La visita de la ministra de Sanidad y el desprecio de la Izquierda Institucional a la ILP por la Recuperación del Sistema Nacional de Salud

Hoy lunes tendremos en Extremadura la visita de la ministra de Sanidad Carolina Darías con motivo del plenario del consejo interterritorial del Sistema Nacional de Salud.

Desde UED-PSLF consideramos que es un momento apropiado para que Carolina Darías tengan en cuenta los muchos nubarrones que oscurecen el panorama de la Sanidad Pública Extremeña.

En este sentido, para aclarar el horizonte sanitario y superar los graves problemas que padecemos en la región extremeña, consideramos prioritario la puesta en marcha del contenido de la Iniciativa Legislativa Popular de Recuperación del Sistema Nacional de Salud (ILP), organizada y desarrollada por la Coordinadora Anti privatización de la Sanidad Pública (CAS), en la que hemos participado intensamente junto con movimientos de pensionistas y compañeros de la CNT. Los puntos de la ILP son totalmente imprescindibles si se quiere mejorar la calidad del sistema sanitario español, y en concreto el de nuestra región.

1. Atención sanitaria y Universal para todas las personas.
2. Derogación de las leyes privatizadoras y recuperación de los centros privatizados.
3. Creación de un sistema público de farmacia y productos sanitarios.
4. Recuperación y reforzamiento de la atención primaria, dotándola del 25 % del gasto.
5. Atención sanitaria de los centros de mayores en manos del sector público.

 

Carolina Darías, ministra de Sanidad, del gobierno de coalición (PSOE, UP) al igual que los partidos y organizaciones sindicales (CCOO, UGT) que les apoyan, en conjunto, constituyen lo que denominamos la Izquierda Institucional, han tenido una actitud muy negativa en relación con la Iniciativa Legislativa Popular en Recuperación del Sistema Nacional de Salud (ILP).

La CAS en repetidas ocasiones ha manifestado de que “no ha tenido el apoyo de lo que se llama la Izquierda Institucional a pesar que se les informó del contenido de la ILP y se les convocó en varias ocasiones. En todo caso, han estado maniobrando para impedir que la ILP se difundiera, para evitar que en año preelectoral, PSOE y Unidas Podemos tuvieran que retratarse en el Congreso votando en contra de propuestas, que mientras estuvieron en la oposición prometían aprobar cuando gobernaran”.

Más bien, “los esfuerzos de todos estos grupos políticos y sindicales, al menos de sus direcciones políticas, han estado centrados en deslegitimar y boicotear la difusión de la campaña, y ahora que nos acercamos al circo electoral, reaparecen en las calles con el apoyo de los “medios de comunicación progresistas”, para desviar la atención de las causas del caos sanitario, con los reclamos de “la sanidad no se vende, se defiende”. Lo que sí persigue la “izquierda del capital”, es ocultar que la desastrosa situación sanitaria es simplemente el resultado de la aplicación de las leyes estatales que ellos están manteniendo, aún contando con la mayoría parlamentaria para echarlas abajo.

No dudamos que como viene aconteciendo con las visitas de ministros volvamos a escuchar mensajes publicitarios relacionados con la llegada de millones, en esta ocasión para la subida a los cielos de la sanidad extremeña. No obstante, si la ministra quiere responder a las necesidades de la población trabajadora extremeña tiene que poner todo su empeño en lograr que las políticas públicas vayan en la dirección de lograr que las listas de esperas se reduzcan, que no se sigan externalizando actividades relacionadas con los centros sanitarios, que se incrementen el número de profesionales sanitarios en los centros de salud, que mejore el funcionamiento del transporte sanitario, y la sobremortalidad merezca una explicación por parte del Gobierno; la realidad es que todos los partidos sin excepción han cerrado filas, y nos han metido en una guerra, que no es nuestra, y anuncian en los presupuestos para 2023, 48.833 millones de euros (casi el 4% del PIB), más de la mitad del gasto sanitario público, no para rescatar la sanidad, sino para alimentar un nuevo ciclo de rearme que nos va a llevar a un suicidio colectivo como sociedad. etc.

 

Por políticas estructurales contra las desigualdades sociales y territoriales; en contra de las migajas caritativas.

