes a mes la clase trabajadora aportaría en sus nóminas, la propia empresa, entidades financieras o fondos de inversión especializados en estos asuntos.
Otra de las ideas que caracterizan a este modelo inglés, es que los trabajadores que tienen unos sueldos determinados, siempre superiores a una cantidad, son los que entran a formar parte del plan de pensiones de empresa.
Una de las cosas que está exigiendo con fuerza la CEOE, de cara a esta reforma, es que por unos motivos u otros no aumente el coste laboral para las empresas, y que puedan deducir fiscalmente estos costes en el caso de que se encarguen de la gestión de los fondos.
Está en estudio de qué manera, los integrantes del Pacto de Toledo, venden bien esta reforma para ganar las simpatías de la opinión pública y convencer a los trabajadores y trabajadoras con salarios altos de que esto es mejor que la Seguridad Social.
En principio, se quiere establecer cierta voluntariedad en la elección de este sistema, y a quienes no les interese puedan darse de baja en unos plazos determinados.
Para los trabajadores y trabajadoras que no alcancen las rentas exigidas para entrar en estos planes de pensiones de empresas seguirá existiendo una caja residual de pensiones públicas.
De salir esta reforma adelante se introducirán más elementos de división en la clase trabajadora. Como no puede ser de otro modo, habrá que responder a estas reformas, por ahora y por lo que observamos los sindicatos oficialistas están muy conformes con la misma.

sábado, 31 de octubre de 2020

Con JEREMY CORBYN

 Con Jeremy Corbyn

 

El líder laborista británico nos devolvió la ilusión en la recuperación del socialismo democrático y la vuelta del Laborismo hacía una organización de clase, con apoyos del precariado juvenil y de estudiantes de las clases trabajadoras asfixiados por la falta de becas o habitantes de las barriadas sin servicios públicos y viviendas en muy malas condiciones. También desde el parlamentarismo con un programa a la izquierda que defendía nacionalizaciones de sectores estratégicos.

Corbyn pretendía acabar con el régimen aristocrático y clasista que domina el poder en Gran Bretaña y promover que la clase trabajadora ocupe un lugar en politica.

 

Jeremy Corbyn sido suspendido por el Partido Laborista y expulsado del grupo parlamentario con la acusación de antisemita debido a una supuesta investigación realizada por una organización “independiente” que responde a las siglas EHRC la cual afirma ha encontrado numerosas pruebas de su antisemitismo. En primer lugar Corbyn a lo largo de su vida siempre ha luchado contra el racismo, su defensa de la causa palestina entre otras le une a muchos judíos de izquierdas o simplemente humanitarios que se oponen a las atrocidades del Estado de Israel contra la población palestina. Los racistas son quienes dinamitan viviendas o construyen muros y para ello violan pequeñas propiedades agrarias, casas o aldeas enteras. Un estado que camina hacía la teocracia tiene mucho de criticable. Nosotros, las y los socialistas no somos antisemitas, Marx era judío, Kaustky también y el senador socialista Sanders igualmente y con todos ellos nos identificamos plenamente.

 

Corbyn ha sido víctima del odio del establishment británico  y de poderosos intereses financieros de la City sionistas, por motivos políticos y por tratar de destruir una opción socialista de cambio y por la paz. Basta ya de acusar de racismo por parte de entidades y grupos de presión y poder muy poderosas y con fuertes intereses bancarios y militares.

  

El objetivo principal de las derechas, los reaccionarios y los neoliberales es destruir el socialismo. El socialismo que fue la herramienta principal del movimiento obrero y Corbyn logró insuflárselo a la juventud británica y recuperar a la clase obrera de la sociedad de los servicios y los restos de la industria.

 

Los neoliberales y personajes que defienden a las multinacionales y multimillonarios infiltrados en los partidos socialdemócratas, que mandan en ellos y los ponen al servicio de las patronales y los ricos del mundo, tienen un objetivo conjunto a nivel internacional y es liquidar toda expresión organizada del socialismo y acabar con una fuerza política que desde la libertad desea cambiar el mundo de base.

Allende primero, Lula después y ahora Corbyn son sus objetivos desde el último tercio del siglo XX, privando a las fuerzas del Trabajo de un instrumento de igualación y liberación, reparto y justicia. No conseguido del todo con Lula, ahora es Corbyn su víctima con la socorrida excusa del antisemitismo.

