viernes, 14 de febrero de 2020

ESPACIO INDEPENDIENTE: LA MEMORIA VACIADA




La nueva Ley de la Memoria juega con la ilegitimidad de los crímenes del franquismo para mantener su legalidad


En septiembre de 2009, hace ahora más de once años, el Ayuntamiento de Ferrol, en aplicación de la Ley de la Memoria Histórica (52/2007), aprobó por mayoría absoluta una moción instando a los poderes públicos, en particular al Ministerio de Defensa, para que procediese a la retirada de las calles del Arsenal de la Armada los símbolos referidos a la guerra civil, a la represión y a la dictadura. Los altos jefes militares contestaron en 2012, tres años después, diciendo que ya “se identificaron, acometieron y finalizaron las acciones necesarias para dar cumplimiento en este Arsenal a lo dispuesto en la citada norma. El proceso se llevó a cabo, al igual que en el resto de unidades de la Armada, bajo la coordinación de la Comisión Ministerial constituida al efecto”.


En el año 2019 se comprobó que todos los símbolos franquistas, que hacen alusión a franquistas sublevados, siguen en su mismo sitio. Símbolos, todos ellos, que ensalzan a miembros de la Marina de Guerra que se sublevaron contra el gobierno de la Segunda República en julio de 1936, y que cometieron delito de rebelión contra el Estado, faltando a su juramento de lealtad republicana. 

 Fueron responsables de la feroz e ilegal represión que llenó las cárceles y los cementerios de la ciudad de Ferrol de militares y civiles. Entre los nombres de los militares, que siguen señalando las calles del Arsenal de Ferrol, se encuentran Francisco Moreno (Marqués de Alborán) y su hermano Salvador, que formaron parte de los 35 altos cargos del franquismo que fueron imputados por la Audiencia Nacional en el sumario instruido por el Juez Baltasar Garzón, por delitos de detención ilegal y crímenes contra la humanidad cometidos durante la guerra y revolución española. Proceso que fue declarado ilegal por el Consejo General del Poder Judicial, en base a la Ley de Amnistía de 1977, y que sirvió de base política y de consenso para el acuerdo constitucional de1978.


 Lo que está sucediendo en Ferrol con la Memoria Histórica nos trae a la memoria el contenido, absolutamente incumplido por el Estado, del art. 15 de dicha ley: “Las administraciones públicas, en el ejercicio de sus competencias, tomarán las medidas oportunas para la retirada de los escudos, placas y otros objetos y menciones conmemorativas de la exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la represión de la Dictadura”.

Vale, por tanto, decir y entender que, cuando se habla de Memoria Histórica por los organismos oficiales del Estado, se hace con el absoluto conocimiento de que se trata de una memoria vaciada, vacía de contenido real y derechos reales; y que parte de la negación del mismo reconocimiento jurídico de las víctimas.


No menos interesante es, para entender el vaciado oficial de la Memoria Histórica y Democrática, el punto en el que se encuentra la querella interpuesta por miles de víctimas del franquismo, o por sus familiares, en el Juzgado de lo criminal de Buenos Aires, conocida como “Querella argentina”.


El 14 de abril de 2010 se inició la querella, a diez mil kilómetros de España, y ello por la negativa de los jueces españoles y de la casta política del consenso con los franquistas a entender y proteger a los millones de víctimas de los crímenes franquistas. Los gobiernos españoles, tanto los del PP como los del PSOE, no han hecho sino obstaculizar por todos los medios a su alcance, que son muchos, cada uno de los pasos dados por el juzgado argentino constituido en juzgado universal. Esgrimen en todo momento la vigencia de la ley de amnistía de 1977, como ley de impunidad y punto y final, que tanto los partidos de derechas como los de izquierda se niegan a derogar. Impiden así la efectividad de los exhortos, órdenes de detención y extradición llevados por el juzgado contra 23 altos cargos franquistas imputados por crímenes contra la humanidad, entre los que se encuentran ministros, policías y guardias civiles, jefes militares, jueces y fiscales. 


La juez Servini tenía previsto interrogar el próximo mes de marzo en Madrid al ex ministro franquista Rodolfo Martín Villa, imputado por crímenes policiales que, en el caso de los crímenes de los trabajadores de Vitoria-Gasteiz, ordenaba a la policía a través de la emisora policial: “Disparad con todas vuestras energías. No os importe matar” … Y, una vez más, el Ministerio de Justicia -ahora con el gobierno de “coalición” en la Moncloa- acaba de anular el próximo interrogatorio de Martín Villa, para exigir la puesta en marcha por el juzgado argentino de un exhorto internacional. Un nuevo aplazamiento con el que no trata sino de vaciar la memoria de víctimas y la exigencia de justicia, para dejarla reducida a un formalismo sin sentido, como el que resulta de la Proposición de nueva Ley de Memoria Histórica y Democrática, presentada a las Cortes por el Grupo Parlamentario Socialista. 