 

En este fin de semana se están produciendo declaraciones de algunos dirigentes del gobierno de coalición acerca de mantener medidas relacionadas con el escudo social. Desde UED-PSLF consideramos que independientemente de la mínima y limitada validez puntual de aquellas, el gobierno de España debiera trabajar por la superación de las desigualdades sociales y territoriales, no basta con la concesión de 100, 200 o 300 euros que sacan de poco a las familias.

 Lo que se necesitan son políticas públicas estructurales que ataquen de raíz los problemas que afectan a buena parte de la población trabajadora, tanto la extremeña como la del estado español. No se trata de seguir concediendo pequeñas migajas caritativas a la población más deprimida. Entre otras, además de una mayor financiación para las regiones como la extremeña, lo que se requieren son acciones que incrementen el salario mínimo, las ayudas sociales y las pensiones, tal y como reclaman los movimientos de pensionistas de unos 1400 euros mensuales.

Consideramos que no habrá desarrollo extremeño hasta que no tengamos una autonomía política y financiera que nos permita poner en marcha programas políticos que impliquen una reforma agraria integral, la potenciación de la ganadería, el medio forestal, la mejora en cantidad y calidad de los servicios públicos y la construcción de viviendas.

En el caso de nuestra región, no tiene sentido que la Junta de Extremadura esté programando la concesión de cientos de millones de sus presupuestos para satisfacer las pretensiones de alguna de las grandes empresas que vienen de fuera a instalarse en nuestro territorio. No tenemos la más mínima duda que este hecho económico-financiero, de llevarse a efecto, reducirá las partidas presupuestarias del gasto social, procurando la reducción y  la calidad de los servicios público.

La Consejería no puede esperar más a poner en marcha un programa de construcción y adquisición de viviendas ya edificadas para alquiler social. El proceso de construcción y rehabilitación de viviendas en las diferentes localidades extremeñas sería un factor muy importante para la creación de un buen número de empleos, ayudaría a movilizar la economía y la creación de riqueza en nuestros pueblos.

Hay que buscar una solución para cientos de familias que ya sufren problemas habitacionales y otras que de manera inmediata comenzarán a sufrir desahucios, la inflación y la precariedad salarial influirán en el impago de alquileres e hipotecas por las subidas desproporcionada de los tipos de interés.

Desde UED-PSLF nos solidarizamos con las luchas del personal sanitario y reclamamos el incremento de las inversiones en recursos humanos para la sanidad pública extremeña que cada día avanza más hacia el colapso como sucede en la madrileña.

UED-PSLF muestra todo su apoyo a las reivindicaciones en defensa de la salud pública que realizan los profesionales sanitarios que en muchos centros de salud y centros hospitalarios se encuentran con una enorme carga de trabajo muy superior a la normal.

 

 

 

El gobierno de Coalición y los desalojos rápidos en la Ley de la Vivienda

Las formaciones políticas que sostienen al gobierno del PSOE-UP (ERC y EH Bildu entre ellas) siempre dicen que lo hacen por el menosmalismo, es decir para que no gobierne la derecha. Como si el partido que impuso el 135, apoyó el 155, mantiene intacta la ley Mordaza y también la Reforma Laboral con pequeños cambios, apoya intentos de golpes de estado y a neonazis, destina a grandes empresas, Bancos, la OTAN… ingentes cantidades de dinero que niega a la clase trabajadora (por poner sólo unos ejemplos), pudiera ser un partido de izquierdas.

 Quienes defienden el carácter de izquierdas del PSOE y de su gobierno, junto a Unidas Podemos, saben que mienten. En el estado español ahora mismo se está gobernando para la defensa de los intereses de las élites económicas, al igual que si gobernara la derecha; nunca ha dejado de hacerlo.

 Cuando anuncian a bombo y platillo alguna medida con tintes «progres», luego no la desarrollan, como pasó con el Ingreso Mínimo Vital (IMV), que a día de hoy sólo se lo han concedido a una mínima cantidad de personas.

 En el asunto de los desahucios y desalojos sucede que el PSOE quiere aprobar una ley que permite desalojar espacios ocupados en 48 horas sin juicio previo. Quienes se beneficiarán de esto, son los Bancos, los fondos buitres y los grandes propietarios, puesto que ocupaciones de viviendas de particulares prácticamente no existen, sobrre todo en Extremadura, salvo casos muy excepcionales que han sido pregonados con la máxima difusión  para hacer ver a la opinión pública algo que no existe.