 

Corbyn es víctima de la cobardía de muchas y muchos que se llaman socialistas y no lo son, pues destruyen la causa del socialismo. Estamos ante una operación para devolver el laborismo al blairismo o la tercera vía sometido a los intereses de la guerra y neoliberales que también anidan en el Partido Demócrata de los EEUU. Por eso las y los socialistas debemos apoyar a Corbyn.

 

Apoyamos una coordinación internacional de las y los socialistas transformadores. Quienes sabemos que el socialismo no es gestionar el capitalismo, sino en libertad repartir la riqueza del mundo tendremos muchas dificultades, pero esa es nuestra tarea continuando el trabajo de Marx, Flora Tristan, Kaustky, Jaures, Rosa Luxemburgo, Pablo Iglesias, largo Caballero, Salvador Allende, Tony Benn, Lula, Corbyn y  Sanders entre otras y otros. Por la recuperación de un socialismo internacionalista que puede tener en Corbyn un referente frente a quienes desean privar a la clase trabajadora de sus instrumentos de acción politica liberadora e igualitaria.

Llamamos a todas las personas que se consideran socialistas a unirnos y recuperar el socialismo en beneficio de los intereses de las clases populares y trabajadoras y denunciamos que la operación para linchar a Corbyn es una demostración que lo que de verdad temen los centros de poder capitalista es al socialismo, por eso han emprendido este escarmiento. En consecuencia llamamos a actuar y exigir del Partido Laborista el fin de la causa general y la campaña de mentiras que han iniciado.

¡¡Alto a la persecución contra Corbyn y de todas y todos los que defienden la independencia de los partidos del Trabajo!!

 

LA LUCHA DE LOS PUEBLOS POR SU LIBERTAD: BOLIVIA Y CHILE


En Bolivia el pueblo echa abajo el montaje imperialista establecido con el gobierno golpista, después de un año de saqueo a cuenta de las multinacionales y de la violencia reaccionaria. El cambio político que comienza no ha venido sino de la movilización y el voto masivo.

El pueblo de Chile resurge también desde lo más hondo de su ser, para proclamar su derecho a abrir un proceso constituyente donde se establezca por ley -por ley de leyes- el poder popular de una Asamblea Constituyente con todos los poderes.

Esta es la actualidad que corre por América Latina, mientras que en Norteamérica las encuestas electorales pronostican la caída de Trump y su gobierno, después de meses de inmensas movilizaciones contra el racismo, el clasismo y la pobreza social, que han rodeado políticamente la Casa Blanca para crear las mejores condiciones de la caída de sus inquilinos.

La movilización y el voto, el voto y la movilización… Desde Chile nos ha llegado la siguiente comunicación del movimiento socialista allendista a través del compañero Esteban Silva, que en resumen dice lo siguiente: “Compañeras y compañeros del Partido Socialista Libre Federación de España, amigas y amigos: El pueblo chileno viene de dar un nuevo paso para abrir las grandes alamedas, como las que señalara el compañero Presidente Salvador Allende, en una lucha fundamental para recuperar la soberanía popular y refundar Chile.

El plebiscito constitucional, cuyo resultado ha sido arrollador, es el logro de un pueblo movilizado (…), que se generó y autoconvocó en asambleas y organizaciones…,  para constituir un verdadero poder popular, y forzar un plebiscito para cambiar la constitución de capitalismo salvaje.

Un proceso constituyente, sin movilización popular y soberana, es letra muerta, por eso vamos a seguir en esta lucha para construir la alternativa popular y abrir el paso a un proceso por la Asamblea Constituyente. El pueblo de Chile se reconstituye y sigue en lucha. Pueblos, como el pueblo boliviano recuperan su democracia, con la lucha y la esperanza en el Movimiento Al Socialismo y el compañero Arce. La lucha sigue en toda América Latina…, y en los pueblos del mundo. Un abrazo anticapitalista y socialista”.