Esta Ley pretende la búsqueda de desaparecidos, pero manteniendo la impunidad; o la creación de una Banco Nacional de ADN de familiares de víctimas para no hacer justicia a las víctimas. Habla de hacer un censo nacional de víctimas, de las personas que sufrieron fusilamientos, cárceles, exilio, depuración, personas represaliadas por su condición sexual, de género, de las que sufrieron tortura en los campos de concentración, guerrilleros, niñas y niños sustraídos …, a mero título informativo sin más. Propone otras medidas, como “Lugares de Memoria”, medidas en materia de educación y género, “Día de recuerdo y homenaje a las víctimas”, … que huyen, todas ellas, de reconocer a las víctimas como víctimas y, por tanto, como sujetos de derecho.


En cuanto a la supuesta “Declaración de nulidad” que se propone, relativa a la modificación de la Ley 52/2007, ha dado lugar a falsas noticias de prensa, según las cuales el grupo Socialista proponía la declaración de nulidad de los juicios franquistas. Nada más lejos de la verdad. Como se sabe, la ley de Memoria de Zapatero declaraba la ilegitimidad de las leyes franquistas, lo que implicaba, sin embargo, su legalidad. Ahora, de nuevo, se sigue jugando con la misma expresión: declarando en la nueva ley “la ilegitimidad y nulidad de los órganos penales y administrativos”, así como la “ilegitimidad y nulidad de sus resoluciones”. Una vez más para mantener la impunidad de los crímenes del franquismo se vuelve a vender humo con la Memoria. 


Dicha declaración de nulidad, de falta de legitimidad, no anula las sentencias, ni sus consecuencias de todo tipo. Lo que anula -solo y simplemente- es su legitimidad, que no su legalidad; por lo que, de aprobarse la nueva ley, los crímenes del franquismo, como crímenes contra la humanidad, una vez más, y después de 43 años, seguirán siendo legales en España.




jueves, 13 de febrero de 2020

ODP-PSLF SOBRE EL PROBLEMA AGRARIO








SOBRE EL PROBLEMA AGRARIO
Desde la ODP-PSLF queremos expresar nuestro apoyo a las luchas que están realizando los agricultores extremeños para conseguir una valoración de su trabajo y de lo que producen.

La política agraria seguida por los diferentes gobiernos aplicando las directrices de Bruselas beneficia y privilegia a las clases ricas, a los agricultores más poderosos y terratenientes.  

La Política Agraria Comunitaria que se basa en las subvenciones y en las directivas que deben aplicar los gobiernos nacionales, conduce a la expulsión de los pequeños propietarios de sus tierras, ahogándolos con los bajos precios de los productos agrícolas.

La política seguida desde Bruselas está favoreciendo de modo descarado la concentración y acumulación de la tierra en manos de los grandes terratenientes, empresas agrícolas y de los fondos de inversión que están introduciéndose en el campo de una manera acelerada.

En las próximas dos semanas, la UE preparará el nuevo Presupuesto comunitario para el periodo 2020-2027 que según las evidencias disponibles implicará un recorte en los fondos estructurales y en la Política Agrícola Común (PAC).

Una buena parte de los casi 600 millones de euros de la PAC van a parar a propietarios de tierras que viven en Madrid o fuera de Extremadura.  Estas ayudas se deben dar a los agricultores que realizan una actividad agraria, en función de la producción y vinculadas al empleo, a quienes generan riqueza y crean empleo; hay que eliminar que las subvenciones se concedan dependiendo de la superficie y de los derechos históricos.

La pretensión del gobierno tratando de convencer a los grandes supermercados y grandes distribuidoras para que tengan solidaridad con los agricultores es pura fantasía. El meollo de la cuestión son los precios, y es la Unión Europea la que impide la fijación de precios a los gobiernos. Sin embargo, permite que las grandes superficies y las multinacionales arruinen a los agricultores y que luego vendan a precios abusivos al resto de la ciudadanía.