 Para sectores de la clase obrera, muy castigados y deprimidos por la inflación, que popularmente se considera el impuesto a los pobres, en una inmensa mayoría no pueden acceder a viviendas de alquiler por carecer de medios económicos o a viviendas sociales que no hay porque el poder político no ha querido construirlas con el fin de promocionar y favorecer el negocio de la construcción para las empresas privadas, una vez más siente negados sus derechos sociales y políticos, le reservan la pobreza más humillante y cruda.

 Aquí en Extremadura el gobierno regional pasa de buscar una solución que acabe con este tipo de problemas, las viviendas sociales no se construyen o lo hacen a cuenta gotas y la única medida que se adopta son las ayudas de alquiler que por la burocracia que contienen niegan el acceso a ella de muchas familias.

 La particularidad que ahora se quiere aprobar en la Ley de la Vivienda sería la más grave que se adopta en los últimos años contra un hecho, la legítima ocupación, que se produce ante la necesidad desesperada de vivir en la calle como seres sin derechos de ningún tipo, peor que los animales. No obsttante, el gobierno de coalición quiere proteger la propiedad privada de las entidades financieras, de los fondos de inversión y de los grandes propietarios.

No entendemos la actitud de los partidos políticos que se llaman de izquierdas ante esta medida que se quiere aprobar en la Ley de la Vivienda. Lo que está claro es que si se quieren evitar todo tipo de ocupaciones sería necesario que el gobierno central actuara para que las administraciones regionales y locales dispusieran de bancos de viviendas para ceder en alquiler social a las familias que las necesitaran. De este modo, se cumplirían las normas que con tanto enfasis se defienden por quienes gobiernan, como es el caso del derecho a la vivienda, art. 47 de la Constitución Española.

La vivienda y la dignidad de las familias extremeñas

 

Desde UED-PSLF tenemos que indicar que el 31 de diciembre termina el período que el Decreto 11/2002, de 25 de junio, establecía para la suspensión de los desahucios a las personas vulnerables económica y socialmente. Es decir, en breve período de tiempo, en menos de un mes, probablemente, muchas familias se encontrarán con convocatorias judiciales previas al lanzamiento. Los precios de los alquileres y el coste de los alimentos y materias básicas para la vida no paran de aminorar la capacidad de los ingresos de las familias.

Hasta la fecha, la Junta de Extremadura se ha dedicado a publicar acciones futuras previstas en el plan estatal de la vivienda para los años venideros, pero no ha tomado soluciones que pudieran hacer frente a problemas habitacionales que se multiplican en localidades extremeñas, desde Badajoz, Cáceres, Mérida hasta Talayuela.

En previsión de todo lo que pudiera ocurrir se aprueban o están en proceso de aprobación una serie de normas que en vez de hacer frente a la pobreza van dirigidas contra los pobres. No sólo la ley contra los pequeños robos, y lo contemplado en la nueva ley de vivienda del gobierno de coalición, el desalojo rápido de una ocupación en 48 horas, evitando el juicio de desalojo; mecanismo que beneficia muy especialmente a los bancos, fondos de inversión y grandes propietarios que son los que disponen de viviendas con el claro objetivo de la especulación mientras muchas personas y familias carecen de un mínimo espacio habitacional. De esta manera se mantienen los espacios vacíos para destinarlos a la especulación antes que las familias los utilicen según sus necesitadas.

Desde UED-PSLF exigimos que la Consejería de la Vivienda además de facilitar el acceso a las ayudas de alquiler con la eliminación de parte de la burocracia que se exige, se haga cargo de las viviendas que están en manos de la SAREB, de las entidades bancarias y de los grandes propietarios en diferentes localidades de Extremadura para cederlas en alquiler social.

También, es necesaria su actuación en otros casos. No sabemos qué pasa con las 90 viviendas del barrio de Suerte de Saavedra de Badajoz que el Ministerio del Interior lleva negociando desde hace años con la Junta de Extremadura, ni qué ocurre con las 220 viviendas de los Álamos en Mérida, ni la lentitud extrema en la adjudicación de las viviendas públicas en otras localidades como Almendralejo o Talayuela, etc.