Tomamos buena nota del mensaje que nos llega desde Chile porque entendemos que la lucha de los trabajadores y los pueblos es internacional en el fondo; debiendo aprender de la experiencia de su lucha y resultados, para poder ayudar a la mayoría social a encontrar una salida política, de acuerdo con las formas que presenta la lucha en cada caso, y abriendo camino a la más amplia movilización social. Profundizando aquí en la lucha y en la reorganización contra los privilegios monárquicos que vienen del franquismo y de las políticas de consenso, de colaboración de clases, por las demandas democráticas y sociales fundamentales.

 

EN DEFENSA DE LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN


Las cúpulas del PSOE, convertidas en paladines del sostenimiento del régimen de la monarquía, no dejan de votar con el PP, con Vox y Cs en defensa de los privilegios reales, para mantener su total impunidad, reprimiendo toda crítica e impidiendo el desarrollo de los procesos judiciales de quienes acusan a la Corona de abuso permanente de poder para la corrupción.

El pasado día 27 de octubre, ERC presentaba en Cortes una proposición de ley en la que se reclamaba la despenalización de las “injurias a la Corona y los ultrajes a los símbolos de España”. Proposición por la que se demanda la supresión del apartado 3 del artículo 490, y los artículos 491 y 543 del Código Penal, por los que se castiga con penas de prisión de hasta dos años las injurias a la Corona y una multa de seis a doce meses por “ultrajes” a España, sus símbolos y emblemas.

La justificación de la representación parlamentaria del PSOE para oponerse a la propuesta no ha sido otra que la de manifestar que “no es el momento”, aludiendo al contexto de la pandemia. Pero, por lo visto, nunca es el momento para los diputados del PSOE de defender la libertad de expresión, que sigue siendo objeto de persecución y de criminalización; represión franquista contra la libre expresión que es contraria a la Convención Europea de Derechos Humanos y a las sentencias de los tribunales.

Todo es posible: el gobierno venezolano ha denunciado en relación con la fuga de Leopoldo López de la embajada española en Caracas que el “Reino de España participa activamente en la fuga ilegal de un peligroso delincuente y decide recibirlo en su territorio, sin reparar en las leyes internacionales, e incluso en las leyes migratorias españolas y en los acuerdos bilaterales en materia de justicia”.

La facilitación de la criminalización de la crítica contra la monarquía y la violación del derecho internacional en Venezuela coincide en el tiempo con el golpe perpetrado por Podemos e IU contra el partido Adelante Andalucía, formada por cuatro formaciones políticas que con 9 diputados pueden ser expulsados de la cámara regional, tal y como ha votado la mesa por acuerdo del PSOE, PP y Vox.

De otra parte, nueve partidos con representación en Cortes han solicitado en el Congreso que se incorpore al Código Penal el principio de legalidad, que permita investigar los crímenes del franquismo, conforme al Derecho Internacional, ante el hecho de que el muro de la impunidad se eleva aún más en nuestros días, con la propuesta de Ley de Memoria Democrática aprobada por el Gobierno, que pretende seguir impidiendo el derecho de las víctimas a un juicio justo y la ilegalización del franquismo.

Los privilegios franquistas y monárquicos no solo se pretenden mantener por el PSOE y el Gobierno de coalición en el terreno de la represión contra la libertad de expresión.

Además, se extiende a otros muchos terrenos, y ahí está para demostrarlo el hecho de que mientras que los funcionarios y jubilados quedan confinados al 0,9% de aumento de sus retribuciones en los PGE (presupuestos que analizaremos en próximos informes), la partida de la Casa Real se pretende subir en un 6,5% con un miembro menos que se encuentra fugado en los Emiratos desde hace meses. El Estado protector de los Borbones como familia multimillonaria cubre todos los gastos generales no adscritos a la Casa Real, que son incontrolables, ya que se nutren de múltiples fondos de varios ministerios. Mientras tanto, las colas del paro y del hambre se multiplican.

Todo parece tener una relación, cuando las tramas del poder y la corrupción campean a sus anchas en todas partes impidiendo que cristalicen las demandas democráticas. Si la Audiencia Nacional absuelve al mayor Trapero de las graves acusaciones que se le han imputado desde el proceso soberanista catalán, no se tarda sino unos días en detener a 20 empresarios, a los que se acusan de estar en las posiciones políticas de Puigdemont y de la utilización de subvenciones para financiar el movimiento independentista y la estancia del expresidente de la Generalidad en Bélgica.