Por otro lado, se permite la entrada de productos de otros países a los que dudosamente se les aplican los reglamentos y controles sanitarios que se aplican a la producción agrícola nacional. Muchas de las producciones que vienen del extranjero pertenecen a grandes empresas españolas que producen con menores costes en otros países como Marruecos, etc.

El abandono y la despoblación del mundo rural se traducirá en beneficio de grandes fincas de agricultura industrializada, grandes y exclusivos cotos de caza o fincas de recreo para la alta sociedad verde. No desaparecerá la producción de alimentos, todo quedará en manos de las grandes multinacionales y de los grandes terratenientes, que con las maquinarias y la tecnología actual controlarán la producción, distribución y comercialización de alimentos.

El mantenimiento del mundo rural y la agricultura necesitan de medidas que vayan a la raíz del problema agrario, medidas radicales por parte del gobierno y de la Junta de Extremadura:

1.- Ruptura con las políticas que proceden de Bruselas que condenan a la ruina a quienes viven y realizan la actividad agraria.
2.-Desarrollo de políticas que orienten al agricultor en el coste real y en la planificación de las producciones, la calidad sanitaria, etc.
3.-intervención directa en la comercialización, suministros de servicios y financiación de las producciones.
4.-Puesta en marcha de Mecanismos de Mercado como el establecimiento de aranceles de importación, reintegro de los aranceles que se cobran a los productos de la exportación, precios de garantía, reglamentos sobre la calidad de los alimentos, políticas para que el consumo de productos de la tierra se lleve a cabo en establecimientos públicos de la Junta de Extremadura o del Estado español, etc...
5.- Una mayor intervención para aplicar con todo rigor la Ley de Comercio de 1996 y la Ley de Competencia Desleal de 1991 que prohíben la venta a pérdida ya que inducen a error a los consumidores, desacreditan la imagen del producto o reducen la competencia en el mercado.
6.- La única solución ante el atropello violento al que se está sometiendo a las clases trabajadoras del mundo rural es la Reforma agraria.
La Reforma Agraria debe estar basada en las expropiaciones de los grandes latifundios teniendo claro que el reparto de tierras es imprescindible; debe estar dirigida a la soberanía alimentaria que la PAC se está cargando y acabará con ella definitivamente; al impulso para la formación de cooperativas agrarias de producción, distribución, transformación y consumo; la defensa de salarios dignos para los trabajadores y trabajadoras del campo; la defensa e incremento de la agricultura ecológica; la defensa del territorio y el medio ambiente solo se pueden defender con habitantes en el medio rural que vivan dignamente y con servicios. Es sencillamente otro modelo de Estado y redistribución de la riqueza.





ODP-PSLF SOBRE EL PROBLEMA AGRARIO








Desde la ODP-PSLF queremos expresar nuestro apoyo a las luchas que están realizando los agricultores para conseguir una valoración de su trabajo y de lo que producen.


La política agraria seguida por los diferentes gobiernos aplicando las directrices de Bruselas beneficia y privilegia a las clases ricas, a los agricultores más poderosos, a las grandes empresas de producción, distribución y comercialización y terratenientes.  


La Política Agraria Comunitaria que se basa en las subvenciones y en las directivas que deben aplicar los gobiernos nacionales conduce a la expulsión de los pequeños propietarios de sus tierras, ahogándolos con los bajos precios de los productos agrícolas.


La política seguida desde Bruselas está favoreciendo de modo descarado la concentración y acumulación de la tierra en manos de los grandes terratenientes, empresas agrícolas y de los fondos de inversión que están introduciéndose en el campo de una manera acelerada.



En las próximas dos semanas, la UE preparará el nuevo Presupuesto comunitario para el periodo 2020-2027 que según las evidencias disponibles implicará un recorte en los fondos estructurales y en la Política Agrícola Común (PAC).



Una buena parte de los casi 600 millones de euros de la PAC van a parar a propietarios de tierras que viven en Madrid o fuera de Extremadura.  Estas ayudas se deben dar a los agricultores que realizan una actividad agraria, en función de la producción y vinculadas al empleo, a quienes generan riqueza y crean empleo; no se puede consentir que las subvenciones se concedan dependiendo de la superficie y de los derechos históricos.



La pretensión del gobierno tratando de convencer a los grandes supermercados y grandes distribuidoras para que tengan solidaridad con los agricultores es pura fantasía. El meollo de la cuestión son los precios, y es la Unión Europea la que impide la fijación de precios a los gobiernos. Sin embargo, permite que las grandes superficies y las multinacionales arruinen a los agricultores y que luego vendan a precios abusivos al resto de la ciudadanía. 