En estos momentos en que se estudian en la Asamblea de Extremadura los presupuestos regionales es necesario que se concreten partidas para la adquisición de viviendas de particulares en venta en diferentes localidades al objeto de crear Bancos Locales de Viviendas, o que se establezcan claros programas de construcción de viviendas.

Por otro lado, sería muy necesario que los partidos políticos de la oposición en la Asamblea de Extremadura, especialmente los que se llaman de izquierdas, exijan medidas de la Junta de Extremadura para buscar soluciones a los problemas que previsiblemente se puedan producir al concluir el período de suspensión de lanzamientos del decreto 11/2022

No podemos consentir que en nuestra región haya cientos de familias que están pasando penurias por el estado físico de las viviendas y vivan en la angustia y el dramatismo de ser desalojadas por carecer de medios económicos para mantener alquileres inalcanzables para sus presupuestos familiares.

 

La importancia de la herencia del atado y bien atado

 

Cuando hablamos de los partidos políticos que controlan los instrumentos del aparato del Estado, no nos vale la teoría del “menosmalismo” que nos puede empujar a apoyar y dar nuestro refrendo al que consideremos como el menos malo en la toma de decisiones políticas y sociales. En la política local, regional y estatal, a veces sucede que en ocasiones gobiernan los que se consideran progresistas y en otros casos, los calificados como conservadores. Sin embargo, la experiencia nos dice que no hay distingos entre «progres» y «conservadores», son y forman parte de las mismas estructuras.

Los políticos progres o conservadores no van a parir cambios trascendentales con las políticas que ejecuten. En el caso de la política local, las leyes y normativas que regulan la administración local, imponen enormes limitaciones en competencias legales y económicas de tal modo que las medidas que se toman puedan tener pocos efectos en el terreno de las desigualdades sociales y territoriales, así como alterar el estado de los explotados y oprimidos.

En el Estado español la herencia del «atado y bien atado» es tan fuerte y tan poderosa que el lema del «sí se puede» en este marco político-legal no es más que una falsa ilusión. En todo caso, hay la plena seguridad de que los políticos progres y conservadores no van a llevar a cabo transgresiones legales que rompan o modifiquen lo más mínimo las estructuras del sistema, pues esto implicaría recibir un castigo penal importante, al que no están dispuestos.

Nuestro objetivo político debe estar centrado en el trabajo de organización y agrupación de fuerzas, en luchar por conseguir una plena autonomía política, local y regional, con capacidad de decisión en los asuntos y problemas que nos afectan, a la vez que avanzar en la unidad con otras fuerzas políticas y sociales del resto de los territorios del estado español interesadas en la superación de la Monarquía como garante de la dictadura del capital y de las relaciones sociales de producción.

En apoyo a la Coordinadora Antiprivatización Sanidad Pública (CAS) y su defensa de una Sanidad Pública y Universal

 

Desde UED-PSLF nos identificamos en todos sus términos con las manifestaciones realizadas por la (CAS) Coordinadora Antiprivatización de la Sanidad Pública en relación a lo que viene sucediendo con la (ILP) Iniciativa Legislativa Popular para la recuperación de la sanidad pública.

Así, en una reciente comunicado del día 2 de diciembre, titulado” Sobre el papel de la izquierda en la ILP para la Recuperación del Sistema Nacional de Salud”, la CAS informa que ninguna de las direcciones de las organizaciones políticas en el Congreso de los Diputados, ni de sindicatos como CCOO y UGT, así como directivas de asociaciones corporativas de medicina y enfermería, y de otros colectivos, plataformas y mareas que dicen defender la sanidad han apoyado la defensa de la Iniciativa Legislativa Popular en los diferentes territorios del estado español, si bien quieren destacar que han tenido colaboración de personas a título individual pertenecientes a estas organizaciones políticas, sociales y civiles.

En este orden de cosas, tenemos que decir que UNAEXTREMADURADIGNA (UED-PSLF), estuvo desde el primer día al pie del cañón colaborando con compañeros de colectivos pensionistas y de la CNT de Badajoz en la difusión y en la recogida de firmas de apoyo a la ILP en diferentes localidades como Badajoz, Mérida, Almendralejo, Don Benito, Villanueva, Cáceres y Villafranca de los Barros. Por supuesto que nos consta que otras muchas personas también estuvieron recogiendo firmas en estas y otras localidades extremeñas a título individual o pertenecientes a otros colectivos.