La lucha por la libertad de expresión, contra la impunidad de los crímenes del franquismo y por la igualdad social frente a los privilegios institucionales y de clase, forma parte esencial de la lucha política de nuestros días por la Asamblea Constituyente y la República.

 

 

 

 

viernes, 23 de octubre de 2020

PARTIDO SOCIALISTA LIBRE FEDERACIÓN (PSLF) ANTE LA REFORMA AGRARIA

 Mérida 2020

LA REFORMA AGRARIA Y EL PROGRAMA SOCIALISTA


1.- Introducción

La Asociación 25 de Marzo organizará a finales de Octubre una conferencia sobre la

Reforma Agraria. El objetivo de la misma es la elaboración y difusión de un programa

que ponga las bases para la transformación económica y social de Extremadura, que

sea capaz de implicar a amplios sectores de la sociedad.

Partiendo de la realidad extremeña, el objetivo es hacer llegar a todo el estado

español la necesidad de la reformas agraria, exponer de forma rigurosa la realidad del

sector y avanzar líneas futuras de desarrollo.


2.-Una visión histórica


La pervivencia histórica en nuestro país del sistema de propiedad del campo

latifundio/minifundio, agudizado por la tenencia abusiva de la tierra por los

especuladores y fondos buitre en los últimos tiempos nos sitúa a los socialistas

independientes del Estado en la necesidad de abordar los principales problemas de la

producción y de la propiedad agraria, ahora bajo el dictado de la Política Agraria

Común (PAC) al servicio del capital internacional.


Antecedentes en nuestra historia como la desamortización de Mendizábal, y la

incompleta y frustrada reforma agraria de 1932 constituyen los principales precedentes

en los que debemos instruirnos para la mejor solución de los problemas del campo

siempre ligados a la propiedad, problema que aún pervive, manifestándose de

múltiples formas y maneras, aunque oficialmente se le por liquidado; y ello por la

adaptación de los principales partidos y sindicatos al marco constitucional contrario a

la propiedad social , y a la misma política de UE tendente a financiar el parasitismo de

los grandes propietarios frente a las demandas de los trabajadores del campo.


Si en palabras de Marx la sociedad capitalista estableció el derecho a la desigualdad

que es el único derecho efectivo, para los trabajadores, en el campo han pervivido en

torno a la gran propiedad formas de semiesclavitud, de sobreexplotación con una

masa ingente de jornaleros ambulantes, que van de cosecha en cosecha, venidos

mayoritariamente de la inmigración africana y latinoamericana.


Las desamortizaciones del siglo XIX fueron procesos de trasvase de propiedad de la

Iglesia hacia la nobleza y la alta burguesía que habían conformado la clase propietaria

latifundista en el sur y el centro peninsular que explotaba, de forma rentista en muchos

casos, a una gran masa de jornaleros sin tierra y sin derechos.


En la historia de la lucha por la democracia y la república en la nación de naciones que

es España nunca se ha abordado de forma integral el conjunto del problema de la

tierra, que va más del reparto de tierras de las grandes propiedades, la lucha

organizada por los derechos y aspiraciones sociales de la población dedicada a

actividades primarias, agricultura, ganadería, silvicultura y pesca.


El mantenimiento de la sacrosanta propiedad privada de la tierra en manos de grandes

propietarios, fondos buitre y bancos, o en el lado opuesto, por pequeños agricultores

minifundistas en el norte peninsular que difícilmente pueden vivir de la explotación del

sus parcelas. Ello constituye en lo esencial el centro de la política agraria del régimen

de la monarquía, frente a las aspiraciones sociales y democráticas. De forma que “-

según sus propias palabras- el PSOE adaptado al régimen y a los capitalistas de

Bruselas- no trabaja sino por una política agraria común más profesional, que apueste

por el empleo y el desarrollo económico del medio rural”. Una vez más, más de lo

mismo.


De ello se deduce que la cuestión agraria está por resolver en su conjunto, y la

reforma agraria que libera a los jornaleros y campesinos, pequeños propietarios en el

ámbito de la lucha por una República constituyente necesaria para poder aplicarla,

pues la reforma agraria en el régimen del 78 presenta serias dificultades jurídicas de

aplicación (Véase lo ocurrido en Andalucía en los primeros tiempos de su autonomía).