Por otro lado, se favorece la entrada de productos de otros países a los que dudosamente se les aplican los reglamentos y controles sanitarios que se aplican a la producción agrícola nacional. Muchas de las producciones que vienen del extranjero pertenecen a grandes empresas españolas que producen con menores costes en otros países como Marruecos, etc.


El abandono y la despoblación del mundo rural se traducirá en grandes fincas de agricultura industrializada, grandes y exclusivos cotos de caza o fincas de recreo para la alta sociedad verde. No desaparecerá la producción de alimentos, todo quedará en manos de las grandes multinacionales y de las grandes empresas agrícolas que en definitiva son los nuevos terratenientes, que con las maquinarias y la tecnología actual controlarán la producción, distribución y comercialización de alimentos.


El mantenimiento del mundo rural y la agricultura necesitan de medidas que vayan a la raíz del problema agrario, medidas radicales por parte del gobierno y de la Junta de Extremadura:


1.- Ruptura con las políticas que proceden de Bruselas que condenan a la ruina a quienes viven y realizan la actividad agraria.


2.-Desarrollo de políticas que orienten al agricultor tanto en el coste real como en la planificación de las producciones, la calidad sanitaria, etc. 


3.-intervención directa en la comercialización, suministros de servicios y financiación de las producciones.


4.-Puesta en marcha de Mecanismos de Mercado como el establecimiento de aranceles de importación, reintegro de los aranceles que se cobran a los productos de la exportación, precios de garantía, reglamentos sobre la calidad de los alimentos, políticas para que el consumo de productos de la tierra se lleve a cabo en establecimientos públicos de la Junta de Extremadura o del Estado español, etc... 


5.- Una mayor intervención para aplicar con todo rigor la Ley de Comercio de 1996 y la Ley de Competencia Desleal de 1991 que prohíben la venta a pérdida ya que inducen a error a los consumidores, desacreditan la imagen del producto o reducen la competencia en el mercado.


6.- La única solución ante el atropello violento al que se está sometiendo a las clases trabajadoras del mundo rural es la Reforma agraria.

La Reforma Agraria debe estar basada en las expropiaciones de los grandes latifundios;  el reparto de tierras es imprescindible; debe estar dirigida a la soberanía alimentaria que la PAC se está cargando y acabará con ella definitivamente; al impulso para la formación de cooperativas agrarias de producción, distribución, transformación y consumo; la defensa de salarios dignos para los trabajadores y trabajadoras del campo; la defensa e incremento de la agricultura ecológica; la defensa del territorio y el medio ambiente solo se pueden defender con habitantes en el medio rural que vivan dignamente y con servicios. Es sencillamente otro modelo de Estado y redistribución de la riqueza.








martes, 11 de febrero de 2020

La España vaciada lo ocupan fondos de inversión


    L a España vaciada la ocupan fondos de inversión. Los nuevos terratenientes

L
 
Carlos Martínez

Lo que está ocurriendo en el territorio del estado español, en el mundo rural, en las tierras agrarias y de cultivo es mucho más grave de lo que se sabe por parte incluso de personas informadas y afiliadas a organizaciones progresistas.



Vaciar los territorios rurales ha sido una estrategia pensada durante décadas y que comenzaría con el franquismo en España con un doble objetivo, mano de obra barata para Europa –la emigración- y mano de obra barata para las ciudades de la España urbana y el nuevo cultivo español, el ladrillo. 



Otra causa y hoy es la principal es la Politica Agraria Común de la Unión Europea que comienza a dar subvenciones por abandonar tierras de cultivo y en su lugar plantar árboles madereros, por ejemplo. Es gracioso pero se piensa que han sido los agricultores mediterráneos los que han sido más beneficiados de la PAC, cuando han sido los centro-europeos, mucho más organizados y entre los que destaca la combatividad de los franceses. Pero es que el tiro de gracia de la PAC contra la población rural, es como reparte sus famosas ayudas y subvenciones y es que la forma de hacerla, por hectáreas y no por producto, apoya a los grandes propietarios y favorece la acumulación de tierras por estos. Es decir la PAC no solo margina al pequeño y mediano agricultor, sino que beneficia la reaparición del latifundio. Y eso es lo que está ocurriendo.