Esta iniciativa para la recuperación del sistema sanitario público en el estado español se basaba en 5 puntos:

1. Atención sanitaria para todas las personas, universal.
2. Derogación de las leyes privatizadoras y recuperación de los centros privatizados.
3. Creación de un sistema público de farmacia y productos sanitarios.
4. Recuperación y reforzamiento de la atención primaria, dotándola del 25 % del gasto.
5. Atención sanitaria de los centros de mayores en manos del sector público.

 

La CAS señala textualmente en su comunicado: “Por tanto, tenemos que denunciar que todos aquellos grupos, que englobados en la “izquierda institucional”, han maniobrado para impedir que la ILP se difundiera, para evitar que en un año en el que comienza el circo electoral, PSOE y Unidas Podemos tuvieran que retratarse en el Congreso votando en contra de propuestas, que mientras estuvieron en la oposición prometían aprobar cuando gobernaran.

Sin embargo, todos estos grupos políticos reaparecen ahora en el momento preelectoral con los reclamos de “la sanidad no se vende, se defiende”. Lo que sí persigue la “izquierda del capital”, es ocultar que la desastrosa situación sanitaria es simplemente el resultado de la aplicación durante estas décadas pasadas de las leyes estatales que ellos están manteniendo, aunque contaban y cuentan con la mayoría parlamentaria para echarlas abajo.

La voladura controlada del Sistema Nacional de Salud no permitirá “oasis” sanitarios, ya que afectará a todas las Comunidades Autónomas. La estrategia de desmantelamiento de los llamados “servicios públicos” alcanzará todos los territorios y todos los sectores, acelerándose cada vez más con las medidas que el Estado está tomando, y aun reforzará mucho más con la agudización de la crisis energética y eco-social.

Así, mientras el sistema sanitario se hunde, las ambulancias salen sin médico, falla el transporte sanitario, se desmantelan los servicios de urgencias, la Atención Primaria se colapsa, las listas de espera se disparan, la masacre de las residencias continua impune con los mayores que sobrevivieron de nuevo olvidados, y la sobremortalidad sigue sin merecer una explicación por parte del Gobierno, todos los partidos sin excepción han cerrado filas, y nos han metido en una guerra, que no es nuestra, y anuncian en los presupuestos para 2023, 48.833 millones de euros (casi el 4% del PIB), más de la mitad del gasto sanitario público, no para rescatar la sanidad, sino para alimentar un nuevo ciclo de rearme que nos va a llevar a un suicidio colectivo como sociedad.

Sin embargo, la esperanza que tenemos es la de que históricamente las sociedades se han organizado desde la base cuando han tenido lugar graves crisis. La unidad de los trabajadores/as es la esperanza, mientras que políticos y gestores son el obstáculo, para lograr un sistema sanitario verdaderamente democrático y universal, no dirigido por intereses comerciales, que actúe contra los “productores de enfermedad” y establezca como prioritaria la salud colectiva.

Algunas consideraciones generales sobre el Programa Autonómico para Extremadura de UED-PSLF.

 

 

1.- Por la Plena Autonomía Política del pueblo de Extremadura, en la necesidad de un Parlamento y un Estatuto de Autonomía que satisfagan las demandas sociales y democráticas, capaz de establecer unas relaciones con los pueblos de España, como pueblos libres e iguales.

 

2.- Extremadura es el ejemplo típico de una sociedad propietarista, según la idea política de que un individuo privado puede poseer títulos de propiedad privada transferibles en un mercado libre.​ Esta sociedad profundamente injusta y desigual está en crisis política y económica. El aspecto dominante, por encima de cualquier otro, de la sociedad extremeña es el del derecho a la gran propiedad de la tierra mantenido por las leyes del Estado (Constitución Monárquica y Estatutos de Autonomía), reforzado y expresado en las políticas de la Unión Europea, de la Política Agraria Común en particular que financia el latifundio).

 

La estructura de la propiedad de la tierra así lo expresa, así como las escasas competencias reales de las que goza en estos momentos el gobiernillo de la Junta de Extremadura y un”parlamentillo” sin poderes en dónde se desarrolla el teatrillo de la democracia.