Para los tribunales españoles el derecho de propiedad es prioritario a cualquier

consideración social, que exprese la aspiración soberana de los trabajadores y


pueblos de España. De ello depende la posibilidad de establecer la soberanía

alimentaria y la comercialización democrática y no especulativa de sus productos.


3.- La crisis del sistema capitalista


La crisis del sistema capitalista e imperialista internacional, la de un mundo sometido

al capital que nos ha llevado a la destrucción económica, a la regresión social y a la

guerra exige un programa socialista que integre la demanda de reforma agraria con la

necesaria alianza de los trabajadores del campo y la ciudad.


Sólo así será posible poner freno la crisis ecológica, económica, financiera y sanitaria

del planeta que ha mostrado su rostro más feroz en la pandemia del Covid19.


Los trabajadores agrícolas en su mayoría trabajan para grandes propietarios,

empresas y emporios financieros en muchos casos ligados a las grandes superficies

comerciales. Las Cooperativas de agricultores no pueden seguir bajo la bota de los

financieros y especuladores o bien sistemas de votación que en muchos casos

favorecen a quienes más hectáreas poseen. De la solución de los problemas del

campo depende en buena medida de la entrega de la tierra a los que la trabajan en

formas de colaboración que ellos mismos deben establecer.


La abolición de la propiedad privada de los grandes medios de producción y cambio,

que incluye- como no puede ser de otra manera la gran propiedad privada agrícola –

debe así mismo acabar con las formas parasitarias de aparcería ,anulando las deudas

hipotecarias y financieras que ahogan a los pequeños agricultores ,facilitando por el

contrario el acceso al crédito oficial.


El modelo socialista de nuestra época debe integrar la exigencia de Reforma Agraria,

allí donde esta no se ha producido o se haya revertido mediante contrarreformas y

privatizaciones, reforma que vaya a la raíz de los problemas, y entendida como el

conjunto de medidas tendentes a modificar la estructura de la propiedad de la tierra, y

las mismas formas sociales de producción.


El movimiento por el socialismo debe facilitar la incorporación de los trabajadores y

trabajadoras del campo para crear una sociedad basada en lo fundamental en la

propiedad social de productores asociados. Lo que supone la tendencia a eliminar la

división del trabajo intelectual y manual, y la misma división entre la ciudad y el

campo.


4.- Posición del Partido Socialista Libre Federación


4.1.-Reforma agraria hoy


Las izquierdas postmodernas y las renuncias de las socialdemocracias tornadas en

socio liberalismos han renunciado a los cambio sociales en base a una transversalidad

social, que les lleva a calificar como anticuadas reivindicaciones históricas del

Movimiento Obrero.


Para la CNT y la UGT en España la reforma agraria fue en el campo la principal

reivindicación especialmente en zonas de latifundio como Andalucía y Extremadura, si

bien, también en la Mancha y otros territorios castellanos.


Durante la II República se materializó una ley de Reforma Agraria que si bien recogía

una parte importante de las reivindicaciones de los movimientos sindicalistas

campesinos antes citados, todavía podía avanzar más.


Lo más importante de la citada ley, era que introducía nuevos conceptos y medios, no

solo para repartir, sino para mejorar y modernizar la agricultura y conceptos como la

concentración parcelaria y nuevos pueblos de colonización agraria fueron impulsados

por esa ley y posteriormente los falangistas durante el franquismo se apropiaron de

esas propuestas republicanas haciéndolas suyas, pero aplicándolas a su manera y

nunca con el concepto original de reparto real de la propiedad.


Hoy por tanto sería necesario que la reforma agraria para triunfar tuviera en cuenta las

nuevas circunstancias de la agricultura y se enfrentará de forma exitosa a la

agricultura industrial y artificial a la vez que estudiar cuales son las medidas a adoptar

al objeto de poder mantener un sector que no solo produzca alimentos de forma

natural, sino que sea capaz de satisfacer las necesidades de la población y crear

bienestar y suficiencia a las y los productores agrarios y ganaderos.


