viernes, 6 de mayo de 2022

Las medidas contra los efectos de la guerra no buscan oponerse a la guerra


El Gobierno argumenta sus planes de apoyo a la guerra de Ucrania como si se tratase de “ayudar a personas y empresas con el objetivo de fortalecer el estado de bienestar y profundizar en la modernización de la economía avanzando en la digitalización y la transición ecológica”. La realidad es que se siguen los dictados que marcan los intereses de los EEUU.

 Las medidas contra los efectos de la guerra no buscan oponerse a la guerra. Todo lo contrario, el envío de hombres y armas para el conflicto se acelera, así como el seguimiento de las medidas de sanción económica que encarecen la mayoría de los productos de consumo diario. La guerra trae recesión y miseria popular a cambio de grandes beneficios para los señores de la guerra nacionales e internacionales.

Para mantener esa política de guerra, el Gobierno busca contener alguno de sus efectos más llamativos de la especulación empresarial, financiando a sectores comerciales más dañados, como es el caso de las empresas de gas intensivas, o de sectores como el papel, el vidrio o la cerámica... Financiando también el transporte con más avales y tratar de dar liquidez a empresas en mala situación financiera.

Los descuentos al combustible de 20 céntimos por litro, y el límite a la subida de los alquileres son medidas claramente insuficientes para hacer frente a la ola de miseria popular, pero no se tocan los precios que destruyen salarios y pensiones.

Tal y como sucedió con las medidas de escudo social de la pandemia, estas medidas son más simbólicas que reales, y la burocracia administrativa se encargará de limitar aún más su alcance.

Se vende el acuerdo político que España y Portugal han obtenido como concesión de la Unión Europea sobre el precio de la energía, mientras se esconde que la política contra el pueblo saharaui está a punto de romper los acuerdos de suministro de gas de Argelia por gas norteamericano, de mucha peor calidad y más caro.

En esta crisis política lo que está en cuestión es el Estado Profundo heredado de la dictadura

 

El espionaje, es decir el Estado policial, se ha superpuesto a todos los asuntos de la crisis política, agravando todas las cuestiones.

Cuando en 1995 el diario El Mundo destapó el caso de las “Escuchas del CESID”, se puso de manifiesto que el espionaje era un modo habitual de funcionamiento del aparato de Estado, donde se grababa a todo el mundo y, en particular, a políticos, empresarios, periodistas..., y a los mismos miembros de las instituciones. Espionaje sistemático, que -según declaraciones de la época del que fuera presidente de Gobierno, Felipe González- se enteró del asunto por la prensa, como también manifestó que se enteró por la prensa de la corrupción o del Gal.

El Gobierno de coalición de Sánchez ha caído en la misma trampa, tratando primero de negar los hechos y luego, en un giro fatídico, sacar a escena a Bolaños -que sirve para todo- para venir a declarar que también se espiaba al Gobierno en la persona de la ministra de Defensa y del mismo Sánchez. Hecho éste que se conocía desde hace un año.

Con su maniobra, el Gobierno se ha puesto la cuerda al cuello, buscando imputar de los hechos a terceras personas de menor rango, a otros países o a grandes empresas. La negativa del PSOE, como mayoría del gobierno de coalición, a que se investiguen los hechos en sede parlamentaria le pone contra las cuerdas ante las demandas democráticas.

El aspecto central de todo ello es la impunidad con la que se mueven unos y otros. Cuando desde la cúpula del Estado se amasa día a día la impunidad del rey emérito como jefe que fue de la Casa Real y del mismo Estado, el aspecto más relevante es el de la complicidad de quienes gobiernan, en la medida que hacen uso y abuso de dos discursos: de una parte, van de supuestos demócratas, y de otra, colaboran con todas las formas de sostenimiento de las instituciones fácticas heredadas de la dictadura contra la población.

La opacidad sobre los asuntos fundamentales se fomenta con el hecho de que es el mismo gobierno quien se encarga de establecer en la vida política e institucional qué es secreto y qué no lo es, negando a las Cortes Generales, que formalmente representan la voluntad popular, la capacidad para conocer y resolver los principales problemas.

Es el Estado profundo heredado de la dictadura, formado por una red de poder político, judicial, económico y policial..., que representa el régimen de la Monarquía, lo que realmente está en cuestión con esta crisis política de Estado.

EL PRÓXIMO DÍA 14 SE CONVOCA A PARTICIPAR EN LA CONSULTA POPULAR ENTRE MONARQUÍA O REPÚBLICA

 

El anteproyecto de Ley llamado de Memoria Democrática es un ejemplo de libro de mantener más de 80 años de impunidad, de ellos, cuarenta años de supuesta democracia.

El Anteproyecto se encuentra aparcado en el Congreso al constatarse que no existe una mayoría que la apruebe. El texto es un refrito mal guisado de la Ley de la Memoria de Zapatero con un lenguaje destinado solo a confundir.

De entrada, es un texto que lo que promueve es la impunidad de Estado. Comienza por decir que se estructura en torno al protagonismo y la reparación integral de las víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura, cuando ni siquiera reconoce los derechos de las víctimas de las políticas internacionales, establecidas por la ONU, de verdad, justicia y reparación.

Un texto que se fundamenta en la no condena del franquismo como régimen criminal, y en la protección de sus leyes y sus secretos, en buena medida aún vigentes, y de sus instituciones en el poder que carecen de toda legalidad y legitimidad democrática.

No declara la nulidad de las condenas y sanciones a efectos judiciales, por tanto, habla de una nulidad que no es sino papel mojado.

De esta ley se han dicho muchas cosas, pero lo más injusto es plantear que es un asunto sólo del PSOE y no un asunto del Gobierno. Al respecto hay que recordar que el texto, tal como está, fue aprobado por todos los portavoces de los partidos que conforman el Gobierno de coalición.

La mayoría de electos tienen en sus manos la necesidad de depurar responsabilidades del Estado cloaca, estableciendo un verdadero giro político democrático de ruptura con el mundo corrupto de la Monarquía. El asunto de los espías del régimen pone al descubierto las políticas del Gobierno y del régimen del 78. El pueblo, los pueblos, tienen derecho a decidir para resolver los problemas que le afectan. Por ello. el próximo día 14 se convoca a participar en la consulta popular entre Monarquía o República