 

 

2.- Hemos de partir de la base de que las políticas que se imponen al pueblo extremeño vienen en su mayoría establecidas por las normativas de la Unión Europea, y de su todopoderosa comisión sin elección ni control democrático alguno. En un porcentaje mucho menor dichas políticas contra el pueblo extremeño son establecidas por el Gobierno del Estado y sólo una mínima parte, por la Junta de Extremadura.

 

Por ello, en base a esta realidad competencial tenemos que indicar que la autonomía extremeña está siendo secuestrada de sus competencias democráticas naturales, impidiendo, de esta forma el derecho inalienable del pueblo a organizarse democráticamente y a decidir libremente sobre sus asuntos y destinos.

 

 

3.- Por ello, partimos de la necesidad de la Plena Autonomía del Pueblo Extremeño, por la capacidad para satisfacer las demandas sociales y democráticas de las clases explotadas y oprimidas extremeñas.

 

La principal contradicción de la realidad extremeña, tiene como punto de partida la incompatibilidad entre capitalismo y democracia. El capitalismo no es un sistema que pueda vivir armónicamente con la democracia, ni mucho menos. Las sociedades capitalistas, propietaristas, se basan en unas relaciones sociales de producción en donde la democracia se permite siempre que deje vía libre a la explotación laboral y permita a los propietarios de los medios de producción de bienes y servicios obtener y disfrutar de la plusvalía producida por la mayoría social, la clase obrera, propietaria de la fuerza de trabajo. El precio de la reproducción del capital lo pagan las clases trabajadoras con la miseria, la pobreza, el desempleo, la emigración y separación de las familias, etc. Cuando se interrumpe la reproducción del capital y este siente que la democracia no le asegura su estabilidad recurre a las garras del fascismo y propiciando todo tipo de recortes democráticos.

 

En nuestro país, y en concreto en Extremadura conocemos sobradamente este estado de cosas. La prolongación de la monarquía heredada del franquismo nos muestra la evidencian de cuarenta años de régimen autonómico con gobiernos del PSOE y/o del PP, que deben ser tenidos en cuenta, para dar explicación material del continuo abandono de nuestra tierra y de sus hombres y mujeres, y en consecuencia, todo el desencanto actual en las clases explotadas y oprimidas de las políticas de las organizaciones (sindicatos y partidos que hablan en su nombre). Es decir, la desconfianza en un sistema político que soporta la dominación económica de los grandes propietarios de la tierra y de los sectores financieros que concentran las riquezas de quienes trabajan.

 

 

4.- En conclusión, partimos de una exigencia democrática y social, como es la plena autonomía del pueblo extremeño para resolver democráticamente sus asuntos, lo que choca con la legislación y los poderes establecidos a nivel estatal y europeo. Es decir, la misión de nuestras candidaturas y políticas, ya sean autonómicas o municipales, no es otra que   la   de ayudar a los trabajadores del campo y de la ciudad, y sus aliados a tomar el papel de protagonistas, como actores principales de la política e instituciones de gobierno.

 

 

5.- Subrayamos nuestro papel como instigadores e inductores, en este caso, de la plena autonomía basada en la aspiración de que no exista poder establecido por encima de la voluntad del pueblo, y en el caso extremeño en la capacidad para la toma de decisiones acerca de la expropiación de las grandes propiedades latifundistas, por la Reforma Agraria integral, a la vez que ayudamos a romper las cadenas de las dudas económicas y financieras a las que están sometidas las pequeñas y medianas empresas, así como la implementación de otras medidas relacionadas con la vivienda y los servicios públicos.

 

 

6.- Por el pleno empleo y la vuelta a su tierra de los que soportan el exilio económico, la penuria y precariedad. Y ello hace al caso de un Parlamento extremeño, y de un gobierno dependiente de él de carácter soberano para establecer la democracia y luchar contra la desigualdad, capaz de municipalizar el suelo urbano en beneficio de la construcción social necesaria.

