1.- Por la Plena Autonomía Política del pueblo de Extremadura, en la
necesidad de un Parlamento y un Estatuto de Autonomía que satisfagan las
demandas sociales y democráticas, capaz de establecer unas relaciones con los
pueblos de España, como pueblos libres e iguales.
2.- Extremadura
es el ejemplo típico de una sociedad propietarista, según la idea política de que un individuo privado puede poseer títulos de
propiedad privada transferibles en un mercado libre. Esta
sociedad profundamente injusta y desigual está en crisis política y económica. El
aspecto dominante, por encima de cualquier otro, de la sociedad extremeña es el
del derecho a la gran propiedad de la tierra mantenido por las leyes del Estado
(Constitución Monárquica y Estatutos de Autonomía), reforzado y expresado en
las políticas de la Unión Europea, de la Política Agraria Común en particular
que financia el latifundio).
La estructura
de la propiedad de la tierra así lo expresa, así como las escasas competencias
reales de las que goza en estos momentos el gobiernillo de la Junta de
Extremadura y un”parlamentillo” sin poderes en dónde se desarrolla el teatrillo
de la democracia.
2.- Hemos de
partir de la base de que las políticas que se imponen al pueblo extremeño
vienen en su mayoría establecidas por las normativas de la Unión Europea, y de
su todopoderosa comisión sin elección ni control democrático
alguno. En un porcentaje mucho menor dichas políticas contra el pueblo
extremeño son establecidas por el Gobierno del Estado y sólo una mínima parte, por
la Junta de Extremadura.
Por ello, en
base a esta realidad competencial tenemos que indicar que la autonomía
extremeña está siendo secuestrada de sus competencias democráticas naturales,
impidiendo, de esta forma el derecho inalienable del pueblo a organizarse
democráticamente y a decidir libremente sobre sus asuntos y destinos.
3.- Por ello, partimos
de la necesidad de la Plena Autonomía del Pueblo Extremeño, por la capacidad
para satisfacer las demandas sociales y democráticas de las clases explotadas y
oprimidas extremeñas.
La principal
contradicción de la realidad extremeña, tiene como punto de partida la incompatibilidad
entre capitalismo y democracia. El capitalismo no es un sistema que
pueda vivir armónicamente con la democracia, ni mucho menos. Las sociedades
capitalistas, propietaristas, se basan en unas relaciones sociales de producción
en donde la democracia se permite siempre que deje vía libre a la explotación
laboral y permita a los propietarios de los medios de producción de bienes y
servicios obtener y disfrutar de la plusvalía producida por la mayoría social, la
clase obrera, propietaria de la fuerza de trabajo. El precio de la reproducción
del capital lo pagan las clases trabajadoras con la miseria, la pobreza, el
desempleo, la emigración y separación de las familias, etc. Cuando se
interrumpe la reproducción del capital y este siente que la democracia no le
asegura su estabilidad recurre a las garras del fascismo y propiciando todo
tipo de recortes democráticos.
En nuestro
país, y en concreto en Extremadura conocemos sobradamente este estado de cosas.
La prolongación de la monarquía heredada del franquismo nos muestra la
evidencian de cuarenta años de régimen autonómico con gobiernos del PSOE y/o
del PP, que deben ser tenidos en cuenta, para dar explicación material del continuo
abandono de nuestra tierra y de sus hombres y mujeres, y en consecuencia, todo
el desencanto actual en las clases explotadas y oprimidas de las políticas de
las organizaciones (sindicatos y partidos que hablan en su nombre). Es decir,
la desconfianza en un sistema político que soporta la dominación económica de
los grandes propietarios de la tierra y de los sectores financieros que
concentran las riquezas de quienes trabajan.
4.- En conclusión, partimos de una
exigencia democrática y social, como es la plena autonomía del pueblo extremeño
para resolver democráticamente sus asuntos, lo que choca con la legislación y los
poderes establecidos a nivel estatal y europeo. Es decir, la misión de nuestras
candidaturas y políticas, ya sean autonómicas o municipales, no es otra
que la
de ayudar a los trabajadores del campo y de la ciudad, y sus aliados a
tomar el papel de protagonistas, como actores principales de la política e
instituciones de gobierno.
5.- Subrayamos nuestro papel como
instigadores e inductores, en este caso, de la plena autonomía basada en la
aspiración de que no exista poder establecido por encima de la voluntad del
pueblo, y en el caso extremeño en la capacidad para la toma de decisiones
acerca de la expropiación de las grandes propiedades latifundistas, por la
Reforma Agraria integral, a la vez que ayudamos a romper las cadenas de las
dudas económicas y financieras a las que están sometidas las pequeñas y
medianas empresas, así como la implementación de otras medidas relacionadas con
la vivienda y los servicios públicos.
6.- Por el pleno empleo y la vuelta a su
tierra de los que soportan el exilio económico, la penuria y precariedad. Y
ello hace al caso de un Parlamento extremeño, y de un gobierno dependiente de
él de carácter soberano para establecer la democracia y luchar contra la
desigualdad, capaz de municipalizar el suelo urbano en beneficio de la
construcción social necesaria.
7.- Para
nosotros es importante la cuestión social, ligada a la defensa de unos
servicios públicos de calidad. Y a ello nos obliga, a vincular en forma
adecuada el papel tan determinante que ocupa en la coyuntura actual la guerra y
la recesión económica internacional. Por
tanto, reclamamos la nulidad de los acuerdos que fomentan los gastos militares
aprobados por exigencia de la OTAN- EEUU, y la retirada de las tropas españolas
de la zona de conflicto. Por una intervención del Estado Español en lograr
acuerdos de paz que acaben con la guerra y dedicar los gastos militares a fines
sociales.
8.-
El pueblo extremeño para hacer posible sus demandas y aspiraciones necesita estrechar
la mano a los trabajadores y pueblos de España para con ellos extender y
abrazar una alianza por la democracia, por la soberanía popular, por la toma por
parte del estado central de las medidas económicas y financieras que acaben con
las desigualdades territoriales y sociales que sufre en buena medida la región extremeña.
9.- Somos conscientes de que el régimen
autonómico de la monarquía es un intento de dividir y enfrentar a los pueblos.
En ese sentido es imprescindible expresar esa determinación a la lucha común, a
la solidaridad entre trabajadores y pueblos a través de la campaña que venimos
realizando basada en el derecho a decidir de todos. Por un referéndum legal y
vinculante que permita a los pueblos decidir entre monarquía y república, y
avanzar hacia el socialismo.
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