Estamos en España en un proceso de reapropiación de la tierra por parte de latifundistas, si es que alguna vez esto había desaparecido en algunos territorios como Andalucía, Extremadura o La Mancha. Estos latifundistas pueden ser bien personas ricas de los propios territorios o bien grandes empresarios de otros sectores o fondos buitre agrarios. Grandes multinacionales o incluso otros estados. La forma de ahogar a la pequeña propiedad rural, son los precios. A los y las pequeñas y me- dianas agricultoras y ganaderas se les está asfixiando con una doble acción sospecho del turismo. El turismo de caza por ejem- plo, aunque no solo.



La cuestión de los precios es tan san- grante que existiendo unos especulado- res sin escrúpulos y una verdadera mafia acaparadora del mercado agrario a nivel global y mundializada, la Unión Europea impide el control gubernamental de pre- cios, es decir es ilegal en Europa/UE que los gobiernos fijen precios justos, pero es legal que las grandes superficies y las multinacionales sangren, exploten y ex- torsionen a los agricultores imponiendo precios abusivos y que luego ellos desde las grandes superficies y supermercados roben al resto de la ciudadanía. ESO ES LO LEGAL EN EUROPA UNIÓN Y EN EL REINO DE ESPAÑA. 



Se protegen los mercados es decir a los grandes mercaderes, pero se extorsiona a quien vive en el campo, del campo, pero también a las clases populares que em- pobrecidas gracias a los bajos salarios y altos alquileres e hipotecas se ven obliga- dos a comprar en supermercados lo más barato. Abunda en el hecho de la globa- lización de la agricultura y su abandono el que por ejemplo los famosos naranjos de Valencia se están dejando de cultivar y se abandonen y en su lugar nos llegue la naranja de Sudáfrica, Marruecos o Chile producida en grandes fincas que a su vez son propiedad de los mismos fondos de inversión que acaparan tierras en el Es- tado español.



Pedir por parte del Gobierno responsabilidad a las grandes cadenas y espe- culadores es un acto bien de profunda hipocresía y pensar que somos tontos, todas, o bien ser verdaderamente un in- útil, un desinformado o estar en realidad a favor de los grandes y poderosos y que estos se sigan lucrando de nuestro traba- jo y nuestras necesidades alimenticias, que la ley europea les protege.


La única solución de urgencia, pasa por el control estatal de precios, la de- rogación de la gran parte de la legisla- ción europea exclusivamente neoliberal y pro-latifundistas y acaparadores así acaparación de tierras por parte de fon- dos multinacionales.



Y ahora alguno me dirá, si vacían el campo quien produce. Muy sencillo, jornaleros y jornaleras temporales que no hace falta vivan en el medio, máquinas y productos químicos a mogollón. Esto ya se vive por ejemplo en el Perú o Brasil o Argentina…



Por tanto toda una combinación de factores entrelazados entre sí, es decir precios y reapropiación y/o expropiación de tierras, ausencia de servicios e infraes- tructuras y cierre de todo lo público en el mundo rural, generan despoblación, todo en beneficio de grandes fincas de agricultura industrializada, grandes y ex- clusivos cotos de caza o fincas de recreo para la alta sociedad verde.



Y ahora la pregunta del millón. 

Pensemos en la solución: Trabajo y tierra dig- nos. Reforma agraria y la reforma agraria hoy no es solo reparto de tierras que es imprescindible hacer, es defender la so- beranía alimentaria que la PAC se carga. Es repartir trabajo y dignidad, es mejorar también los sistemas productivos y crear y fomentar todo un sistema de cooperativas agrarias de producción, distribución, transformación y de contacto directo con los consumidores, así como cooperativas de productor-consumidor pero sin olvi- dar el reparto y los socialistas defendemos el reparto y el control público y social. Es defender e incrementar la agricultura eco- lógica y defender el territorio para todas y todos y el territorio y el medio ambiente solo se pueden defender con habitantes en el medio rural que vivan dignamente y con servicios. Es dejar de hacer políticas cen- tralistas en defensa de un “mega Madrid” injusto, centralista, contaminado, depreda- dor, que se dedica a vivir –su oligarquía- a costa del resto del reino. Es sencillamente otro modelo de Estado y reparto, siempre reparto. Por favor, dejen ya de engañar. Por favor vamos a impulsar políticas sociales justas de una vez con valor y valores en fa- vor de la mayoría. Vamos a ser conscientes de nuestra fuerza y unir fuerzas con otros pueblos de Europa y no solo.

que combinada, de grandes propietarios       como una derogación o fin de la PAC  y grandes superficies y/o multinacionales del sector de la alimentación. 
Carlos Martinez,  es politólogo y secretariogeneral del PSLF