 

 

7.- Para nosotros es importante la cuestión social, ligada a la defensa de unos servicios públicos de calidad. Y a ello nos obliga, a vincular en forma adecuada el papel tan determinante que ocupa en la coyuntura actual la guerra y la recesión económica internacional.  Por tanto, reclamamos la nulidad de los acuerdos que fomentan los gastos militares aprobados por exigencia de la OTAN- EEUU, y la retirada de las tropas españolas de la zona de conflicto. Por una intervención del Estado Español en lograr acuerdos de paz que acaben con la guerra y dedicar los gastos militares a fines sociales.

 

 

 8.- El pueblo extremeño para hacer posible sus demandas y aspiraciones necesita estrechar la mano a los trabajadores y pueblos de España para con ellos extender y abrazar una alianza por la democracia, por la soberanía popular, por la toma por parte del estado central de las medidas económicas y financieras que acaben con las desigualdades territoriales y sociales que sufre en buena medida la región extremeña.

 

9.- Somos conscientes de que el régimen autonómico de la monarquía es un intento de dividir y enfrentar a los pueblos. En ese sentido es imprescindible expresar esa determinación a la lucha común, a la solidaridad entre trabajadores y pueblos a través de la campaña que venimos realizando basada en el derecho a decidir de todos. Por un referéndum legal y vinculante que permita a los pueblos decidir entre monarquía y república, y avanzar hacia el socialismo.

 

 

 

Los profesionales de la política y los aspirantes a ese título

1.- Los propagandistas del régimen, los profesionales, portavoces de los partidos políticos que gobiernan el sistema, su supervivencia en el ámbito del negocio de la política necesita que los medios de comunicación anuncien los ficticios logros de sus gobiernos. Estos profesionales de la política parece que desconocen las dificultades de muchas familias para vivir; ignoran que con las ayudas sociales que se conceden y los salarios precarios que se pagan, no se pueden pagar los alquileres, la luz, el agua, los alimentos, la compra de la carne o pescado, o sacar adelante y mantener pequeños negocios, etc.  

Desconocen soluciones para las muchas familias que están amenazadas de desahucios y viven con la angustia del pago del alquiler o de la renovación de la renta básica que les cumple en unos días, personas desesperadas de llamar a la seguridad social sin recibir respuesta de cuando les comienzan a pagar la prestación, el subsidio, o el IMV, etc.

 

2. - Los profesionales de la política y algunos medios de comunicación públicos no quieren ver ni escuchar el rumor que se desprende del conjunto de calamidades que sobrevuelan la existencia vital de miles de extremeños y extremeñas, están centrados en resaltar la visibilidad de los triunfos gastronómicos, religiosos, deportivos, culturales, etc. que obtienen quienes parece ser están en la otra orilla, ilustres extremeños y extremeñas que encumbran y resaltan a la región como plataformas que incentivan el negocio del turismo y el patrimonio arquitectónico de nuestra tierra.

 

3. - Los profesionales de la política se codean con los explotadores, especialmente con los propietarios de grandes fábricas y latifundios; no tienen ojos para ver que incumplen los convenios e imponen trabajos de mierda con salarios de miseria y horas extraordinarias a bajo precio; toda la ética está supeditada a las necesidades de producción y al beneficio económico. Pero este desdén hacia la fuerza de trabajo, hacia el obrero, da la impresión que a la sociedad no le importa y pasa desapercibido; lo confirma el político de turno premiando a los explotadores con distinciones honoríficas, y medallas que vienen a destacar su emprendimiento y laboriosidad, toda una farsa y un teatro para engañar al pueblo.

 

4.- Los profesionales de la política en los gobiernos locales o regionales, siguen los mismos criterios de actuación. Así, privatizan todo lo que pueden en base a justificaciones para despistar y confundir al pueblo; en algunos casos, con el ahorro de presupuestos o por la rapidez de ejecución de las obras; en otros, porque al ceder las operaciones de limpieza del municipio a “empresas privadas con calificativos especiales de empleo” se apoya la inserción laboral de las personas con diversidad funcional. La cuestión es que se está beneficiando a las empresas que emplean a estas personas puesto que las contrataciones se hacen por períodos cortos para evitar altas indemnizaciones, disfrutando de bonificaciones en el pago a la seguridad social, y recibiendo subvenciones importantes por cada una de las personas contratadas. Los ayuntamientos no tienen necesidad de privatizar este servicio municipal ya que podrían contratar directamente como algunos municipios han venido haciendo, además de a la gente que está en paro, a personas con diversidad funcional.