Por tanto es imprescindible ya acabar con la acaparación de tierras que se está

produciendo en todas partes por Fondos de Inversión internacionales y por parte de

industrias agroalimentarias transnacionales, pero sin olvidar que igualmente se están

acaparando tierras por parte de grandes propietarios agrarios tradicionales, debido al

abandono de la tierra y los precios especulativos que imponen las grandes superficies

o el nefasto reparto de subvenciones agrarias por parte de la Unión Europea, tendente

a facilitar la acaparación de tierras por sus efectos negativos al subvencionar las

hectáreas.


Hay que proceder al reparto de tierras y fijar unos topes máximos de las fincas

agrarias teniendo en cuenta factores como territorio y/o nacionalidad, usos y

costumbres, pero también tipo de cultivo de la zona y sus necesidades. Hacer estudios

de las necesidades de empleo y su temporalidad o no.


La comercialización es clave y a tal efecto la intervención pública imprescindible

fijando precios justos, rescatando y haciendo pública la red de mercados locales,

nacionales y estatales. Los mercados de abastos públicos son necesarios y mucho

más justos para con los ciudadanos y ciudadanas consumidoras.


Crear una Agencia Pública de comercialización y exportación sería de utilidad para la

coordinación de una gestión basada en la calidad, el respeto al medio ambiente y a la

responsabilidad social.


Buscar el abastecimiento directo a consumo humano y ganadero y a tal efecto apoyar

y potenciar las cooperativas de distribución directa campo-localidad.


Potenciar el papel de la mujeres rurales que juegan ya un papel destacado en la

producción agraria y dotadas en muchos casos de una conciencia innovadora. La

permanencia de la mujer en las zonas rurales es clave como impulso modernizador de

cambio. Por tanto la banca pública –siempre imprescindible- debe articular créditos

para mujeres dispuestas a permanecer en el campo.


El cooperativismo es muy importante en el sector agrario, si bien sus estructuras se

deben democratizar más todavía. Las cooperativas deben ir más allá de ser

asociaciones de productores y productoras y pasar a ser directamente productoras en

común y de forma colectiva de tierras repartidas y/o confiscadas a acaparadores,

terratenientes y multinacionales especulativas. También deben integrarse las

cooperativas existentes en todos y cada uno de los tramos que van de la semilla a la

mesa.


Todo esto en pos de lograr el objetivo de la soberanía alimentaria.

También de compartir y ser solidarios con territorios y regiones necesitadas del planeta

o bien con carencias por motivos climáticos de determinados productos necesarios de

los que una u otra región pueden ser deficitarios. A tal efecto producir una lucha directa

y clara contra la especulación a base de trigo, arroz, soja o maíz y su utilización como

elementos de control y especulación mundiales.


Crear y potenciar en las universidades públicas departamentos de agricultura que

investiguen la producción agraria y su mejora con carácter ecológico y respeto al

medio ambiente. Así como un estudio serio de insumos y abonos de carácter natural,

pero que a su vez eviten las plagas.


Crear un banco público de crédito agrícola.


Plan estatal para la recuperación de la agricultura y la dotación plena de servicios y

comunicaciones a las zonas, comarcas y pueblos agrarios. Igualmente este plan debe

llevar pareja la construcción de espacios y residencias temporales o fijas dignas y con

todos los servicios al objeto de alojar a aquellas personas que sean necesarias con el

motivo de recoger cosechas en momentos determinados.


4.2.- De la experiencia extremeña al cambio radical en el modelo agrario

Conviene recordar los muchos intentos y proyectos de transformaciones de las

estructuras de la propiedad y explotación agraria que se han realizado en este país,

desde las desamortizaciones del siglo XVIII, XIX, durante la Primera República y los

cambios más profundos que se plantearon en la Segunda República.


En lo que respecta a Extremadura, a pesar de los avances tecnológicos en la

agricultura aún persiste un atraso técnico y un desigual reparto de la tierra con enorme

influencia en nuestra postergación económica y social, y en buena lógica, ya en el

siglo XX, determinando la emigración de una buena parte de la población extremeña.


Esto lo podemos aplicar a otras zonas agrarias de producción intensiva como

Andalucía, la Mancha, parte de Castilla y León o importantes comarcas de Aragón.


