1.-La
planificación territorial del Estado Español es sumamente compleja puesto que
el poder está dividido y organizado en instituciones cada una con sus
competencias: los ayuntamientos, las diputaciones, las comunidades autónomas y
el estado. Esta división favorece que el
pueblo esté alienado y alejado de la toma de decisiones que afectan a su vida
cotidiana. Sin embargo, no puede haber desarrollo industrial sin planificación
económica, no puede haber desarrollo agrícola en Tierra de Barros sin una
reforma agraria y una ordenación parcelaria racional; en definitiva, no puede
haber ningún proceso de desarrollo económico racional sin planificación
territorial.
2.-El
progreso industrial del territorio es indispensable para evitar el abandono del
mundo rural, así como, asegurar los suministros básicos alimenticios y las
cadenas de valor, cuestión esencial para que el tejido productivo sea
sostenible. En la región extremeña es necesario que el gobierno regional establezca
a una estrategia de desarrollo industrial que supere las desigualdades sociales
y territoriales. La contribución de los ayuntamientos no puede ser la de
comprar los terrenos y ponerlos a disposición de la Junta. Aunque su ámbito de
actuación es muy limitado tienen que pelear para poder participar en la
regulación de muchos aspectos que tienen que ver con la vida ciudadana.
3.-En
este orden de cosas, el alcalde y los concejales no pueden estar al margen de las
necesidades básicas de la población, ya sea en materia sanitaria, educativa,
transporte, o de servicios públicos. Tienen que luchar para que en los centros
de salud y en los hospitales, haya un número adecuado de profesionales sanitarios,
especialistas, trabajadores de limpieza, administración y de otros servicios.
No pueden aceptar la dependencia de la voluntad política y deseos de la Junta
de Extremadura. Los cargos públicos como responsables están obligados a luchar,
reclamar, concienciar y movilizar a los ciudadanos para que los servicios públicos
estén bien dotados.
4.-Otro
asunto, es el referente al desarrollo industrial del Municipio. Este desarrollo
industrial no puede venir del esfuerzo que realizan los municipios destinando
parte de sus presupuestos, remanentes o mediante empréstitos, a la compra de
terrenos públicos, que luego, después de urbanizados, los venden a precio de
saldo a industriales. Los ayuntamientos no pueden caer en esta trampa con la
justificación de que buscan el empleo para la gente de los pueblos. El desarrollo
industrial de nuestras localidades tiene que estar impulsado, planificado y
organizado por la propia Junta de Extremadura. Estas instituciones son las que
deberían desarrollar con sus medios económicos y técnicos, que los tienen, una
adecuada planificación de todo el proceso de establecimientos de actividades
industriales, desde la compra de los terrenos a cuantas medidas sean necesarias
para poner en marcha industrias en nuestras localidades. Esto debería estar
programado en los propios presupuestos regionales.
5.-La
falta de una planificación económica territorial por parte de la Junta de
Extremadura determina que sean los municipios más fuertes económicamente los
que puedan propiciar el progreso industrial de su localidad, dando paso a una
anarquía en la instalación de industrias. Los ayuntamientos podrían atender
necesidades básicas elementales de la población con los fondos empleados en las iniciativas
industriales. De este modo, dejando todo a la libre iniciativa municipal, se
genera una tremenda desigualdad en el desarrollo industrial de los pueblos,
haciendo que impere la anarquía en el crecimiento económico, dando opción a que
las localidades más grandes progresen en función de sus posibilidades
económicas, determinando que las más pequeñas queden abandonadas, algo que ya
está ocurriendo, cuando unas avancen de forma más rápida que otras, con la
acentuación en nuestro propio territorio regional de las desigualdades
territoriales que se establecieron en el conjunto del estado español, y el
abandono de los pueblos más pequeños.
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