Las movilizaciones campesinas que tienen lugar a partir de la década de los años

treinta del siglo pasado se dan por el incumplimiento de los proyectos reformistas

están a la orden del día. En ellas se reclaman los baldíos, los bienes de propios, las

usurpaciones de tierras por los aristócratas, las denuncias contra los nuevos

propietarios burgueses y otros aristócratas de siempre que en las subastas de tierras

se quedan con ellas a precios de saldo, en privatizaciones irregulares o se apropian

por la cara de los bienes comunales en muchos municipios. 


Las luchas del proletariado agrario y de los yunteros continúan a lo largo del siglo XX creando un

poso que conformará de modo definitivo la explosión reivindicativa del 25 de marzo del

36.

Lo que sigue a las políticas que han tenido un cariz moderadamente progresista y que

no ponen ni mucho menos en duda el orden social establecido, es el clima de

revancha y castigo por los sectores más conservadores, tal como sucedió en la 1a

república, durante el gobierno de Salmerón, poniendo un antecedente a lo que

sucedería sesenta años después, la represión y asesinato de miles de personas en

1936.


Las huelgas campesinas de 1934 convocadas por la FTT de la UGT violentamente

reprimidas, son un precedente de la sublevación unánime de más de 80.000

campesinos extremeños que ocupan pacíficamente más de 250.000 Has de tierras, el

25 de Marzo de 1936. Con esta ocupación denuncian la lentitud en la aplicación de las

medidas de Reforma Agraria aprobadas por la 2a República.


la Ley de bases de la Reforma Agraria de la 2a República y la creación del IRA como

instrumento para su aplicación creó unas enormes expectativas en los jornaleros y

campesinos extremeños que pronto suscitó la alarma y la oposición frontal del bloque

de las derechas que más tarde adoptó la forma política de la CEDA.


Este movimiento de lucha campesina con la ocupación de tierras generó un miedo

extremo en los latifundistas, poderes fácticos e institucionales y supuso la venganza,

unos meses después, tras al golpe de estado contra la república, asesinando a más de

4.000 civiles en la plaza de toros de Badajoz.


En definitiva, hay un bloqueo sistemático a todo tipo de reformas que pretendan alterar

la propiedad y explotación de la tierra con el objetivo de impulsar un desarrollo de las

fuerzas productivas y mejorar las condiciones de bienestar de toda la población.


Desde entonces, hasta acá, los planes de desarrollo y las leyes agrarias franquistas no

frenan el abandono del campo y la concentración de la propiedad. Los cambios

moderadamente democráticos a partir de 1978, la entrada en Europa y la apertura

internacional de España producen una modernización de la agricultura y mejoran el

nivel de vida de ciertos sectores de agricultores, pero no acaban con el latifundismo

agrario responsable en buena medida de la situación de pobreza y precariedad

económica y social de nuestros pueblos.


Siguen en Extremadura las grandes extensiones de miles de hectáreas de tierras,

unas productivas y otras destinadas al ganado y a la caza, en manos de aristócratas,

reconvertidos en burgueses, con presencia en los consejos de administración de

grandes empresas, enriquecidos en el franquismo o con antecedentes medievales.


También, ha surgido una nueva burguesía agraria ligada al poder político regional que

gracias al apoyo institucional de fuertes subvenciones públicas ha accedido a la

propiedad de grandes extensiones de tierras y fabricas relacionadas con la producción

hortofrutícola característica de la tierra.


Junto a un número importante de jornaleros agrícolas, unos 60.000, hay un sector de

pequeños y medianos agricultores, ganaderos, que acusan los bajos precios agrícolas

y dependen excesivamente de las ayudas de la Política Agraria Comunitaria (PAC).


4.3.- La Reforma Agraria y el cambio social


Una reforma agraria implica la creación de una serie de instituciones y mecanismos

para la transformación de las bases económicas, políticas y sociales del mundo rural,

tendría una influencia decisiva en la vida de los trabajadores y trabajadoras de la

ciudad. La producción de alimentos suficientes y la soberanía alimentaria son factores

decisivos para el bienestar de las clases trabajadoras que viven las ciudades. La

reforma agraria implica la ligazón y la unidad del mundo rural con el urbano.


Todo esto resulta imposible sin la previa unidad de las clases trabajadoras, con la

acumulación de fuerzas progresistas interesadas en remover la inercia institucional y

las resistencias de los grandes propietarios, íntimamente ligados a la burguesía

nacional y muchos de ellos asentados fuera de la región extremeña.


La reforma agraria supone, en líneas generales, un amplio espectro de cuestiones

técnicas y legales necesarias para su puesta en marcha, pero lo más importante de

todo es la identificación política del proletariado agrario y de los campesinos,

pequeños y medianos agricultores, con un programa para la transformación de todas

las estructuras del mundo rural, desde el reparto y redistribución de la tierra, las

políticas para el asociacionismo de los productores agrícolas, la reforma de la PAC,

una Banca Pública y todo un conjunto de acciones que conduzcan al desarrollo

industrial de la producción agrícola, etc..


5.- La Soberanía Alimentaria


Cuentan que cuando le preguntaron a Confucio qué es lo primero que haría de ser el

soberano de todo el mundo, contestó: poner en orden el significado de las palabras.

Este axioma debería regir interpretación y análisis de las cuestiones más importantes

para la vida de las personas deben tener un enfoque y una definición que evite

interpretaciones de parte, como es el caso que hoy nos ocupa:


La Declaración de Nyéleni (Mali) estipula que: La soberanía alimentaria es el derecho

de los pueblos a alimentos nutritivos y culturalmente adecuados, accesibles,

producidos de forma sostenible, y a decidir su propio sistema alimentario productivo.


Si tomamos y hacemos propios estos principios la conclusión es que en España

nuestra situación, como la de muchos países integrados en la Organización del

Comercio Mundial, la Unión Europea y otras organizaciones globales es abiertamente

contraria. Ya no se trata de una confrontación entre países sino de los derechos de los

pueblos frente al poder de las corporaciones que dominan la producción y la

distribución a escala mundial.


Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que la transformación va de la mano

de un cambio de sistema y de una política valiente que legisle en favor de los intereses

de la gente.


Estos cambios deben ir desde el origen de las semillas hasta la mesa del consumidor

porque esta es la trazabilidad que debemos establecer y reforzar con leyes,

comenzando por poner en orden la casa principalmente derogando privilegios y

complicidades.


En España, más de 600.000 dueños de campos cobran de la UE sin trabajarlos

frente a los 250.000 que sí lo hacen (*) .Propietarios de tierras y de zonas de pasto

que no explotan , pero cuya titularidad les permite V desde hace casi dos décadas

llevarse una parte importante de los alrededor de 4.000 millones de euros de la PAC

(Política Agraria Comunitaria) que la UE reparte en España a través de los llamados

“derechos históricos”.


La diferencia entre lo que se le paga a los agricultores y el precio en los lineales de

cualquier de las grandes superficies puede llegar, como en el caso de las patas y las

cebolla, a multiplicarse por ocho.


Los métodos de cultivo y tratamiento de tierras con derivados del petróleo y

transgénicos, la estrategia de las grandes corporaciones de obligar a la siembra por

países (como es el caso de la soja en Argentina y Brasil), las importaciones que no

cumplen con los parámetros de calidad, sanidad y las condiciones laborales de los

agricultores ejerciendo un dumping de libro y los alimentos elaborados que facilitan su

transporte internacional aumentando la contaminación por plásticos y la posición

dominante de las grandes empresas de de distribución globales no sólo tienen efectos

devastadores en materia económica.


La depauperación de la vida en el campo es un elemento que ha causado la

despoblación de las zonas rurales, ha cambiado los hábitos alimentarios y la

desaparición progresiva de productos autóctonos.


Existen ya muchas prácticas exitosas en materia de Soberanía Alimentaria,

especialmente en algunas naciones de América Latina, en los países nórdicos, por

ejemplo.


Pero ningún cambio será posible sin un cambio de paradigma, sin promover las ferias

y mercados de proximidad, sin una adecuada logística cooperativa y una justa y

equitativa distribución de los beneficios.


Esta es la apuesta del PSLF: una visión global para actuar en lo local, cambiar el

actual sistema para desplegar e implantar una verdadera soberanía alimentaria.

Y eso, le pese a quien le pese, se consigue haciendo política para el pueblo

y no a pesar del pueblo.